OPINIÓN
Requiere INE una reforma electoral: Catastrofismo opositor con motivo del plan B

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Hace unos meses, se desechó por no haber alcanzado el apoyo calificado de las cámaras federales, un proyecto de reformas electorales que se denominó Plan A. En esencia, eran modificaciones constitucionales de la mayor trascendencia: disminución de puestos de elección, rediseño del Instituto Nacional Electoral (INE), supresión de los Organismos Electorales Locales (OPLES y Tribunales), eliminación de gastos ordinarios para partidos políticos, etc.
Algunas encuestas sobre ese tema, demostraron que el pueblo era partidario de ellas; pero el andamiaje para realizar cambios a la Constitución, -dos terceras partes de diputados asistentes- entraña el apoyo de los partidos de oposición, los cuales, contrarios a esas ideas -que los tocaba en el ramo de dinero, que reciben gratuitamente por el solo hecho de ser partidos- votaron en contra, por lo que el proyecto se desechó. Así, es que surgió la iniciativa para reformar varias leyes secundarias, y crear una, las cuales, por ser reformas ordinarias, solo necesitan mayoría simple: de esa forma nació el Plan B de reformas electorales, combatido a ultranza por todo opositor al actual gobierno federal.
La reforma electoral en su formato de plan B, ha recibido embates de toda índole, mismos que mañosamente, se hacen constar en la defensa de la democracia, la intocabilidad del INE, la del voto, la libertad de expresión y otras ideas que se han esgrimido recientemente; el efecto es que a la sociedad en general se le ha convulsionado sin mayor razón, ya que ninguno de esos planteamientos ha disminuido ni puesto en riesgo la vida nacional.
Pero la obcecada actitud de los opositores a la administración federal, denominada como la Cuatro T, los ha hecho caer en posiciones de teatral catastrofismo, siendo los más destacados en tal postura, la politóloga Denise Dresser y los aún consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, (Eduardo Huchim, exconsejero electoral, en el Programa Largo Aliento con Sabina Bergman, Canal 14 TV 9-3-023). A esos comentócratas, se les agregan bastantes en los Estados y sobre todo, muchísimos opinólogos insertos en los diarios “nacionales”: para todos ellos, símbolos de la derecha, es un “puñal en el corazón de la democracia”.
Esa forma de actuar, mas que catastrofismo, tiene tintes apocalípticos, como si la aprobación de esas reformas, verificadas con estricto apego a las leyes, fuese a ser el fin del mundo, asegura el distinguido investigador de sociología de la religión, (exconsejero electoral en el Estado de México, Bernardo Barranco) lo cual, desde luego, está lejos de la realidad.
Esos fatalistas, han tejido una red de “falacias sombrías” para pulverizar todo lo que modifique el aparato que regula al Instituto Nacional Electoral, en lo cual incluyen la defensa de su obesa cuanto onerosa burocracia. Impresionan al ciudadano sencillo con el cuento de que el padrón electoral va a estar en manos del gobierno, lo cual es falso, a pesar de que la Constitución establece que la administración federal debe emitir una especie de cédula de identidad: más la desconfianza que se le tuvo al gobierno cuando manejó los comicios, la cual se la ganó a pulso, provocó que ahora, a la credencial emitida por la autoridad electoral, se le dé un valor extraordinario. Los impugnadores le agregan que, por ello (pregonan falsamente que el INE ya no tendrá el manejo del padrón), no habrá certeza en el sufragio, ni en el conteo del voto, y por lo tanto volveremos al tiempo de las trampas electorales, cuando el PRI era amo y señor del quehacer político nacional, lo cual obviamente es una patraña.
Otra crítica es difundir que, con el Plan B, volverá el tiempo de la caída del sistema; pero no dicen lo cierto del proyecto, ahora ya ley, de que busca desde el mismo día, al tiempo de que se da el PREP, se den resultados definitivos, como se hace en muchísimos países democráticos. También falacias de los impugnadores, son que se perdería el voto libre, y que los funcionarios de casilla serán miembros del gobierno; eso no puede ser, pues el organismo electoral continúa vigente manejando este renglón.
Es esencial entender que las elecciones no las hace el INE: este es un aparato burocrático que las organiza, pero quien recibe y cuenta los votos, son los ciudadanos. El Plan B, reduce el presupuesto de la estructura, no tocando para nada el capítulo de los ciudadanos. El fin último -manifiesta Eduardo Huchim- del Plan B es el ahorro, evitar el costo enorme de las elecciones mexicanas, racionalizar aparato y personal del INE: este año, en el cual no hay elecciones federales y muy pocas locales, solo el organismo tiene en números redondos 14 mil millones de pesos y se compone de más de 17 mil empleados, lo cual es descomunal.
Pero todo se agrava porque hay porciones pequeñas -250 o 300 personas- que consumen exagerado presupuesto (recibe cada una, remuneraciones mayores a la del presidente de la república-, mientras que otras fracciones apenas ganan lo indispensable. Ahora bien, al dispendioso gasto del INE, hay que agregar el formidable desembolso del Tribunal Federal Electoral. Y si seguimos por este sendero, se debe tener en cuenta lo que requieren los OPLES (organismos públicos locales electorales) y sus correspondientes tribunales estatales, quedando aún por contemplar los subsidios que se otorga a los partidos políticos, con lo cual el dinero que en el renglón electoral se eroga en el país, es colosal.
Para tener idea de lo anterior, se da el ejemplo del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), que según Bernardo Barranco, exconsejero, en 2006 costó 150 millones de dólares: era como el quinto de América Latina, o sea, un estado mexicano costando más que repúblicas enteras, como Chile por ejemplo.
También aducen los catastrofistas, que, con el multicitado Plan B, se perdería el tener boletas en papel impreso con papel seguridad, infalsificable, más la tinta indeleble para que no haya duplicidad de votantes; en consecuencia, aseguran, regresaría la votación múltiple y cómputos inducidos para favorecer al partido en el gobierno (que lógicamente sería MORENA). Esto es burda mentira, porque ni se eliminan para votar los impresos seguros, ni las tintas indelebles luego de emitir el sufragio. Difundir esta falsía, genera miedo en mucha parte de la sociedad, y lo que pretende la oposición -que es igual a decir “la derecha”-, es ganarse a esos sufragantes potenciales atemorizándolos.
Los miembros del aparato burocrático electoral, están ajenos a la situación socioeconómica del pueblo; sus altos directivos tienen salarios y prestaciones privilegiadas, de tal suerte que su mayor preocupación es no perder esa posición opulenta. Ese fenómeno es propio de todas las burocracias doradas, llámese judicial, partidaria, universitaria, filo gubernamental, etc. Tomemos como ejemplo el caso del señor Edmundo Jacobo Molina, licenciado en filosofía quien increíblemente, con ese currículum, llegó a Director de Capacitación del Instituto Mexicano del Petróleo. (¿?¡! sic).
Para gran sorpresa, en los tiempos del reparto de cargos para cuates y por cuotas de partidos, se le nombró secretario ejecutivo del IFE, antes de ser INE, en 2008, por un periodo de seis años. Como sobrevino la transformación del instituto, de federal a nacional, en 2014 tramposamente (sosteniendo sórdido borrón y cuenta nueva) se le volvió a nombrar por otro período, ahora de siete años, todo con su amigo Lencho Córdova.
Cuando se iba a concluir ese ciclo, en otro maniobrero madruguete, porque estaban por ingresar en abril de 2020 cuatro nuevos consejeros al INE, Córdova fraguó y consumó entre enero-febrero otro nombramiento -avalado por sus alcahuetes consejeros- y así se le alargó, facciosa e impúdicamente, otro período a Jacobo, el cual lo dejaría en tan importante puesto hasta 2026.
Se puede preguntar uno, ¿porqué tanto apego a ese empleo? Pues nada más ni nada menos, que como en el caso de los consejeros del INE y la cauda de asesores que tiene cada uno, disfrutan salarios y prestaciones que ni el presidente de la república percibe, contradiciendo la Constitución que en su artículo 127 precisa que nadie debe ganar en la administración pública más que el primer mandatario.
Edmundo Jacobo nos cuesta a las y los mexicanos 4 millones 105 mil pesos anuales, seguro de vida por 9 millones 840 mil pesos, gastos médicos mayores por un millón 831 mil pesos y otras prestaciones de lujo, como dote matrimonial, marcha individualizada, etc. Todo lo investigó el doctor Ángel Balderas, maestro matemático de la Universidad de Querétaro, y el resumen es el siguiente: las prestaciones del señor Jacobo, envidiables para cualesquier trabajador mexicano, incluyen, además del sueldo mensual ($246,292.00): medidas de protección al salario, $513, mil pesos; fondos y seguros de ahorro para el retiro, $447,000.00; seguro de vida con 40 meses de percepción bruta mensual, 9 millones 840 mil pesos; gastos médicos mayores por 295 salarios mínimos generales mensuales, 1 millón 831 mil pesos al año; seguros a las personas, por 103 mil pesos; también se le da prima vacacional, prima quinquenal, aguinaldo sin deducciones, gastos funerarios e indemnización por fallecimiento; dos períodos vacacionales de 10 días hábiles cada uno, seguro colectivo de retiro y de separación individualizado”.
Con razón señala el antedicho autor, “este tipo de abusos es lo que se defiende cuando se dice “el INE no se toca”. (El Universal de Querétaro, 3-III-2023).
Ahora bien, el caso de Jacobo es doblemente interesante, porque “La Secretaría Ejecutiva es la que administra los recursos del instituto, los recursos humanos y financieros, es la que tiene la chequera […] Lo grave del asunto es que Edmundo Jacobo se está quedando y no se está permitiendo que los nuevos integrantes elijan al siguiente Secretario Ejecutivo y además se le permitió un amparo, aquí hay algo gravísimo, nadie tuvo por qué permitirle un amparo a este hombre […] Lorenzo Córdova ya se va y deja a su operador político al frente de las arcas del instituto”, comentó la diputada Julieta Ramírez.(Sin Embargo, 14-03-2023) la cual, mientras hablaba en la sesión extraordinaria del INE, la semana pasada, era objeto de burlonas muecas tanto de Córdova como de su contlapache Jacobo, reinstalado con bombo y platillo.
Para lograr una genuina reforma electoral, se necesita no estar tan crispado el panorama nacional, pues eso impide se logren acuerdos idóneos. En el momento que transcurre, se ha querido identificar al INE con la democracia, lo cual es falso: jamás una sola institución puede significar todo un sistema democrático. Nunca unos cuantos árboles serán un bosque.
Todo organismo ciudadano, por naturaleza debe integrarse por cuadros -hombres o mujeres- de grandes valores, que siendo reflejo sano de nuestra realidad social, permitan su marcha correcta con perspectivas de superación. Esto debe ser lo que, por ahora, en el proceso de nombrar a cuatro nuevos consejeros del INE, debe imperar. Con un Consejo General en que todos sus integrantes, no solo dos como ahora, participen y sumen esfuerzos, se podrá alcanzar una mejoría en la organización de los comicios, la cual por naturaleza, no puede ya ser tan despilfarrada ni tan protagónicamente sesgada, como lo ha sido hasta hoy.
JALISCO
Elección del Poder Judicial: Democracia o fachada

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Tras meses de polarización, el 1 de junio de 2025 México elegirá, por primera vez, 881 cargos judiciales, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte, mediante seis boletas y sin campañas mediáticas intensas. La participación ciudadana, limitada por la complejidad del proceso y el desconocimiento general, difícilmente superará el 20 % del padrón electoral.
Morena domina el proceso, respaldando a candidatos afines, especialmente para ministros, así como para el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral, prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, jueces y magistrados buscan alianzas con sindicatos y organizaciones civiles, en un proceso que despierta dudas sobre su verdadera independencia.
La elección del 1 de junio promete democratizar el Poder Judicial, pero se tambalea en un laberinto de confusión. Elegir entre 2,682 y 881 cargos mediante seis boletas por votante es una hazaña titánica. Sin financiamiento público ni respaldo partidista, las campañas son prácticamente invisibles: los y las aspirantes son poco conocidos.
El desconocimiento del rol del Poder Judicial, sumado a una educación cívica prácticamente inexistente, augura apatía. ¿Democracia o fachada? Morena apuesta por controlar la justicia, mientras los ciudadanos, desorientados, podrían quedarse al margen.
La falta de financiamiento público para campañas y la prohibición de que los partidos promuevan candidatos limitan la difusión de plataformas, lo que podría generar aún más confusión o desinterés entre los votantes.
La legitimidad del nuevo Poder Judicial Federal dependerá de la participación ciudadana en la elección del 1 de junio de 2025.
Estimaciones generales de participación
A diferencia de elecciones previas, en esta ocasión no existen encuestas específicas de opinión pública que detallen con precisión el porcentaje de participación esperado. Sin embargo, diversas fuentes ofrecen estimaciones.
Se espera una participación de entre el 8 % y el 24 % del padrón electoral (95-98 millones de votantes), según proyecciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y de analistas independientes.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, estimó una participación de entre 8 % y 15 %, considerando la reducción en el número de casillas (85,000 frente a 170,000 en 2024) y la ausencia de conteo de votos en las mismas, lo que podría desincentivar a los votantes.
Pronósticos optimistas
Morena y sus aliados proyectan hasta 20 millones de votos, equivalente al 20-21 % del padrón. Operadores políticos del partido promueven en todo el país lo que han llamado una “elección ejemplar”, aprovechando su supermayoría en la Cámara de Diputados y la popularidad de Claudia Sheinbaum (80 % de aprobación, Pew Research, febrero-marzo de 2025).
La movilización de bases, sindicatos y organizaciones afines podría acercar la participación al 20-25 %, aunque sin alcanzar los niveles de la elección presidencial de 2024 (61.05 %, es decir, 60 millones de votantes).
La consultora Poder y Estrategia, citada en redes, estima una participación del 20 %, reflejo de un escenario en el que el entusiasmo por la “democratización” judicial y el respaldo a Morena impulsen a sus votantes leales, pese a la complejidad del proceso.
Pronósticos pesimistas
Analistas independientes sugieren que la participación podría caer al 10-15 % si únicamente votan los ciudadanos más informados o movilizados, dadas el desconocimiento sobre el Poder Judicial y la falta de campañas visibles.
Algunos escenarios extremos mencionan estimaciones aún más bajas por estado (Mass Behavior Research) o incluso un 9 %, si se cumple el pronóstico de abstención del 91 % elaborado por Appting Corp. Estos reflejan un escepticismo profundo, alimentado por la desconfianza en el voto tras eventos políticos recientes y la complejidad logística del proceso.
INE y WOLA: La estimación más baja del INE (8 %) coincide con las advertencias de la Washington Office on Latin America (WOLA), que alerta sobre la confusión entre funciones judiciales y persecutorias, lo cual refuerza un escenario pesimista donde la apatía y la falta de educación cívica podrían limitar la participación a un mínimo histórico.
Según WOLA, la participación en esta elección podría situarse entre el 8 % y el 15 %, de acuerdo con su análisis del 12 de mayo de 2025. La organización destaca la complejidad de las boletas, la falta de campañas financiadas, la exclusión de personas en prisión preventiva y la ausencia de conteo en casillas como factores clave que reducirán la afluencia.
Ambos pronósticos coinciden en señalar una participación limitada, influida por la falta de educación cívica, la logística reducida y la percepción de politización del proceso. No obstante, Morena espera alcanzar un 20-25 % con su estrategia de movilización.
Reflexión final
Este 1 de junio, México enfrenta un dilema: ¿puede una elección judicial, envuelta en confusión y dominada por Morena, ser el faro de la democracia que promete? Con proyecciones de apenas 8-24 % de participación, según el INE y WOLA, el riesgo es claro: un Poder Judicial legitimado por pocos podría convertirse en un apéndice del poder político. La apatía ciudadana, alimentada por boletas laberínticas y campañas invisibles, amenaza con ceder la justicia a los designios del partido en el poder.
La historia nos juzgará por lo que hagamos —o dejemos de hacer— este domingo. Si los ciudadanos, desorientados, optan por el silencio, Morena tendrá vía libre para moldear la Suprema Corte y los tribunales a su imagen. Pero si despertamos, si exigimos claridad y participación, aún podemos rescatar la independencia judicial. El voto, aunque titánico, es nuestra última trinchera.
¿Democratización o sumisión? La respuesta está en nuestras manos.
Beisbol
Brilla Alejandro Osuna en su debut con Rangers y semana de oro para Muñoz y Paredes

Deporte Rey, por Gabriel Ibarra Bourjac //
En el diamante de las Grandes Ligas, donde los sueños se forjan a golpe de recta y batazo, dos mexicanos han izado la bandera tricolor con una semana para la historia. Del 19 al 25 de mayo de 2025, Andrés Muñoz e Isaac Paredes no solo brillaron; incendiaron el escenario con actuaciones que resuenan desde Seattle hasta Los Mochis y Hermosillo.
Pero, ¿es este fulgor un destello aislado o el amanecer de una nueva era para el béisbol azteca?
Andrés Muñoz, el sinaloense de 26 años, se ha convertido en el guardián implacable de los Marineros de Seattle. Esta semana, sumó su 17º salvamento de la temporada, consolidándose como líder de la MLB en rescates. Con una efectividad de 0.00 en 22.2 entradas y 28 ponches, su recta de 100 millas y slider quirúrgico son un martirio para los bateadores. Contra los Angels el 22 de mayo, cerró la novena con tres outs fulminantes, asegurando una victoria 3-2.
Por su parte, Isaac Paredes, el orgullo del barrio de La Mosca en Hermosillo, de 26 años, desató una tempestad ofensiva con los Astros de Houston. En una semana de ensueño, conectó cuatro jonrones, elevando su total a 11 en la temporada. Con un promedio de .285, 7 dobles, 1 triple y 31 impulsadas, Paredes es el corazón de la alineación texana. Su versatilidad en la tercera base y su ojo clínico para el pitcheo lo confirman como un All-Star en potencia.
El clímax llegó el 24 de mayo, cuando Muñoz y Paredes se enfrentaron en un duelo épico en el T-Mobile Park. Con los Marineros liderando 4-3 en la novena, Paredes enfrentó a Muñoz. Tras una recta de 98 millas, Isaac conectó una línea que Randy Arozarena atrapó, sellando el salvamento de Muñoz. Este choque, con 25,000 gargantas conteniendo el aliento, fue más que un turno al bat; fue un himno al talento mexicano, con Arozarena como testigo de un tridente azteca en el escenario mayor.
Pero no todo es euforia. Mientras Muñoz y Paredes brillan, el béisbol mexicano enfrenta sombras. La Liga Mexicana carece de reflectores, y talentos como Alejandro Kirk, con un jonrón esta semana para los Blue Jays, apenas se mencionan. ¿Por qué celebramos a unos y olvidamos a otros? La falta de apoyo estructural y la dependencia de la MLB para visibilizar a nuestros peloteros son grietas que no podemos ignorar. Muñoz y Paredes, que jugaron juntos en un mundial infantil en 2009, son excepciones forjadas en el sacrificio, no productos de un sistema.
Esta semana, México vibró con sus hazañas. Muñoz, el cerrojo indomable; Paredes, el cañonero incansable. Son más que atletas: son espejos de un país que sueña grande. Pero su brillo nos interpela: ¿cuándo construiremos un béisbol propio que no dependa de las luces de la MLB? Por ahora, celebremos. El diamante es suyo, y el orgullo, nuestro.
EL DEBUT DE ALEJANDRO OSUNA
El pasado domingo 25 de mayo de 2025, Alejandro Osuna, jardinero mexicano de 22 años, debutó en la MLB con los Texas Rangers, venciendo 5-4 a los Chicago White Sox en el Guaranteed Rate Field.
Osuna, prospecto número 7 de los Rangers, fue convocado desde Triple-A Round Rock tras la fractura de Joc Pederson el 24 de mayo. Nacido en Ahome, Sinaloa, y hermano de Roberto Osuna, firmó en 2020 por $125,000. En 2024, fue Jugador del Año de Ligas Menores de los Rangers, bateando .292 con 18 jonrones. En 2025, bateó .283 en Double-A Frisco y .259 en Triple-A, con 9 bases por bolas en 8 juegos.
En su primer turno al bat, Osuna negoció una base por bolas tras un conteo completo de 8 o 9 lanzamientos, demostrando gran disciplina en el plato, luego fue sorprendido intentando robar segunda base. En turnos posteriores, no conectó hit, pero su enfoque en el plato fue destacado como prometedor.
A la defensiva: Osuna brilló con una atrapada espectacular en el jardín izquierdo, calificada como “joya defensiva” por @Liga_Arco y “tremenda” por @MLB_Mexico. Videos compartidos en X mostraron su habilidad para cubrir terreno y hacer jugadas clave, consolidándolo como un defensor versátil.
El debut entusiasmó a México, con Excélsior celebrándolo. Comparado con Alex Verdugo por su contacto y velocidad (34 robos en 2024), Osuna es un “table-setter” para los Rangers (25-28 en la División Oeste). Su rol es incierto, posiblemente alternando en los jardines, pero podría descansar contra zurdos (.594 OPS en 2024). Scouts lo ven como futuro jardinero central si mejora su consistencia.
Junto a Andrés Muñoz (17 salvamentos) e Isaac Paredes (11 jonrones), Osuna resalta el auge mexicano en la MLB.
JALISCO
Ecos de un viejo conflicto: Entre banquetas y autonomía, el presupuesto como arma política

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
En Jalisco, el conflicto por el presupuesto universitario no es nuevo. Lo que sí ha cambiado es la escena, los personajes y, acaso, el tono. La guerra fría entre Casa Jalisco y la Universidad de Guadalajara vuelve a calentar motores, esta vez bajo la batuta del gobernador Pablo Lemus Navarro y la recién llegada rectora general Karla Planter Pérez, la primera mujer que asume el timón de la máxima casa de estudios jalisciense.
La historia, aunque adornada de discursos de buena voluntad, tiene más fondo que forma. Durante la ceremonia de toma de protesta de Planter, Lemus se desvivió en promesas de respeto, trabajo conjunto y coordinación institucional. Pero como bien sabemos quiénes hemos narrado los entretelones del poder: las palabras del político valen lo que el siguiente boletín.
Apenas semanas después de aquel acto solemne, Lemus propone —como quien sugiere pintar la fachada ajena— que parte del presupuesto de la Universidad se destine a iluminar banquetas, podar árboles, poner señalética y mejorar calles. ¿La razón? Blindar los “Senderos Seguros” para los estudiantes. Una propuesta tan cándida como impertinente. Porque más allá del ropaje técnico, lo que se plantea en el fondo es simple: que la Universidad financie tareas que le corresponden al Estado. Y eso, señoras y señores, tiene nombre y apellido: intervención indebida.
Pero la Universidad no se quedó callada, ni lo hará. No la de Guadalajara, con su vieja escuela forjada entre golpes presupuestales y roces ideológicos. La rectora Planter —con voz firme y pausada, pero con la precisión de quien ha leído la Ley Universitaria más de una vez— puso las cosas en su lugar: “La única instancia que decide y define el destino de los recursos de la Universidad de Guadalajara es el Consejo General Universitario, nadie más”. Punto.
A esa declaración se sumó un comunicado institucional -no sería la UdeG si sus liderazgos no desperdiciaran el presupuesto universitario en desplegados que nadie lee, pero que permiten a los abajo firmantes ver su nombre en el listado y sentirse destacados-, en el que se recuerda que la seguridad pública no es función de una casa de estudios.
Que no tiene facultades policiacas ni de mejoramiento urbano. Que su labor es publicar desplegados, educar, investigar y formar personas íntegras. Y que, aun así, ha invertido más de mil 089 millones de pesos en seguridad interna desde 2013, aunque no explican si eso incluye el pago de seguridad privada en instalaciones y eventos que, beneficia a un exfuncionario público.
En los hechos, lo que pretende Karla Planter es marcar límites, trazar una línea en la arena que dice: hasta aquí llega el Ejecutivo, y de aquí para adentro manda la autonomía universitaria. Y esa postura, tan necesaria para el grupo Universidad como incómoda para la rectora, parece haber irritado al gobernador, quien salió en medios a declarar que le “extraña” la molestia.
El desencuentro no es menor. Lo que se disputa no son solo luminarias o banquetas, sino el principio mismo de la autonomía universitaria frente al poder político. La historia nos ha mostrado —en Jalisco y fuera de él— que los gobernantes suelen querer rectores obedientes, no críticos; instituciones agradecidas, no independientes.
Pero los agravios se acumulan. En poco más de un mes de gestión, Planter ya ha enfrentado señalamientos sobre deudas con el SIAPA de las anteriores administraciones, tensiones por los nombramientos en los Hospitales Civiles por presentar candidatos inadecuados para los puestos y choques sobre la crisis de desapariciones, tema donde la Universidad ha sido más incisiva que el propio Ejecutivo, aunque la última manifestación frente al Palacio de Gobierno por parte de Zoé y la FEU hubiera sido una vacilada.
Hay que recordar que, con Enrique Alfaro, el pleito por el reetiquetado de recursos del Museo de Ciencias Ambientales fue el epítome de un sexenio de confrontación. Y aunque Lemus prometió no repetir esa historia, sus acciones recientes hacen pensar en lo contrario. Porque cuando un gobernador intenta dictar en qué debe gastar una universidad autónoma, está minando las bases de una convivencia democrática.
Ahora, no se trata de negar que las banquetas, luminarias o señalética sean necesarias. Pero pretender financiarlas con dinero destinado a publicar desplegados y la educación superior es torcer la ley.
El gobernador, por su parte, insiste en que no hay confrontación y que su propuesta fue malinterpretada. Invita al diálogo, mientras sus acciones indican otra cosa. Porque firmar convenios sin hablar, como ocurrió esta semana en Casa Jalisco, es el equivalente político a sonreír mientras se clava la daga.
¿Y qué sigue? A juzgar por los antecedentes, la tensión irá en aumento. Porque lo que está en juego no es sólo un presupuesto, sino un modelo de relación entre poderes. Y eso, en cualquier arena política, no puede resolverse con declaraciones suaves ni acuerdos firmados de prisa.
A los universitarios no les queda más que mantenerse firmes. Porque si algo ha demostrado la UdeG es que no se doblega fácil. Y al gobernador y sus asesores, les vendría bien recordar que la autonomía universitaria no es un favor, es un derecho. Uno que se ha ganado con décadas de lucha, no con oficios ni discursos.
Como decía el viejo refrán jurídico: “Lo que no está dentro de la ley, está fuera del presupuesto”. Y si el presupuesto universitario está en la ley, entonces su uso no debe estar en manos del capricho político.
En X @DEPACHECOS
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