OPINIÓN
Aumento de precios en materias primas y energéticos, reflejo de la economía global: A la baja comercio internacional
Economía Global, por Alberto Gómez-R. //
En la reciente reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) uno de los primeros puntos expuestos es la reducción del crecimiento económico mundial, ajustando los pronósticos para el presente y futuro mediato, incidiendo en ello los nuevos bloqueos para evitar la propagación del COVID-19 –principalmente en regiones de alto tráfico comercial en China- que están interrumpiendo nuevamente el comercio marítimo en un momento en que las presiones de la cadena de suministro parecían estar disminuyendo.
Esto podría conducir a una nueva escasez de insumos manufactureros y una mayor inflación; y otro factor de gran peso es la guerra en Ucrania. El pronóstico para el 2022 se asume en el 3,6%, con China por encima, en el orden del 4,4% y la India con el 8,2%.
La región latinoamericana y caribeña aparece por debajo del promedio, alcanzando un 2,5%, y las dos más grandes economías de América Latina y el Caribe, creciendo por debajo, Brasil con el 0,8% y México con el 2%. Recordemos que la región es la zona más afectada por el COVID y la zona donde se verifica la mayor desigualdad en el ámbito global.
Para los países epicentro del conflicto bélico, se augura una caída del -8,5% para Rusia y nada menos que del -35% para Ucrania. A eso deben sumarse las sanciones generalizadas contra Rusia y variados apoyos de asistencia económica y militar a Ucrania, incluso financiamiento del FMI.
Lo cierto es que las sanciones contra Rusia, promovidas por EEUU y acompañadas por sus socios occidentales tienen impacto en la economía mundial, especialmente afectando a los sectores sociales y países más vulnerables.
Un detalle no menor, apunta a cambios que operan en el orden mundial, sea en el plano de la producción y de la circulación, especialmente en la esfera comercial, de servicios y específicamente financiero. (rebelion.org)
La Organización Mundial del Comercio (OMC) ahora espera un crecimiento del volumen de comercio de mercancías del 3,0 % en 2022, por debajo de su previsión anterior del 4,7 %, y del 3,4 % en 2023, pero estas estimaciones son menos seguras de lo habitual debido a la naturaleza fluida del conflicto.
El impacto económico más inmediato de la crisis ha sido un fuerte aumento de los precios de las materias primas. A pesar de su pequeña participación en el comercio y la producción mundiales, Rusia y Ucrania son proveedores clave de bienes esenciales, incluidos alimentos, energía y fertilizantes, cuyo suministro ahora está amenazado por la guerra. Los envíos de cereales a través de los puertos del Mar Negro ya se han detenido, con consecuencias potencialmente nefastas para la seguridad alimentaria en los países pobres.
“La guerra en Ucrania ha creado un inmenso sufrimiento humano, pero también ha dañado la economía mundial en un momento crítico. Su impacto se sentirá en todo el mundo, particularmente en los países de bajos ingresos, donde los alimentos representan una gran fracción del gasto de los hogares”, dijo la Directora General de la OMC Ngozi Okonjo-Iweala. “Los suministros más pequeños y los precios más altos de los alimentos significan que los pobres del mundo podrían verse obligados a prescindir de ellos. No se puede permitir que esto pase. Este no es el momento de volverse hacia adentro. En una crisis, se necesita más comercio para garantizar un acceso estable y equitativo a las necesidades. La restricción del comercio amenazará el bienestar de las familias y las empresas y hará que la tarea de construir una recuperación económica duradera de la COVID-19 sea más difícil”, continuó diciendo la Directora General.
Dijo que los gobiernos y las organizaciones multilaterales deben trabajar juntos para facilitar el comercio en un momento de fuertes presiones inflacionarias sobre los suministros esenciales y crecientes presiones sobre las cadenas de suministro.
“La historia nos enseña que dividir la economía mundial en bloques rivales y dar la espalda a los países más pobres no conduce ni a la prosperidad ni a la paz. La OMC puede desempeñar un papel fundamental al proporcionar un foro donde los países pueden discutir sus diferencias sin recurrir a la fuerza, y merece ser apoyada en esa misión”, dijo.
A diferencia de los precios del petróleo, los precios del gas natural tienden a divergir fuertemente entre regiones. El precio del gas natural en Europa aumentó un 45% entre enero y marzo a US$ 41,0 por millón de Btu, mientras que en Estados Unidos se mantuvo relativamente bajo, en torno a US$ 4,9 por millón de Btu. Los precios más altos del petróleo pueden reducir los ingresos reales y la demanda de importaciones en todo el mundo, mientras que los precios más altos del gas natural probablemente tendrían un mayor impacto en Europa. (www.wto.org)
El presente, agudiza el problema y en el mensaje del pronóstico para este año, el FMI alude a una coyuntura de desaceleración e inflación. El impacto en territorio del conflicto es grave, por la especificidad productiva de Rusia y de Ucrania. En ese sentido, el FMI destaca en su informe:
“La guerra se suma a una serie de shocks de la oferta que han golpeado la economía mundial en años recientes. Como una ola sísmica, sus efectos se propagarán a lo largo y ancho del mundo, por vía de los mercados de materias primas y los vínculos comerciales y financieros. Rusia es un importante proveedor de petróleo, gas y metales, y, junto con Ucrania, de trigo y maíz. La reducción del suministro de estos productos básicos ha hecho que sus precios se disparen. Los importadores de materias primas en Europa, el Cáucaso y Asia central, Oriente Medio y Norte de África y la región de África subsahariana son los más afectados. Pero el alza de precios de los alimentos y los combustibles perjudicará a los hogares de menores ingresos de todas las regiones del mundo, incluidas las Américas y el resto de Asia.” (www.imf.org)
La sensible disminución en la producción mundial desde inicios del siglo XXI -principalmente en Estados Unidos- y acentuado a partir de la crisis financiera mundial del 2008, ha sido un fenómeno que poco a poco ha impactado en la economía global.
En este contexto, el FMI y la corriente principal en la disciplina económica inducen políticas de austeridad, al tiempo que favorecieron una gigantesca ampliación de la emisión monetaria y de la deuda pública y privada (empresas y familias) sobre todo a partir de la irrupción de la pandemia del COVID-19, lo que ha engrandecido el de por sí ya enorme endeudamiento de muchos países occidentales.
Sin embargo resulta paradójico que, a pesar de la actual situación y el deterioro progresivo de las clases más desprotegidas, se aumente el gasto militar en países como Estados Unidos, con una desbordante crisis de órdenes económico-financiero y político-social.
Inmediatamente luego de asumir la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden comenzó a solicitar ampliaciones en el presupuesto militar a pesar del enorme endeudamiento público que continúa debilitando inexorablemente al dólar y a su economía, pero a pesar de ello, Biden acaba de solicitar el pasado 28 de abril al Congreso que apruebe $33 mil millones de dólares adicionales para proporcionar a Ucrania más municiones, artillería y otros suministros.
“El costo de esta pelea no es barato, pero ceder ante la agresión será más costoso si permitimos que suceda”, dijo Biden. “O apoyamos al pueblo ucraniano mientras defiende a su país o nos mantenemos al margen mientras los rusos continúan con sus atrocidades y agresiones en Ucrania”.
El enorme paquete de ayuda es el doble del tamaño de una disposición aprobada por el Congreso el mes pasado. Eclipsaría todo el gasto de Estados Unidos hasta ahora en la guerra y sugiere que la Casa Blanca espera que el conflicto se prolongue durante meses.
Estas iniciativas presidenciales, presionadas por los intereses del complejo militar-industrial, y el afán de las potencias occidentales guiadas al matadero económico por Estados Unidos de continuar avanzando hacia Eurasia en una desesperada pataleta, no sólo pueden tener un alto costo para los republicanos en las próximas elecciones del mes de noviembre, sino que mellarán aún más la vapuleada reputación, popularidad y simpatías del ocupante de la Casa Blanca, abonando también a lo que puede ser una “jugada de sacrificio” obligada para Biden ante su cada vez más inminente salida, a quien en breve podrían declarar no apto para terminar su mandato; el más vetusto y errático sucesor de George Washington.
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
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