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OPINIÓN

Elección del nuevo presidente del STJE: Magistrados ante la oportunidad histórica del cambio en la justicia

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Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva //

El próximo martes se celebrará sesión plenaria extraordinaria en que las actuales magistradas y magistrados que integramos el órgano de gobierno del Supremo Tribunal de Justicia, elegiremos mediante el voto directo a quien fungirá como Presidente tanto del Tribunal Superior como del Consejo de la Judicatura y también del Poder Judicial de Jalisco.

Quienes tomaremos la decisión, estamos ante una oportunidad histórica de superar las intromisiones tradicionales de otros poderes y determinar por nosotros mismos el rumbo que deseamos para la impartición de justicia en la entidad.

Debe entenderse que ya no es aceptable que los intereses partidistas influyan en el Poder Judicial, que el Supremo Tribunal es un órgano técnico altamente especializado con una labor fundamental para el desarrollo de los jaliscienses, que desde la previsión constitucional no admite injerencia alguna y que por su propia naturaleza debe mantenerse alejado de esas intromisiones clásicas de un pasado que ya ha sido superado.

La política partidista tiene claramente su espacio de desarrollo en el Poder Legislativo, sus desvaríos, acuerdos y desencuentros adquieren un sentido y justificación solo ahí por ser el espacio de representación política por excelencia, pero cuando esa política partidista se intenta mezclar en el Poder Judicial se vuelve toxica, venenosa y dañina.

Por fortuna, una golondrina no hace verano, de tal manera que no debe ser un obstáculo para que las y los magistrados capaces, independientes, responsables y comprometidos con su institución, tomen una decisión centrada solo en lo que más le conviene al Poder Judicial de Jalisco a partir del comparativo de proyectos, perfiles y trayectorias de los aspirantes.

Por ello, me he dado a la tarea de analizar la problemática de la justicia en la entidad, que ha sido ampliamente analizada, razonada y contextualizada en un documento, elaborado en conjunto con diversos profesionales multidisciplinarios, al que se denominó Modelo de Gobernanza Judicial, el cual una vez redactado comenzó a difundirse en diversos y variados foros que permitieron su perfeccionamiento y socialización.

El Modelo de Gobernanza Judicial que se propone, contiene una amplia serie de propuestas de solución a las dificultades que enfrenta el sistema judicial en nuestra entidad, ordenando las alternativas a través de dos grandes programas que en conjunto suman 32 proyectos.

No escapó al análisis realizado por los expertos y especialmente de quienes conocieron ya la propuesta, la viabilidad y posibilidades reales de implementación que tiene cada uno de los proyectos, porque en su conformación se consideraron las capacidades económicas, de recursos humanos y materiales ya existentes, además de contemplar las experiencias de otros tribunales estatales y federales de diversos grados y materias, de tal manera que la oferta del Modelo no es un catálogo de ideas imposibles, sino una contundente, sustentada, real e inmediata alternativa para motivar el cambio de fondo que requiere específicamente el Poder Judicial de Jalisco, es decir, un traje a la medida con indicadores de cumplimiento y evaluación.

Se destaca la orientación ciudadana del Modelo en cuestión, en donde el jalisciense es origen y destino, facilitando y exigiendo su participación en cada uno de los proyectos desde su implementación hasta su evaluación y sanción correspondiente.

Una virtud adicional es que la composición de los programas tiene concatenación con el combate a una problemática específica, destacando por ejemplo que para el grave problema de la corrupción y la impunidad que se atribuyen al Poder Judicial se tienen a la vez la implementación de varios proyectos como el Observatorio Ciudadano, la Contraloría Ciudadana, la Plataforma Digital de Seguimiento de Denuncias, entre otros que en conjunto componen un Sistema Judicial Anticorrupción que no solo cumple con las exigencias de la ley al respecto, sino que va más allá al incorporar la participación ciudadana en los procesos de sanción a las conductas irregulares incoadas, desde la denuncia hasta la ejecución de la pena, destacando que para la puesta en marcha del sistema no se requiere inversión presupuestal alguna toda vez que el marco normativo del tema ya está confeccionado, se cuenta con las plazas y perfiles adecuados y el compromiso de participación de los sectores productivos y sociales a quienes ya se ha presentado la propuesta.

CONTRA LA OPACIDAD

La opacidad y falta de rendición de cuentas que se atribuye a las instituciones judiciales se combate, en el Modelo, a través de proyectos como una autentica plataforma informática que, aun mejor que en los tribunales federales, permitirá no solo consultar en tiempo real el proceso de resolución de cada uno de los asuntos de su conocimiento, sino también evaluar el cumplimiento a tiempo de las responsabilidades que le corresponden a cada una de las diversas áreas que participan en el tránsito de un expediente o toca, lo que limitaría en automático las posibilidades de tardanza, omisiones o conductas irregulares; proyecto que se debe acompañar de una profunda revisión y una adecuada modificación de las estructuras administrativas del Poder Judicial para darles orden y eficiencia a fin que identifiquen la trascendencia de la función jurisdiccional y adquieran el compromiso con las instituciones judiciales para facilitarles las herramientas, registro, control y manejo de la información propia de su desempeño para su publicación y actualización, permanente y oportuna; así como la conformación de un legítimo plan general del crecimiento y desarrollo del Poder Judicial a inmediato, corto, mediano y largo plazo, que incorpore los programas de acción con sus tiempos, objetivos, indicadores y metas, para que sus formatos y estructuras, al ser de acceso público, sean también evaluados a cada momento con la posibilidad de interactuar con el ciudadano para sus sugerencias, comentarios y en su momento acciones de corrección y mejora, pero además para que la sociedad organizada pueda tener una referencia precisa a la hora de confrontar lo publicado con el contenido de los informes de labores y así facilitarle la toma de decisiones.

CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

Está claro que el proyecto propuesto también contempla promover la profesionalización y actualización del personal judicial, para lo cual se debe contar primero con un diagnóstico actualizado de las necesidades de capacitación y profesionalización que los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Jalisco necesitan. Además, crear el Instituto de Capacitación y Profesionalización del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que englobe todas las direcciones, comisiones y escuelas judiciales, con la finalidad de que el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia, trabajen en conjunto para capacitar a todo el personal judicial en actualizaciones constantes y formación permanente, para dar respuesta a los nuevos modelos judiciales en los cuales Jalisco muestra un gran rezago y del mismo modo que solo exista una dependencia por órgano; también, contar con un sólido grupo de formadores altamente capacitados (entre otros ex Jueces y ex Magistrados) que repliquen su experiencia desde un enfoque teórico-práctico, centrado preferentemente en estudio de caso; y también generar y actualizar un programa de capacitación y profesionalización en los diversos ámbitos, instancias y modalidades, a partir de programas educativos virtuales, presenciales, semiescolarizados y mixtos, con un desarrollo exponencial de recursos informáticos y aplicativos en inteligencia artificial, este último basado en algoritmos para proyección y redacción de autos, acuerdos y sentencias en línea que aseguren el doble beneficio de garantizar al justiciable la continuidad expedita de la impartición y administración de justicia, aún en casos de grave contingencia, como la que actualmente enfrentamos, al mismo tiempo que se comparte la infraestructura necesaria para asegurar la calidad y la cobertura de los programas formativos dirigidos a los procesos de ingreso, promoción y permanencia para que se de seriedad y continuidad a la carrera judicial en Jalisco.

HACIA LA JUSTICIA DIGITAL

El Modelo de Gobernanza Judicial propone una estrategia inaplazable para replantear las formas y modalidades de administrar justicia en Jalisco, iniciando de inmediato el tránsito a la Justicia Digital, aplicando estrategias de innovación sectorizadas y planeando racional y estratégicamente la implementación de aplicativos informáticos, para que de manera natural sean también instrumento cotidiano de la relaciones entre gobierno y gobernados, así como entre tribunales y justiciables, se propone que mediante un plan estratégico, la implementación sistemática de la justicia digital puede ser una realidad, modernizando el equipamiento y contando con el suficiente para reunir y procesar la vasta demanda de administración de información que implica, armonizando y completando la precaria legislación existente en las diversas materias, actualizando los procesos judiciales y ajustándolos gradualmente al uso de las tecnologías de la información, contando con el presupuesto necesario y principalmente con el involucramiento de la ciudadanía en cada uno de los procedimientos y en el seguimiento de su sanción y ejecución.

En general, el Modelo ha contemplado todos y cada uno de los problemas que impiden el crecimiento y desarrollo adecuado de la impartición de justicia en el Estado, estudiando su origen, confrontando alternativas y generando los proyectos que le den solución, implementando controles y evaluación de cumplimiento con la participación de la sociedad con el ánimo principal de recuperar su confianza en las instituciones públicas.

La aspiración que tengo para presidir el Supremo Tribunal de Justicia, que ya he expresado en otras publicaciones, como se ha expuesto, está sustentada en un sólido proyecto, profesional y sistemático con todas las posibilidades de ser implementado a la brevedad y dar resultados inmediatos y medibles para provocar el cambio que todos esperamos, intención que la he hecho pública porque creo profundamente que la apertura y publicidad de las acciones y trabajos de quienes integramos el Poder Judicial de Jalisco debe ser el primer paso para superar la opacidad que se atribuye a la justicia y una invitación respetuosa a la participación de la comunidad en los asuntos judiciales.

Reitero, está en las magistradas y los magistrados y solo en ellos, la oportunidad de provocar el cambio de fondo, gradual, significativo y sostenido que requiere la impartición de justicia en Jalisco. Dejemos de lado las inercias políticas externas que no nos corresponde adoptar, seamos parte de la generación que rescate al Poder Judicial y marque su rumbo exitoso para recuperar los primeros lugares en el concierto nacional.

Compañeras y compañeros magistrados, ofrezco poner mi mayor esfuerzo y representarlos con toda dignidad, estamos ante una grave situación de operación y credibilidad institucional, pero también tenemos una única y enorme oportunidad de cambiar las cosas, sé que se puede, juntos hagamos que suceda.

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JALISCO

Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac 

Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.

En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.

Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.

Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.

Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?

UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS

El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.

Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.

Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.

Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.

Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.

Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.

Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.

Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.

Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.

CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD

El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.

Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.

Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.

No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.

Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.

MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER

La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.

Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.

Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.

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JALISCO

El expediente que ocultan de Eli Castro

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– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.

En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.

Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.

¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.

Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.

La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.

Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.

Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.

La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.

¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?

Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.

La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.

En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?

La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.

Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.

¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?

Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.

En X @DEPACHECOS

 

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NACIONALES

El rey ha muerto, la nostalgia vive

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-Opinión, Por Miguel Anaya

En política, nada se improvisa. Lo que parece una casualidad o un hecho totalmente fortuito, en la mayoría de las ocasiones tiene un trasfondo que deja un mensaje para aquellos que saben descifrarlo.

La política mexicana recicla sus figuras, usándolas para comparaciones y discursos, no para gobernar. Aquí, la popularidad supera al liderazgo y la acción

La célebre frase “el rey ha muerto, viva el rey” no solo representaba la transición inmediata de poder en la Francia medieval, sino también el principio de continuidad en el ejercicio del mando, incluso si el anterior había fracasado estrepitosamente. Y en México, aunque ya no hay tronos ni coronas (pero sí hay palacios), la lógica persiste: los viejos soberanos nunca desaparecen del todo, porque en tiempos de crisis política, incluso los caídos se vuelven útiles.

El caso reciente de Enrique Peña Nieto lo ilustra bien. Tras años de silencio, exilio dorado y memes de alto voltaje, el expresidente volvió a la conversación pública con declaraciones que fueron tomadas por muchos como un gesto de «normalidad». Lo que antes era escándalo hoy es nostalgia. Aquella Casa Blanca que provocó marchas y editoriales indignados hoy apenas ocupa un párrafo en la memoria colectiva. Aquellos muertos, los de Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanhuato, los miles que desaparecieron bajo su sexenio, parecen haber sido arrastrados por el alud de nuevas tragedias más recientes, más frescas, más urgentes.

¿Peña regresó por nostalgia? ¿Por necesidad? ¿Por encargo? No lo sabemos. Lo que sí es claro es que su reaparición no es casual. Como dicta esa frase que se le atribuye a Félix Flores: “La política no es para el que le gusta, es para el que le entiende”. Y quien entiende la política sabe que cada palabra, cada aparición, cada silencio tiene una razón de ser. La política es un ajedrez, no un juego de dados.

En un escenario donde la clase política actual se ha desgastado tan rápidamente —por excesos, por improvisación o por arrogancia—, el terreno se vuelve fértil para que las figuras del pasado, incluso aquellas que parecían sepultadas por la historia, regresen al tablero. No porque hayan sido redimidas, sino porque no hay muchas más opciones con quién llenar el vacío. La orfandad de liderazgos reales, de estadistas con visión, obliga a echar mano de quien haya tenido al menos una figura reconocible. Aunque sea para recordar lo que no se debe hacer… o para sugerir que, después de todo, pudo haber sido peor.

La fragilidad de la memoria pública también juega su papel. El golpeteo mediático constante, la saturación informativa, la polarización política y el vértigo cotidiano que produce el México moderno han logrado que incluso las grandes tragedias se desvanezcan con rapidez. Lo que en otro país hubiera significado la cancelación vitalicia de una carrera política, aquí se transforma con el tiempo en una anécdota o un video en TikTok.

Y así, en plena era de la desmemoria funcional, un Peña Nieto puede volver al escenario, no como aspirante, sino como referente. Lo mismo puede pasar con otros nombres que hoy parecen impresentables, pero que mañana, si el desgaste lo permite, podrían ser reactivados para construir algún nuevo mito, servir de contrapeso o simplemente dar la cara cuando nadie más quiera hacerlo.

Porque, al final, la política mexicana no entierra del todo a sus muertos; los guarda, los recicla y los acomoda en la estantería de los recursos disponibles. Tal vez no para gobernar, pero sí para ser comparados, rehabilitados, usados. Porque en este país, donde a menudo se confunde popularidad con liderazgo y discurso con acción, lo importante no es lo que hiciste, sino con quién te comparan.

Y si el presente se descompone lo suficiente, incluso un pasado fallido puede parecer aceptable. El rey ha muerto. Viva el rey, aunque sea el mismo…

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