OPINIÓN
¡Feliz Día del Médico! Los claroscuros de una profesión
Educación, por Isabel Venegas //
Muchos ubican la época en la que el maestro, el doctor y el sacerdote eran las figuras importantes de una comunidad, carreras profesionales difíciles de conseguir: no cualquiera era tan inteligente, tan resistente al desgaste o tenía el dinero suficiente para sufragar los gastos que ellas significaban.
Al mismo tiempo, el pueblo no podía carecer de estas figuras, se hacía entonces indispensable buscar que alguien cubriera ese espacio para lo cual solían estar los mecenas (políticos o empresarios que tenían mayor estabilidad económica), quienes se encargaban de patrocinar a algún ahijado al que se le notara el gusto, la capacidad y la vocación.
En algún punto del camino el aprecio se invirtió y en cierto modo, la visión de ponderar por encima de todas las cosas al dinero, dejó en un pedestal más importante a aquellas carreras que producían más y con menos esfuerzo. La popularidad que un futbolista, un cantante o un actor político podían tener dentro de la sociedad, lejos de ser visto como una crítica a sus procesos de formación, tuvo una fuerte vinculación con el descrédito a las primeras áreas, porque con la llegada de nuevos estilos de liderazgo se tuvo también el incremento de campañas que hacían señalamientos a muchos y muy serios errores.
Desafortunadamente aquellos que criticaban lo hacían con razón, porque en la necesidad de formalizar la profesión, éstas se fueron convirtiendo en estructuras que se consolidaron en sistemas, pagando el enorme precio de la burocratización y la masificación de los servicios.
El sistema de salud, el sistema educativo y la institucionalización de la religión con el deseo de cumplir su compromiso con el acceso universal de estas áreas, se encontraron también ante una serie de vicios en la cual quedaron englobados casi todos los médicos, profesores y sacerdotes.
Este viernes 23 de octubre se conmemoró el día del médico, justo en medio de una pandemia en la cual se han evidenciado los claroscuros de una profesión que lucha contra la enfermedad del siglo; criticados por la comunidad que se sigue preguntando si las medidas son necesarias, suficientes o prudentes, y encontrando en ellos a los paganos de políticas que también fueron fruto de la sorpresa y las limitantes de cada región. Fueron tantos los casos de agresiones en la calle a los doctores y a casi todo el personal del sector salud, que la mayoría de los gobiernos estatales y municipales debieron diseñar estrategias para protegerlos, como por ejemplo conseguir albergues cercanos a los hospitales, contratar transporte exclusivo para ellos, además de apostar a la guardia civil en las inmediaciones de los principales hospitales Covid.
Jornadas extenuantes, agresiones cotidianas, frustración al ver a la ciudadanía que no acata las medidas de prevención y que no terminan por dimensionar el problema; falta de insumos para atender a los pacientes o medidas que responden a políticas públicas, pero van en contra de sus esquemas individuales. Cuando iniciaba la pandemia en nuestro país, la mayoría se preocupaba por tener la mayor cantidad de respiradores artificiales posibles con disponibilidad, sin entender que al mismo tiempo eso terminaría por representar la posibilidad de morir casi en un 80%, es decir, si bien es cierto que los respiradores ayudan en última instancia, también significa que muy probablemente se deberá enfrentar ante una serie de complicaciones que limita la intervención de los médicos y reduce sus posibilidades de salvarle la vida.
Las marchas del sector salud exigieron al gobierno federal apoyos reales, puesto que los insumos para su seguridad parecían una burla: batas, cubrebocas y botas de pésima calidad, ventiladores a sobreprecio y fuera de los estándares requeridos, pero principalmente dañino: mensajes que no terminaban por dar el respaldo a una comunidad que lucha a contracorriente para salvar a la población, muchas veces de ella misma.
Ese sistema de salubridad que hizo todo lo posible por no saturar sus hospitales para no verse en la dolorosísima necesidad de decidir a quién dar una cama y a quien no, tuvo que pensar en estrategias que a muchos les ha costado el prestigio que apenas estaban tratando de reconquistar, reconocimiento que se seguirá viendo empañado por una serie de empleados del sector salud que de todos es conocido, entraron ahí por tener una plaza segura porque sus padres eran médicos y de una u otra forma la inercia familiar los llevó ahí, o porque en el proceso fueron deformando los ideales y la ética que en un principio sí tuvieron. Sí, todos hemos visto los casos de doctores que no deberían usar una bata, bata que por cierto hace mucho dejó de ser blanca; ¿Cómo hace un país para no determinar el sistema entero por los casos negativos?
Los profesores que no están trabajando como se debe, los doctores que no les importan sus pacientes y que solo esperan la quincena para cobrar su sueldo, o los sacerdotes que no piensan en su comunidad doliente; no son el cuerpo, son la parte enferma que hay que sanar, pero no por eso aniquilas el sistema, no por eso desacreditas la construcción de tantos años que ha servido para que a muchísimas comunidades sin acceso a estas tres disciplinas les llegara la sanidad, la educación y un espacio de articulación entre la interioridad y la hermandad, relación que hoy se busca a través de muchos medios pero que se nombra de diferentes maneras.
¡Vaya, pues tenemos que hacer algo! Así que para rescatar las tres áreas medulares de una nación, debemos volver a los orígenes: el patrocinio a los talentos universitarios que han optado por estas vocaciones, identificando aquellos que durante su proceso de formación dan muestra de talento, voluntad y empeño, capacidad para sobreponerse a la adversidad y fortaleza para resistir las batallas que dan momentos como los del covid19. Todos aquellos profesores, directivos y tutores, deben velar por ir más allá del cumplimiento de las cuotas de eficiencia terminal e índices de aprobación; estándares que han ido en detrimento del sentido profundo de la educación. Repensar el papel de los asesores escolares y de los tutores universitarios, a fin de que su ejercicio vaya en un sentido integral, apuntalando el andamiaje ético con el que deberán enfrentar la realidad del mundo profesional.
Casi todos los debates que se han ido posponiendo en la vida moderna distraídos por una serie de artefactos (que nos facilitan el trabajo diario, pero que no resuelven las necesidades trascendentales del ser humano), siguen demandando la misma atención que en un principio, puesto que hoy vemos aparecer sistemas alternativos que ¡no es lo mismo, pero es igual! A la medicina le aparecieron terapias alternativas, a la escuela le llegaron los youtubers, y en lugar de rezar el rosario, ahora se repiten mantras; no es que lo segundo esté mal sino que demuestran que la necesidad de atender estos temas sigue estando latente; quiere decir que en cuanto tengamos el “Sistema público de acceso universal al Yoga” volveremos a ver al instructor que, justo en media crisis emocional le pidió a su compadre que le extendiera una incapacidad para ir renovándola cada mes…, mientras que junto a él hay otros tantos dando la vida por ayudar a encontrar su centro espiritual a sus hermanos de luz, sin importar que sean pocos los que lo noten.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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