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OPINIÓN

Honrar la historia y servir al pueblo

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Lugar común es decir que el pueblo padece hambre y sed de justicia. Los políticos, los funcionarios, los empresarios, los religiosos y en general toda la población, hacen suya esa verdad. La constante repetición de ese concepto, parece disco rayado.

En nuestro sistema republicano, con su referente de división de poderes, toca a la rama judicial impartir la justicia. No porque a los otros dos ramos (legislativo y ejecutivo) se les impida, en su ámbito de competencia, hacer actos justicieros, sino porque la clásica concepción sobre administración de la justicia así lo contempla.

Los característicos órganos emblemáticos de los tres poderes públicos (judicial, legislativo y ejecutivo), son a nivel federal, la Suprema Corte de Justicia, las Cámaras de la Unión (diputados y senadores) y el presidente de la república. Todos y cada uno debe actuar ajustados a derecho, lo que implica realicen acciones justas: dictar sentencias ecuánimes, redactar leyes equitativas y ejecutar operaciones intachables.

El grave problema del servicio público en cualesquiera de los ramos predichos, es que sus integrantes relegan la noción de que deben desempeñarse no por disfrutar cargos, posiciones o privilegios, sino por principios y convicciones. Al respecto tenemos suficientes ejemplos tanto en magistrados, ministros, jueces y miembros de organismos autónomos, que prefieren salvaguardar sus canonjías a conducirse con legitimidad, que es muy diferente a conforme la ley. La legitimidad incluye lo justo y lo razonable a la par de la norma; en cambio lo legal, solo requiere apego a la legislación, aunque esta sea inicua.

Por ello es indispensable que quienes ocupen los cargos en la administración pública, sean personas ajenas a la hipocresía, que no sean falsarios ni venales, es decir, ciudadanos competentes, honestos, con mística de servicio y sólida conciencia cívica, que actúen con rectitud, aplicando el principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.

Hoy por hoy se ha proclamado una cruzada contra la corrupción. Ésta penetró hasta lo más recóndito del sector público, contagiando a veces al privado. La corrupción resulta incongruente en las áreas gubernamentales, pero cuando lo que se prostituye es la justicia, resulta degradante e inexcusable.

En consecuencia, el desafío por adecentar, modernizar y hacer genuina la administración de justicia mexicana, se tiene que vencer. Y el esfuerzo debe abarcar tanto el fuero federal como el estatal, porque en unos y otros, afirma el presidente del más encumbrado juzgado de la Nación: “quien diga que en los tribunales no hay corrupción, o no ha estado en un Tribunal o miente descaradamente”.

Pero ante lo tardo del actuar estatal, donde todo se soslaya ante la ansiedad por devengar jugosos salarios y disfrutar apetecibles privilegios, por lo pronto tocó el turno a la justicia federal, en virtud de lo cual comentaremos los avances que se registran en ese contorno, que ojalá sirvan de orientación para que los órganos judiciales en las Entidades Federativas, asuman su turno y los adopten o hasta mejoren.

El presidente de la república manifestó el 10 de agosto: “Los ministros que vienen del antiguo régimen, están acostumbrados a servirle a los potentados, no al pueblo. Menos van a estar pensando como Morelos, que decía: ‘Que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte’. ¿Ustedes creen que ellos coinciden con eso? Nada más están al servicio del fuerte, no protegen, no ayudan a los débiles, a los pobres, a los que no tienen agarraderas”. Sobre este tema, es pertinente aclarar que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, ha tomado decisiones para encarrilar al máximo tribunal, superando recias oposiciones de sus mismos pares y de infinidad de subalternos.

El mismo ministro Zaldívar, calificado por el primer mandatario como gente honrada, seria y responsable, declaró (El Universal, 9-8-21) que “tres redes de corrupción operaban en el poder judicial”, siendo una conformada por despachos de abogados muy influyentes, otra armada por políticos poderosos y finalmente la generada por la venalidad, todo agravado por la enraizada cuanto nefasta tacha del nepotismo dentro de la estructura de la Corte. Para erradicar esos vicios, se demanda poder, talento y voluntad férrea.

La tarea es de romanos, o sea, muy difícil, pero no imposible. A la fecha se aplica la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente desde el 7 de junio anterior. Este ordenamiento, se asegura trae muchísimos adelantos para que el poder judicial sea renovado, moderno, fresco, con mayor sensibilidad social y humana, dispuesto a servir de mejor manera al pueblo de México. Dentro de ello, enfatiza el ministro Zaldívar, “La justicia federal debe ser una vía de conciliación y de pacificación social; coadyuvar a tener un mejor país como instrumento para el desarrollo económico y social pero también para emparejar la cancha a quienes nunca han tenido acceso a la justicia”.

De lo anterior se deduce que ahora sí actuarán los jueces y magistrados anteponiendo el interés público, el de la nación y desde luego, impartiendo una justicia con rostro humano que llegue a los más pobres y marginados. Para lograr este último objetivo, anunció que se fortalece como nunca la Defensoría de Oficio, con lo cual se evitará, “La justicia de las clases burguesas”, que, según la notable luchadora social Rosa de Luxemburgo, es una especie de malla que permite escapar a los tiburones voraces, y solo atrapa a las indefensas sardinas. Desde luego, que no solo basta tener buenos juristas defensores, sino que los jueces apliquen las líneas socráticas: escuchar educadamente, acordar con conocimiento de causa, valorar sensatamente y resolver con prontitud e imparcialidad.

Otra meta del dirigente de la SCJN, es alcanzar la paridad de género, exponiendo que “ha sido y seguirá siendo una prioridad en mi administración y por ello se incluye en la reforma. Queremos más y mejores mujeres en más y mejores cargos.” Eso sí, agregamos nosotros, ni con varones ni con damas, debe contemplarse una vuelta al pasado, ni más corrupción, ni una cultura de nepotismo.

Ojalá que en Jalisco se retomaran las ideas de nuestros grandes jurisconsultos, tales como Mariano Otero, Ignacio L. Vallarta y Luis Manuel Rojas, para que muy pronto, el poder judicial y el foro jalisciense, volvieran a ser el faro de la justicia y la guía del derecho nacional, que en otros tiempos fue.

Por todo lo anterior, es que consideramos que ya es tiempo de que el poder judicial del Estado, tome su turno y a la par de la justicia federal, honre nuestra historia y sirva verdaderamente a nuestro pueblo, lo cual solo puede ser si sus sentencias siempre se ajustan al precepto de que, “fuera de la ley nada y por arriba de ella, nadie”.

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CARTÓN POLÍTICO

Edición 808: Tonalá no puede seguir al margen del desarrollo metropolitano, Sergio Chávez

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NACIONALES

El fracaso de militarizar puertos y aduanas

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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac

El escándalo del “huachicol fiscal” ha cimbrado al gobierno de Claudia Sheinbaum, exponiendo una red de corrupción que involucra a la Secretaría de Marina (Semar) y Aduanas, instituciones que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó como baluartes contra la corrupción.

En las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, el huachicol era un estribillo recurrente: un mal heredado de los gobiernos neoliberales, combatido con mano firme por la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. «Ya no hay huachicol», repetía el expresidente, mientras la Secretaría de Marina (Semar) asumía el control de aduanas y puertos en 2021, con la promesa de blindar estas instituciones contra la corrupción.

Cuatro años después, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, esa narrativa se desmorona con un estruendo ensordecedor. El escándalo del «huachicol fiscal» —un fraude aduanero que evade impuestos importando combustible ilegal como mercancía exenta— revela no solo una red de complicidades tejida en los altos mandos de la Marina y Aduanas, sino una corrupción institucionalizada que cuesta al erario 170,000 millones de pesos anuales, según estimaciones de la oposición.

Este caso no es un tropiezo aislado; es el espejo de un sistema que, al militarizar funciones civiles, sembró las semillas de su propia podredumbre.

El detonante fue el decomiso de un megabuque en el puerto de Tampico, en marzo de 2025, con 10 millones de litros de diésel. De allí surgió una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que, curiosamente, inició hace dos años a petición del propio exsecretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué no se actuó?

Sin embargo, el telón se abrió el 7 de septiembre de 2025, con la detención de 14 personas: un vicealmirante en activo, Manuel Roberto Farías Laguna —sobrino político del almirante Ojeda—, cinco marinos más, cinco exfuncionarios de Aduanas (incluido el exdirector de Tampico, Francisco Antonio Martínez) y tres empresarios.

La red operaba con audacia: 31 buques descargaron combustible ilegal entre abril de 2024 y marzo de 2025 en Altamira y Tampico, declarando diésel como sustancias temporales o exentas de impuestos, para revenderlo a gasolineras y flotillas a precios de dumping.

La FGR vinculó a proceso a nueve de ellos, incluyendo a Farías Laguna, y decomisó cuentas bancarias con cientos de millones de pesos, propiedades y vehículos de lujo que delatan un modus operandi de élite.

EsEste El escándalo del huachicol fiscal expone la fragilidad del modelo de la Cuarta Transformación (4T). López Obrador entregó las aduanas a la Marina convencido de su «incorruptibilidad» —una institución con 89.7% de aprobación en junio de 2025, según el INEGI—.

Pero al militarizar funciones civiles, se creó un vacío de rendición de cuentas: menos burocracia civil, sí, pero también menos escrutinio. Los sobrinos de Ojeda, Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, operaban desde la cúpula naval, con comunicaciones a más de 300 números en aduanas clave como Guaymas, Ensenada, Manzanillo y Veracruz entre 2023 y 2025.

El capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, alias «El Capitán Sol», emergió como operador clave, tranquilizando a testigos con frases como «no va a pasar nada» por supuestos «acuerdos políticos» entre Omar García Harfuch y el hijo del expresidente.

Y mientras, dos marinos mueren en circunstancias sospechosas —un «suicidio» y un «accidente de tiro»— durante la investigación, lo que la Presidenta Claudia Sheinbaum evadió con frialdad en su mañanera; antes había sido asesinado el contraalmitante de la Aduana de Manzanillo que había denunciado la corrupción que allí había descubierto.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con un discurso de «cero impunidad», respaldando las denuncias de Ojeda y el actual secretario Raymundo Pedro Morales, a quien describe como «íntegro y valiente».

En el desfile del 16 de septiembre, Morales declaró: «Hubiera sido imperdonable callarlo. Duela lo que duela, responderemos».

La FGR, bajo Alejandro Gertz Manero, promete profundizar, y Sheinbaum exige llegar «al fondo», incluso si involucra a las Fuerzas Armadas.

Las pérdidas por huachicol superan los 13,000 millones de pesos solo en el primer semestre de 2025,  y este golpe desmantela una red que operaba con descaro. Pero esto huele a control de daños. La investigación, iniciada en el sexenio anterior, se acelera ahora, tras presiones de EE.UU. durante la visita de Marco Rubio.

Sheinbaum defiende a AMLO —»no hay responsabilidad en él»—, pero el silencio del tabasqueño es ensordecedor.

¿Es esto un deslinde genuino o un blindaje para la 4T? La oposición —PAN, PRI y MC— lo califica como «el mayor escándalo de corrupción en la historia», exigiendo investigar a exfuncionarios como Alfonso Durazo y Adán Augusto López, cercanos a AMLO.

La red de complicidades es un laberinto: prestanombres como una «ayudante de carpintería» y un «alcohólico» para empresas fantasma; vínculos con el «Señor de los Buques»; y una UIF que detectó lujos inexplicables en Farías.

El escándalo cuestiona El escándalo le pega en el corazón al discurso de López Obrador contra la corrupción y de “no somos iguales” de la 4T y a las Fuerzas Armadas como baluarte moral. Es evidente que el modelo de militarización de aduanas y puertos que generó opacidad es un fracaso.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema: su gobierno, que prometió continuidad con transformación, tropieza con el legado de AMLO. Si la FGR llega «tope donde tope», podría fortalecer instituciones, con un «cambio de rumbo» en el poder militar.

Pero si se diluye en retórica —como las «muchísimas detenciones» del sexenio pasado que no frenaron el fraude—,  erosionará su credibilidad. Pemex, aún en pérdidas, no será «autosuficiente» en 2027 si el huachicol fiscal sigue financiando cárteles.

Para avanzar, Sheinbaum debe auditar a fondo la Semar, devolver las aduanas a la gestión civil y priorizar inteligencia sobre lealtad. Un primer paso sería transparentar los contratos de las empresas fantasma y esclarecer las muertes sospechosas.

También urge una reforma fiscal que cierre las lagunas del “huachicol fiscal” y fortalezca la vigilancia en puertos. La 4T no puede seguir viviendo de narrativas; los hechos son implacables. Este escándalo no es solo un golpe a la corrupción, sino un desafío existencial para el proyecto de transformación. La historia, como siempre, juzgará por resultados, no por mañaneras.

Sheinbaum debe auditar a fondo la Semar, recuperar aduanas civiles y priorizar inteligencia sobre lealtad. De lo contrario, este escándalo no será un «golpe a la corrupción», sino un autogol a la 4T. La historia, como siempre, juzgará por hechos, no por mañaneras.

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JALISCO

Izquierda de utilería: Encapuchados profesionales, consignas recicladas

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– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

“En el Congreso nos vemos”, gritan. Y ahí comienza el sainete. Porque nadie sabe si hablan del Congreso del Estado de Jalisco —ese mausoleo de curules donde los diputados confunden el quorum con la siesta—, de un congreso estudiantil —que ya fracasó en su último intento en el CUCEI—, o de la cantina El Congreso en Ciudad Lerdo, donde el sotol de Cuencamé ha sido más eficaz para resolver conflictos que cualquier mesa de diálogo universitaria.

Así de ambiguos, así de contradictorios, aparecieron: veinte, treinta jóvenes con los rostros cubiertos, disfrazados de marabunta que exige “cambios inmediatos” en la Universidad de Guadalajara. Montan la escena, exigen diálogo, lo abandonan minutos después y proclaman que las negociaciones se trasladan a ese Congreso imaginario. Nada nuevo: agitadores de ocasión que creen que con consignas huecas se derriban estructuras que llevan décadas incrustadas en la piel de la institución.

El problema se complica cuando entran en escena los antiguos conocidos: la Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM). No son improvisados. Con bloques de construcción en la mano, amenazan a trabajadores administrativos a las puertas del edificio central de la UdeG. La coreografía no es local: es parte de una simultaneidad nacional. En el Estado de México mantienen tomadas once facultades; en Puebla, a principios de este año, ya habían llevado al límite a la BUAP.

El expediente es más largo de lo que parece: estuvieron en la UNAM en 1999 con el CEU, marcharon con la APPO en 2006 en Oaxaca, y ahora, según se sabe en pasillos y cafés políticos, son financiados por el Partido del Trabajo. Profesionales de la protesta, comandos juveniles de ideología prestada.

En Guadalajara ya habían asomado la cabeza. El 11 de mayo de 2023, en plena efervescencia del movimiento CUCSH No se Mueve, la UJRM publicó en su página de Facebook un comunicado: “Desde la UJRM expresamos nuestra solidaridad con el movimiento estudiantil democrático de la UdeG y nos sumamos a la exigencia de solución a sus demandas. CUCSH NO SE MUEVE”. La foto de aquel día mostraba banderas rojas y puños al aire, como si los viejos manuales soviéticos hubieran resucitado en el Paseo Alcalde.

La exigencia central entonces era que la División de Estudios Históricos y Humanos permaneciera en La Normal, que las instalaciones indignas fueran rehabilitadas, que hubiera transporte seguro y gratuito para conectar campus, y que los horarios se adaptaran a las necesidades estudiantiles. Nada que no sea legítimo. El detalle es que esas mismas demandas vuelven a aparecer ahora, agitadas por los encapuchados de 2025, ¿La administración de la Universidad de Guadalajara no ha mostrado resultados en dos años?

Lo que se recicla, sin embargo, no son solo las consignas: también los métodos. Abandono del diálogo, amenazas veladas, la idea de que “la calle manda”. Y detrás, una organización que se presenta como “juvenil” pero cuyos hilos se mueven desde partidos menores y liderazgos envejecidos que buscan resucitar en la UdeG un capital político perdido hace años.

No hay que olvidar que la Universidad de Guadalajara ya conoció estas aguas. En los años setenta, Álvaro Ramírez Ladewig coqueteó con el estalinismo del Partido de la Revolución Socialista. Raúl Padilla López, con su pragmatismo de hierro, logró domesticar a profesores comunistas del CIPCP y a exguerrilleros de la Liga Comunista 23 de Septiembre. En “Los Belenes” se permitió que refugiados cubanos y chilenos compartieran aulas con preparatorianos que a duras penas entendíamos la jerga marxista.

El grupo Universidad incluso se dio el lujo de controlar la franquicia local del PRD, ese supuesto partido de izquierda que terminó convertido en cascarón. Y, sin embargo, pese a toda esa vena ideológica, la izquierda en la UdeG nunca fue práctica: sirvió como adorno teórico, como medalla simbólica para presumir pluralidad, pero nunca como motor de transformación real.

Hoy, ni siquiera eso queda. Lo que aparece en las puertas de la rectoría no es la herencia de un pensamiento crítico, sino el eco deformado de consignas pasadas. Una izquierda de utilería, hecha de reciclaje, sin líderes con rostro ni proyecto con pies.

Los encapuchados de este septiembre se dicen revolucionarios, pero carecen de brújula. Su única aportación es la ambigüedad de su propio discurso. En sus manos, la palabra “Congreso” puede significar cualquier cosa: un recinto legislativo inútil, un congreso estudiantil fallido o un bar de provincia. El ridículo es inevitable.

Intentar insacular un movimiento de este tipo en la Universidad de Guadalajara es un despropósito. Ni los tiempos son los mismos ni la institución es la misma. La protesta universitaria, para tener eficacia, requiere de liderazgos claros dando cara, de demandas sólidas y de un tejido comunitario real. Lo que hoy se presenta es apenas un remedo de agitación, un eco de lo que alguna vez fue movimiento.

Pero conviene no minimizar. Detrás de las máscaras puede no haber convicción, pero sí hay estrategia. La UJRM ha demostrado que sabe extender tentáculos en distintas universidades, sembrar conflictos locales con un libreto compartido y prolongar tomas y paros hasta desgastar a las autoridades. No sería la primera vez que una universidad mexicana se convierte en rehén de profesionales de la protesta.

La Universidad de Guadalajara, se arriesga a ser escenario de un teatro que no es suyo. Y la lección es clara: cuando se permite que grupos externos manipulen causas legítimas —la dignidad de instalaciones, el transporte seguro, el derecho a horarios justos—, el resultado es que esas demandas terminan desprestigiadas, absorbidas por la farsa.

Lo demás, créalo usted, no es cuento: es crónica. Y en ella queda registrada que lo que empieza como una acción violenta de encapuchados en el Edificio Administrativo de la UdeG puede terminar siendo, otra vez, un laboratorio de agitación donde los que pierden son los alumnos.

Porque, no olvide, con menos de mil comenzó aquel hombrecito del bigote ridículo en las cervecerías de Múnich. Aquí, aunque apenas sean treinta, ya gritan en las puertas de la Universidad. Y casi nadie parece darse cuenta.

En X @DEPACHECOS

 

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OPINIÓN

¿Cómo detectar las mentiras?

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– Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Iñiguez

Si las mentiras existen es porque la verdad vive.

¿Dónde exactamente vive? ¿Cómo se le puede identificar?

¿Quién certifica lo que es o lo que no es verdad?

Hubo reacciones sobre la aseveración de que todos los políticos, de todos los partidos, de todas las calañas, tienen su modus vivendi a partir de la mentira y de cómo tratan de manejar las mentiras cual si fueran verdades.

¿Cómo detectar las mentiras? Es cierto que cada quien tiene un cristal de diferente color para interpretar la realidad y que (Campoamor lo dice) “nada es verdad o mentira; todo es del color del cristal con que se mira”.

Sin embargo, desde el punto de vista de la filosofía griega, la verdad es idéntica a la realidad; es lo que permanece cuando las apariencias desaparecen o cambian. Cuando los colores de los cristales se anulan y se vuelven transparentes.

No hay verdad sin transparencia, ni con camuflaje, ni que no proceda de la realidad, ni verdad que derive de la mentira, aunque sí hay mentiras con origen en la verdad.

La verdad, afirman los filósofos griegos más influyentes, es descubrir lo que se encuentra oculto por el velo de las apariencias. Éstas, entonces contribuyen a la proliferación de lo falso, lo aparente, lo imaginario, incluso.

Aristóteles lo concentró con su teoría de la correspondencia: “Decir de lo que es que no es, o de lo que no es que es…es lo falso.

Decir de lo que es y de lo que no es, que no es…es lo verdadero”.

Los políticos, fieles a sus intereses, consideran siempre que la realidad tiene un “contenido subjetivo” (el de ellos) y que, de acuerdo al poder que manejen, esa verdad debe ser aceptada por los demás. Para ello utilizan la manipulación, la persuasión e incluso la coerción.

La verdad de un régimen se consolida en la medida que “las mayorías” la aceptan, la promueven e incluso la defienden a pesar que muy dentro de esas mayorías subsiste el temor de que esa verdad no lo sea tanto.

Por ejemplo, la verdad de Hitler se impuso mediante la manipulación, a cargo del publicistas Joseph Göebels y mediante la violencia a cargo de los asesinos de la SS o las hordas de fanáticos que se hicieron nazis, merced a la campaña de Hitler y sus allegados en la dominación de la Alemania de los años 40 del siglo pasado.

¿Es irrefutable la verdad? Tomás de Aquino, filósofo de la Iglesia Católica, indica que “la verdad del intelecto humano se basa en la verdad de las cosas”. Esta es la “verdad ontológica”. Santo Tomás de Aquino dijo además que el conocimiento de las cosas, de la realidad, se adquiere a través de los sentidos y luego a través del entendimiento (el juicio o la razón). Con estas atribuciones, la inteligencia humana tiene la capacidad de llegar a la esencia y existencia de las cosas.

Descartes, por su parte, con su frase significativa “pienso, entonces existo”, expresa que la verdad parte de la conciencia, puesto que la evidencia primaria y fundamental se constituye en su enunciado antes mencionado.

El criterio de la verdad cartesiana es, por ende, la evidencia. El contenido será la sabiduría que se traduce en ciencia. El método científico es el que se manifiesta en las relaciones lógicas que se transmutan en leyes del pensar (analizar, experimentar, comprobar, ordenar las evidencias con certeza).

Baruch Spinoza, también filósofo, asegura que “el orden y conexión de las ideas es igual que el del orden y conexión de las cosas”. Si los pensamientos son pensamientos de la realidad, la verdad del pensamiento será la misma que la verdad de la realidad y viceversa.

Gianbattista Vico, afirma que “la única verdad reconocible, verificable, es por sus resultados.

Emanuel Kant explica que hay verdad de hecho, verdad de razón y verdad científica.

De hecho, depende de la experiencia; no está contenido en la noción del sujeto.

La de razón: no depende de la experiencia; procede de un juicio analítico.

La científica: es universal y necesaria; no depende de la experiencia, pero únicamente se aplica a la experiencia; amplía el conocimiento y es aplicable a los fenómenos naturales.

Para concluir, Husserl considera que la verdad tiene estos aspectos: Plena concordancia entre el significado y el estado de hecho; La justeza de intención (intención justificativa); el objeto que hace posible la evidencia, al ser mentado y el proceso cognitivo que deriva de un acto empírico y contingente de evidencia.

Friedrich Nietzsche considera que “lo verdadero es aquello que contribuye a fomentar la vida de la especie y que es falso lo que es un obstáculo para su desarrollo”.

La verdad, en cuestiones religiosas, va más allá de la razón, del juicio y, acaso, del empirismo. Las verdades religiosas son para aquellos que las creen; para quienes las defienden porque son parte de su “razón” de ser, aunque algunas carezcan de racionalidad o juicios.

Así, con esas intenciones es que no pocos políticos sueltan sus “verdades» que, en un momento dado, fanatizan si el campo es propicio entre los miembros de la sociedad, ya sean minorías o mayorías.

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