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OPINIÓN

La inquisición de las redes

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Opinión, por Miguel Ángel Anaya //

El concepto de libertad es complejo, se puede entender como la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios y voluntad, sin mayores limitaciones que el respeto a la libertad de los demás; por su parte, la libertad de expresión es un derecho fundamental que protege la difusión de ideas por parte de individuos o colectivos sin temor a sufrir censuras o represalias, ésta se encuentra protegida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos -artículo 19- y en los artículos 6 y 7 de la Constitución Mexicana.

Tal vez el primer personaje histórico que luchó a favor de la libertad de expresión fue el inglés John Milton (1608-1674). Milton tuvo un matrimonio fallido en 1642 y a partir de esto, publicó la Doctrina y Disciplina del Divorcio en 1643, en este texto daba sus argumentos a favor de la separación marital por incompatibilidad de personalidades ¡Imaginen el escándalo en aquella época! No conforme con esto, Milton amplió sus postulados y en 1644 hizo una nueva publicación al respecto. Los ensayos intentaron ser censurados por el clero y el parlamento, así que John, (que cómo nos damos cuenta, era complicadito) escribió el ensayo La Areopagítica, donde hace referencia a algunos autores griegos, resaltando la importancia de la libertad de expresión y dónde se posicionaba a favor de la libertad de prensa.

Pasaron muchos años y en un transitar que ha sido por demás difícil, diversos autores, periodistas, escritores, divulgadores científicos, etc. se fueron abriendo camino hasta lograr una prensa más o menos libre. Después de muchos años se ha logrado garantizar que las y los ciudadanos de los países occidentales cuenten con un alto nivel de libertad de expresión… o así era hasta que llegaron las benditas redes sociales.

Las redes sociales han permitido que cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, pueda mandar un mensaje que en cuestión de minutos logre viralizarse. Hoy, bajo el cobijo de la libertad de expresión, cualquier individuo puede opinar de medicina sin haberla estudiado, es capaz de emitir opiniones políticas sin tener idea de lo que habla o puede popularizarse con un tuit o comentario referente a economía sin tener conocimiento sobre ella.

Esto parece no representar problema para la comunidad digital, que nos invita (prácticamente nos obliga) a aceptar y compartir la opinión de cualquier persona, aunque carezca de argumentos científicos, históricos o del más mínimo sentido común.

En un hecho totalmente contradictorio, en el mundo actual, una serie de algoritmos o personas que regulan las redes sociales, pueden censurar cuentas de empresas o personas que incluyan algún tipo de lenguaje que se considere ofensivo, en estos tiempos alguien puede decir que la tierra es plana, que las vacunas son un sistema para instalarnos un chip, vender “productos milagrosos”, etc. Casi todo es permitido, pero si se señala algún error o imprecisión utilizando criterios científicos y el señalado se incomoda, se corre el riesgo ser censurado.

Esto nos lleva a un cuestionamiento ¿Por qué la libertad de expresión, protegida en la declaración de derechos humanos y en nuestra constitución política puede ser vulnerada por una plataforma digital? La respuesta podría ser que al registrarnos en una plataforma nos comprometemos a aceptar sus reglamentos, pero ¿acaso los reglamentos están por encima de los mandatos constitucionales? En este mundo digitalizado las redes sociales son casi monopólicas y se ha demostrado su participación en elecciones gubernamentales y en la definición de patrones de consumo y comportamiento de los ciudadanos y todo esto nos parece normal.

Las redes sociales, que en teoría deberían tender puentes de diálogo, que deberían ser un espacio para conocer distintos puntos de vista y practicar la tolerancia, en muchas ocasiones se vuelven el lugar donde se señala, se critica y casi se crucifica a quien piense distinto respecto de algunos temas sociales delicados, pareciera que sin darnos cuenta estamos envueltos en una distopía orwelliana. Seamos conscientes, de lo que compartimos en redes, pero también seamos cuidadosos de respetar y tolerar los puntos de vista del otro, no promovamos la polarización, no formemos parte de la inquisición de las redes sociales.

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1 Comment

1 Comments

  1. Sergio A Anaya Martinez

    27 de septiembre de 2021 at 18:54

    Definitivamente se tiene que legislar en redes sociales para asegurar libertad de expresión. Será complejo por ser de facto una de las expresiones más poderosas del 4o poder

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JALISCO

Mis dudas razonables sobre el futuro de la transparencia en Jalisco 

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

¿Representa la propuesta del gobernador Pablo Lemus un retroceso en la autonomía y participación ciudadana del Subsistema de Transparencia y su Consejo Consultivo?

Lemus promete un “organismo completamente ciudadano”, integrado por rectores, empresarios y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, el proceso de designación del titular y los consejeros del órgano desconcentrado dependerá de ternas propuestas por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y el Consejo Consultivo, pero la decisión final recaerá en el gobernador.

Esto genera suspicacias: ¿cómo puede ser un organismo ciudadano si el Ejecutivo tiene la última palabra?
De entrada, la transferencia de las funciones del ITEI a la Contraloría del Estado, un organismo subordinado al Ejecutivo, plantea serias dudas. Este modelo, inspirado en el federal (“Transparencia para el Pueblo”), ha sido criticado por su falta de independencia, y en Jalisco parece repetirse el mismo error.

La falta de autonomía podría convertir al órgano desconcentrado en una extensión del gobierno estatal, incapaz de sancionar la opacidad o exigir rendición de cuentas de manera imparcial, como advirtió Olga Navarro, titular del ITEI, al señalar que las autoridades serán “juez y parte”.

Por un lado, el gobernador exalta la participación ciudadana en 15 foros con más de 3,000 asistentes; por otro, académicos critican que las propuestas de la iniciativa “Compromiso Jalisco por el Derecho de Acceso a la Información” fueron ignoradas por el Congreso del Estado.

Esta iniciativa pedía un Sistema Estatal de Transparencia robusto y un Consejo Consultivo verdaderamente ciudadano, pero los legisladores de la alianza Movimiento Ciudadano-Morena optaron por un modelo que centraliza el poder en la Contraloría.

La exclusión de estas propuestas debilita la legitimidad del nuevo sistema y refuerza la percepción de que la reforma busca cumplir con la desaparición del INAI e ITEI sin innovar ni proteger los avances de Jalisco, pionero en transparencia.

La centralización en la Contraloría podría generar conflictos de interés, especialmente en casos que involucren información sensible, como contratos, licitaciones o el ejercicio del gasto público.

Otro punto débil es la falta de claridad en temas como datos abiertos y rendición de cuentas. Aunque la iniciativa menciona transitar hacia datos abiertos y mantener la publicación de sueldos, agendas y obras públicas, la vaguedad de estas promesas las deja sin fuerza.

LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES

La iniciativa del gobernador contempla legislar la obligatoriedad de transparencia en los 125 municipios de Jalisco, un aspecto que la reforma federal omite. Sin embargo, esta propuesta choca con la realidad, el problema es que la gran mayoría de los municipios del estado carecen de la fortaleza económica de los ayuntamientos de la zona metropolitana.

Es positivo que se piense en los municipios, pero sin un plan robusto para capacitar y financiar sus contralorías, la transparencia municipal será una quimera. Muchos ayuntamientos ya incumplen con sus obligaciones actuales; ¿cómo esperamos que manejen un sistema más complejo?»

La carga adicional a las contralorías municipales podría generar desigualdades en el acceso a la información entre municipios urbanos (como Guadalajara) y rurales, perpetuando la opacidad en regiones marginadas.
Sin un marco claro, ¿qué garantiza que este modelo no se quede en buenas intenciones?

El ITEI, con sus limitaciones, tenía mecanismos para obligar a las autoridades a transparentar información; el nuevo sistema, en cambio, podría permitir que se eluda la publicación de datos clave, debilitando 20 años de cultura de transparencia en Jalisco.

La iniciativa de Pablo Lemus, aunque bien intencionada, resulta insuficiente al priorizar la armonización federal sobre los avances históricos de Jalisco en transparencia. El estado, que fue referente nacional, corre el riesgo de dar un paso atrás si este modelo no se fortalece con verdadera independencia y participación ciudadana. La transparencia no se decreta; se construye con hechos.

 

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JALISCO

Transparencia en Jalisco: El costo político de extinguir el ITEI

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

El 10 de junio de 2025, el Congreso de Jalisco aprobó con 27 votos a favor de Movimiento Ciudadano (MC), Morena, Hagamos, Futuro, PT y Verde, y 8 en contra de PAN y PRI, la desaparición del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), cuyas funciones fueron transferidas a la Contraloría del Estado.

Esta decisión, que armoniza la legislación local con la reforma constitucional federal de 2024 impulsada por Morena para eliminar organismos autónomos como el INAI, ha desatado un debate crucial: ¿fortalece o debilita la transparencia en Jalisco? La medida, aunque obligada por la federación, revela tensiones políticas, contradicciones ideológicas y un pragmatismo que podría costarle caro al gobierno de Pablo Lemus.

¿Cómo lo va a tomar el elector local? ¿Qué tanto le va a afectar a Movimiento Ciudadano ir con Morena en esta decisión de desaparecer al ITEI? Pablo sacrifica parte de la autonomía regional que demandó en campaña contra el centralismo chilango -así le llamó- para evitar conflicto con la presidenta Claudia Sheinbaum

La reforma federal, respaldada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, extinguió el INAI y reasignó sus tareas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia del Ejecutivo.

En Jalisco, el Congreso tuvo hasta el 18 de junio de 2025 para alinear su marco legal, optando por disolver el ITEI y crear un órgano desconcentrado dentro de la Contraloría. Aunque Lemus no inició esta reforma, su decisión de alinearse con Morena en el Congreso local contrasta con la postura combativa de su antecesor, Enrique Alfaro, quien desafió al gobierno federal en defensa de la autonomía estatal. Este pragmatismo sugiere que Lemus prioriza la gobernabilidad y una relación tersa con Sheinbaum, pero a un costo político que aún está por definirse.

Movimiento Ciudadano enfrenta una contradicción evidente. En el Senado, su coordinador, Clemente Castañeda, defendió con vehemencia la autonomía del INAI durante las discusiones de 2024, calificando su eliminación como un retroceso democrático que socavaría la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

En el foro “Diálogos Abiertos por la Transparencia” de noviembre de 2024, Castañeda respaldó a expertos que alertaron sobre los riesgos de centralizar funciones en el Ejecutivo, como la pérdida de la Plataforma Nacional de Transparencia y la falta de independencia en la gestión de información pública.

Sin embargo, en Jalisco, los legisladores de MC votaron junto a Morena para extinguir el ITEI, exponiendo una dualidad discursiva que podría confundir a su base electoral, especialmente en un estado donde MC ha construido su identidad en torno a la autonomía regional y la crítica al centralismo.

El ITEI, hay que reconocerlo, no era un bastión de imparcialidad. Durante el sexenio de Alfaro, expertos en transparencia acusaron al organismo de ser cooptado por el Ejecutivo, funcionando más como una extensión del poder estatal que como un contrapeso al servicio de la sociedad. Gabriel Torres Espinoza, académico y analista, cuestiona la utilidad de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA), describiéndolos como “burocracias politizadas, independientes solo en el papel”. En su opinión, muchos OCA, incluido el ITEI, se convirtieron en espacios para colocar aliados en la nómina o tejer redes de influencia con fines de lucro, desviándose de su propósito original. “Deben ser contrapesos reales, no simulaciones ni monumentos vacíos”, sentencia Torres, reflejando un escepticismo compartido por sectores críticos que ven en la extinción del ITEI una oportunidad para replantear la transparencia, siempre que se garantice su efectividad.

Consciente de las críticas, Lemus propuso un nuevo modelo dentro de la Contraloría, con participación de universidades, sociedad civil y actores independientes, para preservar la transparencia y el acceso a la información. Sin embargo, PAN y PRI han acusado al gobierno de convertirse en “juez y parte” al subordinar estas funciones a un organismo dependiente del Ejecutivo, lo que podría comprometer la imparcialidad.

La alianza de MC con Morena, su rival directo en las elecciones intermedias de 2027, añade una capa de complejidad. En campaña, Lemus prometió resistir el “centralismo chilango”, pero su voto conjunto con Morena podría alienar a votantes que valoran la autonomía regional, especialmente en un contexto donde la polarización política está en aumento.

El impacto electoral de esta decisión es incierto, pero significativo. MC ha dominado Jalisco en los últimos años, pero la percepción de que Lemus cede ante el gobierno federal podría erosionar su capital político, particularmente entre los sectores urbanos y jóvenes que apoyaron su discurso de independencia. Además, la transferencia de funciones a la Contraloría plantea desafíos operativos: ¿tendrá la capacidad técnica y la autonomía necesaria para manejar solicitudes de información y garantizar la protección de datos? La inclusión de la sociedad civil en el nuevo modelo es un intento de mitigar estas dudas, pero su éxito dependerá de la transparencia en su implementación y de la vigilancia ciudadana.

En última instancia, la extinción del ITEI refleja un dilema más amplio: cómo equilibrar la armonización con las reformas federales sin sacrificar los principios de autonomía y transparencia que Jalisco ha defendido. Lemus apuesta por un enfoque pragmático, pero el costo político y social de esta decisión podría manifestarse en las urnas y en la confianza ciudadana, especialmente si el nuevo modelo no logra desterrar las prácticas de control que marcaron al ITEI en el pasado.

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JALISCO

Un gobernador de redes sociales: La diplomacia según Lemus y el silencio que delata…

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Pablo Lemus quiso jugar a la diplomacia. Se colocó su traje de “estadista internacional”, abrió su cuenta de X y decidió pronunciarse —veinticuatro horas después— sobre un conflicto que ni le competía ni le concernía directamente, pero que olía a oportunidad política: una funcionaria menor de Morena, Melissa Cornejo, fue cancelada —en redes y en visa— por el exembajador Christopher Landau, actual vicecanciller estadounidense. Lemus, con más cálculo que convicción, tomó aire, y escribió: “Eso no es Jalisco”.

Pero, ¿qué es Jalisco para Lemus? ¿Es acaso ese estado ejemplar que presume ante los diplomáticos gringos mientras, al mismo tiempo, sufre una de las tasas más alarmantes de desapariciones en el país? ¿Es ese “pueblo hermano” que, según él, mantiene relaciones respetuosas con los Estados Unidos, mientras la impunidad se pasea libremente entre sus aliados políticos, como Enrique Alfaro en Madrid, sin rendir cuentas por los más de 17 mil desaparecidos?

En su intento por desmarcarse de Melissa Cornejo —una joven militante que se inmoló en un tuit rabioso contra el imperio migratorio estadounidense— Lemus no midió que estaba exponiendo su propia desnudez política. Porque es muy cómodo condenar un mensaje soez desde la altura del poder, pero es más difícil responder cuando la diputada Itzul Barrera le devuelve el golpe con los datos que Lemus no publica en sus redes: alcaldes de su partido presos por crimen organizado, crisis hídrica en medio estado, y una Mesa de Seguridad donde el gobernador prefiere scrollear a intervenir.

Lemus no defendió a Jalisco. Se defendió a sí mismo. Se posicionó como el “buen mexicano”, el que sabe hablar inglés, el que presume relaciones internacionales y que, como todo buen político tecnócrata, se sube a los trending topics con frases bien medidas para caerle bien a los de afuera.

Pero en casa, su voz suena hueca. ¿Dónde está el mismo Lemus para condenar las ejecuciones extrajudiciales que policías municipales han protagonizado en su administración? ¿Dónde está para exigir justicia para las madres buscadoras hostigadas o desaparecidas? ¿Dónde estaba cuando Itzul Barrera le respondió con datos y él no supo replicar más que con silencio?

Este es el verdadero problema: Lemus no ve el fondo, solo la forma. Mientras Melissa Cornejo borra sus redes, él limpia su imagen con trapos ajenos. Mientras el vicecanciller Landau pontifica sobre los “glorificadores de la violencia”, el gobernador guarda silencio sobre los desaparecidos del 5 de mayo, los cuerpos embolsados en el río Santiago o los feminicidios en la zona metropolitana.

Y todo, para quedar bien con Washington.

Como decía un viejo columnista —al que esta pluma sigue rindiendo tributo—, “los políticos no son lo que dicen, sino lo que callan”. Y Lemus, al callar frente a los escándalos reales que le competen, pero alzar la voz solo cuando hay reflector extranjero de por medio, se pinta de cuerpo entero: es un gobernador de redes, no de gobierno.

En X @DEPACHECOS

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