OPINIÓN
Modificar la corte suprema
Por Héctor Romero Fierro //
Pareciera que de acuerdo a la creencia china estamos en el «año del ganso», aunque el pobre animal sea utilizado solo para referirnos a un pésimo presidente que se empeña con acabar con cualquier institución que no pueda ser controlada por el, y que a pesar de tantas pifias muchos aún sigan creyendo en su forma de gobernar.
Ahora toca el turno a dos instituciones básicas para el equilibrio de poderes en nuestro país, me refiero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN y a su órgano administrativo denominado “Consejo de la Judicatura”, este Poder, que en nada debería intervenir el presidente (Poder Ejecutivo), ahora resulta que también lo quiere controlar, situación sumamente peligrosa para el ejercicio de las libertades en el país.
La pregunta es, ¿cómo controlar a la SCJN si está integrada por once ministros, y solo Morena tiene a la esposa del contratista favorito de Manuel Andrés, Yasmín Esquivel Mossa? Simplemente aumentando el número de ministros. La excusa es crear una Sala Anticorrupción, situación innecesaria que solo demuestra el desconocimiento del Derecho y más aún, del Sistema Nacional Anticorrupción, la realidad es simplemente apoderarse del máximo órgano judicial de nuestro país, lo cual, para muchos equivaldría a un golpe de estado y para muchos más, el ejercicio de una tiranía dictatorial.
Curiosamente el presidente MALO continúa siguiendo al pie de la letra, lo mismo que en su momento realizó Hugo Chávez para restarle autonomía a dicho Poder en ese país hermano y acabar con la democracia.
Primero, para desprestigiar su imagen, dieron a conocer supuestas y millonarias irregularidades en la gestión del Presidente de la Corte anterior, luego el propio presidente del Senado envía una carta al presidente de dicho órgano, proponiendo una serie de reformas para combatir prácticas de corrupción en dicho Poder.
Inclusive señala a varios magistrados y jueces, incluso de nuestro Estado, y además señala prácticas ilegales de un despacho de abogados, que defiende a conocido empresario de polvos mágicos, coludidos estos con varios magistrados, situación cierta y que incluso a mí en lo personal me ha tocado tolerar, pero así como señalan supuestos actos de corrupción debe decirse que la gran mayoría de magistrados y jueces de distrito de todo el Poder Judicial, son gente muy honesta y capaz.
En el caso del señalado magistrado Jorge Figueroa Cacho, estoy seguro que muchos metemos las manos al fuego por él, ya que las acusaciones que se le hacen no son ciertas, máxime que él siempre ha sido miembro de un Tribunal Colegiado en materia civil y pretenden involucrarlo en el otorgamiento de libertad de una persona detenida por homicidio, completamente fuera de su competencia pero además ya ganó el Juicio de Amparo contra las sanciones que injustamente pretendían imponerle y fue restituido en su cargo.
La iniciativa de Morena pretende incorporar cinco ministros más, designados de las ternas que presente MALO, sin embargo ya vimos cómo se burló de los senadores y del pueblo en general, con el nombramiento de los Comisionados del Consejo Regulador de Energía (CRE), y tememos que, sin lugar a dudas, haría lo mismo con el nombramiento de estos nuevos ministros, los cuales llegarían a nuestro máximo tribunal por lealtad al presidente y a su partido político y no por sus altos conocimientos del derecho, honestidad a toda prueba e independencia y capacidad.
Para MALO sería fácil entonces controlar este poder, ya que incorporaría, insisto cinco ministros, pero además próximamente se jubilan dos y ya incorporo a la ministra-contratista, por lo que tendría ocho de quince ministros al menos, ya que actualmente el Pleno de ese órgano está integrado solo por once ministros.
Lo curioso es que los temas que como excusa pretenden endilgarle a la Suprema Corte ya fueron asignados en su competencia a un Tribunal especializado, de conformidad a la reforma Constitucional que dio nacimiento al Sistema Nacional Anticorrupción SNA, por lo que no se justifica en forma alguna, esos debates jurídicos llevarlos, por ningún motivo a la SCJN.
Hay que recordar que las reformas constitucionales que dieron origen al SNA se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015 y el 18 de julio de 2016 se publicaron las leyes secundarias que le dan vida, incluyendo por supuesto una nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa TFJA.
Creo que aunque el SNA es perfectible es un buen entramado formado entre la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dejando los procesos de investigación por faltas graves en manos de la autoridades administrativas y que el proceso sancionador se lleve a cabo por jueces que en forma profesional serían los encargados de valorar las pruebas ofrecidas, resolviendo con total imparcialidad y sentencien si el presunto infractor es o no culpable y le sean impuestas, en su caso, las sanciones aplicables, dejando precisamente a la Suprema Corte, como hasta ahora, los temas de control constitucional que es para lo que fue creado nuestro máximo tribunal.
Esperemos una oposición en ambas Cámaras muy fuerte y unida que impida esta reforma constitucional y que no los vuelvan a chamaquear como en el caso del titular de la Guardia Nacional, ya vimos que el ganso, ahora convertido en gallina ante Trump, no cumple sus ofrecimientos.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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J. SALOMÉ
5 de agosto de 2023 at 16:57
La frente estrecha frente a su quijada de Hécto Alberto Romero Fierro lo evidencia como un individuo perteneciente totalmente a la raza humanoide. Es decir, astucia sin ética, astucia sin moral, astucia sin honestidad, legaloide siempre. Hecho para dañar, hecho para sacar provecho de quien sea.