OPINIÓN
Requiere INE una reforma electoral: Catastrofismo opositor con motivo del plan B
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Hace unos meses, se desechó por no haber alcanzado el apoyo calificado de las cámaras federales, un proyecto de reformas electorales que se denominó Plan A. En esencia, eran modificaciones constitucionales de la mayor trascendencia: disminución de puestos de elección, rediseño del Instituto Nacional Electoral (INE), supresión de los Organismos Electorales Locales (OPLES y Tribunales), eliminación de gastos ordinarios para partidos políticos, etc.
Algunas encuestas sobre ese tema, demostraron que el pueblo era partidario de ellas; pero el andamiaje para realizar cambios a la Constitución, -dos terceras partes de diputados asistentes- entraña el apoyo de los partidos de oposición, los cuales, contrarios a esas ideas -que los tocaba en el ramo de dinero, que reciben gratuitamente por el solo hecho de ser partidos- votaron en contra, por lo que el proyecto se desechó. Así, es que surgió la iniciativa para reformar varias leyes secundarias, y crear una, las cuales, por ser reformas ordinarias, solo necesitan mayoría simple: de esa forma nació el Plan B de reformas electorales, combatido a ultranza por todo opositor al actual gobierno federal.
La reforma electoral en su formato de plan B, ha recibido embates de toda índole, mismos que mañosamente, se hacen constar en la defensa de la democracia, la intocabilidad del INE, la del voto, la libertad de expresión y otras ideas que se han esgrimido recientemente; el efecto es que a la sociedad en general se le ha convulsionado sin mayor razón, ya que ninguno de esos planteamientos ha disminuido ni puesto en riesgo la vida nacional.
Pero la obcecada actitud de los opositores a la administración federal, denominada como la Cuatro T, los ha hecho caer en posiciones de teatral catastrofismo, siendo los más destacados en tal postura, la politóloga Denise Dresser y los aún consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, (Eduardo Huchim, exconsejero electoral, en el Programa Largo Aliento con Sabina Bergman, Canal 14 TV 9-3-023). A esos comentócratas, se les agregan bastantes en los Estados y sobre todo, muchísimos opinólogos insertos en los diarios “nacionales”: para todos ellos, símbolos de la derecha, es un “puñal en el corazón de la democracia”.
Esa forma de actuar, mas que catastrofismo, tiene tintes apocalípticos, como si la aprobación de esas reformas, verificadas con estricto apego a las leyes, fuese a ser el fin del mundo, asegura el distinguido investigador de sociología de la religión, (exconsejero electoral en el Estado de México, Bernardo Barranco) lo cual, desde luego, está lejos de la realidad.
Esos fatalistas, han tejido una red de “falacias sombrías” para pulverizar todo lo que modifique el aparato que regula al Instituto Nacional Electoral, en lo cual incluyen la defensa de su obesa cuanto onerosa burocracia. Impresionan al ciudadano sencillo con el cuento de que el padrón electoral va a estar en manos del gobierno, lo cual es falso, a pesar de que la Constitución establece que la administración federal debe emitir una especie de cédula de identidad: más la desconfianza que se le tuvo al gobierno cuando manejó los comicios, la cual se la ganó a pulso, provocó que ahora, a la credencial emitida por la autoridad electoral, se le dé un valor extraordinario. Los impugnadores le agregan que, por ello (pregonan falsamente que el INE ya no tendrá el manejo del padrón), no habrá certeza en el sufragio, ni en el conteo del voto, y por lo tanto volveremos al tiempo de las trampas electorales, cuando el PRI era amo y señor del quehacer político nacional, lo cual obviamente es una patraña.
Otra crítica es difundir que, con el Plan B, volverá el tiempo de la caída del sistema; pero no dicen lo cierto del proyecto, ahora ya ley, de que busca desde el mismo día, al tiempo de que se da el PREP, se den resultados definitivos, como se hace en muchísimos países democráticos. También falacias de los impugnadores, son que se perdería el voto libre, y que los funcionarios de casilla serán miembros del gobierno; eso no puede ser, pues el organismo electoral continúa vigente manejando este renglón.
Es esencial entender que las elecciones no las hace el INE: este es un aparato burocrático que las organiza, pero quien recibe y cuenta los votos, son los ciudadanos. El Plan B, reduce el presupuesto de la estructura, no tocando para nada el capítulo de los ciudadanos. El fin último -manifiesta Eduardo Huchim- del Plan B es el ahorro, evitar el costo enorme de las elecciones mexicanas, racionalizar aparato y personal del INE: este año, en el cual no hay elecciones federales y muy pocas locales, solo el organismo tiene en números redondos 14 mil millones de pesos y se compone de más de 17 mil empleados, lo cual es descomunal.
Pero todo se agrava porque hay porciones pequeñas -250 o 300 personas- que consumen exagerado presupuesto (recibe cada una, remuneraciones mayores a la del presidente de la república-, mientras que otras fracciones apenas ganan lo indispensable. Ahora bien, al dispendioso gasto del INE, hay que agregar el formidable desembolso del Tribunal Federal Electoral. Y si seguimos por este sendero, se debe tener en cuenta lo que requieren los OPLES (organismos públicos locales electorales) y sus correspondientes tribunales estatales, quedando aún por contemplar los subsidios que se otorga a los partidos políticos, con lo cual el dinero que en el renglón electoral se eroga en el país, es colosal.
Para tener idea de lo anterior, se da el ejemplo del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), que según Bernardo Barranco, exconsejero, en 2006 costó 150 millones de dólares: era como el quinto de América Latina, o sea, un estado mexicano costando más que repúblicas enteras, como Chile por ejemplo.
También aducen los catastrofistas, que, con el multicitado Plan B, se perdería el tener boletas en papel impreso con papel seguridad, infalsificable, más la tinta indeleble para que no haya duplicidad de votantes; en consecuencia, aseguran, regresaría la votación múltiple y cómputos inducidos para favorecer al partido en el gobierno (que lógicamente sería MORENA). Esto es burda mentira, porque ni se eliminan para votar los impresos seguros, ni las tintas indelebles luego de emitir el sufragio. Difundir esta falsía, genera miedo en mucha parte de la sociedad, y lo que pretende la oposición -que es igual a decir “la derecha”-, es ganarse a esos sufragantes potenciales atemorizándolos.
Los miembros del aparato burocrático electoral, están ajenos a la situación socioeconómica del pueblo; sus altos directivos tienen salarios y prestaciones privilegiadas, de tal suerte que su mayor preocupación es no perder esa posición opulenta. Ese fenómeno es propio de todas las burocracias doradas, llámese judicial, partidaria, universitaria, filo gubernamental, etc. Tomemos como ejemplo el caso del señor Edmundo Jacobo Molina, licenciado en filosofía quien increíblemente, con ese currículum, llegó a Director de Capacitación del Instituto Mexicano del Petróleo. (¿?¡! sic).
Para gran sorpresa, en los tiempos del reparto de cargos para cuates y por cuotas de partidos, se le nombró secretario ejecutivo del IFE, antes de ser INE, en 2008, por un periodo de seis años. Como sobrevino la transformación del instituto, de federal a nacional, en 2014 tramposamente (sosteniendo sórdido borrón y cuenta nueva) se le volvió a nombrar por otro período, ahora de siete años, todo con su amigo Lencho Córdova.
Cuando se iba a concluir ese ciclo, en otro maniobrero madruguete, porque estaban por ingresar en abril de 2020 cuatro nuevos consejeros al INE, Córdova fraguó y consumó entre enero-febrero otro nombramiento -avalado por sus alcahuetes consejeros- y así se le alargó, facciosa e impúdicamente, otro período a Jacobo, el cual lo dejaría en tan importante puesto hasta 2026.
Se puede preguntar uno, ¿porqué tanto apego a ese empleo? Pues nada más ni nada menos, que como en el caso de los consejeros del INE y la cauda de asesores que tiene cada uno, disfrutan salarios y prestaciones que ni el presidente de la república percibe, contradiciendo la Constitución que en su artículo 127 precisa que nadie debe ganar en la administración pública más que el primer mandatario.
Edmundo Jacobo nos cuesta a las y los mexicanos 4 millones 105 mil pesos anuales, seguro de vida por 9 millones 840 mil pesos, gastos médicos mayores por un millón 831 mil pesos y otras prestaciones de lujo, como dote matrimonial, marcha individualizada, etc. Todo lo investigó el doctor Ángel Balderas, maestro matemático de la Universidad de Querétaro, y el resumen es el siguiente: las prestaciones del señor Jacobo, envidiables para cualesquier trabajador mexicano, incluyen, además del sueldo mensual ($246,292.00): medidas de protección al salario, $513, mil pesos; fondos y seguros de ahorro para el retiro, $447,000.00; seguro de vida con 40 meses de percepción bruta mensual, 9 millones 840 mil pesos; gastos médicos mayores por 295 salarios mínimos generales mensuales, 1 millón 831 mil pesos al año; seguros a las personas, por 103 mil pesos; también se le da prima vacacional, prima quinquenal, aguinaldo sin deducciones, gastos funerarios e indemnización por fallecimiento; dos períodos vacacionales de 10 días hábiles cada uno, seguro colectivo de retiro y de separación individualizado”.
Con razón señala el antedicho autor, “este tipo de abusos es lo que se defiende cuando se dice “el INE no se toca”. (El Universal de Querétaro, 3-III-2023).
Ahora bien, el caso de Jacobo es doblemente interesante, porque “La Secretaría Ejecutiva es la que administra los recursos del instituto, los recursos humanos y financieros, es la que tiene la chequera […] Lo grave del asunto es que Edmundo Jacobo se está quedando y no se está permitiendo que los nuevos integrantes elijan al siguiente Secretario Ejecutivo y además se le permitió un amparo, aquí hay algo gravísimo, nadie tuvo por qué permitirle un amparo a este hombre […] Lorenzo Córdova ya se va y deja a su operador político al frente de las arcas del instituto”, comentó la diputada Julieta Ramírez.(Sin Embargo, 14-03-2023) la cual, mientras hablaba en la sesión extraordinaria del INE, la semana pasada, era objeto de burlonas muecas tanto de Córdova como de su contlapache Jacobo, reinstalado con bombo y platillo.
Para lograr una genuina reforma electoral, se necesita no estar tan crispado el panorama nacional, pues eso impide se logren acuerdos idóneos. En el momento que transcurre, se ha querido identificar al INE con la democracia, lo cual es falso: jamás una sola institución puede significar todo un sistema democrático. Nunca unos cuantos árboles serán un bosque.
Todo organismo ciudadano, por naturaleza debe integrarse por cuadros -hombres o mujeres- de grandes valores, que siendo reflejo sano de nuestra realidad social, permitan su marcha correcta con perspectivas de superación. Esto debe ser lo que, por ahora, en el proceso de nombrar a cuatro nuevos consejeros del INE, debe imperar. Con un Consejo General en que todos sus integrantes, no solo dos como ahora, participen y sumen esfuerzos, se podrá alcanzar una mejoría en la organización de los comicios, la cual por naturaleza, no puede ya ser tan despilfarrada ni tan protagónicamente sesgada, como lo ha sido hasta hoy.
– Opinión, por Luis Manuel Robles Naya
El reporte de perspectivas económicas del Banco Mundial señala que existen importantes vientos en contra del crecimiento en nuestro país y en el mundo, derivados de tensiones comerciales y mayor incertidumbre política. Nos dice que, las débiles perspectivas limitan la capacidad para crear empleos y reducir la pobreza extrema. Contempla, además, una reducción de la inversión extranjera directa en las economías emergentes y en desarrollo, que agravan estas condiciones adversas.
La sugerencia: Para desbloquear la creación de empleo formal y el crecimiento a largo plazo, las reformas deben centrarse en aumentar la calidad institucional, atraer inversión privada, fortalecer el capital humano y los mercados laborales. Nada de eso se está haciendo.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional ha elevado su pronóstico de crecimiento para México a 1% en 2025, sobre la predicción de abril de este año que fijó en 0.3% debido a que las presiones arancelarias han sido menores de lo previsto y a que espera una recuperación de la economía estadounidense, esto desde el punto de vista macroeconómico. Sin embargo, este jueves, el mismo FMI señala que México registrará el mayor déficit fiscal para un primer año de gobierno en un registro de al menos 4 sexenios y la deuda neta gubernamental será la más alta desde el año 2006.
Para las calificadoras internacionales, la observación sobre el comportamiento de la deuda nacional es un punto de mayor importancia, pues muestra una tendencia creciente amenazando su grado de confianza. Las autoridades hacendarias mexicanas han hecho énfasis en que la deuda es perfectamente manejable y que no representa riesgos; sin embargo, el conjunto de la economía nos indica que puede llegar a niveles inmanejables.
El presupuesto de ingresos presentado al Congreso muestra claramente que el Estado necesita más recursos para superar el déficit que arrastra, estimado por el FMI en 4.9%, un punto porcentual por arriba de la estimación oficial mexicana, y denota que el ingreso dependerá del comportamiento fiscal y al parecer en el siguiente año será el consumo el que sostenga la dinámica económica y el ingreso fiscal.
Para que el gobierno recaude más, debe necesariamente que haber crecimiento y este solo será posible si aumenta la inversión, pero para que esta llegue el capital debe tener confianza y los últimos indicadores publicados por el INEGI demuestran que esta va a la baja tanto en el ámbito empresarial como en el consumidor.
En el noveno mes de este año, el indicador de confianza del consumidor sufrió un revés de 0.53 puntos respecto a septiembre de 2024, nueve caídas en su comparación anual. Por su parte el indicador de confianza empresarial, en términos anuales lleva también nueve caídas, pese a que en septiembre tuvo un avance de 0.11.
Hay reservas para que la inversión fluya y, además, el crédito privado también va a la baja ante la incertidumbre que representa un Poder Judicial más inclinado a la protección social que a la aplicación estricta de la ley.
La recomendación del Banco Mundial no debiera desecharse a la ligera ni desestimarse, el gobierno requiere consolidar sus avances políticos y mantener sus políticas distributivas, pero necesita a la par, incrementar sus ingresos fiscales y esos solo llegan con crecimiento, el cual se inhibe por las reformas que desnivelan el equilibrio entre los factores económicos y el Estado.
Es momento de darse cuenta de que la velocidad con que se implementaron las reformas sociales y políticas necesita una pausa para ordenar el concierto del Estado Mexicano, que no es sólo el gobierno. Con lo hecho, no hay nada que impida la presencia dominante del gobierno en la vida económica nacional y es tiempo de pensar en los límites necesarios para no ahogar a los actores y factores subordinados, sin los cuales las políticas sociales y redistributivas del ingreso no serán posibles.
El crecimiento permanecerá bajo también, si las restricciones al comercio internacional persisten por las barreras arancelarias impuestas en el sexenio anterior, y la incertidumbre política resulta como consecuencia de elecciones poco confiables por el dominio gubernamental de las instituciones electorales. Aunemos a lo anterior, que la inseguridad preocupa a las actividades económicas que requieren algo más que una baja en la tasa de homicidios.
El déficit gubernamental, el pago del servicio de la deuda y la creciente demanda de los programas sociales significan mayor estrés para las finanzas públicas, impedidas hoy de financiar el desarrollo. De no darse las expectativas de recaudación, la deuda seguirá creciendo sin que esos recursos tengan un fin productivo sino asistencial.
Las últimas disposiciones fiscales incrementan los impuestos al consumo y esto eleva los precios y dificulta el control de la inflación. No son buenas señales, pero el gobierno necesita dinero y de algún lado lo habrá de obtener, al menos ahora que no es año electoral.
– Opinión, por Iván Arrazola
El resultado de la elección de 2024 fue, sin duda, sorprendente. Ni siquiera el más optimista de los simpatizantes del oficialismo habría anticipado una victoria con tales dimensiones. Aunque existen distintas interpretaciones sobre si esa supermayoría debió o no alcanzarla Morena y sus aliados, lo cierto es que, con las reglas vigentes, era difícil que el desenlace tuviera otra interpretación.
Desde entonces, el oficialismo ha sabido trabajar de manera cohesionada en la promoción de un amplio paquete de reformas que han transformado la estructura institucional del país. Sin embargo, esa capacidad de articulación abre hoy una nueva interrogante: ¿qué viene después de las reformas? ¿Cómo se sostendrá un modelo basado en la concentración del poder?
Estos cuestionamientos no son menores, las nuevas reglas para la elección del Poder Judicial, lejos de fortalecer la impartición de justicia, introducen incertidumbre y riesgo institucional. La falta de criterios claros, la curva de aprendizaje de los nuevos integrantes y la politización del proceso presagian un deterioro en la eficiencia judicial, un área que ya era objeto de fuertes críticas por parte de la ciudadanía.
A ello se suma la cuestionable selección de perfiles. En muchos casos, la experiencia y el conocimiento jurídico fueron relegados; lo prioritario era garantizar afinidad con el poder. La evidencia más clara de esta manipulación son los llamados “acordeones” que circularon durante el proceso, instrumentos que orientaban el voto hacia determinados candidatos. Este episodio quedará registrado como un ejemplo más de cómo se indujo la voluntad popular en favor de ciertos intereses.
Por otro lado, la reciente aprobación de la nueva Ley de Amparo refuerza la percepción de un gobierno que busca restringir los contrapesos. Al redefinir el concepto de “interés legítimo” y limitar quién puede ampararse frente a decisiones del Estado, el régimen acota la posibilidad de que los ciudadanos se defiendan de los abusos del poder.
Aunque el discurso oficial asegura que se trata de evitar privilegios para los poderosos, en la práctica estas modificaciones restringen el acceso a la justicia de los ciudadanos comunes y pueden utilizarse como herramientas de persecución política.
Frente a este panorama, surge una pregunta inevitable: ¿qué hará el gobierno una vez que haya consumado todas las reformas que se propuso? La última —y quizá la más significativa por su alcance y consecuencias— es la reforma electoral, un proyecto en el que tampoco se vislumbra apertura al diálogo ni posibilidad de acuerdos con la oposición. Todo indica que el oficialismo volverá a recurrir a su mayoría legislativa para imponer los cambios, utilizando la conocida aplanadora parlamentaria que ha caracterizado a este sexenio.
Entre las medidas más polémicas se encuentra la reducción del número de legisladores de representación proporcional, lo que implicaría una merma directa en la pluralidad política y en la representación de las minorías. A ello se suma la intención de modificar la forma de integración del órgano electoral encargado de organizar los comicios, abriendo la puerta a que sus integrantes sean electos bajo un esquema que favorezca la afinidad política con el gobierno.
Más allá de sus justificaciones, las reformas aprobadas se han impuesto sin los consensos mínimos con la oposición. El uso de la mayoría legislativa para aprobar transformaciones estructurales tiene un costo político: la falta de legitimidad y la erosión de la confianza institucional. La llamada “mayoría artificial” que permitió al oficialismo avanzar en su agenda ha sido cuestionada incluso por actores que reconocen la validez formal de las elecciones, pero advierten sobre el debilitamiento de los equilibrios democráticos.
Particularmente grave es el caso del Poder Judicial. La selección de ministros mediante mecanismos tan poco transparentes resta legitimidad a quienes asumen el cargo. Además, el proceso de aprobación estuvo acompañado de prácticas reprobables: en el caso de la reforma judicial, legisladores opositores fueron presionados para ausentarse de las sesiones, otros cooptados a cambio de impunidad.
En este escenario, un futuro gobierno de signo distinto podría cuestionar la legitimidad de las instituciones y de las decisiones surgidas bajo estas condiciones. Incluso podría llegar a desconocer resoluciones judiciales, alegando que provienen de un poder constituido de manera irregular. De ocurrir, México enfrentaría una crisis institucional de gran magnitud.
El oficialismo parece no advertir que ningún poder es eterno. Las decisiones tomadas sin diálogo, sin contrapesos y sin respeto a la pluralidad tienden a revertirse con el tiempo. En una democracia, las reformas requieren negociación, gradualidad y legitimidad; cuando se imponen, generan resistencias y, tarde o temprano, serán revisadas o anuladas.
Por ello, al régimen actual le convendría construir puentes con la oposición con la que se han negado a negociar. De lo contrario, las mismas reformas que hoy consolidan su poder podrían convertirse mañana en el origen de su desgaste político y en el punto de partida de una nueva etapa de cambios.
– Opinión, por Gerardo Rico
Con la promesa que el próximo 27 de octubre tendrán respuesta oficial a sus peticiones de aumento al precio de la tonelada de maíz, a 7 mil 200 pesos por tonelada, productores de este grano en Jalisco y diferentes Estados de la República advirtieron que de no obtener respuesta favorable bloquearán nuevamente las carreteras del país.
“Ahora que China dejó de comprar maíz a Estados Unidos, este país quiere acomodar su producción a cómo dé lugar en México y en todo el mundo. De ahí que es notorio el incremento de importación de maíz en los últimos años y eso no nos favorece a los productores mexicanos”, señala René Beas, veterano dirigente y luchador social del agro en Jalisco, con quien conversé sobre el tema. Advierte que si no hay respuestas favorables en la fecha acordada con la Secretaría de Gobernación, además de carreteras, podrían bloquear el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
Los productores de maíz en México enfrentan problemas graves como el cambio climático -sequías e inundaciones-, el aumento de los costos de producción -insumos como fertilizantes y combustible-, la competencia desleal del maíz importado y la falta de apoyos gubernamentales efectivos para la productividad, incluyendo la desaparición de programas de financiamiento y comercialización.
Estas dificultades originaron una caída en la producción nacional, obligando a los agricultores a enfrentar precios bajos, bajos rendimientos y, en muchos casos, a abandonar sus actividades. El impacto limitado de programas claves para el apoyo al campo es uno de los factores que merman cada vez más la producción de alimentos en México, al grado de que para este 2025, especialistas prevén que se obtengan las peores cosechas, con niveles de emergencia en granos, especialmente los que son históricamente más consumidos por los mexicanos.
En 2018, la producción de maíz en México fue de aproximadamente 27.1 millones de toneladas, según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Esta cifra representa un descenso con respecto a años anteriores, pero fue el punto de partida para un periodo de baja en la producción en los años recientes. Para el 2024, apenas llegó a poco más de 23.6 millones de toneladas. Y la tendencia sigue a la baja.
“En los últimos 10 años, México pasó de ser el cuarto productor a nivel mundial, a ser el séptimo; además, para el 2025 seremos el importador más grande en cuanto a maíz se refiere”, advierten especialistas del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). Y sí, entre enero y agosto de este año se registró una compra acumulada récord de este grano básico para la población mexicana, tanto en volumen como en valor, revelan datos oficiales.
Cifras de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), recopilados por el GCMA, confirmaron que en los primeros ocho meses del año se han importado 16 millones 800 mil toneladas de maíz, cifra sin precedente para un periodo similar y 0.8 % superior a las 16 millones 200 mil toneladas de un año antes.
En lo que se refiere a valor, las compras internacionales de maíz, principalmente amarillo y transgénico desde Estados Unidos, representaron un desembolso de 3 mil 573 millones de dólares, 2.4 por ciento más en comparación con los 3 mil 488 millones de dólares de igual lapso de 2024.
AY JALISCO…
Jalisco produjo poco más de 3 millones 945 toneladas de maíz grano, según datos recientes, adicionalmente es el principal productor nacional de maíz forrajero -destinado al consumo animal-, con aproximadamente 4 millones de toneladas en 2024. René Beas considera que más del 90% de productores maiceros en nuestro Estado están en números rojos, “cada vez se paga menos por cada tonelada de maíz que se produce”.
“A nosotros los productores nos quieren pagar por debajo de los cinco mil pesos la tonelada, teniendo costos por arriba de 50 mil y rendimientos por debajo de ocho toneladas. Con el comienzo de importar maíz transgénico, estamos destinados al fracaso”, precisa.
Pero aquí se presenta otro fenómeno: tan solo el año pasado se tiene registro que el 30% de los agricultores de maíz en Jalisco dejaron de sembrarlo para plantar agave y otros cultivos. El problema que enfrentan miles de productores maiceros en Jalisco y a nivel nacional desafortunadamente tiende a empeorar con el riesgo de incremento a la importación de maíz transgénico en el marco de las negociaciones que vienen del T-MEC.
No existe un número exacto de productores de maíz en nuestro Estado, pero se estima que hay alrededor de 19 mil ,657 unidades de producción agropecuaria, de las cuales un porcentaje significativo se dedica al cultivo de maíz.
La producción de maíz es muy importante en México por su importancia alimentaria, es la base de la dieta nacional y de más de 600 platillos tradicionales como tortillas, tamales y atole. “Es muy fácil de resolver, si las grandes empresas acaparadoras de maíz en México otorgan un peso de subsidio por tonelada y los gobiernos estatal y federal 50 centavos cada uno, le aseguro que se acaba el problema de miles de maiceros”, precisa Renés Beas.
– Conciencia en la Cultura, por Luis Ignacio Arias
En el marco del 4to Coloquio de Escritoras se rindió homenaje a la doctora Dulce María Zúñiga por su trayectoria como escritora, ensayista, promotora cultural, docente y directiva, pero sobre todo como traductora, su gran pasión.
Gracias a esta faceta ha recorrido el mundo y ha tenido contacto con escritores e investigadores como el Nobel de Literatura 2025 László Krasznahorkai, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, José Saramago y Tzvetan Todorov; pero, sobre todo, se ha convertido en la traductora del escritor italiano Ítalo Calvino, su mayor influencia e inspiración.
La ceremonia se realizó en la Biblioteca Octavio Paz y fue presidida por Ruth Escamilla Monroy, jefa del área de Lengua y Literatura de la Secretaría de Cultura Jalisco, acompañada de Carmen Villoro, escritora y directora de la biblioteca. Villoro recordó que “entre la traducción y la traición hay una línea muy delgada, ya que los traductores caminan por las líneas de una novela infinita”, corriendo el riesgo de perderse y traicionar la obra original. En el caso de la doctora Zúñiga ha sabido adaptar a nuestro idioma lo que el autor plasmó en su lengua. Tras la intervención de ambas presentadoras, fue turno de la homenajeada para tomar la palabra.
Nacida en Culiacán, Sinaloa, Dulce María comentó: “yo me escudo detrás de que como no sé escribir ficción, pues escribo crítica o traduzco lo que los otros escriben, pero es una labor modesta, muy modesta, pero a la vez es algo que impulsa y mueve y trae a esta lengua a otros autores”. Posteriormente, recordó su paso por la Biblioteca Octavio Paz como administradora bajo la dirección del escritor Fernando del Paso “nunca he vuelto a tener un jefe como él”.
Sobre su infancia, la doctora comentó: “no podría decir cuándo decidí dedicarme a escribir literatura… en mi casa había libros, pero de esoterismo y ciencias ocultas, pero no de literatura”. Su madre, doña Paulina, decidió mudar a la familia a Guadalajara, y en una casa de la calle España, en la Colonia Moderna, fue donde encontró una edición de La Celestina, de ella recuerda “No entendí casi nada, lo confieso y lo recuerdo; sin embargo, me gustó la sensación de estar conectada con una voz lejana que narraba algo y me obligaba a imaginar espacios y personajes que se concretaban para mí en esos momentos de soledad frente al libro”.
Potenciado por su carácter tímido, que le dificultaba relacionarse con las personas, incluso con su familia, encontró en la lectura el refugio y una vocación. En 1980, al terminar la preparatoria, viajó a Montpellier, Francia, para estudiar en la Universidad Paul Valéry, donde cursó la licenciatura, maestría y especialización en Estudios de Lenguas Romances.
Ahí conoció al escritor Franc Ducros, quien, además de ser su director de tesis del doctorado, se convirtió en su amigo entrañable. Gracias a esta amistad, Ducros viajaba cada año a Guadalajara para dar conferencias sobre diversos temas. Fruto de estas conferencias nació el libro Claves poéticas de la Divina Comedia, traducido por la doctora Zúñiga.
Sobre su etapa en Montpellier Dulce María recuerda “en Francia aprendí a leer con método y a analizar textos con bases teóricas” lo que le permitió, a su regreso a Guadalajara, ingresar como docente en la Universidad de Guadalajara y, años después, al Centro de Estudios Literarios de la Facultad de Filosofía y Letras como investigadora.
De Ítalo Calvino se ha traducido: Cartas a Chichita 1962-1963, así como He nacido en América, un optimista en América y Marcovaldo. Aunque no pudo conocer al escritor en vida, formó una amistad con Esther Judith Singer, conocida como Chichita Calvino, viuda del escritor. La relación inició cuando Chichita leyó la traducción de Cartas a Chichita, la cual consideró la mejor traducción que se ha hecho de la obra del escritor italiano. Así fue como Chichita la invitó a traducir los siguientes libros de Calvino en la editorial española Siruela.
A lo largo de su trayectoria ha coincidido con autores tan diversos como Todorov, Umberto Eco, José Saramago, László Krasznahorkai y Luisa Valenzuela. Con ellos y con todos los autores que admira no habla de literatura, sino de las cosas sencillas de la vida.
Amante de su trabajo, con 39 años en la UdeG, actualmente es rectora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, coordinadora de la Cátedra Julio Cortázar y de la Cátedra Primo Levi además de directora de la asociación civil que entrega el Premio FIL de literatura en lenguas romances.
Para finalizar agradeció a su esposo, a sus hijas e hijo, su familia y sus nietas, pero sobre todo a su madre, Doña Paulina, en el momento más emotivo de la noche, donde sus emociones se escaparon no a través de sus palabras, sino en su voz entrecortada, a la cual no le permitió romperse, pero que dejó muestra de pertenecer a una mujer de familia, que ama y crea.
Este coloquio se lleva a cabo en el marco del Día de las Escritoras, que se celebra el lunes más cercano al 15 de octubre, fecha que coincide con la festividad de Santa Teresa de Jesús, considerada una de las grandes autoras de la literatura mística y espiritual en lengua española.
Esta conmemoración surgió como iniciativa de la Biblioteca Nacional de España y otras instituciones para visibilizar y compensar la discriminación histórica de las mujeres en la literatura. Desde 2022, la Secretaría de Cultura de Jalisco se unió a este movimiento.
