JALISCO
Inseguridad, justicia social y violencia de género: Los retos pendientes de Jalisco
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
A 10 meses del proceso electoral del 2024, los diversos personajes que han levantado la mano para tomar las riendas de los proyectos políticos de sus respectivos partidos políticos, con todo y los obstáculos de la coyuntura política, empiezan a calentar motores de cara a una de las carreras más complejas electoralmente hablando.
Cabe resaltar que, si califico al proceso electoral del próximo año como ‘’complejo’’ no es propiamente por todo lo que está en juego, sino por la incertidumbre que rodea la vida interna de los partidos, así como la inestabilidad y las fuertes disputas de egos y de poder que predominan en las cúpulas de las fuerzas políticas del estado.
Y es que, a pocos meses de este magno evento político, las principales fuerzas del estado siguen sin poder ponerse acuerdo respecto a quiénes serán los abanderados para emprender tan ardua lucha política que tendrá como objetivo contrastar las ideas políticas y la visión social de cada partido y candidato, esto con el objetivo de que la ciudadanía pueda optar por apoyar la que considere más conveniente o más ad hoc a sus necesidades y anhelos.
Sin embargo, el contexto actual de disputas en las que está en juego el ego y la autoridad puede generar grandes repercusiones en el desarrollo del proceso electoral ya que este se puede prestar para rompimientos y divisiones internas que, sin lugar a duda, pueden tener un efecto negativo en las campañas.
No obstante, al margen de lo expuesto, esta columna no tiene como tal la intención de analizar esas coyunturas partidistas, sino que el objetivo principal de este trabajo es presentar tanto a mis lectores el escenario y los retos que enfrentan todos esos personajes que han levantado la mano con tanto entusiasmo.
Lo anterior obedece a algo fundamental: la democracia, la participación ciudadana y el interés por los procesos electorales no se deben limitar exclusivamente a conocer a los candidatos y sus respectivas propuestas, sino que también es fundamental conocer las problemáticas que enfrenta nuestro estado, para así poder determinar cuáles propuestas y cuáles perfiles son los más idóneos para liderar los trabajos de gobernar nuestro estado.
En ese orden de ideas no podemos dejar de hablar de los tres problemas que ha enfrentado Jalisco, y que, de una forma u otra, se han convertido en la sombra de la actual administración: inseguridad, justicia social y violencia de género.
En el caso de la justicia social, es importante resaltar que el indicador de personas en pobreza extrema en nuestro estado se duplicó del 2016 al 2020 al pasar de 117 mil a 251 mil personas que no pueden cubrir las necesidades básicas.
En temas de seguridad, en los últimos años, Jalisco ha experimentado un preocupante aumento en los índices de inseguridad. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos violentos, como homicidios dolosos y robos, han presentado incrementos significativos. En el año previo al proceso electoral, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes alcanzó una cifra alarmante. Esta situación ha generado una sensación de temor e inseguridad entre la población, afectando la calidad de vida de los jaliscienses y generando un ambiente de incertidumbre.
Por otro lado, según el INEGI, para este 2023 hay tres ciudades que destacan en el aumento de la percepción de inseguridad, entre la que figura Tlajomulco en primer lugar, seguido de Reynosa y Nuevo Laredo. En el caso de Tlajomulco, la percepción pasó de 61.7% en junio del 2022, a 73.3% este año.
Ahora bien, en cuanto a la pobreza y la desigualdad, llama la atención que a pesar de ser uno de los estados económicamente más activos de México, Jalisco enfrenta desafíos persistentes en cuanto a la justicia social y la equidad. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) indican que una parte significativa de la población jalisciense aún vive en condiciones de pobreza y carece de acceso adecuado a servicios básicos. La falta de oportunidades equitativas ha generado tensiones sociales y resaltado la importancia de abordar la desigualdad en todas sus formas.
Lo anterior traducido a números implica que en jalisco hay 251 mil personas en pobreza extrema, cifra que rebasa al número total de habitantes de El Salto. En ese contexto es importante destacar que el indicador de pobreza extrema se ha duplicado del 2016 a la fecha, temporalidad en al que hemos pasado de 117 mil a más de 251 personas en pobreza extrema.
Por último, en cuanto a la violencia de género ha sido un tema creciente de preocupación en Jalisco ya que los últimos años han estado manchados de casos impactantes en esta materia, de hecho, en lo que va del año se han abierto más de 26 carpetas de investigación con protocolo de feminicidio en Jalisco.
Es así que los informes y organizaciones que monitorean esta problemática, han señalado un incremento en los casos de violencia contra las mujeres. Los feminicidios y las agresiones de género han generado manifestaciones y demandas de acción efectiva por parte de la sociedad civil. La falta de seguridad para las mujeres se ha convertido en una cuestión crucial que los líderes políticos deberán abordar de manera urgente.
En conclusión, a 10 meses del proceso electoral del 2024 en Jalisco, se vislumbra un panorama político complejo, marcado por las disputas internas de los partidos y la incertidumbre sobre los abanderados. A pesar de las tensiones partidistas, es crucial que los ciudadanos miren más allá de las rivalidades y se enfoquen en los problemas fundamentales que afectan al estado.
La inseguridad se ha incrementado de manera alarmante, con tasas de homicidios y delitos violentos en aumento, generando un ambiente de temor y vulnerabilidad en la población. La pobreza y la desigualdad persisten, a pesar del desarrollo económico, evidenciando la necesidad de abordar la distribución equitativa de oportunidades y servicios básicos. Además, la violencia de género ha cobrado protagonismo, con un aumento en los casos de agresiones y feminicidios, exigiendo respuestas contundentes por parte de los líderes políticos.
En este contexto, los aspirantes políticos enfrentan el reto de no solo presentar promesas de campaña, sino también demostrar un compromiso genuino para abordar estas problemáticas. Los votantes tienen la responsabilidad de analizar detenidamente las propuestas de los candidatos y evaluar cómo estas se alinean con las necesidades reales de la sociedad jalisciense.
A medida que la carrera electoral avance, es fundamental que los ciudadanos demanden planes concretos y efectivos para mejorar la seguridad, fomentar la justicia social y combatir la violencia de género. La participación ciudadana no solo debe limitarse a votar, sino a involucrarse activamente en el proceso político para garantizar que quienes sean elegidos estén verdaderamente comprometidos con el bienestar y el progreso del estado de Jalisco.
ENTREVISTAS
Iniciativa de César Madrigal: Unánime respaldo en el Congreso de Jalisco al drenaje profundo
-Por Mario Ávila
En un gesto de unidad histórica, los diputados de las ocho fracciones políticas de la LIV Legislatura local aprobaron por unanimidad la iniciativa del diputado César Madrigal, del Partido Acción Nacional (PAN), para exhortar al gobernador de Jalisco a incluir el diseño e implementación de un drenaje profundo en el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030.
Esta propuesta busca abordar el grave problema de inundaciones y socavones en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), un desafío que se agudizó tras el torrencial aguacero del 24 de junio, Día de San Juan, que paralizó la movilidad regional.
Presentada el 23 de junio y aprobada el jueves 10 de julio, la iniciativa marca un paso significativo hacia una solución estructural, inspirada en proyectos exitosos como el túnel emisor de la Ciudad de México.
UN PROYECTO CON RAÍCES Y VISIÓN
César Octavio Madrigal Díaz destacó que el drenaje profundo, con túneles de 80 a 100 metros de profundidad y un diámetro de 7 metros, no interferiría con el tráfico ni las redes hidrosanitarias, a diferencia de los actuales drenajes de 2.5 metros que colapsan, como se vio en los recientes socavones del Bethel.
“Es como la tuneladora de la Línea 3 del Tren Ligero: obras subterráneas que resuelven sin afectar la vialidad”, explicó.
A diferencia del sistema de la Ciudad de México, que mezcla aguas pluviales y residuales y las desvía a Hidalgo, la propuesta para la ZMG sería innovadora al enfocarse exclusivamente en captar agua de lluvia. Esto permitiría almacenarla la zona de El Dean o San Rafael, desviarla a plantas potabilizadoras, recargar mantos freáticos o incluso dirigirla al río Santiago y la Barranca de Huentitán, contribuyendo al ciclo hidrológico.
Madrigal subrayó el potencial hídrico de la obra: la ZMG consume alrededor de 13 metros cúbicos por segundo (m³/s), y el sistema podría captar hasta 5 m³/s de agua más limpia que la del lago de Chapala, contaminada por químicos industriales, agropecuarios y descargas residuales.
Esta agua reutilizable representaría un avance nacional, transformando un problema de inundaciones en una oportunidad de sostenibilidad.
La iniciativa tiene antecedentes en Jalisco. En los primeros años del siglo XXI, el gobierno de Guadalajara diseñó un plan de drenaje profundo para la ciudad, mientras que en 2008 el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) propuso el Programa de Manejo Integral de Aguas Pluviales, que incluye desazolves y pozos de captación, pero también sugiere a largo plazo dos túneles emisores por Gobernador Curiel y Calzada Independencia, destinando el agua a la Barranca de Huentitán.
En 2017, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA) elaboró un proyecto conceptual para toda la ZMG, retomado en 2023 por el Colegio de Ingenieros de Jalisco. Su entonces presidente, Luis Barbosa Niño, estimó una inversión de 30 mil millones de pesos en 12 años, con una erogación anual de 2,500 millones de pesos.
Además, particulares han propuesto un sistema en el sur de la ZMG que llevaría agua a la presa Atotonilquillo en Villa Corona para su potabilización y retorno al Acuaférico, enriqueciendo el debate.
SALVAGUARDAR VIDAS
Para Madrigal, el objetivo principal es salvar vidas. Hasta ahora, el temporal de lluvias de 2025 ha cobrado seis vidas, un recordatorio doloroso de la urgencia del proyecto. “No podemos postergarlo más”, insistió, lamentando que obras como esta, al ser “dinero enterrado”, a menudo se descartan por falta de rédito político.
Sin embargo, como legislador responsable, enfatizó la necesidad de infraestructura básica en una metrópoli que alberga a casi 5 millones de habitantes, una de las más pobladas de América Latina.
“Es una inversión esencial, no un lujo”, afirmó, subrayando que los socavones y las inundaciones no solo dañan la economía, sino que ponen en riesgo la seguridad ciudadana.
La aprobación unánime refleja un consenso raro en un Congreso a menudo dividido. Madrigal recordó el ejemplo de la Ciudad de México, donde el túnel emisor central se inauguró en 1975, seguido por el poniente en 2000 y el oriente en 2021, demostrando que un enfoque por etapas es viable.
En la ZMG, el proyecto podría dividirse en fases, priorizando las zonas más vulnerables como el oriente y el centro, donde las redes actuales colapsan con lluvias moderadas.
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
Aunque el respaldo político es un avance, la ejecución enfrenta retos. El costo de 30 mil millones de pesos requiere financiamiento mixto, posiblemente con aportaciones federales, estatales y privadas, además de un estudio detallado de impacto ambiental y geológico.
El SIAPA, criticado por su manejo ineficiente, deberá desempeñar un rol clave, pero su historial de retrasos plantea dudas. Madrigal sugirió involucrar a expertos del IMTA y el Colegio de Ingenieros para garantizar transparencia y eficiencia.
La propuesta también abre oportunidades. El agua captada podría aliviar la dependencia de Chapala, cuya calidad ha decaído, y apoyar la recarga de acuíferos, un tema crítico en una región afectada por sequías.
Además, la obra generaría empleos y fortalecería la resiliencia urbana frente al cambio climático, cuyos efectos, como lluvias más intensas, ya son evidentes.
El diputado César Madrigal cerró, señalando que “la mesa está servida. Este es un tema grave, agravado por socavones causados por inundaciones y tuberías de drenaje insuficientes. Es hora de actuar, tras años de olvido, para resolver este problema crítico en la zona metropolitana.”
VISTO BUENO DEL SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
Durante la segunda reunión de trabajo en la que los funcionarios del Poder Ejecutivo presentaron al legislativo el resultado del Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030, el ingeniero Ernesto Marroquín, secretario de Gestión Integral del Agua, dio su visto bueno a la propuesta del diputado César Madrigal sobre el drenaje profundo.
“Diputado, César Madrigal, en el tema de las inundaciones, coincido completamente con usted lo mismo que en el tema del drenaje profundo, y en este año también estamos trabajando en la actualización para el registro en cartera, que ya tenía un registro en cartera, pero se perdió, y vamos a trabajar en la actualización de este registro en cartera para retomar todos estos proyectos contra las inundaciones, y yo en lo personal, y creo que el equipo técnico, estamos de acuerdo en que una buena solución es el drenaje profundo”.
“Obviamente, eso tiene que ir de la mano de otras acciones que se tienen que tomar como usted ya bien mencionó, el Promiat que habla del control en el origen de las aguas pluviales, que esto significa que cada desarrollo debe tener una descarga cero, esto quiere decir que se haga un tanque de retención que permita almacenar el agua mientras ocurre la lluvia y después, cuando los colectores ya estén menos saturados, permitan desalojar esta agua porque en realidad en la ciudad no contamos con colectores pluviales, eran colectores que estaban hechos para aguas residuales; sin embargo, al no contar con colectores pluviales se hicieron combinados y no tienen la capacidad necesaria para atender el problema del exceso de agua en tiempos de lluvias”.
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
Chelsea, el orgullo de Londres
Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara
Iniciativa de César Madrigal: Unánime respaldo en el Congreso de Jalisco al drenaje profundo
Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán
