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OPINIÓN

Los desafíos de la libertad de expresión: «El periodismo debe confrontar al poder», Diego Petersen

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Opinión, por Pedro Vargas Avalos //

Bajo el título de “Los desafíos de la libertad de expresión, hoy” se llevó a cabo en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, el 22 de septiembre reciente, un conversatorio sumamente interesante, tanto por el tema a tratar como por los participantes en el evento, si bien este resintió desequilibrios de género, territorial, de las nuevas formas de comunicación y de posturas.

O sea, de 22 partícipes, solo había 3 mujeres; del inmenso espacio nacional, el 90 % chilangos; se excluyó a las redes sociales e internet, y en cuanto a ideología, con salvedad de Jorge Zepeda Paterson, Ricardo Raphael y Julio Astillero, todos eran de los corrillos de Krauze y Aguilar Camín, invariables adeptos de Vargas Llosa, crítico del Presidente del país.

La primera exposición corrió a cargo del Rector universitario, Ricardo Villanueva Lomelí, abogado tapatío que fue muy conocido desde que presidió en 201-2004, la FEU (Federación de Estudiantes Universitarios). Creció más cuando el desaparecido gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, de quien fue jefe de gabinete en el Ayuntamiento de Guadalajara, lo incorporó a su gobierno como Secretario de Planeación, Administración y Finanzas (2013).

Luego Aristóteles lo apoyó para ser alcalde de la Perla Tapatía, compitiendo por el PRI contra el actual ejecutivo jalisciense el año de 2015. Al ser derrotado en los comicios respectivos, no concluyó su papel de regidor de oposición, lo que se preveía de antemano; en tal situación, el grupo udegeísta se movió y se le otorgó nombramiento de Rector del Centro Universitario de Tonalá de la citada Máxima Casa de estudios (periodo 2016-2019) de donde pasó a su actual cargo.

En su intervención, antes de la inauguración del foro, Villanueva afirmó que se tenía el “Propósito Único de discutir”, es más dijo, “Estamos obligados a discutir”, para contrastar ideas, argumentos y opiniones. Para este personaje, “Hoy vivimos en un estado democrático”, o sea, admite que “México es una democracia” pero agrega: no es una democracia de calidad. A su experiencia debe atenerse.

Según el Rector, “Una democracia de calidad supone un óptimo nivel cultural y educativo, un sistema de impartición de justicia imparcial y eficaz, órganos autónomos blindados de la intromisión gubernamental, partidos que ejerzan el gobierno y la oposición desde una política con madurez, mecanismos eficaces y mensurables de combate a la corrupción… un verdadero sistema de pesos y contrapesos políticos que obliguen a la adecuada rendición de cuentas”. Y por si lo anterior fuera poco, sigue afirmando que ocupamos: “Una sociedad civil y unos Medios de comunicación que gocen de un clima político de libertad para ejercer sus funciones, y cuyos señalamientos son discutidos con cifras, con argumentos, con espíritu republicano y atendidos por el poder”. Y concluye: “México por desgracia no tiene a cabalidad todo esto”.

Tras ese oscuro panorama que presentó el funcionario universitario, lo secundó su estrella invitada y a la vez copatrocinador del foro, el laureado peruano Mario Vargas Llosa, premio Cervantes 1994 y Nobel de literatura 2010, lo que contrasta con su trayectoria de político, donde ha fracasado y sin duda le ha dejado una impronta borrosa en tal ramo. Esto ocasionó que el actual primer mandatario mexicano, cuando aún era candidato, al ser ásperamente criticado por el novelista (este dijo: votar por López Obrador “sería un suicidio democrático”) le ripostara con la punzante frase, Vargas Llosa “es un buen escritor, pero un mal político”.

Para el peruano residente en España, “La Libertad de Expresión es la medida más segura para saber si en un país hay democracia”, lo que a su pesar, deja a México como demócrata, puesto que hoy, enfatizó en su participación Julio Hernández “Astillero”, se vive “una libertad de expresión absoluta, no hay fantasmas ni de comunismo, ni de represión, ni de censura, no conozco ningún solo hecho comprobado periodísticamente de que desde el poder político actual se haya desplazado a algún comentarista, opinante o periodista”.

Empero, el escritor sudamericano perseveró en pinchar al gobernante, y señaló que, “No me gusta la figura de un Presidente que se exhibe todas las mañanas comentando los artículos que lee en la prensa y muchas veces censurando o atacando a los periodistas”. AMLO, ante lo antedicho sostiene: “Nosotros por convicción, nunca, jamás, limitaríamos la libertad de expresión. Ninguna de las libertades…”

Ahora bien, se pregunta uno, los expositores que acudieron al foro de marras, ¿deveras sabrán que es la libertad de expresión? y junto a ese concepto, ¿quiénes son los periodistas? Lo primero es el derecho humano que tiene la persona para difundir y publicar ideas u opiniones de cualquiera índole, de forma personal o colectiva, sin que sea objeto de inquisición judicial o administrativa o limitada directa o indirectamente, ni discriminada por razones de raza, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, idioma, origen nacional, a través de cualquier medio de comunicación. Y el complemento, o sea el periodista, será toda persona que por si o dentro de un establecimiento, hace del ejercicio de la libertad de expresión y/o información, su actividad, de manera permanente o no, con o sin remuneración.

No se puede negar que hay obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión, particularmente en el contexto del ejercicio del periodismo. Hace tres años, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), aseguraba que México tenía el lugar 144 de 180 países en términos de libertad para ejercer el periodismo. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) asentó que, en nuestro país, «las amenazas y la intimidación constituyen la forma más extendida de ataques contra periodistas, pero también son comunes las agresiones físicas y los secuestros, el chantaje, la intimidación o el soborno.»

En la mesa que moderó el intelectual exorgánico, Héctor Aguilar Camín, director de la revista “Nexos” y gran beneficiario en los regímenes prianistas, expuso: “del diálogo contradictorio es de donde salen democráticamente las soluciones” y para pronto tocó al periodismo político, interrogando: ¿Cuáles son los desafíos que plantea el poder presidencial a la libertad de expresión? Y le aventó el mechón ardiente a Julio Hernández Astillero, quien rápido contestó: durante mucho tiempo, el periodismo en México fue el acompañante cómplice de muchos de los procesos irregulares en nuestro país, de la injusticia, de la acumulación de la riqueza, los fraudes electorales, y sobre todo de la falta de desarrollo de una cultura política crítica.

A esto le respondió el periodista de Imagen y Excelsior, Pascal Beltrán del Río, discrepando mayoritariamente, pues para él, si no es por los medios tradicionales, AMLO no hubiese llegado al poder: “Sin el trabajo de ellos, no hubiese llegado”. Entonces el columnista de La Jornada, manifestó: En México durante el largo período corruptor del priismo y su secuela del panismo, los beneficios han sido para dueños de medios, columnistas y comentaristas. El criterio fue de servicio al gobernante en turno, sin dar opción a la voz discrepancia. Eso se rompió con votos en 2018, y el régimen surgido cambió la relación de empresarios de medios con el gobierno federal.

Por ello es que presenciamos la confrontación de dos modelos de país. Los intereses desplazados han convertido a varios medios y periodistas en abiertos militantes políticos e ideológicos en búsqueda del retorno de los privilegios perdidos. De otro lado, sobre todo en las mañaneras, hay segmentos de participantes totalmente volcados a la defensa y la promoción de los hechos y las declaraciones del poder presidencial. Pero es de resaltar que en medio, subsiste un periodismo que busca equilibrio honesto, y lo mismo reconoce y difunde avances y logros de un gobierno con una agenda de cambio, que denuncia lo que es ilusorio o indigno. Aquí dejó plasmada su idea el tapatío Diego Petersen Farah: Es un momento crucial para las y los periodistas. Hay la misma libertad que antes, pero hay más medios con libertad de voluntad. “El mejor periodismo se da lejos del poder, cuando no hay cercanía del periodismo con el poder”. “El periodismo debe confrontar al poder, es el espejo en que como sociedad nos vemos cada mañana”.

Por cierto, que a las mañaneras o conferencias de prensa presidenciales que con inusitado vigor mantiene casi diario el Presidente de la República, se les definió como inusual instrumento de información y propaganda política en un país donde antes se daban a cuentagotas las opiniones presidenciales. Están pensadas para informar, pero también para conectar con la base social y electoral del, quien en ellas refuta a sus adversarios (los conservadores) que al parecer son todos los que no estén de acuerdo al gobierno de la Cuatro T.

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NACIONALES

Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.

Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.

Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?

El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.

Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.

La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.

Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.

Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.

Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.

A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.

La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.

En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.

Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.

 

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JALISCO

Uribe y su circunstancia

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.

En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.

Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.

Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.

En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.

Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.

Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:

  • Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.

  • Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.

  • Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.

Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.

Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.

Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.

Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.

Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.

En X: @DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.

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JALISCO

El agua sucia del poder: Megacortes, tarifas infladas y la red clientelar del SIAPA

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

En Jalisco, el agua no solo escasea: se pudre. Apesta a burocracia, a negocios entre compadres, a ineptitud maquillada de eficiencia y a un modelo de saqueo que, bajo el nombre del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), ha convertido “el vital líquido” en un bien de lujo, controlado por burócratas de alto sueldo y baja moral.

Apenas 72 horas tras el Congreso, dominado por MC, Verde, PAN y HAGAMOS, aprobar un 9.65% de alza al agua para 2025, SIAPA anunció un megacorte de cuatro días a 113 colonias por reparaciones. Con cortes, fugas y baja presión en zonas pobres, el servicio flaquea.

Entre las afectadas están comunidades de Zapopan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque: nombres que, para los operadores del SIAPA, parecen no existir más que como renglones en una lista de cobros. Porque eso sí: la factura llega puntual, aunque el agua no.

TARIFAZO CON PREMIO DE IMPUNIDAD

Con 21 votos a favor y 16 en contra, el Congreso del Estado avaló el tarifazo. Aumentaron las tarifas y, de paso, aprobaron que las siguientes subidas se actualicen automáticamente conforme al índice inflacionario. Como si el ciudadano de a pie tuviera una inflación personal controlada, o un ingreso garantizado. El pretexto fue la “viabilidad financiera” del organismo, aunque el mismo SIAPA admitió que el alza no resolverá la crisis del servicio.

Eso no impidió, claro, que el gobernador Pablo Lemus les diera un espaldarazo: “Se acabaron los pretextos, ahora deben mejorar el servicio”. Palabras que, como muchas en Casa Jalisco, no se traducen en acciones.

El organismo tiene, sin embargo, otros mecanismos de supervivencia. No importa si baja la eficiencia (de 81.9% de reportes atendidos en 2023 a 78% en 2024), si disminuye el volumen de agua distribuido o si los reportes ciudadanos crecen. El SIAPA no colapsa. Se alimenta, eso sí, de la paciencia del contribuyente y de las arcas públicas, blindado por una red de intereses que lo mantiene a flote como una balsa mal armada en un mar de negligencia.

PIPAS GRATIS, ASESORES CAROS

A la par del anuncio del megacorte, el SIAPA ofreció pipas gratuitas. Un gesto que parecería generoso si no fuera un parche a un sistema crónicamente averiado. Y mientras familias almacenan agua en cubetas, el organismo desembolsa más de 73 mil pesos mensuales a una exconductora de televisión, sin formación técnica, convertida en asesora de dirección.

Elizabeth Margarita Castro Cárdenas —Según el periódico NTR, con un historial ligado a un fraude financiero, nexos con narcotraficantes y una carrera más cercana al espectáculo que al agua potable— fue nombrada asesora técnica del SIAPA. Su presencia en la nómina, denunciada por trabajadores del organismo, es sólo una muestra más de cómo el SIAPA sirve a fines políticos antes que ciudadanos. Ahí están los sueldos, los estímulos, las asesorías infladas, y los contactos bien ubicados.

En lugar de eficiencia, el organismo se volvió una caja chica para repartir favores. Y si no lo creen, revisen el historial: la misma Castro Cárdenas fue antes funcionaria en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, con un sueldo prácticamente idéntico. La política jalisciense no bota a sus leales: los recicla.

LA RESISTENCIA CIUDADANA Y LOS GRITOS QUE NO SE OYEN

No todo el Congreso se rindió. La diputada Itzul Barrera, de Morena, denunció no sólo la falta de transparencia en el uso de los mil millones de pesos adicionales que se recaudarán por el aumento, sino el hecho inaudito de que el director del SIAPA admitiera que el alza no servirá para mejorar el servicio. Vaya sinceridad.

Denunció, también, que la sesión para aprobar el alza fue convocada con apenas una hora de anticipación y que los diputados debieron revisar más de 136 páginas de dictamen al vapor, lo que impidió una discusión real. Eso no impidió el voto mayoritario. El SIAPA es, hoy, un monstruo que factura más de 5 mil millones de pesos al año, que contrata asesores sin perfil, y que cada vez da menos agua.

Las más de 15 iniciativas presentadas para su reforma duermen en el congelador legislativo. Y así, los “diálogos” se dan en lo oscurito, entre cenas discretas y acuerdos inconfesables.

MUNICIPIOS DIVIDIDOS Y CIUDADANÍA HARTA

Guadalajara y Zapopan justifican con tibieza el alza tarifaria prometiendo eficiencia, mientras Tlaquepaque y Tonalá alertan. Laura Imelda Pérez, alcaldesa de Tlaquepaque, impulsa condonar cobros a quienes carecen de agua buena, destacando 80 millones gastados por el Ayuntamiento en tareas del SIAPA.

El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, fue todavía más contundente: “Es un SIAPA saqueado”, dijo. Denunció contrataciones sin perfil, falta de inversión y abandono institucional. Que lo diga alguien que ha conocido tanto del sistema sólo hace más grave la declaración.

La propuesta de Tlaquepaque de condonar pagos a quienes no reciben servicio no es una ocurrencia: es una exigencia mínima. El recibo llega, aunque no haya agua. La injusticia también.

En simulaciones, el agua es metáfora: transparente pero invisible, vital pero ausente, promesa electoral sin gestión. El SIAPA, manejado como botín político, encarna un gobierno enquistado en Jalisco, castigando a ciudadanos, premiando leales, exhibiendo cifras millonarias mientras ignoran expertos.

Y así, entre tarifazos, pipas y asesores musicales, el agua en Jalisco se ha vuelto tan sucia como el sistema que la administra.

Porque, como decía un viejo maestro del periodismo: “lo que daña al país no es la política, sino los políticos que no saben servirla”.

En X @DEPACHECOS

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Tendencias

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