Conciencia con texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //

Esa aparente calma que vive Jalisco, esperando la definitiva solución a las impugnaciones electoreras, he servido para ratificar la mecánica nacional de los partidos políticos. Pretender que hubo fraude cuando no les favorece la votación es una práctica común y corriente. Defender con las uñas el triunfo igual.

Impugnar de la elección hasta porque salió el sol cuando el “mentirológico” había pronosticado nublados; victimizarse por el género es también muy recurrente. Decir que “la voluntad del pueblo” no se respetó y asegurar que los perdedores son quienes realmente ganaron es una estrategia ya muy ajada, pero que sirve para atorar lo que los organismos electorales han determinado.

Desde que la democracia se instaló en ese país, quienes esperaban un triunfo y no lo lograron han echado mano de los recursos habidos y por haber para impedir o, por lo menos, “mosquear” al que supuestamente ganó.

Los recovecos de la ley electoral, con sus retorcidas interpretaciones, o sus no muy diáfanas instrucciones y, por supuesto, la letra chiquita, se han vuelto el pan nuestro de cada elección para los “affairs” post electorales

Por supuesto que la democracia apoya estas prácticas a las que han recurrido todos los partidos, ya que la confección de la ley de marras fue ideada y realizada por los partidos políticos, quienes se aseguraron de tener siempre rescoldos para frustrar, frenar o impedir que los triunfos electoreros sean “sin tocar baranda”, con el consabido toque democrático.

Por ello, en Jalisco se vive una especie de limbo político. Por una parte, Pablo Lemus tiene ya una boleta de ganador, pero no lo toman en cuenta los centralistas gobernantes virtuales. Por la sencilla razón de que de aquellos lares viene la consigna de impedirle que gobierne a Jalisco.

“Haiga sido como haiga sido” es el dicho de quienes consideran que deben aceptarse las consecuencias de los actos o actividades. Por tanto, en Jalisco tenemos la situación de que hay quienes “ni pichan ni cachan ni dejan batear”. El pueblo, mientras tanto, sigue recibiendo andanadas de información, tanto del ganador oficial, como de la perdedora en pugna, Claudia Delgadillo.

Lemus, incluso, ha mentido, -aseguran sus detractores- para aparentar que tiene contacto con los caciques del centro; aunque ha sido “bateado” (igual que Alfaro) cuando hay reuniones convocadas por la virtual presidenta con los gobernadores que les son simpáticos.

Lógico, si desde allá han urdido la intríngulis para “ensangrentarle la daga” que ya trae entre pecho y espalda Morena, no lo van a invitar, menos a convalidar como “gobernador electo” tal cual reza el papel que le extendió el organismo estatal que organizó las elecciones en la entidad.

Otro frente de esta impugnación lo trae Chema Martínez. Se subió también al tren de la inconformidad para ver qué consigue contra Verónica Delgadillo. A Chema quien no lo conoce puede comprarlo, tiene la característica de ser necio cuando se trata de satisfacer sus apetitos políticos (para sus fans, sin embargo, es persistencia, no necedad).

¿Afecta a Jalisco que desde la Nueva Tenochtitlán le hagan feo o vacío? Es claro que sí. El poderío federal es aplastante. Los manotazos del centro, desde que se conformó la República Federal desestabilizan, descontrolan y pueden incluso arruinar a cualquier entidad que se oponga al presidente en turno.

AMLO ha seguido el patrón de Carlos Salinas de Gortari, quien siendo Primer Mandatario destituyó casi a la mitad de gobernadores de sendas entidades. Y eso que era también del RIP. ¿Por qué habrían de tentarse el corazón los actuales mandones? La estrategia salinista ha sido refinada por los ex priistas que militan en Morena.

Por eso no sería raro que Lemus, si su mentor Dante no negocia (ni que decir de Alfaro, semi retirado de la grilla) o se quede como el perro sin miel y sin jícara. No sería extraño. Los morenistas han demostrado que sus insaciables afanes de poder carecen de ética, moral y decoro y en Jalisco no sería la excepción intentarlo todo para vestirlo con el atuendo morenista.

La pregunta es: De presentarse esta situación política de repetir las elecciones ¿volverían a ganar Lemus y Verónica Delgadillo? Argüir que no es a lo que apuestan los impugnadores. A que los jalisquillos se cansen de tanto pleito y concedan, y acepten, a los hoy perdedores.

No es cosa menor que el rumbo de Jalisco esté en veremos por causa de la indefinición electoral; tampoco que algunos sudan la gota gorda y potros se frotan las manos. Jalisco es un plato exquisito en la grilla nacional. Como dijo José Feliciano, “ya veremos” en que paran estas misas. Mientras tanto, las especulaciones continúan; los chismes proliferan; las deducciones, pronósticos y apuestas corren con gusto en los ámbitos de la grilla.

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Ante la aprobación de la reforma judicial por mayoría calificada en el Congreso de la Unión, el día 3 septiembre de este 2024 pasó al Senado de la República dicha reforma, en medio de los paros, marchas y protestas que avanzan.

en Jalisco, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado emite breve y escueto comunicado condenado el sentido de dicha reforma; sin embargo, no hay más allá de eso, pues deciden no unirse a los paros que encabeza el Poder Judicial federal, frente a la elección de jueces, ministros y magistrados de manera directa a través del voto popular de la ciudadanía.

La defensa por la independencia y autonomía del poder judicial en el ámbito local resultó pasiva y sometida, sin novedad.

En este sentido, de trascendencia abrumadora y desilusionante ante una reforma que evidentemente impacta la autonomía y la independencia de uno de los poderes de la Unión, dedicado a impartir la justicia, pilar constitucional del equilibrio y contrapeso del poder público con la administración de justicia, que sea intervenido, disminuido y sometido a los otros dos poderes (Ejecutivo y Legislativo) de tal manera, que las postulaciones a jueces, magistrados y ministros podrán ser votados en elección popular, con requisitos inverosímiles para la solemnidad, pero que al final describen bien la esencia de esta reforma y la definen claramente con los siguientes requisitos: “presenten un ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación y remitan cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo”.

En este contexto, en el que la forma de elegir a los máximos cargos del Poder Judicial, también se resumirá a la postulación que hagan los otros poderes y que sin duda rompe la independencia entre ellos, tenemos como claro ejemplo este párrafo de la reforma: “Para el caso de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistradas y Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. El Poder Ejecutivo postulará por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República hasta tres personas aspirantes; el Poder Legislativo postulará hasta tres personas, una por la Cámara de Diputados y dos por el Senado, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes, y el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, postulará hasta tres personas por mayoría de seis votos.”

Vamos a politizar el Poder Judicial, y serán evidentemente los partidos políticos, sus mayorías e intereses concretos, quienes impartan la justicia de los mexicanos. Indultos serán sus mejores beneficios partidistas a sus acuerdos, vuelve la corrupción, la opacidad y el control al país, la nueva mafia del poder.

Sucede pues, que, en plena espera de la resolución final del Senado de la República, la pregunta es: ¿por qué el Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, no se unió al paro?; consideró que no afectará dicha reforma a Jalisco, o conserva el sometimiento que ha mostrado durante el sexenio a los poderes ejecutivos; tal vez olvido leer hasta el final en la parte de los transitorios de la Reforma Judicial, específicamente en el octavo que a la letra dice: “Las entidades federativas tendrán un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a sus constituciones locales. La renovación de la totalidad de cargos de elección de los Poderes Judiciales locales deberá concluir en la elección federal ordinaria del año 2027”.

Pero una cartita de rechazo a la reforma fue considerada suficiente para fijar su postura, débil y servil ante el poder, minimizando las implicaciones y el sentir del poder judicial local que constituye actualmente.

Dentro de este orden de ideas y ante la negativa del actual Poder Judicial de la Federación de que se concrete una reforma que acabará con la carrera judicial, la imparcialidad y la facultad del Poder Judicial, transgrediendo profundamente los principios fundamentales de justicia, autonomía e independencia de los poderes en el país y no solo pone en riesgo el Estado de derecho, al someter a una votación popular a quienes tendrán en sus manos la dignidad y la justicia de las personas, sino también y sin dudarlo, en la mayoría de los casos será un encargo de postulación política para los cargos más importantes de los poderes judiciales. 

Nos espera, un retroceso clarísimo, aun cuando el discurso morenista, marca un total desprecio a las formas y fondos oligárquicos del partido que gobernó el país en las décadas de los setenta, ochenta y noventa. Nos toca, por mayoría democrática, vivir un déjà vu.

Opinión, por Iván Arrazola //

Es difícil creer que un movimiento que surgió en las plazas públicas, donde las manifestaciones y las marchas en favor de diversas causas se convirtieron en su carta de presentación, hoy se ha transformado. Ahora, instalado en la cúspide del poder, el movimiento confía en tener el control total de las instituciones. No solo critica a quienes se manifiestan en defensa de sus derechos, sino que incluso los tacha de ser manipulados cuando protestan.

Al recordar un movimiento que bloqueó una de las avenidas más emblemáticas del país con la frase “disculpe las molestias, democracia en construcción”, sorprende que la llamada Cuarta Transformación se haya convertido en lo que tanto criticaba: un movimiento neoconservador.

La mal llamada reforma judicial, que en realidad es un intento del obradorismo por concentrar el poder, se ha convertido en la manzana de la discordia. Los supuestos beneficios de la elección popular de jueces, magistrados y ministros quedan opacados por numerosas voces que denuncian que se trata de una reforma regresiva, incapaz de solucionar los problemas de un sistema judicial lento, burocrático y con altos niveles de impunidad. Lo afirman los trabajadores que defienden sus derechos, los socios comerciales de México y los estudiantes que salen a protestar.

Ante este escenario, resultan sorprendentes las reacciones del poder, que antes celebraba las protestas y se presentaba como heredero del movimiento del 68, defensor de la democracia. Aquellos que promovían las manifestaciones de maestros y campesinos ahora se indignan porque los trabajadores del Poder Judicial salen a defender sus derechos.

López Obrador sostiene que los trabajadores del Poder Judicial tienen derecho a manifestarse, pero asegura que detrás del paro hay intereses que buscan proteger la corrupción y los privilegios, principalmente de organismos empresariales. En este contexto, las protestas y los paros ya no se consideran legítimos, y son incluso calificados de ilegales. Quienes antes proclamaban la defensa de los derechos de los trabajadores adoptan hoy una postura conservadora, exigiendo apego a la legalidad. De lo contrario, viene el linchamiento en las conferencias mañaneras, no puede haber protestas espontaneas, esas solo las organiza el gobierno, en el resto siempre hay intereses detrás.

Los estudiantes universitarios, tanto de instituciones públicas como privadas, se han movilizado en contra de la reforma judicial, denunciando sus inconsistencias. Sin embargo, los autodenominados herederos del movimiento del 68 han descalificado estas protestas estudiantiles, argumentando que carecen de fundamentos. Para el presidente López Obrador, los estudiantes están siendo manipulados por sus profesores.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sostiene que los alumnos no comprenden la situación porque «no han leído bien la reforma». Por su parte, el «combativo» senador Gerardo Fernández Noroña ha descartado cualquier posibilidad de diálogo, afirmando: «Ya los escuchamos, sabemos lo que van a plantear. Los está recibiendo la oposición, pues son sus voceros. Ya sabemos lo que van a decir, camarada; están defendiendo al Poder Judicial corrompido».

La compra de voluntades se ha convertido en la norma. Lo que el oficialismo tanto criticó de la oposición ahora lo practica sin ningún tipo de pudor. López Obrador, quien en su momento denunció que el Pacto por México se concretó por la compra de voluntades, hoy no critica que dos senadores del PRD se hayan unido a Morena. La presidenta electa lo anunciaba con una sonrisa en conferencia de prensa, orgullosa de la nueva «adquisición», sin mostrar el menor remordimiento por integrar a legisladores que, hasta hace poco, criticaban los excesos de Morena en el poder.

En medio de la euforia, el senador Manuel Velasco, del Partido Verde, declaraba con orgullo que ya contaban con los votos necesarios en el Senado para aprobar la reforma. Mientras tanto, Alito Moreno denunciaba que su bancada ha sido presionada: «El oficialismo ha ofrecido decenas de millones de pesos para que algunos de nuestros legisladores migren a Morena o se ausenten de la votación», aseguró. Aunque insistió en que no se doblegarán, en México el cambio de partido entre políticos es la norma, no la excepción.

Lo que en un principio fue un movimiento que abanderaba la lucha por la democracia y los derechos sociales, hoy ha dejado atrás esas banderas. La Cuarta Transformación, que surgió de las plazas y las protestas, se enfrenta ahora a un creciente descontento por su manejo de las instituciones y su respuesta a las movilizaciones. Las críticas a quienes se manifiestan, sumadas a la controversia sobre la reforma judicial, revelan un giro hacia una postura más conservadora y autoritaria.

Las voces que antes defendían la justicia social y el derecho a la protesta ahora descalifican a los trabajadores y estudiantes que exigen el respeto a sus derechos. Este cambio de actitud no solo es contradictorio con los orígenes del movimiento, sino que también pone en duda su compromiso con los principios democráticos y la pluralidad de opiniones en el país.