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OPINIÓN

¿Cuándo y cómo volveremos a las aulas?

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Educación, por Isabel Venegas //

La pandemia por el coronavirus no asoma su fin, especialmente para nuestro país no hay siquiera una esperanza de que el desenlace sea pronto; mientras en algunos lugares del mundo ya han controlado el nivel de contagios y están tomando aire para prepararse a una muy posible segunda ola, nosotros parece que no saldremos de la zona de revolcadero cuando ya nos estará pegando de nuevo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó el sábado un incremento récord de casos de coronavirus en el mundo con un incremento de 212.326 infecciones en apenas 24 horas. La tasa más acelerada se registró en Estados Unidos, Brasil e India, según el informe diario que registra el récord de la propagación de una enfermedad que ha causado la muerte a más de medio millón de personas en poco más de medio año.

De acuerdo al último reporte de la Secretaria de Salud en México, estas son las principales cifras al sábado 4 de julio: 252 mil 165 casos confirmados acumulados, 26 mil 75 casos confirmados activos, 74 mil 387 casos sospechosos acumulados y 30 mil 366 defunciones, colocando a nuestro país en el Top 10 de los del nivel más alto de dispersión y letalidad del virus COVID19. Con toda la evidencia que se cuenta no podemos dudar de lo delicada de la situación.

Ante este panorama se instaló la mesa de trabajo para evaluar las posibilidades de cómo llevar la agenda de educación en nuestro estado, se busca dar respuesta a los padres de familia, los docentes, los directivos y administrativos quienes se mantienen alertas sobre qué es lo que vendrá, por cierto, la semana pasada escuchaba a un profesor de Harvard narrar sobre las políticas educativas que esa institución está planteando.

A propósito de la libertad de elegir, esa casa universitaria ha convocado a sus estudiantes y profesores a que expresen cuál es la modalidad con la que quieren retomar sus estudios para el siguiente ciclo escolar. Es probable que haya quienes escojan seguir trabajando desde sus casas en un modo más cómodo y seguro, pero habrá quienes piensen que para la millonada que están pagando, la experiencia cognitiva no puede privarse de las relaciones interpersonales, comerciales y profesionales que los jóvenes estudiantes también logran en sus años de formación.

Hoy un verdadero privilegio debería ser el de poder tomar a través de una elección madura y responsable la posibilidad de salir, de exponerse, pero también hay un tema de la co-responsabilidad que las estructuras tienen, porque aunque los padres de los hardvarianos tengan la capacidad económica para contratar pólizas de seguro médico ampliado, seguramente exigirán a la escuela que la libertad sea vinculada a su capacidad de que los salones estén altamente higienizados, que los comedores y las áreas compartidas sean sumamente vigiladas, pero principalmente que la sana distancia se preserve al interior de los salones, de sus auditorios y salas con lo que significa que la organización tiene una capacidad y un límite.

¿Cómo podría México proponer un modelo que rete su capacidad y lo asuma dentro de sus limitantes? Cuando arrancamos la contingencia muchos profesores íbamos emocionados al empuje que la crisis nos hacía más allá de saber cómo hacer una videoconferencia, de manejar las plataformas o de conformar portafolios digitales. Claro que hubo ansiedades, quejas y desgaste, pero la mayoría de los profesores asumieron el reto y con ello motivaron a sus estudiantes a superar las carencias: falta de equipo, de red, de apoyo, de tiempo, etc.

Pero una delgada línea entre la resiliencia y un modo de afianzar la injusticia, complica lo que pudiera ser un reclamo más que justo, necesario, o paralelamente algo absurdo e inútil. La crítica ante el sistema de educación que continuaba con el modelo a distancia a pesar de que los alumnos y profesores se estuvieran enfrentando a diferentes problemáticas, hacía ver a la institución como insensible y ajena a la realidad que se vivía. Hoy por el contrario se empezó a difundir la nota de que el 17 de agosto se regresaría a clases de forma presencial, aunque otros medios bastante serios decían que hasta el mes de enero del siguiente año se regresaría a las aulas; con ello las voces que ruegan porque no sea un retorno físico se confunden sin saber qué es mejor o peor.

Jalisco tiene un turismo académico que hace envidiable el dinamismo que provoca, aunque hoy esa ventaja lo vuelve particularmente un reto de enormes dimensiones: por un lado un gigantesco aparato de educación básica, pero también una impresionante oferta educativa que integra a más de 140 instituciones de nivel superior, entre las que destacan los cerca de 50 campus de las principales 30 Universidades; la segunda Universidad más antigua y más grande de la nación; seis Universidades privadas de dimensión nacional y de proyección internacional; dos Centros de Investigación Avanzada, así como una de las redes más grandes e integradas de instituciones de educación tecnológica de México. El turismo educativo para nuestro estado es un motor en la economía que se debe considerar.

Más allá de la crisis lineal considerando un solo campo de intervención, hay una interrelación entre los sistemas económico, político, educativo y de salud, que en este momento son frente de batalla y requieren acciones conjuntas para que no solo se logren medidas paliativas, sino que se encuentren soluciones a largo plazo: Resolver la urgencia, sin dejar de ver el horizonte.

Los niños pequeños constituyen una complicación al momento de implementar medidas de aislamiento en espacios compartidos, para ellos es muy difícil dejar de tocar, abrazar, saludar, etc., si asisten físicamente a los planteles educativos, pero si se quedan en casa en la mayoría de los casos representan una dificultad para que sus padres puedan salir a trabajar en jornadas formales; por su parte los adolescentes pueden comprender mejor las medidas, aunque los diálogos con ellos suelen ser abordados de manera muy superficial por lo cual sus razonamientos carecen de sustento haciendo muy complicado que atiendan las medidas de prevención. Por último, los universitarios y/o profesores, que ya son mayores de edad, porcentualmente se han vuelto población de riesgo porque en nuestro país, desde edades muy jóvenes se tienen esquemas de salud muy precarios: fumadores, hipertensión, sobrepeso, diabetes, etc.

Ante este panorama hoy debemos hacer la reflexión de cómo estamos manejando nuestra libertad, el bien preciado por el que tanto hemos luchado y que en un momento tan complicado como este, pudiera entenderse mal. La posibilidad de elegir entre quedarse en casa y salir a la calle, debe asumir como estrictamente necesario el hecho de redoblar todas las medidas de precaución a fin de que la pandemia fuera mitigada en tanto los demás temas que se vinculan van saliendo un poco adelante.

Esperamos que el domingo el gobernador del estado salga a dar el informe con los resultados de las mesas de trabajo y con ello poder orientar mejor las acciones de cada institución de cara al ciclo escolar 2020-2021, pero si ya dimos un paso con el ánimo de ir dejando de ser una sociedad estatizada y limitada, tenemos que asumir que la libertad exige un gran sentido de responsabilidad, que preferentemente debiera también ser solidaria y generosa porque si hoy seguimos sin usar cubrebocas en zonas públicas, sin limpiar bien nuestros negocios, o sin mantener la sana distancia, entonces solo estamos provocando –egoístamente- que no salgamos de la zona de revolcadero, ni hoy ni en muchos, muchos días más.

Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com

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Deportes

Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara

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Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal

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JALISCO

Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac 

Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.

En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.

Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.

Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.

Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?

UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS

El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.

Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.

Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.

Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.

Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.

Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.

Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.

Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.

Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.

CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD

El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.

Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.

Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.

No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.

Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.

MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER

La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.

Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.

Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.

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JALISCO

El expediente que ocultan de Eli Castro

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– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.

En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.

Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.

¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.

Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.

La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.

Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.

Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.

La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.

¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?

Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.

La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.

En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?

La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.

Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.

¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?

Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.

En X @DEPACHECOS

 

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