Opinión, por Gerardo Rico //

Durante la semana que recién terminó un amigo ex militar que estuvo en servicio en el Ejército Mexicano durante más de 10 años, me comentó que en los mandos medios de la milicia se corre la versión que miles de sus ex compañeros que por diferentes motivos causaron baja militar, podrían ser llamados a reintegrarse a las filas castrenses, situación que no es oficial.

El motivo: la eventual invasión del Ejército de los Estados Unidos a México, con el pretexto de combatir a los narcotraficantes. El joven ex militar afirma que están conscientes de que una hipotética invasión estadounidense a nuestro país sería para apoderarse de los recursos naturales que tiene México, principalmente el litio.

De acuerdo a la empresa estadounidense Thermo Fisher Scientific, que se dedica a la investigación científica, el litio, el oro blanco, como le han llamado algunos, se ha convertido en un mineral de gran importancia a nivel mundial, por su capacidad de reemplazar al petróleo, incluso también le han llamado “el petróleo blanco”. A finales de 2019, se dio a conocer que México cuenta con el yacimiento más grande del mundo, ubicado en Sonora, de acuerdo con el ranking de Mining Techonology; el reporte señala que cuenta con alrededor de 243.8 millones de toneladas del químico.

En el listado de las diez minas más grandes del mundo, aparece en primer lugar la de Sonora, donde se esclarece que la explotación se llevará a cabo en dos etapas. La primera tendrá una producción anual de 17,500 toneladas y la segunda aumentará su producción a 35,000. Después de la mina de Sonora, sigue la de Nevada que cuenta con 179.4 millones . y Australia con 151.94 millones. El yacimiento de litio se encuentra en el municipio de Bacadéhuachi, Sonora, en los límites con el Estado de Chihuahua.

De acuerdo al Servicio Geológico de Estadis Unidos (USGS) México tiene 1.7 millones de toneladas, aunque la empresa británica Bacanora Lithium apunta que son 8.8 millones de toneladas. El 18 de febrero del 2023 el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó el decreto de nacionalización del litio precisamente en Bacadéhuachi, Sonora. Baja California, San Luis Potosí y Zacatecas poseen también abundantes minas de dicho mineral.

Pero volviendo a nuestra realidad, es muy posible que el Presidente Donald Trump, dé otro manotazo en la mesa el 1o.de marzo y a través de la amenaza de aumento a los aranceles exija más al gobierno mexicano. Tal vez los 10 mil militares y elementos de la Guardia Nacional desplegados a los largo de la frontera ya no le satisfagan por lo que podríamos regresar a los días de zozobra económica.

El llamado “Zar de la frontera” Tom Homan, advirtió que Trump no dudará en utilizar al Ejército de su país en México si los cárteles mexicanos atacan a sus tropas en su frontera sur. Algo similar a que “si me miras feo te voy a golpear”.

Luego de anunciar la toma de la Franja de Gaza para transformarla en un complejo turístico, de desaparecer la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), decretar la salida de la Unión Americana de la Organización Mundial de la Salud y del Acuerdo de París -que busca limitar el calentamiento global-, de amenazar con sanciones contra personal del Tribunal Penal Internacional (TPI) con sede en Haya que haya participado en causas contra Washington, reservar un lugar en la base militar de Guantánamo, Cuba a los cientos de miles de deportados, entre otras medidas, México no debe esperar mucho después del 1o. de marzo y esperamos que solo quede en un conflicto diplomático.

México se ha caracterizado por su pacifismo a nivel internacional, incluso ha jugado importantes papeles de mediador en conflictos internos de otras naciones y a nivel internacional. Recuerdo la firma de los Acuerdos de Paz entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberaciòn Nacional (FMLN) y representantes del gobierno de El Salvador en enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec con la mediaciòn de la Organización de Naciones Unidas )ONU).

Además jugó un importante papel al recibir a miles de chilenos, tras el golpe de estado de Augusto Pinochet a Salvador Allende en septiembre de 1973. Antes, en la década de los años 30, el General Lázaro Cárdenas, recibió a miles de españoles que huyeron de la guerra civil en la Península Ibérica bajo el gobierno de Francisco Franco.

La última invasión de Estados Unidos a México fue en 1914, en el transcurso de la Revolución Mexicana y duró siete meses, cuando se ordenó el ataque al Puerto de Veracruz para impedir que el buque alemán Ypiranga llegara con armas para el gobierno de Victoriano Huerta.

Espero que las especulaciones de mi amigo ex militar solo queden en eso, en meras especulaciones.

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

“Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada”, dijo alguna vez el juez Oliver Wendell Holmes. Sin embargo, en Jalisco, ese precio parece haber dejado de reflejar los beneficios de la civilización para convertirse en una carga desproporcionada que amenaza la estabilidad de las familias.

El reciente aumento del impuesto predial en municipios como Guadalajara, Zapopan y Tonalá no solo ha encendido la indignación ciudadana, sino que también revela una problemática más profunda: una política fiscal que está desvinculada de la realidad económica de la población.

En Guadalajara, el incremento del predial ha alcanzado hasta un 45% en algunas colonias, tras eliminarse el tope que limitaba el aumento anual al 10%. Zapopan aplicó un alza del 5% de forma uniforme, mientras que en Tonalá los predios rústicos enfrentan incrementos de hasta el 36%. Estas cifras no son solo números en una tabla de Excel; representan decisiones que afectan directamente el bolsillo de miles de familias, muchas de las cuales ya están luchando por mantener su estabilidad financiera en un contexto de inflación y estancamiento salarial.

El argumento oficial suele girar en torno a la necesidad de actualizar los valores catastrales y mejorar la recaudación para financiar servicios públicos. Pero ¿qué pasa cuando el incremento de los ingresos municipales se da a costa de la calidad de vida de los contribuyentes? La modernización fiscal no puede convertirse en una trampa que justifique incrementos desproporcionados sin un análisis profundo de sus efectos socioeconómicos.

El aumento del impuesto predial en Jalisco ha generado un debate intenso sobre su impacto en la economía de las familias y la gestión pública. Para entender mejor este fenómeno, podemos recurrir a una analogía histórica: el impuesto al té que provocó el Motín del Té en Boston en 1773. Aquel gravamen, aunque modesto en términos económicos, fue percibido como un símbolo de abuso e imposición sin representación adecuada, lo que encendió la chispa de un movimiento más amplio por la justicia fiscal.

En Jalisco, el incremento del predial no es solo una cuestión de cifras. Representa una carga adicional para los propietarios, quienes ven cómo el costo de mantener su patrimonio crece sin una correspondencia clara en mejoras tangibles de los servicios públicos. La falta de una comunicación efectiva por parte de las autoridades sobre el destino de estos recursos alimenta el descontento y la desconfianza.

Este aumento del predial también refleja una desconexión preocupante entre las autoridades y la realidad cotidiana de la ciudadanía. No se trata de rechazar la necesidad de impuestos, sino de exigir que estos sean justos, proporcionales y coherentes con el contexto económico. El principio de progresividad fiscal, que establece que quienes tienen más deben contribuir más, parece haberse diluido en un enfoque recaudatorio que no distingue entre diferentes capacidades de pago.

Si observamos modelos internacionales, ciudades como Viena o Berlín han implementado políticas fiscales que buscan equilibrar la recaudación con la protección del derecho a la vivienda. En estos lugares, los incrementos de impuestos sobre la propiedad están vinculados a mejoras tangibles en los servicios públicos y a políticas de vivienda asequible. En contraste, en Jalisco, el aumento del predial parece desconectado de cualquier mejora visible, lo que alimenta la percepción de que se trata simplemente de un mecanismo para llenar las arcas municipales sin un verdadero compromiso con el bienestar ciudadano.

Por otro lado, el impacto del aumento del predial también tiene un componente psicológico y simbólico. La propiedad de una vivienda representa, para muchas familias, el fruto de años de esfuerzo y estabilidad. Cuando el Estado transforma ese logro en una carga cada vez más pesada, erosiona la confianza en las instituciones y en la promesa de progreso que se supone debería acompañar al desarrollo urbano.

No podemos ignorar, además, el problema de la opacidad en la gestión de los recursos recaudados. La falta de transparencia en el uso del dinero público alimenta la sospecha de que estos aumentos no están destinados a mejorar la calidad de vida de la población, sino a cubrir deficiencias administrativas o a financiar proyectos que no responden a las verdaderas necesidades de la sociedad.

En este contexto, es urgente replantear el debate sobre el impuesto predial en Jalisco. No se trata de eliminarlo ni de negar su importancia para la financiación de servicios públicos, sino de exigir una política fiscal más justa y equitativa, lo cual implica revisar los criterios para la actualización de valores catastrales, establecer topes razonables para los incrementos anuales y garantizar que cualquier aumento se traduzca en beneficios tangibles para la comunidad.

El descontento social que está generando este tema no es una simple reacción emocional ante el aumento de un impuesto. Es la expresión de un malestar más profundo relacionado con la percepción de injusticia fiscal y la falta de sensibilidad de las autoridades frente a las dificultades económicas de la población. Si las autoridades locales no escuchan este clamor, corren el riesgo de erosionar aún más la confianza en las instituciones y de alimentar un clima de descontento que puede tener consecuencias políticas a largo plazo.

En definitiva, el problema del predial en Jalisco es un síntoma de una enfermedad más amplia: la desconexión entre las políticas públicas y las realidades sociales. No se trata solo de cifras frías en un balance contable o de metas recaudatorias; es un reflejo de cómo las decisiones gubernamentales pueden alejarse de las necesidades cotidianas de la gente.

Para sanar esta herida, se necesita más que simples ajustes técnicos; se requiere una visión de justicia fiscal que ponga en el centro a las personas, no solo a los números. Esto implica un compromiso real con la equidad, la transparencia y la sensibilidad hacia los contextos económicos diversos de la población. De lo contrario, el precio que pagamos por vivir en sociedad podría terminar siendo demasiado alto, no solo en términos económicos, sino también en la confianza ciudadana y la cohesión social, pilares fundamentales para una convivencia democrática y justa.

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Un grave problema se avecina con la transparencia gubernamental en México, la protección de datos personales y la rendición de cuentas, en este intermedio en que surte efectos la reforma que desaparece al INAI y a los 32 órganos autónomos con institutos de transparencia, los cuales deben ser liquidados en junio del presente.

El plazo de los transitorios de la reforma misma somete los avances en derecho a la información que el país conquistó durante los últimos 25 años, a un híbrido de autonomías constitucionales mal entendidas, con autoprotección de la federación y sumisión de las autoridades locales en materia de transparencia.

El nuevo modelo propuesto por el Poder Ejecutivo Federal, llamado “Transparencia para el pueblo”, fue presentado el 31 de enero por la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, antes Secretaría de la Función Pública. De él se desprende que, evidentemente, en México no se puede dejar de garantizar el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales, por lo que la propuesta genera una serie de ajustes en que las autoridades federales, locales y municipales deberán someterse entre ellas a un enredoso y poco práctico modelo que solo en teoría garantiza que las autoridades de todos los niveles, o también llamados sujetos obligados por la ley, mantengan la obligación de poner a disposición de la ciudadanía información sobre sus acciones y el uso de los recursos públicos, de manera oportuna, completa y permanente; y que, además, posea el ciudadano la forma de exigirla cuando no considere que fue completa o real.

En la práctica, difícilmente resultará que el sujeto obligado sea requerido a la revisión de su actuar y se le ordene entregar información pública al ciudadano, sin judicializar, por ser su derecho humano; lo cual sí, ya existía en el casi extinto Sistema Nacional de Transparencia.

La propuesta de leyes secundarias presentada por el Ejecutivo Federal se caracteriza por la oferta de que sean los poderes ejecutivos los que absorban las facultades y obligaciones que caracterizaban a los casi extintos órganos garantes y al Sistema Nacional de Transparencia, un pulpo de tres mil tentáculos que se supone debemos entender como lo que garantizará el derecho humano a la información y su acceso, la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados o de particulares, y la manera de exigir a sujetos obligados la entrega de lo que se solicita, cuya finalidad debería ser combatir la corrupción y la opacidad.

En este sentido, y ante la desarticulación del Sistema Nacional de Transparencia, tratan de ocultar que no están proponiendo en el fondo ser juez y parte en materia de transparencia, ni que pretenden someter a los ejecutivos estatales a la supremacía del Ejecutivo Federal y a los ayuntamientos a sus poderes ejecutivos estatales, en completa anticonstitucionalidad de autonomías, buscando el control jerárquico político y gubernamental de los más pequeños. Y así, como cadena alimenticia, la transparencia en México se volverá inentendible, poco accesible, burocrática y abrumadora para el ciudadano que quiera ejercer su derecho a saber.

Además, la propuesta de “Transparencia para el pueblo” plantea que la mejor forma de exigir ante la presunción de opacidad o negación es la vía judicial para forzar el acceso a la información, sea el amparo, bajo una lógica irreal y fantasiosa de lo que implica realizar un amparo y darle seguimiento.

La propuesta se fundamenta en que el ciudadano no requiere asistencia legal ni mayor complicación en realizar un escrito de amparo, presentarlo, darle seguimiento, entender la resolución, sus términos y etapas procesales, para conseguir que un sujeto obligado sea requerido por la justicia federal, vía amparo, a entregar información pública y no un tribunal administrativo.

Complicado escenario nos espera durante los próximos seis años, solo la voluntad política de cada entidad federativa, apelando a la autonomía constitucional, podrá mostrar el interés de los gobiernos de los estados en respetar y garantizar los derechos humanos al acceso a la información pública, la protección de datos personales y a un gobierno libre de corrupción.

Con lo que respecta a la rendición de cuentas, nos quedarán a deber; este pulpo de tres mil tentáculos tiene un mecanismo de defensa para evitar que los gobiernos de todos los niveles se sometan a la rendición de cuentas y consta de una tinta oscura preparada de excesiva burocracia, inconstitucionalidad, mil instancias gubernamentales y amparos. Evidentemente, no es transparencia para el pueblo; es un enredo de control de información, sometiendo a los ayuntamientos a sus poderes ejecutivos locales y a estos al federal.