OPINIÓN
El arte de la comunicación: Crónica de un fracaso, un cierre sin voz ni voto
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Alguna vez leí que uno de los principios básicos de la comunicación es hablar y escuchar, de lo contrario no puede haber comunicación y sin la comunicación, se rompe uno de los principales pilares de desarrollo del ser humano y de la vida en sociedad, ya que antes de que hubiese gobiernos, estados, leyes, normas constituciones y congresos, el ser humano o bien, el hombre antiguo solamente contaba con la capacidad de comunicarse con otros para advertir peligros próximos, o bien, para construir alianzas que les permitiera sobrellevar de mejor manera esos peligros o los tiempos más difíciles.
La comunicación ha construido demasiado principalmente porque ésta se basa en el intercambio de información que consideramos valiosa para lograr un fin determinado.
Un caso en concreto es la pandemia del COVID-19, si bien es cierto es que la vacuna se desarrolló gracias a inversiones millonarias por parte de gobiernos y de personajes como Bill Gates que sumaron esfuerzas para dar herramientas a distintos científicos, la realidad es que la comunicación jugó un papel casi tan relevante como el del dinero, ya que gracias a ella científicos de muchas partes del mundo, y distintos gobiernos tuvieron la capacidad de hablar y el privilegio de ser escuchados cuando se trataba de compartir información acerca del comportamiento del virus.
Muy probablemente, sin la capacidad de comunicar, los esfuerzos por encontrar una vacuna hubiesen sido nulos ya que todas las posibles soluciones hubiesen sido construidas desde un monólogo incapaz de tomar en cuenta otras opiniones, otros estudios u otras realidades.
Pero así como lo es en la ciencia, la comunicación es fundamental para cualquier profesión, en general, un médico no podría realizar su trabajo mejor si no pudiera interactuar con sus pacientes, lo mismo que con los abogados que serían incapaces de llevar a buen puerto sus asuntos si no pudieran hablar con los afectados.
Pero donde la comunicación adquiere una relevancia aún más grande es en la política, ya que es a través de ella que nosotros como seres humanos, sin importar nuestra ideología o nuestras creencias, nos unimos con la única aspiración de lograr el bien común para nuestra sociedad o bien, para los grupos que cada expresión representa desde sus espacios públicos.
En ese orden de ideas, sin la capacidad de comunicarnos entre iguales y desiguales, el actuar gubernamental, las acciones legislativas e incluso las actividades políticas que se realizan desde los partidos políticos carecerían tanto de sentido, como de rumbo, ya que estas se construirían a partir de las necesidades, ambiciones o necesidades ya sea de una sola persona, o bien, de un grupo predominante.
Por esta razón, no podemos perder de vista que la política es una herramienta que debe usarse para construir desde la colectividad y no desde el individualismo, ya que es justamente esta visión individualista la que ha gestado la lista interminable de problemas que hoy nos aquejan colectivamente.
Ahora bien, evidentemente no busco restar importancia de ningún tipo, la comunicación es importante en cualquier ámbito de la vida, pero existen algunos espacios en donde comunicarnos es fundamental, pongo dos ejemplos.
El primero de ellos es cuando iniciamos una relación sentimental con otra persona, en esta etapa es importante dejar de lado las emociones y ponderar la comunicación, ya que solamente así, ambos individuos podrán llegar a un punto de acuerdo respecto a su relación en el corto, mediano y largo plazo, es decir, la única manera de saber si somos o no compatibles con otra persona, es a través de la comunicación, y en este caso en concreto la comunicación adquiere una relevancia significativa ya que por naturaleza, las relaciones sentimentales suelen ser el preámbulo de la vida en familia, la cual, para prosperar en todos los sentidos, requiere de cimientos sólidos que solamente se logran construir conociendo a la perfección a una pareja.
El segundo ejemplo atañe a la vida interna de los partidos políticos. Ahí la comunicación es fundamental ya que en ellos recae una gran responsabilidad: formar a quienes serán los líderes y/o representantes del mañana, por ello, lo que un partido político inculca a su militancia, no solo pedagógicamente, sino también personalmente es un tema de interés público, ya que quien llegue a ocupar un cargo público, no será nada más que todo aquello que le inculcaron las personas que formaron parte de su educación.
Por esta razón, la formación política que se imparte desde partidos cuyos líderes y militantes obedecen ciegamente la voluntad de un individuo en particular puede llegar a ser muy dañina para la vida pública ya que entonces ésta estará integrada por individuos cuya voluntad y libre albedrío están a una cúpula que se encarga de velar por sus intereses.
Pero no me malentienda, no se trata de que todos los políticos sean subversivos, revolucionarios e irreverentes, ya que en la política, como en cualquier otra actividad, se requiere de disciplina, pero especialmente en la política, se requiere tener la capacidad de respetar liderazgos, sin embargo, esta disciplina no puede someter nuestra voluntad, mucho menos, cuando un grupo de individuos socava los derechos de compañeros que son silenciados solo por el hecho de no compartir la visión de un grupo de ‘’liderazgos’’ que han usado los espacios de representación pública como los espacios de poder dentro del partido mismo para encantar o domar la voluntad de sus militantes de la misma manera en que el flautista de Hamelín utilizó la melodía de su flauta para domar a los roedores que invadieron la ciudad alemana del mismo nombre.
Este 2023 es una gran oportunidad para replantearnos el curso de muchas cosas, pero también es una oportunidad perfecta para entender en donde estamos parados y hacia donde nos llevan nuestras decisiones, por esta razón, debemos comenzar este nuevo año siendo congruentes y aprendiendo a escuchar los «caprichos» de aquellos que son considerados como disidentes por no compartir una idea.
Sin la comunicación no podremos llegar a ningún lado, y aunque parezca exagerado, basta con voltear al pasado y ver los estragos que el silencio y la autocomplacencia han provocado en las decisiones políticas de nuestro estado.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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