OPINIÓN
Honrar la historia y servir al pueblo
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Lugar común es decir que el pueblo padece hambre y sed de justicia. Los políticos, los funcionarios, los empresarios, los religiosos y en general toda la población, hacen suya esa verdad. La constante repetición de ese concepto, parece disco rayado.
En nuestro sistema republicano, con su referente de división de poderes, toca a la rama judicial impartir la justicia. No porque a los otros dos ramos (legislativo y ejecutivo) se les impida, en su ámbito de competencia, hacer actos justicieros, sino porque la clásica concepción sobre administración de la justicia así lo contempla.
Los característicos órganos emblemáticos de los tres poderes públicos (judicial, legislativo y ejecutivo), son a nivel federal, la Suprema Corte de Justicia, las Cámaras de la Unión (diputados y senadores) y el presidente de la república. Todos y cada uno debe actuar ajustados a derecho, lo que implica realicen acciones justas: dictar sentencias ecuánimes, redactar leyes equitativas y ejecutar operaciones intachables.
El grave problema del servicio público en cualesquiera de los ramos predichos, es que sus integrantes relegan la noción de que deben desempeñarse no por disfrutar cargos, posiciones o privilegios, sino por principios y convicciones. Al respecto tenemos suficientes ejemplos tanto en magistrados, ministros, jueces y miembros de organismos autónomos, que prefieren salvaguardar sus canonjías a conducirse con legitimidad, que es muy diferente a conforme la ley. La legitimidad incluye lo justo y lo razonable a la par de la norma; en cambio lo legal, solo requiere apego a la legislación, aunque esta sea inicua.
Por ello es indispensable que quienes ocupen los cargos en la administración pública, sean personas ajenas a la hipocresía, que no sean falsarios ni venales, es decir, ciudadanos competentes, honestos, con mística de servicio y sólida conciencia cívica, que actúen con rectitud, aplicando el principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.
Hoy por hoy se ha proclamado una cruzada contra la corrupción. Ésta penetró hasta lo más recóndito del sector público, contagiando a veces al privado. La corrupción resulta incongruente en las áreas gubernamentales, pero cuando lo que se prostituye es la justicia, resulta degradante e inexcusable.
En consecuencia, el desafío por adecentar, modernizar y hacer genuina la administración de justicia mexicana, se tiene que vencer. Y el esfuerzo debe abarcar tanto el fuero federal como el estatal, porque en unos y otros, afirma el presidente del más encumbrado juzgado de la Nación: “quien diga que en los tribunales no hay corrupción, o no ha estado en un Tribunal o miente descaradamente”.
Pero ante lo tardo del actuar estatal, donde todo se soslaya ante la ansiedad por devengar jugosos salarios y disfrutar apetecibles privilegios, por lo pronto tocó el turno a la justicia federal, en virtud de lo cual comentaremos los avances que se registran en ese contorno, que ojalá sirvan de orientación para que los órganos judiciales en las Entidades Federativas, asuman su turno y los adopten o hasta mejoren.
El presidente de la república manifestó el 10 de agosto: “Los ministros que vienen del antiguo régimen, están acostumbrados a servirle a los potentados, no al pueblo. Menos van a estar pensando como Morelos, que decía: ‘Que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte’. ¿Ustedes creen que ellos coinciden con eso? Nada más están al servicio del fuerte, no protegen, no ayudan a los débiles, a los pobres, a los que no tienen agarraderas”. Sobre este tema, es pertinente aclarar que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, ha tomado decisiones para encarrilar al máximo tribunal, superando recias oposiciones de sus mismos pares y de infinidad de subalternos.
El mismo ministro Zaldívar, calificado por el primer mandatario como gente honrada, seria y responsable, declaró (El Universal, 9-8-21) que “tres redes de corrupción operaban en el poder judicial”, siendo una conformada por despachos de abogados muy influyentes, otra armada por políticos poderosos y finalmente la generada por la venalidad, todo agravado por la enraizada cuanto nefasta tacha del nepotismo dentro de la estructura de la Corte. Para erradicar esos vicios, se demanda poder, talento y voluntad férrea.
La tarea es de romanos, o sea, muy difícil, pero no imposible. A la fecha se aplica la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente desde el 7 de junio anterior. Este ordenamiento, se asegura trae muchísimos adelantos para que el poder judicial sea renovado, moderno, fresco, con mayor sensibilidad social y humana, dispuesto a servir de mejor manera al pueblo de México. Dentro de ello, enfatiza el ministro Zaldívar, “La justicia federal debe ser una vía de conciliación y de pacificación social; coadyuvar a tener un mejor país como instrumento para el desarrollo económico y social pero también para emparejar la cancha a quienes nunca han tenido acceso a la justicia”.
De lo anterior se deduce que ahora sí actuarán los jueces y magistrados anteponiendo el interés público, el de la nación y desde luego, impartiendo una justicia con rostro humano que llegue a los más pobres y marginados. Para lograr este último objetivo, anunció que se fortalece como nunca la Defensoría de Oficio, con lo cual se evitará, “La justicia de las clases burguesas”, que, según la notable luchadora social Rosa de Luxemburgo, es una especie de malla que permite escapar a los tiburones voraces, y solo atrapa a las indefensas sardinas. Desde luego, que no solo basta tener buenos juristas defensores, sino que los jueces apliquen las líneas socráticas: escuchar educadamente, acordar con conocimiento de causa, valorar sensatamente y resolver con prontitud e imparcialidad.
Otra meta del dirigente de la SCJN, es alcanzar la paridad de género, exponiendo que “ha sido y seguirá siendo una prioridad en mi administración y por ello se incluye en la reforma. Queremos más y mejores mujeres en más y mejores cargos.” Eso sí, agregamos nosotros, ni con varones ni con damas, debe contemplarse una vuelta al pasado, ni más corrupción, ni una cultura de nepotismo.
Ojalá que en Jalisco se retomaran las ideas de nuestros grandes jurisconsultos, tales como Mariano Otero, Ignacio L. Vallarta y Luis Manuel Rojas, para que muy pronto, el poder judicial y el foro jalisciense, volvieran a ser el faro de la justicia y la guía del derecho nacional, que en otros tiempos fue.
Por todo lo anterior, es que consideramos que ya es tiempo de que el poder judicial del Estado, tome su turno y a la par de la justicia federal, honre nuestra historia y sirva verdaderamente a nuestro pueblo, lo cual solo puede ser si sus sentencias siempre se ajustan al precepto de que, “fuera de la ley nada y por arriba de ella, nadie”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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