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OPINIÓN

El rezago en el fuero común es mayor que en el federal: Justicia tardía, ilegalidad siniestra

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Recientemente se ha puesto en la palestra el tema de la injusticia, específicamente en relación a personas que por demasiado tiempo han padecido la prisión sin ser sentenciadas; de igual manera se toca el tema de aquellos desdichados que están en la cárcel debido a que fueron crudamente torturados.

En los pasados sexenios, en tratándose de administración de justicia, salvo el clamor del pueblo llano que siempre ha tenido sed de ella, la indiferencia general imperó, y ese silencio operó a favor de la injusticia, la cual creció como hidra repugnante.

Viejos dichos populares como aquel de que la cárcel es para los pobres, o el código penal para aplicarse a los necesitados, cobraron vigencia notoria. Mientras, los políticos y funcionarios públicos, se comportaban como quien ve llover y no se moja, es decir, indiferentes. Pero eso ya se experimentaba desde antaño: el célebre sabio Solón decía que, “Las leyes son semejantes a las telas de araña; detienen a lo débil y ligero y son deshechas por lo fuerte y poderoso.” O lo que es lo mismo, el fuero o la impunidad para el ladrón de cuello blanco, la penitenciaría para el que roba una pequeñez.

Existen muchos casos de injusticias, comenzando con la que se infiere a las víctimas de los delitos, que sin embargo registran varias disposiciones a su favor, mismas que lamentablemente con los imperfectos sistemas de justicia que nos rigen, casi nunca se aplican.

El tipo de iniquidades a que ahora nos referimos, son las que se enfocan con los presos que, con más de dos lustros de ser cautivos por ilícitos de reducidas penas, no han sido sentenciados. Lo mismo sucede con aquellos que en iguales circunstancias, ya cumplieron 75 años de edad. También se encuadra a los reos que, siendo mayores de 65 años, y que padecen males crónicos, se les impide encarar sus procesos desde sus domicilios.

Un muy delicado tema es el de los reclusos que fueron víctimas de tormentos, hipótesis que desgraciadamente abunda en nuestro medio. El primer mandatario federal declaró hace unos días que, todo interno en cárceles federales que haya sido torturado, y los malos tratos se comprueben mediante el Protocolo de Estambul, será muy pronto liberado. Ese método se gestó por medio de la ONU en 1999, y lo que pretende es abatir los abusos de las autoridades hacia los particulares.

Sobre el tema de los atormentados, manifestó Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación para los derechos humanos, que: “Tratándose de tortura, no podemos andar con medias tintas ni con duda. Cualquier persona, sea quien sea y haya sido objeto de tortura, debe ser puesta en libertad de inmediato y los torturadores deben de ser castigados”. Esto es una verdad tan grande como la luz del sol, pues si los que atormentan recibieran inmediato castigo, ya se habrían reducido al máximo tan perniciosas prácticas.

Es muy cierto que es preferible sufrir una injusticia, que cometerla, pero a muchas autoridades eso no les interesa, y por ello son más desgraciados -los mandos torturadores- que quienes aguantan sus arbitrariedades. Por ello se debe luchar sin cuartel contra todas las ilegalidades, recordando que la peor forma de impartir injusticias es la justicia simulada, manera de proceder que tienen muchos jueces, como innumerables agentes de la procuración de justicia. Y este procedimiento, aplicado a un individuo, debemos considerarlo como una amenaza enderezada a todos, tal como lo afirmó el enorme luchador por los derechos humanos Martin Luther King: “La injusticia en cualquier lugar es una amenaza en todos lados.”

Aunque el decreto que anunció el primer mandatario de la nación es para el ámbito de la federación, es inaplazable que en las 32 entidades del país, se asuma el problema con seriedad, se emitan las disposiciones conducentes y con ello alivien el dolor de los encarcelados que están en similar situación que los presos del fuero federal.

Y no se crea que es menor el número de casos que se registran en los Estados, pues en el fuero común, sin sentencia se cuentan 82 mil 189, en tanto que del fuero federal existen 12 mil 358, alrededor del 15%. Los números son elocuentes y obligan a que localmente se remedie tan grave problema.

La justicia, como lo establece la Constitución, tiene que administrarse sin cortapisas, debiendo ser rápida, expedita, lo cual no se cumple, según podemos entenderlo al saber que hay tantas personas detenidas, por más de 10 años, sin sentencia ni consideraciones legales, ya sea por su edad, peculiares circunstancias o su quebrantada salud.

El problema atañe a todos los órdenes de gobierno, y dentro de estos, especialmente lo tiene que atender el Poder Judicial, tanto el de los estados como el Poder Judicial de la Federación. Lástima que en estos organismos, sobre todo los estatales, es típico que siempre se escuden en la falta de presupuesto, argumentando que es la razón por las que les falta personal, carecen de equipos, etc. Ah, pero eso sí, la austeridad en sus ingresos no figura, sino que disfrutan de costosas prestaciones y hasta bonos de marcha se otorgan, para enseguida gozar de pensiones doradas, que son cachetadas en pleno rosto del pueblo y la justicia.

Debemos recordarles a esos personajes, y el gobierno tener bien presente, lo que expresó el enorme tribuno romano que fue Cicerón: Nada hay más injusto que solo buscar remuneraciones en la justicia. Y para colmo de males, si esta es tardía, se torna en la más siniestra de las ilegalidades.

Por lo anterior, es que todos debemos coadyuvar en la medida de nuestros alcances y en el ámbito de nuestras actividades, a terminar con la injusticia, la corrupción y la impunidad, pugnando porque impere la razón, la honradez y la solidaridad.

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OPINIÓN

La pobreza crece

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

La tasa de crecimiento de la población en pobreza extrema se incrementará 6.3% en México al cierre de este año, la mayor expectativa para los países de América Latina. El índice de las personas en esta situación pasará de 11.1% de la población a 17.4%, detalló el Informe especial COVID-19 N⁰ 5 de la CEPAL.

Por su parte CONEVAL en su reporte “Medición de pobreza 2020” expone que la población en situación de pobreza creció, de 51.9 millones de personas en 2018, a 55.7 en 2020. De ellos, en pobreza extrema se encontraron en 2020, 10.8 millones, contra 8.7 que había en 2018, y en pobreza moderada 43.2 millones de personas en 2018, contra 44.9 en 2020. En cuanto a la población vulnerable por el nivel de ingresos, la misma comisión señala que la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema creció de 17.3 millones de personas en 2018 a 21.9 millones en 2020 y la población con ingreso inferior a la línea de pobreza no extrema se fue de 61.8 millones en 2018 a 66.9 en 2020.

El presidente López Obrador al ser cuestionado sobre estos números, dio la respuesta que niega pero no precisa, simplemente, él tiene otros datos, añadiendo que nunca se había entregado tanto dinero a los pobres como en esta administración, y puede tener razón si se piensa en una forma de entrega directa, más no en la acción institucional programada y por tanto susceptible de evaluar, pues el programa PROSPERA tenía alcances mayores y brindaba más oportunidades a las familias que las dispersas ayudas individuales que este régimen auspicia. Lo que se ha logrado indiscutiblemente, es ponerle color al dinero que se regala, pues toda la estructura que lo canaliza tiene el mismo color del partido en el gobierno.

Para el presidente, cumplir sus compromisos de campaña es una prioridad y lo está haciendo sin importar los costos. Rescatar Pemex y volver a hacerlo palanca del desarrollo, no subir las tarifas de luz, gas y gasolina, no tener un gobierno rico con pueblo pobre, rescatar la soberanía del Estado sobre los recursos energéticos y no incrementar la deuda gubernamental ni los impuestos, serían los principales, sin embargo en todos ellos, a pesar de sus afanes no ha logrado cumplir más que uno de ellos y eso parcialmente, que es el de no tener un gobierno rico con pueblo pobre.

El gobierno ya no es tan rico pero el pueblo sigue siendo pobre y creciendo su pobreza. La pandemia cayó como anillo al dedo, así lo expresó en su momento, y se ha convertido en la justificación para los pobres o nulos resultados en materia económica. La economía nacional ya venía en un severo deterioro desde antes de la pandemia y la persistencia de la misma hace difícil adjudicar a la ineficiencia gubernamental el fracaso de las intenciones.

Se debe reconocer que la distribución directa de recursos ha sido un eficaz instrumento para que la presión social no se desborde, sin embargo es mayor el mérito de las remesas que mandan nuestros paisanos a sus familias, lo que mantiene el consumo interno como sostén de la economía, junto con la bocanada de aire que representan las exportaciones automotrices y agropecuarias.

A la luz de los resultados que arrojan las evaluaciones de los organismos oficiales e independientes, las políticas y acciones gubernamentales que ha puesto en práctica el régimen no son, ni serán, suficientes para disminuir la pobreza y la desigualdad. Alarma que ante la evidencia se oponga la imprecisión de los otros datos y sobre todo que se piense que la transferencia directa de efectivo será suficiente para mejorar el nivel de vida y proporcionar bienestar, que se niegue la posibilidad de reconsiderar y rectificar y se empeñen en la continuidad y el acrecentamiento de esta política clientelar y paternalista, a pesar de que las finanzas nacionales se encuentran severamente presionadas por la creciente necesidad de flujos de capital para cubrir las ayudas individualizadas y los costos crecientes de las obras emblemáticas de la administración.

Ante la dimensión que adquiere el crecimiento de la pobreza y la nula efectividad de las políticas sociales para procurar un mejor equilibrio social, se hace necesario buscar mejores formas de mejorar el ingreso, más allá de los decretos que eleven el salario mínimo. Bien que las nuevas formas de democracia sindical que están emergiendo como consecuencia del TMEC repercutan en mejoras salariales, mal que esto se haya impuesto desde el exterior por un acuerdo y no como consecuencia de una política nacional. La línea seguida por el actual gobierno actúa sobre los efectos de la pobreza mientras desatiende las causas. Absorto en obtener rentabilidad electoral con la política social se descuida la política económica y a los actores determinantes de la economía nacional, se sataniza a la clase media y empresarial y se escatiman apoyos a las actividades productivas, micros y medianos empresarios.

Se ha comprobado históricamente, que el gobierno no puede sustituir a la libre empresa como generador de riqueza y desarrollo, insistir en recuperar ese papel podrá dar rentabilidad política electoral, pero mantendrá creciendo el número de pobres.

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OPINIÓN

Los muchos frentes de Enrique Alfaro: Entre la espalda y la UdeG

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Con todo respeto, por Jorge Zul de la Cueva //

El gobernador de Jalisco parece estar buscando cerrar frentes, apagar fuegos y concentrarse en las batallas que no puede eludir. A nivel discurso últimamente toma decisiones basadas en el bien común, en la sensatez e incluso en la democracia, pero en realidad está metiendo reversa en algunas cosas para reducir los frentes de combate y eso es finalmente sensato.

El anuncio de la imposición de un Basurero en Tala fue un problema desde el principio. No había claridad en los estudios, ni objetivos o tiempos claros y la cantaleta de que se trataba de un Centro de Economía Circular no convenció ni a propios ni a extraños. Los pobladores de Tala armaron un frente de resistencia que se podría convertir en un problema serio, con apoyo amplio a nivel estatal y esto podía implicar poner a Caabsa en el centro del huracán mediático y Caabsa no tiene muchos argumentos con qué defenderse. 

Se trataba de un masivo dolor de muelas en potencia.

Y ya hay un dolor de muelas organizado, capaz, bien avituallado y bastante entrenado para los conflictos: La UdeG. El grupo cuenta con amplia experiencia en enfrentar gobernadores desde hace varios sexenios y las hostilidades del Gobernador con la UdeG lejos de estarse enfriando están escalando y en esta circunstancia lo mejor es no tener la atención dividida en varios problemas a la vez.

Así que el gobernador decidió salir en un video afirmando que había escuchado a la gente de Tala y que iban a buscar un nuevo lugar para poner la basura. El tiempo corre y aunque se desactivó una bomba, no estamos del otro lado, porque donde pongan el basurero va a generar resistencia. Tal vez si socializan lo suficiente y si hacen un proyecto de calidad, un verdadero Centro de Economía Circular e involucran a las comunidades en la toma de decisiones, a lo mejor la cosa se vuelve más manejable. Tristemente conociendo los antecedentes de Caabsa y de Alfaro, esto es de dudarse.

También tomaron medidas para desinflar el problema y el fiasco que se veía venir con la famosa reforma 2.0 y el ataque al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción que incluía quitarles el sueldo, una medida que ya ha resultado inconstitucional en otras entidades federativas y antes de que le viniera el batazo federal que corrigiera la plana, salió de nuevo en un video el Gobernador a decir que siempre no se les quitaba el sueldo pero puso ahí unas cláusulas que, a falta de estudiarlas, parecen traer destinatario claro al interior del CPS. Recula a medias pues y sigue buscando desactivar al CPS pero ya dio un paso atrás.

Otro frente está en el escenario nacional. En la medición de presidenciables de El Universal, Alfaro no pintó y por primera vez desde antes de que comenzara la pandemia, la encuesta de Mitofsky que circuló la semana pasada, coloca al gobernador con más desaprobación que aprobación.

Según Mitofsky algo cambió de febrero a la fecha pues la tendencia de Alfaro ha sido desde entonces a la baja y por primera vez se encuentra en un punto de cruce de popularidad con Amlo que ha venido ganando terreno poco a poco a pesar de que la 4t es prácticamente inexistente en Jalisco. Alfaro registra 45 puntos de aprobación y AMLO 44.7. 

Falta entender cuál es la estrategia de AMLO el mayor y más difícil de entender entre todos los frentes. ¿Qué se negoció para iniciar el conflicto con la UdeG? Si hacemos caso a la voz popular que afirma que “amor que no se refleja en el presupuesto no es amor del bueno” veremos que en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022, la Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco está registrada en la cartera de proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no tiene recursos asignados.

La presa El Zapotillo, que este año recibió 300 millones de pesos, tampoco aparece con una partida definida.

¿Dónde está entonces el amor?

Las partes, los expertos y los mirones en el conflicto Alfaro-UdeG, hemos estado muy atentos a las acciones del Gobierno Federal cuyo poder, de accionarse, sería el fiel de la balanza. Pero quien pide una auditoria al Museo de Ciencias Ambientales no es la federación, es el Congreso Estatal mientras AMLO brilla por su ausencia incluso a nivel presupuestal.

Es curioso que Alfaro, tan enamorado de quejarse de que la Federación trata mal a Jalisco, hoy hace mutis ante el apretón presupuestal. ¿Sabe algo o ejerce prudencia? ¿Va con un libreto o juega obligado, cada vez más encerrado entre la Espalda del Presidente y el Conflicto con la UdeG?

Es una posición difícil.

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OPINIÓN

Más poder al Consejo Directivo del Ipejal

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Metástasis, por Flavio Mendoza //

Los defensores de la reciente Reforma al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) tienen como principal argumento el que nada de lo aprobado afecta retroactivamente a ningún afiliado ni pensionado que no esté dentro de los considerados VIP. Dichos defensores han desacreditado a quienes están procediendo al amparo, auguran que serán desechados e improcedentes pero ninguno garantiza ni el rescate al Ipejal, ni mayores afectaciones en un futuro a los pensionados y afiliados del Instituto.

La semana pasada manifesté mi preocupación particularmente por el artículo 153, al que se hace un agregado, una nueva fracción que da otra facultad al Consejo Directivo del Ipejal ahora sobre la posibilidad de modificar y reducir el monto de las pensiones, adecuándolas a lo establecido en el artículo 39 y 70 fracción II, aquí es donde hay verdadero riesgo de lo que puede pasar en un futuro.

Si bien es cierto que todos los artículos deben quedar armonizados, en el caso del 153 básicamente era innecesario, para la aplicación de las modificaciones al 39 y sobre todo al 70 fracción II, en el que se establece el tope salarial, el Consejo no debe tener la facultad de reducir el monto de las pensiones, puesto que es una función ya expresa en el mismo artículo fracción I y IX, incluso para efectos de la reducción de las consideradas pensiones VIP objeto de ésta iniciativa, nunca se determinó la causa de utilidad pública ni en la justificación de la iniciativa, ni en el estudio actuarial, entonces esta adhesión de fracción a dicho artículo, ¿fue diseñada para su aplicación en un futuro?.

Apegándonos a la redacción de ésta nueva facultad en la fracción XIX de la nueva reforma al Ipejal, son dos facultades, la de modificar y la de reducir, ésta última sobre todo que puede ser la llave de solución rápida para el futuro inmediato ante el inminente escenario visible y justificado del quebranto financiero, pues los artículos sobre los que habrán de adecuar las reducciones establecen los máximos de cotización y por consiguiente el máximo de pensión, es decir los topes, pero en ninguno de esos artículos se establece un mínimo de reducción de una pensión. Por lo anterior, mientras no apliquen el tope máximo, podrían ser reducidas todas las pensiones en cualquier momento que así lo determine el Consejo Directivo del Instituto. Pero la desconfianza de interpretación y aplicación de la ley se eleva aún más porque la facultad se la dan al mismo organismo que ha permitido el quebranto del propio Instituto.

En la reforma de 2009 se vendió la salud financiera del Instituto por los siguientes 50 años, un fracaso tangible a menos de la mitad de ese tiempo, el verdadero trasfondo fue precisamente hacer a un lado al Congreso de Jalisco de toda injerencia sobre el manejo del Ipejal, para concentrar las facultades básicamente en el presidente del instituto, un personero del gobernador en turno ante un consejo que por su actuación y silencio, cuando menos público, ha sido cómplice de la entrega total al Poder Ejecutivo.

Hoy es prácticamente lo mismo, una reforma disfrazada de terminar con las pensiones VIP, pero que agrega una facultad más a ese poderoso Consejo a modo para que en el futuro el problema del pago de pensiones se resuelva, sin reforma, con la reducción de las pensiones.

Sin establecer lo que se debe entender para efectos de la aplicación de la ley en el artículo 3 lo referente a causa de utilidad pública, así como pensión digna, esta fracción vuelve mas incierto el futuro de las pensiones, pues será el Consejo quien pagará los estudios actuariales que así determinen la causa y se proceda con las reducción a cualquier pensión y no sólo a las VIP, porque además a partir de esta reforma se entiende que ya no existirá ninguna de ellas, es decir, otro elemento para pensar que esa modificación no fue pensada para aplicar a quienes se les reducirá la pensión en los próximos meses, sino para tener vigencia y aplicarla cuando se considere necesario unilateralmente desde la administración del Ipejal.

Para esta modificación los amparos difícilmente procederán, pero el tiempo nos volverá a dar la razón, aunque esta vez quisiéramos equivocarnos, pero el futuro del Ipejal no se resolverá con estas superficiales modificaciones, por el contrario, la historia parece repetirse.

Twitter: @FlavioMendozaMx

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