OPINIÓN
Litio, los otros datos
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
En México parece que los gobiernos inventan el país cada seis años, cada uno con sus convicciones y todos sin una solución de continuidad que nos lleve a un destino común como nación. La planeación nacional ha estado ausente, particularmente en este sexenio en el que las ocurrencias y decisiones presidenciales son suficientes para iniciar obras y desarticular la estructura institucional. No importan los costos, hay que cumplir la voluntad presidencial.
Precisamente en una más de sus ocurrencias y dado que alguien le dijo que México tiene grandes reservas de litio, ha decidido reservar para el Estado la explotación de dicho mineral. No es novedoso que lo haga, pero denota improvisación e ignorancia.
En 1950, en pleno auge de la energía atómica, el presidente Miguel Alemán expidió la ley que declaraba reservas mineras nacionales los yacimientos de uranio, y en su artículo Tercero reservó para el Estado su explotación. No sabíamos nada del tema ni teníamos científicos para esa materia pero de cualquier modo se reservó el uranio mexicano. En 1979 se creó la empresa Uranio Mexicano que funcionó hasta 1985. No obstante la existencia de reservas considerables en estados del norte como Sonora y Coahuila, su explotación no ha hecho diferencia en las regiones donde se explota y la empresa paraestatal que se creó se ha pulverizado en institutos de investigación.
En cuanto al litio, el cual ha tomado importancia por la demanda internacional del Carbonato de litio equivalente (LCE) el cual se destina el 65% a usos industriales como cerámicas, polvos metalúrgicos , medicina y otros y el 35% restante para el mercado de baterías, el presidente lo ha considerado, al igual que hace 72 años, como material estratégico y pretende reservar para el Estado su explotación, tomándolo como bandera para reafirmar su imagen nacionalista, aunque su impacto real en la economía mexicana resulte ser marginal.
Al respecto caben algunas comparaciones y precisiones. El 85% del litio terrestre se concentra en el triángulo suramericano que forman los países de Bolivia, Chile y Argentina. De los tres, solo Bolivia tiene reservada la explotación para el Estado y es notoria la diferencia con sus vecinos. Según publica Prensa Latina, en 2021, la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos generó un ingreso “histórico” de 28 millones de dólares.
Por su parte Chile que fue el primer productor mundial de litio, ahora superado desde 2018 por Australia, cuenta con el 52% de reservas mundiales y en 2021 habría podido alcanzar un ingreso de 1,470 millones de dólares por exportaciones. Su modelo de explotación está abierto a la participación privada, sin embargo, impone la obligación para los privados de vender el 25% al mercado doméstico a un precio preferencial lo que ahuyentó la inversión que terminó pasando a Argentina y Australia.
En Argentina, la mayor producción proviene de dos empresas privadas, una en el salar de Olaroz en Jujuy, y el otro en el salar del Hombre Muerto en Catamarca. Sus exportaciones ascienden a US880 millones. Tiene una política agresiva de incentivos a la inversión y ofrece una garantía de estabilidad fiscal por 30 años a los productores privados.
Australia, a diferencia de los salares suramericanos, produce litio de roca a través de minería de cielo abierto o subterránea, como sería en México, alberga cinco de las mayores minas de litio del mundo y sus reservas combinadas la ubican en el segundo lugar mundial solo superada por Chile, en 2019 recibió casi 1,600 millones de dólares por exportaciones. Como acotación al calce, nótese que las remesas de los mexicanos ingresaron al país 4,665 millones de dólares.
México ocupa el noveno lugar en cuanto a reservas, y el proyecto de litio de Sonora, único conocido, está siendo desarrollado por una empresa conjunta formada por Bacanora Minerals (30%) y Cadence Minerals (70%) con reservas probadas y probables de casi 243.8 millones de toneladas y el estudio de factibilidad indica una vida útil de 19 años. Este y otros proyectos están detenidos por la incertidumbre que provoca la decisión gubernamental.
Como se puede ver, la participación privada predomina y son las empresas australianas, las que dominan competitivamente el mercado en el cual, Bolivia con su estatización apenas figura, no obstante la magnitud de sus reservas. Si en México la planeación se impusiera a las ocurrencias, el sentido común detendría la voluntad mesiánica del tlatoani, pero eso no sucederá y es posible que en el futuro inmediato tengamos una empresa paraestatal más, subsidiada y no competitiva. El presidente que tanto se precia de conocer la historia, al parecer no se ha enterado que cuando el estado se encargó del uranio y del cobre, (recuerden Cananea) o del tabaco con Tabamex, fue un fracaso absoluto. Dirán que fue la corrupción lo que mató a esas empresas, pero ese dinosaurio no se ha ido, aún está ahí y para muestra veremos los resultados de la Auditoría Superior de la Federación a SEGALMEX.
Cancelar el NAIM, apuntalar la economía de Pemex, subsidiar a la CFE, ha costado miles de millones de pesos y habrá que sumar a Litio Mexicano que será necesario mantenerla hasta que dentro de unos 10 años (¿?) extraiga la primer tonelada de carbonato de litio. Las ocurrencias salen caras.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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