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OPINIÓN

Aquella memorable jornada cívica

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Se cumplieron dos años el pasado uno de julio, de haberse logrado un triunfo democrático genuino por el pueblo de México. La efeméride dio pie a que muchos ciudadanos la comentaran, emitiéndose puntos de vista muy disímbolos, como es natural en una población de pensamiento plural y de variadísimas características económico-sociales.

Entre los comentólogos que padecemos, algunos se dedicaron a dizque analizar o más bien pontificar, que esa fecha y la jornada electoral que hubo, se considere por el primer mandatario de la nación, como el día de la instauración de la democracia en México (Diego Petersen Farah, El Informador, 3-VII-2020). Y añade que celebrar tal suceso, “como si fuera el principio de todo, raya en el egocentrismo: antes que él, la nada.”

En su mensaje del uno de julio de este año, desde el recinto parlamentario del Palacio Nacional, el Presidente lo inicia denominando a la fecha y elección aludida como una “memorable jornada cívica” que le permitió llegar por mandato popular a la Presidencia de la República. Ahora, -expresó- rinde informe al pueblo que lo elevó al cargo, a dos años de la victoria en los comicios y a 19 meses de ejercer el cargo constitucionalmente. En lo anterior no encontramos la idea que maneja el comentarista, sino el reconocimiento de que el triunfo fue de los ciudadanos.

El sociólogo de la UNAM Alberto Vanegas Arenas, decía el último de junio: “Mañana se cumplen dos años de la hazaña histórica que significó la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador y el inicio de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Es necesario conmemorar este importante suceso por su trascendencia en la vida pública del país…” Y pasó a enumerar lo que considera ha sucedido en este espacio de tiempo: lo realizado “ha sido pacífico y ordenado”, destacando las reformas constitucionales, en primer lugar la educativa en la cual “se garantiza el derecho a la educación de toda la población, desde el nivel básico hasta el superior”, lo cual es extraordinario, pues como se recordará, antes solo era hasta el nivel secundario; el hecho tangible lo tenemos a la vista, no solo construyéndose cien universidades, sino con ausencia de las movilizaciones magisteriales, que antes a diario se registraban.

Un hecho que no se puede negar, ni por propios ni por extraños, es “el combate frontal a la corrupción y la eliminación de los privilegios de la alta burocracia”. En efecto, se eliminó el Estado Mayor Presidencial, los salarios de los altos funcionarios públicos se disminuyeron en un 50%, se restringieron los vuelos de funcionarios de gobierno en aviones privados, ya no se cubren por el erario las partidas para gastos médicos mayores, y algo que el pueblo pedía y se cumplió, fue finalizar las pensiones millonarias para los ex presidentes de México, acompañado de haber dedicado la ostentosa mansión de Los Pinos a la cultura popular; en pocas palabras, nadie puede negar que tenemos un gobierno austero. Se completa con la lucha contra la evasión fiscal que era un cáncer y se exige su eliminación, para lo cual mucho ayudará que se prohibieron las condonaciones de impuestos y esa evasión, junto al caso de las facturas falsas, se elevó a delito grave.

A pesar de esa manifiesta austeridad, los apoyos a las clases económicamente más débiles no han cesado, ni ante el embate terrible de la pandemia que flagela al mundo enero. Ni se han detenido las obras emblemáticas del régimen, que significan empleos y en su momento prosperidad.

Claro que faltan asignaturas, destacando la lucha contra el crimen organizado, donde se inscribe la eficaz funcionalidad de la Guardia Nacional y la aclaración de hechos como Ayotzinapa, la guardería ABC y otros casos que hasta hoy habían sido cobijados por la impunidad. Pero en unos y otros existen signos inequívocos de que se avanza: la Guardia ya tiene más de ochenta mil efectivos y va cubriendo la faz nacional; en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, se echó por tierra la vergonzosa “verdad histórica” de Peña Nieto y se pidieron decenas de órdenes de aprehensión contra presuntos responsables, y en cuanto a lo de la guardería de Sonora, se avanza en fincar responsabilidades, habiéndose alcanzado una sentencia en la Suprema Corte, de diez millones de pesos para indemnizar a una familia perjudicada en esos tristes hechos.

Genaro Lozano, el inteligente analista y politólogo que escribe en Reforma, conduce programas en Televisa y habla en variadísimos auditorios, señala que al menos de los tiempos recientes, el uno de julio de 2018 es para la democracia, la tercera fecha, por cronología, más importante, pues para él la primera fue la elección de 1997 cuando por primera vez resultó un Congreso dividido y los ciudadanos contaron los votos, siendo la segunda la del dos de julio de 2000, fecha en que se logró la tan anhelada transición democrática con el triunfo de Fox, que a la postre resultó un cambio, pero de reversa.

A diferencia de los anteriores, -afirma Lozano- el triunfo de López Obrador el uno de julio de 2018, fue histórico porque se alcanzó con más de treinta millones de votos y una ventaja porcentual de 30 puntos sobre su más cercano competidor.

Nosotros podríamos agregar muchas fechas de corte histórico en la cual hubo ejercicio democrático, pero que con salvedad de los comicios que elevaron a Francisco I. Madero en 1911 a la Primera Magistratura, todos los demás a nivel de Presidencia de la República, fueron desconocidos, siendo los más evidentes el del Gral. Juan A. Almazán (1939), el de Cuauhtémoc Cárdenas (1988) y el de López Obrador en 2006. Por ello, la victoriosa jornada electoral de 2018 se agiganta.

En consecuencia, no es la fecha de nacimiento de la democracia en México pero si es de conmemorar el triunfo de la democracia, del pueblo mexicano, el uno de julio de 2018, y que lo sepan quienes quieran saber o lo entiendan quienes puedan razonar.

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JALISCO

Mis dudas razonables sobre el futuro de la transparencia en Jalisco 

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

¿Representa la propuesta del gobernador Pablo Lemus un retroceso en la autonomía y participación ciudadana del Subsistema de Transparencia y su Consejo Consultivo?

Lemus promete un “organismo completamente ciudadano”, integrado por rectores, empresarios y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, el proceso de designación del titular y los consejeros del órgano desconcentrado dependerá de ternas propuestas por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y el Consejo Consultivo, pero la decisión final recaerá en el gobernador.

Esto genera suspicacias: ¿cómo puede ser un organismo ciudadano si el Ejecutivo tiene la última palabra?
De entrada, la transferencia de las funciones del ITEI a la Contraloría del Estado, un organismo subordinado al Ejecutivo, plantea serias dudas. Este modelo, inspirado en el federal (“Transparencia para el Pueblo”), ha sido criticado por su falta de independencia, y en Jalisco parece repetirse el mismo error.

La falta de autonomía podría convertir al órgano desconcentrado en una extensión del gobierno estatal, incapaz de sancionar la opacidad o exigir rendición de cuentas de manera imparcial, como advirtió Olga Navarro, titular del ITEI, al señalar que las autoridades serán “juez y parte”.

Por un lado, el gobernador exalta la participación ciudadana en 15 foros con más de 3,000 asistentes; por otro, académicos critican que las propuestas de la iniciativa “Compromiso Jalisco por el Derecho de Acceso a la Información” fueron ignoradas por el Congreso del Estado.

Esta iniciativa pedía un Sistema Estatal de Transparencia robusto y un Consejo Consultivo verdaderamente ciudadano, pero los legisladores de la alianza Movimiento Ciudadano-Morena optaron por un modelo que centraliza el poder en la Contraloría.

La exclusión de estas propuestas debilita la legitimidad del nuevo sistema y refuerza la percepción de que la reforma busca cumplir con la desaparición del INAI e ITEI sin innovar ni proteger los avances de Jalisco, pionero en transparencia.

La centralización en la Contraloría podría generar conflictos de interés, especialmente en casos que involucren información sensible, como contratos, licitaciones o el ejercicio del gasto público.

Otro punto débil es la falta de claridad en temas como datos abiertos y rendición de cuentas. Aunque la iniciativa menciona transitar hacia datos abiertos y mantener la publicación de sueldos, agendas y obras públicas, la vaguedad de estas promesas las deja sin fuerza.

LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES

La iniciativa del gobernador contempla legislar la obligatoriedad de transparencia en los 125 municipios de Jalisco, un aspecto que la reforma federal omite. Sin embargo, esta propuesta choca con la realidad, el problema es que la gran mayoría de los municipios del estado carecen de la fortaleza económica de los ayuntamientos de la zona metropolitana.

Es positivo que se piense en los municipios, pero sin un plan robusto para capacitar y financiar sus contralorías, la transparencia municipal será una quimera. Muchos ayuntamientos ya incumplen con sus obligaciones actuales; ¿cómo esperamos que manejen un sistema más complejo?»

La carga adicional a las contralorías municipales podría generar desigualdades en el acceso a la información entre municipios urbanos (como Guadalajara) y rurales, perpetuando la opacidad en regiones marginadas.
Sin un marco claro, ¿qué garantiza que este modelo no se quede en buenas intenciones?

El ITEI, con sus limitaciones, tenía mecanismos para obligar a las autoridades a transparentar información; el nuevo sistema, en cambio, podría permitir que se eluda la publicación de datos clave, debilitando 20 años de cultura de transparencia en Jalisco.

La iniciativa de Pablo Lemus, aunque bien intencionada, resulta insuficiente al priorizar la armonización federal sobre los avances históricos de Jalisco en transparencia. El estado, que fue referente nacional, corre el riesgo de dar un paso atrás si este modelo no se fortalece con verdadera independencia y participación ciudadana. La transparencia no se decreta; se construye con hechos.

 

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JALISCO

Transparencia en Jalisco: El costo político de extinguir el ITEI

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

El 10 de junio de 2025, el Congreso de Jalisco aprobó con 27 votos a favor de Movimiento Ciudadano (MC), Morena, Hagamos, Futuro, PT y Verde, y 8 en contra de PAN y PRI, la desaparición del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), cuyas funciones fueron transferidas a la Contraloría del Estado.

Esta decisión, que armoniza la legislación local con la reforma constitucional federal de 2024 impulsada por Morena para eliminar organismos autónomos como el INAI, ha desatado un debate crucial: ¿fortalece o debilita la transparencia en Jalisco? La medida, aunque obligada por la federación, revela tensiones políticas, contradicciones ideológicas y un pragmatismo que podría costarle caro al gobierno de Pablo Lemus.

¿Cómo lo va a tomar el elector local? ¿Qué tanto le va a afectar a Movimiento Ciudadano ir con Morena en esta decisión de desaparecer al ITEI? Pablo sacrifica parte de la autonomía regional que demandó en campaña contra el centralismo chilango -así le llamó- para evitar conflicto con la presidenta Claudia Sheinbaum

La reforma federal, respaldada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, extinguió el INAI y reasignó sus tareas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia del Ejecutivo.

En Jalisco, el Congreso tuvo hasta el 18 de junio de 2025 para alinear su marco legal, optando por disolver el ITEI y crear un órgano desconcentrado dentro de la Contraloría. Aunque Lemus no inició esta reforma, su decisión de alinearse con Morena en el Congreso local contrasta con la postura combativa de su antecesor, Enrique Alfaro, quien desafió al gobierno federal en defensa de la autonomía estatal. Este pragmatismo sugiere que Lemus prioriza la gobernabilidad y una relación tersa con Sheinbaum, pero a un costo político que aún está por definirse.

Movimiento Ciudadano enfrenta una contradicción evidente. En el Senado, su coordinador, Clemente Castañeda, defendió con vehemencia la autonomía del INAI durante las discusiones de 2024, calificando su eliminación como un retroceso democrático que socavaría la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

En el foro “Diálogos Abiertos por la Transparencia” de noviembre de 2024, Castañeda respaldó a expertos que alertaron sobre los riesgos de centralizar funciones en el Ejecutivo, como la pérdida de la Plataforma Nacional de Transparencia y la falta de independencia en la gestión de información pública.

Sin embargo, en Jalisco, los legisladores de MC votaron junto a Morena para extinguir el ITEI, exponiendo una dualidad discursiva que podría confundir a su base electoral, especialmente en un estado donde MC ha construido su identidad en torno a la autonomía regional y la crítica al centralismo.

El ITEI, hay que reconocerlo, no era un bastión de imparcialidad. Durante el sexenio de Alfaro, expertos en transparencia acusaron al organismo de ser cooptado por el Ejecutivo, funcionando más como una extensión del poder estatal que como un contrapeso al servicio de la sociedad. Gabriel Torres Espinoza, académico y analista, cuestiona la utilidad de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA), describiéndolos como “burocracias politizadas, independientes solo en el papel”. En su opinión, muchos OCA, incluido el ITEI, se convirtieron en espacios para colocar aliados en la nómina o tejer redes de influencia con fines de lucro, desviándose de su propósito original. “Deben ser contrapesos reales, no simulaciones ni monumentos vacíos”, sentencia Torres, reflejando un escepticismo compartido por sectores críticos que ven en la extinción del ITEI una oportunidad para replantear la transparencia, siempre que se garantice su efectividad.

Consciente de las críticas, Lemus propuso un nuevo modelo dentro de la Contraloría, con participación de universidades, sociedad civil y actores independientes, para preservar la transparencia y el acceso a la información. Sin embargo, PAN y PRI han acusado al gobierno de convertirse en “juez y parte” al subordinar estas funciones a un organismo dependiente del Ejecutivo, lo que podría comprometer la imparcialidad.

La alianza de MC con Morena, su rival directo en las elecciones intermedias de 2027, añade una capa de complejidad. En campaña, Lemus prometió resistir el “centralismo chilango”, pero su voto conjunto con Morena podría alienar a votantes que valoran la autonomía regional, especialmente en un contexto donde la polarización política está en aumento.

El impacto electoral de esta decisión es incierto, pero significativo. MC ha dominado Jalisco en los últimos años, pero la percepción de que Lemus cede ante el gobierno federal podría erosionar su capital político, particularmente entre los sectores urbanos y jóvenes que apoyaron su discurso de independencia. Además, la transferencia de funciones a la Contraloría plantea desafíos operativos: ¿tendrá la capacidad técnica y la autonomía necesaria para manejar solicitudes de información y garantizar la protección de datos? La inclusión de la sociedad civil en el nuevo modelo es un intento de mitigar estas dudas, pero su éxito dependerá de la transparencia en su implementación y de la vigilancia ciudadana.

En última instancia, la extinción del ITEI refleja un dilema más amplio: cómo equilibrar la armonización con las reformas federales sin sacrificar los principios de autonomía y transparencia que Jalisco ha defendido. Lemus apuesta por un enfoque pragmático, pero el costo político y social de esta decisión podría manifestarse en las urnas y en la confianza ciudadana, especialmente si el nuevo modelo no logra desterrar las prácticas de control que marcaron al ITEI en el pasado.

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JALISCO

Un gobernador de redes sociales: La diplomacia según Lemus y el silencio que delata…

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Pablo Lemus quiso jugar a la diplomacia. Se colocó su traje de “estadista internacional”, abrió su cuenta de X y decidió pronunciarse —veinticuatro horas después— sobre un conflicto que ni le competía ni le concernía directamente, pero que olía a oportunidad política: una funcionaria menor de Morena, Melissa Cornejo, fue cancelada —en redes y en visa— por el exembajador Christopher Landau, actual vicecanciller estadounidense. Lemus, con más cálculo que convicción, tomó aire, y escribió: “Eso no es Jalisco”.

Pero, ¿qué es Jalisco para Lemus? ¿Es acaso ese estado ejemplar que presume ante los diplomáticos gringos mientras, al mismo tiempo, sufre una de las tasas más alarmantes de desapariciones en el país? ¿Es ese “pueblo hermano” que, según él, mantiene relaciones respetuosas con los Estados Unidos, mientras la impunidad se pasea libremente entre sus aliados políticos, como Enrique Alfaro en Madrid, sin rendir cuentas por los más de 17 mil desaparecidos?

En su intento por desmarcarse de Melissa Cornejo —una joven militante que se inmoló en un tuit rabioso contra el imperio migratorio estadounidense— Lemus no midió que estaba exponiendo su propia desnudez política. Porque es muy cómodo condenar un mensaje soez desde la altura del poder, pero es más difícil responder cuando la diputada Itzul Barrera le devuelve el golpe con los datos que Lemus no publica en sus redes: alcaldes de su partido presos por crimen organizado, crisis hídrica en medio estado, y una Mesa de Seguridad donde el gobernador prefiere scrollear a intervenir.

Lemus no defendió a Jalisco. Se defendió a sí mismo. Se posicionó como el “buen mexicano”, el que sabe hablar inglés, el que presume relaciones internacionales y que, como todo buen político tecnócrata, se sube a los trending topics con frases bien medidas para caerle bien a los de afuera.

Pero en casa, su voz suena hueca. ¿Dónde está el mismo Lemus para condenar las ejecuciones extrajudiciales que policías municipales han protagonizado en su administración? ¿Dónde está para exigir justicia para las madres buscadoras hostigadas o desaparecidas? ¿Dónde estaba cuando Itzul Barrera le respondió con datos y él no supo replicar más que con silencio?

Este es el verdadero problema: Lemus no ve el fondo, solo la forma. Mientras Melissa Cornejo borra sus redes, él limpia su imagen con trapos ajenos. Mientras el vicecanciller Landau pontifica sobre los “glorificadores de la violencia”, el gobernador guarda silencio sobre los desaparecidos del 5 de mayo, los cuerpos embolsados en el río Santiago o los feminicidios en la zona metropolitana.

Y todo, para quedar bien con Washington.

Como decía un viejo columnista —al que esta pluma sigue rindiendo tributo—, “los políticos no son lo que dicen, sino lo que callan”. Y Lemus, al callar frente a los escándalos reales que le competen, pero alzar la voz solo cuando hay reflector extranjero de por medio, se pinta de cuerpo entero: es un gobernador de redes, no de gobierno.

En X @DEPACHECOS

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