JALISCO
Cuando el poder político violenta la ley: La justicia laboral está a prueba

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
Esta semana se decide el futuro financiero de IPEJAL, la justicia laboral y la vida de miles de jaliscienses. El día de hoy lunes, se dará a conocer el resultado de la convocatoria que realizó el Tribunal de Arbitraje y Escalafón para conocer cuál es la federación sindical mayoritaria de empleados burócratas en el estado de Jalisco.
Y si bien es cierto que pocas cosas se ven tan alejadas del interés social de los jaliscienses como la vida y lucha de las organizaciones sindicales, lo cierto es que, en esta ocasión, es trascendental para el estado de Jalisco lo que se determine en una mesa “administrativa” contaminada.
De seguir permitiendo que se siga violando la ley en Jalisco por parte de los magistrados y jueces, nuestra sociedad cada vez será más insegura y arbitraria, los servidores públicos deben ser respetuosos de la ley y cuando no lo sean, deben ser removidos y enjuiciados.
Llama la atención que este conteo se realice cuando se supone existe una investigación judicial por parte de la Fiscalía Anticorrupción -sí, esa Fiscalía que nos cuesta mucho y resuelve nada-, originada por la denuncia del Magistrado presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, Felipe Alvarado en contra de los otros dos Magistrados del TAE Víctor Salazar y Rubén Darío, y solo son tres los magistrados en ese tribunal.
Aún así, casi cuatro meses después de denunciados, los Magistrados siguen en funciones y peor aún, forman parte de la mesa que decide la Federación mayoritaria, utilizando el expediente por el cual están siendo denunciados.
La denuncia del Magistrado presidente surge de los hechos ocurridos durante la sesión plenaria de fecha 13 de enero de 2022, donde se buscó dar el registro ante el TAE como autoridad plenaria en función de Órgano Registral, buscando el reconocimiento del Sindicato Nacional de Secretaría de Salud por medio de una toma de nota que carece de las formalidades esenciales del procedimiento.
Durante esa sesión plenaria de fecha 13 de enero de 2022, al iniciar la discusión de los asuntos el Magistrado presidente Felipe Gabino Alvarado Fajardo, solicitó se le pusiera a la vista el expediente sindical No. 200-E, correspondiente al Sindicato Nacional de Secretaría de Salud, que aparece en el listado de asuntos a resolver el cual, se les había entregado a los Magistrados ese día.
Una vez que se le puso a la vista del Magistrado presidente dicho expediente, observó que se encontraba agregado el acuerdo de Toma de Nota al que se hacía referencia en el listado, al cuestionar a sus compañeros Magistrados Víctor Salazar Rivas y Rubén Darío Larios Gutiérrez sobre la carencia de dicho acuerdo señalaron que «no sabían y nunca dieron la instrucción de retirar nada» pero, aceptando la existencia de dicho acuerdo, el cual, jamás se le puso a la vista para emitir su voto al Magistrado Presidente Felipe Alvarado Fajardo, siendo esa precisamente la razón por la que solicitó observar dicho expediente.
Es decir, los dos Magistrados actuaron por iniciativa propia, sin consultar, realizaron una sesión de Pleno para la que no están autorizados, emitieron un documento sin tener capacidad jurídica y lo hicieron llegar a un sindicato Federal, para que se registrara en lo local.
“A través de un trámite irregular por medio una toma de nota que carece de las formalidades esenciales de procedimiento”, dijo en su momento Felipe Alvarado, cuando esta situación irregular se dio a conocer desde el pasado 13 de enero, presentándose por parte del Magistrado presidente, la debida denuncia en la Fiscalía Anticorrupción.
Pero no ha sido la única denuncia contra los dos magistrados del TAE Víctor Salazar y Rubén Darío, por esta situación, la segunda denuncia contra González fue interpuesta en el mismo sentido por Isaac Filiberto Sánchez, líder de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio y Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Jalisco.
Y existe una tercera denuncia por el mismo asunto, y la presentó Juan José Hernández Rodríguez, secretario general de FESIJAL.
La importancia de registrar este sindicato federal como sindicato local, tiene que ver con la lucha por la declaración de Federación mayoritaria que se debe dar en estos días, quien logre esa acreditación de Federación mayoritaria designará un Magistrado en el TAE, representante en la Junta Local de Arbitraje, participará en la negociación salarial de los burócratas y tendrá un asiento en el Consejo de IPEJAL.
Ante esta situación, Juan José Hernández Rodríguez, secretario general de FESIJAL, señala: “Se está cocinando una estafa maestra para darle la mayoría a una federación que alcanza apenas 8 mil 600 trabajadores sindicalizados y que por una instrucción directa del gobernador del estado de Jalisco y de la Secretaría General de Gobierno, los dos magistrados Víctor Salazar y Rubén Darío están cocinando una estafa maestra para entregar de manera ilegítima a la federación de Safe (Sindicatos Autónomos Federados) la legitimidad de los servidores públicos, cuando nosotros tenemos 43 mil 442 trabajadores estatales, reales”.
Aquí llama la atención que, según los Estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, en sus artículos 16 y 18 establecen la forma en que se encuentra organizado territorialmente el sindicato antes mencionado. En el artículo 19 de los mismos Estatutos, precisa que las Secciones sindicales dependen jerárquicamente del CEN (Comité Ejecutivo Nacional); en el artículo 29 de los mismos Estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, establece la prohibición de ejercer facultades exclusivas del CEN y de los Órganos Nacionales Autónomos, y en su fracción III, establece que a las Secciones sindicales está prohibido realizar, celebrar o concertar a nombre del SNTSA, contratos, convenios o acuerdos de cualquier índole con terceros, ya que esta es una facultad única y exclusiva del CEN del SNTSA.
Por lo pronto la FESIJAL está demandando a la SECCIÓN 28 DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD:
a) Por la pérdida del reconocimiento del principio de mayoría ante el IPEJAL, toda vez que no aportan cuotas y en cambio lo hacen al ISSSTE por ser un Sindicato de orden Federal. Con lo que se afectaría gravemente el principio rector de toda relación laboral entre los actores ahora y los demandados.
b) Como consecuencia de lo anterior, la imposibilidad jurídica y material de formar parte del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco pues su falta de aportación a los fondos del IPEJAL les impide pronunciarse sobre los fondos de los servidores públicos del Estado.
AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE SALUD, se le demanda:
a) Para que a través del representante legal de ese Sindicato se pronuncie respecto de la presente controversia, toda vez que es notorio que los integrantes de ese sindicato aportan al ISSSTE y no al IPEJAL lo que les impide su reconocimiento de la mayoría con derecho al voto en el IPEJAL.
AI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, se le demanda:
a) Su pronunciamiento sobre el principio de mayoría con derecho al voto de la Sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud.
b) Cualquier acto que tenga por efecto reconocer a la Sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud el derecho de forma parte de su Consejo Directivo.
La inequidad tributaria al IPEJAL es uno de los temas que más preocupan a los trabajadores, pues, un sindicato con beneficios federales estaría determinando el uso de las pensiones locales, de trabajadores que no tiene prestaciones federales como los trabajadores de la Sección 28 del SNTS.
Juan José Hernández Rodríguez dice al respecto: “El tema es Pensiones del Estado. Pensiones del Estado es una institución que nos debe garantizar nuestra seguridad social, nuestras pensiones, nuestros préstamos. Sin embargo, es de todos conocido que el deterioro de este Instituto inicia en dos o tres años más. Estamos aquí por los jaliscienses, porque ¿quiénes van a pagar los desfalcos cuando haga falta el recurso para el pago de pensiones? Lo van a pagar los ciudadanos”.
En Twitter: @DEPACHECOS
JALISCO
Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara
ENTREVISTAS
Iniciativa de César Madrigal: Unánime respaldo en el Congreso de Jalisco al drenaje profundo

-Por Mario Ávila
En un gesto de unidad histórica, los diputados de las ocho fracciones políticas de la LIV Legislatura local aprobaron por unanimidad la iniciativa del diputado César Madrigal, del Partido Acción Nacional (PAN), para exhortar al gobernador de Jalisco a incluir el diseño e implementación de un drenaje profundo en el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030.
Esta propuesta busca abordar el grave problema de inundaciones y socavones en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), un desafío que se agudizó tras el torrencial aguacero del 24 de junio, Día de San Juan, que paralizó la movilidad regional.
Presentada el 23 de junio y aprobada el jueves 10 de julio, la iniciativa marca un paso significativo hacia una solución estructural, inspirada en proyectos exitosos como el túnel emisor de la Ciudad de México.
UN PROYECTO CON RAÍCES Y VISIÓN
César Octavio Madrigal Díaz destacó que el drenaje profundo, con túneles de 80 a 100 metros de profundidad y un diámetro de 7 metros, no interferiría con el tráfico ni las redes hidrosanitarias, a diferencia de los actuales drenajes de 2.5 metros que colapsan, como se vio en los recientes socavones del Bethel.
“Es como la tuneladora de la Línea 3 del Tren Ligero: obras subterráneas que resuelven sin afectar la vialidad”, explicó.
A diferencia del sistema de la Ciudad de México, que mezcla aguas pluviales y residuales y las desvía a Hidalgo, la propuesta para la ZMG sería innovadora al enfocarse exclusivamente en captar agua de lluvia. Esto permitiría almacenarla la zona de El Dean o San Rafael, desviarla a plantas potabilizadoras, recargar mantos freáticos o incluso dirigirla al río Santiago y la Barranca de Huentitán, contribuyendo al ciclo hidrológico.
Madrigal subrayó el potencial hídrico de la obra: la ZMG consume alrededor de 13 metros cúbicos por segundo (m³/s), y el sistema podría captar hasta 5 m³/s de agua más limpia que la del lago de Chapala, contaminada por químicos industriales, agropecuarios y descargas residuales.
Esta agua reutilizable representaría un avance nacional, transformando un problema de inundaciones en una oportunidad de sostenibilidad.
La iniciativa tiene antecedentes en Jalisco. En los primeros años del siglo XXI, el gobierno de Guadalajara diseñó un plan de drenaje profundo para la ciudad, mientras que en 2008 el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) propuso el Programa de Manejo Integral de Aguas Pluviales, que incluye desazolves y pozos de captación, pero también sugiere a largo plazo dos túneles emisores por Gobernador Curiel y Calzada Independencia, destinando el agua a la Barranca de Huentitán.
En 2017, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA) elaboró un proyecto conceptual para toda la ZMG, retomado en 2023 por el Colegio de Ingenieros de Jalisco. Su entonces presidente, Luis Barbosa Niño, estimó una inversión de 30 mil millones de pesos en 12 años, con una erogación anual de 2,500 millones de pesos.
Además, particulares han propuesto un sistema en el sur de la ZMG que llevaría agua a la presa Atotonilquillo en Villa Corona para su potabilización y retorno al Acuaférico, enriqueciendo el debate.
SALVAGUARDAR VIDAS
Para Madrigal, el objetivo principal es salvar vidas. Hasta ahora, el temporal de lluvias de 2025 ha cobrado seis vidas, un recordatorio doloroso de la urgencia del proyecto. “No podemos postergarlo más”, insistió, lamentando que obras como esta, al ser “dinero enterrado”, a menudo se descartan por falta de rédito político.
Sin embargo, como legislador responsable, enfatizó la necesidad de infraestructura básica en una metrópoli que alberga a casi 5 millones de habitantes, una de las más pobladas de América Latina.
“Es una inversión esencial, no un lujo”, afirmó, subrayando que los socavones y las inundaciones no solo dañan la economía, sino que ponen en riesgo la seguridad ciudadana.
La aprobación unánime refleja un consenso raro en un Congreso a menudo dividido. Madrigal recordó el ejemplo de la Ciudad de México, donde el túnel emisor central se inauguró en 1975, seguido por el poniente en 2000 y el oriente en 2021, demostrando que un enfoque por etapas es viable.
En la ZMG, el proyecto podría dividirse en fases, priorizando las zonas más vulnerables como el oriente y el centro, donde las redes actuales colapsan con lluvias moderadas.
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
Aunque el respaldo político es un avance, la ejecución enfrenta retos. El costo de 30 mil millones de pesos requiere financiamiento mixto, posiblemente con aportaciones federales, estatales y privadas, además de un estudio detallado de impacto ambiental y geológico.
El SIAPA, criticado por su manejo ineficiente, deberá desempeñar un rol clave, pero su historial de retrasos plantea dudas. Madrigal sugirió involucrar a expertos del IMTA y el Colegio de Ingenieros para garantizar transparencia y eficiencia.
La propuesta también abre oportunidades. El agua captada podría aliviar la dependencia de Chapala, cuya calidad ha decaído, y apoyar la recarga de acuíferos, un tema crítico en una región afectada por sequías.
Además, la obra generaría empleos y fortalecería la resiliencia urbana frente al cambio climático, cuyos efectos, como lluvias más intensas, ya son evidentes.
El diputado César Madrigal cerró, señalando que “la mesa está servida. Este es un tema grave, agravado por socavones causados por inundaciones y tuberías de drenaje insuficientes. Es hora de actuar, tras años de olvido, para resolver este problema crítico en la zona metropolitana.”
VISTO BUENO DEL SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
Durante la segunda reunión de trabajo en la que los funcionarios del Poder Ejecutivo presentaron al legislativo el resultado del Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030, el ingeniero Ernesto Marroquín, secretario de Gestión Integral del Agua, dio su visto bueno a la propuesta del diputado César Madrigal sobre el drenaje profundo.
“Diputado, César Madrigal, en el tema de las inundaciones, coincido completamente con usted lo mismo que en el tema del drenaje profundo, y en este año también estamos trabajando en la actualización para el registro en cartera, que ya tenía un registro en cartera, pero se perdió, y vamos a trabajar en la actualización de este registro en cartera para retomar todos estos proyectos contra las inundaciones, y yo en lo personal, y creo que el equipo técnico, estamos de acuerdo en que una buena solución es el drenaje profundo”.
“Obviamente, eso tiene que ir de la mano de otras acciones que se tienen que tomar como usted ya bien mencionó, el Promiat que habla del control en el origen de las aguas pluviales, que esto significa que cada desarrollo debe tener una descarga cero, esto quiere decir que se haga un tanque de retención que permita almacenar el agua mientras ocurre la lluvia y después, cuando los colectores ya estén menos saturados, permitan desalojar esta agua porque en realidad en la ciudad no contamos con colectores pluviales, eran colectores que estaban hechos para aguas residuales; sin embargo, al no contar con colectores pluviales se hicieron combinados y no tienen la capacidad necesaria para atender el problema del exceso de agua en tiempos de lluvias”.
JALISCO
Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.