OPINIÓN
Los desafíos de la libertad de expresión: «El periodismo debe confrontar al poder», Diego Petersen
Opinión, por Pedro Vargas Avalos //
Bajo el título de “Los desafíos de la libertad de expresión, hoy” se llevó a cabo en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, el 22 de septiembre reciente, un conversatorio sumamente interesante, tanto por el tema a tratar como por los participantes en el evento, si bien este resintió desequilibrios de género, territorial, de las nuevas formas de comunicación y de posturas.
O sea, de 22 partícipes, solo había 3 mujeres; del inmenso espacio nacional, el 90 % chilangos; se excluyó a las redes sociales e internet, y en cuanto a ideología, con salvedad de Jorge Zepeda Paterson, Ricardo Raphael y Julio Astillero, todos eran de los corrillos de Krauze y Aguilar Camín, invariables adeptos de Vargas Llosa, crítico del Presidente del país.
La primera exposición corrió a cargo del Rector universitario, Ricardo Villanueva Lomelí, abogado tapatío que fue muy conocido desde que presidió en 201-2004, la FEU (Federación de Estudiantes Universitarios). Creció más cuando el desaparecido gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, de quien fue jefe de gabinete en el Ayuntamiento de Guadalajara, lo incorporó a su gobierno como Secretario de Planeación, Administración y Finanzas (2013).
Luego Aristóteles lo apoyó para ser alcalde de la Perla Tapatía, compitiendo por el PRI contra el actual ejecutivo jalisciense el año de 2015. Al ser derrotado en los comicios respectivos, no concluyó su papel de regidor de oposición, lo que se preveía de antemano; en tal situación, el grupo udegeísta se movió y se le otorgó nombramiento de Rector del Centro Universitario de Tonalá de la citada Máxima Casa de estudios (periodo 2016-2019) de donde pasó a su actual cargo.
En su intervención, antes de la inauguración del foro, Villanueva afirmó que se tenía el “Propósito Único de discutir”, es más dijo, “Estamos obligados a discutir”, para contrastar ideas, argumentos y opiniones. Para este personaje, “Hoy vivimos en un estado democrático”, o sea, admite que “México es una democracia” pero agrega: no es una democracia de calidad. A su experiencia debe atenerse.
Según el Rector, “Una democracia de calidad supone un óptimo nivel cultural y educativo, un sistema de impartición de justicia imparcial y eficaz, órganos autónomos blindados de la intromisión gubernamental, partidos que ejerzan el gobierno y la oposición desde una política con madurez, mecanismos eficaces y mensurables de combate a la corrupción… un verdadero sistema de pesos y contrapesos políticos que obliguen a la adecuada rendición de cuentas”. Y por si lo anterior fuera poco, sigue afirmando que ocupamos: “Una sociedad civil y unos Medios de comunicación que gocen de un clima político de libertad para ejercer sus funciones, y cuyos señalamientos son discutidos con cifras, con argumentos, con espíritu republicano y atendidos por el poder”. Y concluye: “México por desgracia no tiene a cabalidad todo esto”.
Tras ese oscuro panorama que presentó el funcionario universitario, lo secundó su estrella invitada y a la vez copatrocinador del foro, el laureado peruano Mario Vargas Llosa, premio Cervantes 1994 y Nobel de literatura 2010, lo que contrasta con su trayectoria de político, donde ha fracasado y sin duda le ha dejado una impronta borrosa en tal ramo. Esto ocasionó que el actual primer mandatario mexicano, cuando aún era candidato, al ser ásperamente criticado por el novelista (este dijo: votar por López Obrador “sería un suicidio democrático”) le ripostara con la punzante frase, Vargas Llosa “es un buen escritor, pero un mal político”.
Para el peruano residente en España, “La Libertad de Expresión es la medida más segura para saber si en un país hay democracia”, lo que a su pesar, deja a México como demócrata, puesto que hoy, enfatizó en su participación Julio Hernández “Astillero”, se vive “una libertad de expresión absoluta, no hay fantasmas ni de comunismo, ni de represión, ni de censura, no conozco ningún solo hecho comprobado periodísticamente de que desde el poder político actual se haya desplazado a algún comentarista, opinante o periodista”.
Empero, el escritor sudamericano perseveró en pinchar al gobernante, y señaló que, “No me gusta la figura de un Presidente que se exhibe todas las mañanas comentando los artículos que lee en la prensa y muchas veces censurando o atacando a los periodistas”. AMLO, ante lo antedicho sostiene: “Nosotros por convicción, nunca, jamás, limitaríamos la libertad de expresión. Ninguna de las libertades…”
Ahora bien, se pregunta uno, los expositores que acudieron al foro de marras, ¿deveras sabrán que es la libertad de expresión? y junto a ese concepto, ¿quiénes son los periodistas? Lo primero es el derecho humano que tiene la persona para difundir y publicar ideas u opiniones de cualquiera índole, de forma personal o colectiva, sin que sea objeto de inquisición judicial o administrativa o limitada directa o indirectamente, ni discriminada por razones de raza, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, idioma, origen nacional, a través de cualquier medio de comunicación. Y el complemento, o sea el periodista, será toda persona que por si o dentro de un establecimiento, hace del ejercicio de la libertad de expresión y/o información, su actividad, de manera permanente o no, con o sin remuneración.
No se puede negar que hay obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión, particularmente en el contexto del ejercicio del periodismo. Hace tres años, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), aseguraba que México tenía el lugar 144 de 180 países en términos de libertad para ejercer el periodismo. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) asentó que, en nuestro país, «las amenazas y la intimidación constituyen la forma más extendida de ataques contra periodistas, pero también son comunes las agresiones físicas y los secuestros, el chantaje, la intimidación o el soborno.»
En la mesa que moderó el intelectual exorgánico, Héctor Aguilar Camín, director de la revista “Nexos” y gran beneficiario en los regímenes prianistas, expuso: “del diálogo contradictorio es de donde salen democráticamente las soluciones” y para pronto tocó al periodismo político, interrogando: ¿Cuáles son los desafíos que plantea el poder presidencial a la libertad de expresión? Y le aventó el mechón ardiente a Julio Hernández Astillero, quien rápido contestó: durante mucho tiempo, el periodismo en México fue el acompañante cómplice de muchos de los procesos irregulares en nuestro país, de la injusticia, de la acumulación de la riqueza, los fraudes electorales, y sobre todo de la falta de desarrollo de una cultura política crítica.
A esto le respondió el periodista de Imagen y Excelsior, Pascal Beltrán del Río, discrepando mayoritariamente, pues para él, si no es por los medios tradicionales, AMLO no hubiese llegado al poder: “Sin el trabajo de ellos, no hubiese llegado”. Entonces el columnista de La Jornada, manifestó: En México durante el largo período corruptor del priismo y su secuela del panismo, los beneficios han sido para dueños de medios, columnistas y comentaristas. El criterio fue de servicio al gobernante en turno, sin dar opción a la voz discrepancia. Eso se rompió con votos en 2018, y el régimen surgido cambió la relación de empresarios de medios con el gobierno federal.
Por ello es que presenciamos la confrontación de dos modelos de país. Los intereses desplazados han convertido a varios medios y periodistas en abiertos militantes políticos e ideológicos en búsqueda del retorno de los privilegios perdidos. De otro lado, sobre todo en las mañaneras, hay segmentos de participantes totalmente volcados a la defensa y la promoción de los hechos y las declaraciones del poder presidencial. Pero es de resaltar que en medio, subsiste un periodismo que busca equilibrio honesto, y lo mismo reconoce y difunde avances y logros de un gobierno con una agenda de cambio, que denuncia lo que es ilusorio o indigno. Aquí dejó plasmada su idea el tapatío Diego Petersen Farah: Es un momento crucial para las y los periodistas. Hay la misma libertad que antes, pero hay más medios con libertad de voluntad. “El mejor periodismo se da lejos del poder, cuando no hay cercanía del periodismo con el poder”. “El periodismo debe confrontar al poder, es el espejo en que como sociedad nos vemos cada mañana”.
Por cierto, que a las mañaneras o conferencias de prensa presidenciales que con inusitado vigor mantiene casi diario el Presidente de la República, se les definió como inusual instrumento de información y propaganda política en un país donde antes se daban a cuentagotas las opiniones presidenciales. Están pensadas para informar, pero también para conectar con la base social y electoral del, quien en ellas refuta a sus adversarios (los conservadores) que al parecer son todos los que no estén de acuerdo al gobierno de la Cuatro T.
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años, es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que éste último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos ahora, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México, nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio lópezobradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
En X @DEPACHECOS
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