OPINIÓN
La inseguridad y la falta de inversión como obstáculos para la conectividad
Opinión, por Israel Quiñones //
La inseguridad en nuestro país se ha convertido en uno de los grandes males cotidianos. Los tres niveles de gobierno no han logrado garantizar la seguridad pública que la sociedad demanda y en cierto modo, esto es resultado de diversos motivos que van desde la corrupción en las fuerzas de seguridad pública, hasta el incremento de actividades delincuenciales derivado de la falta de oportunidades para una gran parte de la sociedad.
Es inevitable que estos efectos permeen a distintos sectores y, en definitiva, la seguridad se ha convertido en uno de los grandes pendientes del gobierno de la 4T. Sin embargo, el desarrollo nacional se ve truncado por la falta de atención al incremento de las actividades delictivas, tal es el caso en el sector de las telecomunicaciones, pues el aumento en el robo y vandalismo de la infraestructura provoca desconexiones frecuentes de los usuarios, además de que los trabajadores de las distintas compañías se ven afectados y en peligro para poder desempeñar sus labores.
En algunos estados del país, el trabajar en un corte de fibra óptica después de una hora en específico, significa arriesgar la propia seguridad, sin embargo, es imperativo restablecer los servicios y ese es solamente un ejemplo.
En el caso de Telmex, según datos de la propia empresa, se han realizado 30,456 denuncias en los últimos dos años por vandalismo a las vías generales de comunicación y robo de cable y en este rubro, el cableado de cobre es lo más apetitoso para aquellos que realizan la sustracción de este material que se traduce en más de 5 millones de metros, lo que representa 2,481 toneladas de este preciado metal, mismo que es fundido en “chatarreras” para su venta en el mercado negro.
Si estos datos plasmados en el párrafo anterior son conocidos por las compañías y trabajadores, ¿por qué la autoridad no los conoce? Aunado a lo anterior, es necesario señalar que el sabotaje a la red realizado por trabajadores de la competencia se ha incrementado y camuflado con los actos de grupos delincuenciales, en este rubro el operador más afectado sigue siendo Telmex.
Según una nota del periódico El Financiero, representantes de operadores como Telmex, Megacable y AT&T han solicitado la intervención activa de las autoridades, pues comentan que el desarrollo y crecimiento de la infraestructura se ha visto afectado por el tema de la delincuencia, sobre todo por la falta de garantías para los trabajadores que realizan trabajos en las zonas alejadas de las manchas urbanas del país, al punto de verse amenazados por miembros de grupos del crimen organizado, ya que hay redes de telecomunicaciones paralelas propiedad de estas organizaciones delincuenciales, de manera que la interconexión con la red troncal de los grandes operadores se convierte en una prioridad para mantener sus redes.
Si bien es cierto que la inseguridad se ha convertido en un obstáculo para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, no podemos dejar de lado la falta de inversión y la falta de incentivos regulatorios, debido a que el uso de la red de Telmex como red troncal de los competidores, ha promovido que los operadores perezosos no continúen con el crecimiento de la red, al igual que Telmex ha reducido sus niveles de inversión por la misma regulación.
Aunado a lo anterior, el conflicto obrero patronal entre Telmex y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, se ha convertido en un tema que afecta la calidad en el servicio, puesto que la falta de personal es causante de ineficiencias en la atención, ya que la empresa se ha recostado en una actitud de necedad y sin mostrar argumentos claros al no reconocer 1,942 vacantes ya negociadas con anterioridad, asunto que demuestra y subraya la política antisindical con la que se rige América Móvil en todo el continente.
Es una realidad que la inseguridad se ha convertido en un gran obstáculo para el desarrollo y despliegue de nueva infraestructura de telecomunicaciones, pero tampoco se trata de negar razones de fondo que han sido las mayores causales de la falta de conectividad, además de que los operadores perezosos no cuentan en sus concesiones ningún compromiso u obligación para generar mayor conectividad, tal y como sucede en el caso de Telmex en su concesión, además de que el Agente Económico Preponderante no cuenta con una concesión convergente que sea un incentivo para impulsar la inversión y pueda competir en igualdad de circunstancias, además de bajar los precios en el mercado de televisión de paga.
Definitivamente el ramo de la seguridad pública es una exigencia social justa y necesaria, por lo que en el caso del sector de las telecomunicaciones es necesario, indudablemente, sobre todo para mantener la integridad personal de los trabajadores que realizan los trabajos necesarios para conectar al país, pero sin la inversión suficiente y con una regulación que trunca el desarrollo va a seguir siendo muy complicado.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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