OPINIÓN
Honrar la historia y servir al pueblo
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Lugar común es decir que el pueblo padece hambre y sed de justicia. Los políticos, los funcionarios, los empresarios, los religiosos y en general toda la población, hacen suya esa verdad. La constante repetición de ese concepto, parece disco rayado.
En nuestro sistema republicano, con su referente de división de poderes, toca a la rama judicial impartir la justicia. No porque a los otros dos ramos (legislativo y ejecutivo) se les impida, en su ámbito de competencia, hacer actos justicieros, sino porque la clásica concepción sobre administración de la justicia así lo contempla.
Los característicos órganos emblemáticos de los tres poderes públicos (judicial, legislativo y ejecutivo), son a nivel federal, la Suprema Corte de Justicia, las Cámaras de la Unión (diputados y senadores) y el presidente de la república. Todos y cada uno debe actuar ajustados a derecho, lo que implica realicen acciones justas: dictar sentencias ecuánimes, redactar leyes equitativas y ejecutar operaciones intachables.
El grave problema del servicio público en cualesquiera de los ramos predichos, es que sus integrantes relegan la noción de que deben desempeñarse no por disfrutar cargos, posiciones o privilegios, sino por principios y convicciones. Al respecto tenemos suficientes ejemplos tanto en magistrados, ministros, jueces y miembros de organismos autónomos, que prefieren salvaguardar sus canonjías a conducirse con legitimidad, que es muy diferente a conforme la ley. La legitimidad incluye lo justo y lo razonable a la par de la norma; en cambio lo legal, solo requiere apego a la legislación, aunque esta sea inicua.
Por ello es indispensable que quienes ocupen los cargos en la administración pública, sean personas ajenas a la hipocresía, que no sean falsarios ni venales, es decir, ciudadanos competentes, honestos, con mística de servicio y sólida conciencia cívica, que actúen con rectitud, aplicando el principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.
Hoy por hoy se ha proclamado una cruzada contra la corrupción. Ésta penetró hasta lo más recóndito del sector público, contagiando a veces al privado. La corrupción resulta incongruente en las áreas gubernamentales, pero cuando lo que se prostituye es la justicia, resulta degradante e inexcusable.
En consecuencia, el desafío por adecentar, modernizar y hacer genuina la administración de justicia mexicana, se tiene que vencer. Y el esfuerzo debe abarcar tanto el fuero federal como el estatal, porque en unos y otros, afirma el presidente del más encumbrado juzgado de la Nación: “quien diga que en los tribunales no hay corrupción, o no ha estado en un Tribunal o miente descaradamente”.
Pero ante lo tardo del actuar estatal, donde todo se soslaya ante la ansiedad por devengar jugosos salarios y disfrutar apetecibles privilegios, por lo pronto tocó el turno a la justicia federal, en virtud de lo cual comentaremos los avances que se registran en ese contorno, que ojalá sirvan de orientación para que los órganos judiciales en las Entidades Federativas, asuman su turno y los adopten o hasta mejoren.
El presidente de la república manifestó el 10 de agosto: “Los ministros que vienen del antiguo régimen, están acostumbrados a servirle a los potentados, no al pueblo. Menos van a estar pensando como Morelos, que decía: ‘Que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte’. ¿Ustedes creen que ellos coinciden con eso? Nada más están al servicio del fuerte, no protegen, no ayudan a los débiles, a los pobres, a los que no tienen agarraderas”. Sobre este tema, es pertinente aclarar que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, ha tomado decisiones para encarrilar al máximo tribunal, superando recias oposiciones de sus mismos pares y de infinidad de subalternos.
El mismo ministro Zaldívar, calificado por el primer mandatario como gente honrada, seria y responsable, declaró (El Universal, 9-8-21) que “tres redes de corrupción operaban en el poder judicial”, siendo una conformada por despachos de abogados muy influyentes, otra armada por políticos poderosos y finalmente la generada por la venalidad, todo agravado por la enraizada cuanto nefasta tacha del nepotismo dentro de la estructura de la Corte. Para erradicar esos vicios, se demanda poder, talento y voluntad férrea.
La tarea es de romanos, o sea, muy difícil, pero no imposible. A la fecha se aplica la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente desde el 7 de junio anterior. Este ordenamiento, se asegura trae muchísimos adelantos para que el poder judicial sea renovado, moderno, fresco, con mayor sensibilidad social y humana, dispuesto a servir de mejor manera al pueblo de México. Dentro de ello, enfatiza el ministro Zaldívar, “La justicia federal debe ser una vía de conciliación y de pacificación social; coadyuvar a tener un mejor país como instrumento para el desarrollo económico y social pero también para emparejar la cancha a quienes nunca han tenido acceso a la justicia”.
De lo anterior se deduce que ahora sí actuarán los jueces y magistrados anteponiendo el interés público, el de la nación y desde luego, impartiendo una justicia con rostro humano que llegue a los más pobres y marginados. Para lograr este último objetivo, anunció que se fortalece como nunca la Defensoría de Oficio, con lo cual se evitará, “La justicia de las clases burguesas”, que, según la notable luchadora social Rosa de Luxemburgo, es una especie de malla que permite escapar a los tiburones voraces, y solo atrapa a las indefensas sardinas. Desde luego, que no solo basta tener buenos juristas defensores, sino que los jueces apliquen las líneas socráticas: escuchar educadamente, acordar con conocimiento de causa, valorar sensatamente y resolver con prontitud e imparcialidad.
Otra meta del dirigente de la SCJN, es alcanzar la paridad de género, exponiendo que “ha sido y seguirá siendo una prioridad en mi administración y por ello se incluye en la reforma. Queremos más y mejores mujeres en más y mejores cargos.” Eso sí, agregamos nosotros, ni con varones ni con damas, debe contemplarse una vuelta al pasado, ni más corrupción, ni una cultura de nepotismo.
Ojalá que en Jalisco se retomaran las ideas de nuestros grandes jurisconsultos, tales como Mariano Otero, Ignacio L. Vallarta y Luis Manuel Rojas, para que muy pronto, el poder judicial y el foro jalisciense, volvieran a ser el faro de la justicia y la guía del derecho nacional, que en otros tiempos fue.
Por todo lo anterior, es que consideramos que ya es tiempo de que el poder judicial del Estado, tome su turno y a la par de la justicia federal, honre nuestra historia y sirva verdaderamente a nuestro pueblo, lo cual solo puede ser si sus sentencias siempre se ajustan al precepto de que, “fuera de la ley nada y por arriba de ella, nadie”.
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
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