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OPINIÓN

Requiere INE una reforma electoral: Catastrofismo opositor con motivo del plan B

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Hace unos meses, se desechó por no haber alcanzado el apoyo calificado de las cámaras federales, un proyecto de reformas electorales que se denominó Plan A. En esencia, eran modificaciones constitucionales de la mayor trascendencia: disminución de puestos de elección, rediseño del Instituto Nacional Electoral (INE), supresión de los Organismos Electorales Locales (OPLES y Tribunales), eliminación de gastos ordinarios para partidos políticos, etc.

Algunas encuestas sobre ese tema, demostraron que el pueblo era partidario de ellas; pero el andamiaje para realizar cambios a la Constitución, -dos terceras partes de diputados asistentes- entraña el apoyo de los partidos de oposición, los cuales, contrarios a esas ideas -que los tocaba en el ramo de dinero, que reciben gratuitamente por el solo hecho de ser partidos- votaron en contra, por lo que el proyecto se desechó. Así, es que surgió la iniciativa para reformar varias leyes secundarias, y crear una, las cuales, por ser reformas ordinarias, solo necesitan mayoría simple: de esa forma nació el Plan B de reformas electorales, combatido a ultranza por todo opositor al actual gobierno federal.

La reforma electoral en su formato de plan B, ha recibido embates de toda índole, mismos que mañosamente, se hacen constar en la defensa de la democracia, la intocabilidad del INE, la del voto, la libertad de expresión y otras ideas que se han esgrimido recientemente; el efecto es que a la sociedad en general se le ha convulsionado sin mayor razón, ya que ninguno de esos planteamientos ha disminuido ni puesto en riesgo la vida nacional.

Pero la obcecada actitud de los opositores a la administración federal, denominada como la Cuatro T, los ha hecho caer en posiciones de teatral catastrofismo, siendo los más destacados en tal postura, la politóloga Denise Dresser y los aún consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, (Eduardo Huchim, exconsejero electoral, en el Programa Largo Aliento con Sabina Bergman, Canal 14 TV 9-3-023). A esos comentócratas, se les agregan bastantes en los Estados y sobre todo, muchísimos opinólogos insertos en los diarios “nacionales”: para todos ellos, símbolos de la derecha, es un “puñal en el corazón de la democracia”.

Esa forma de actuar, mas que catastrofismo, tiene tintes apocalípticos, como si la aprobación de esas reformas, verificadas con estricto apego a las leyes, fuese a ser el fin del mundo, asegura el distinguido investigador de sociología de la religión, (exconsejero electoral en el Estado de México, Bernardo Barranco) lo cual, desde luego, está lejos de la realidad.

Esos fatalistas, han tejido una red de “falacias sombrías” para pulverizar todo lo que modifique el aparato que regula al Instituto Nacional Electoral, en lo cual incluyen la defensa de su obesa cuanto onerosa burocracia. Impresionan al ciudadano sencillo con el cuento de que el padrón electoral va a estar en manos del gobierno, lo cual es falso, a pesar de que la Constitución establece que la administración federal debe emitir una especie de cédula de identidad: más la desconfianza que se le tuvo al gobierno cuando manejó los comicios, la cual se la ganó a pulso, provocó que ahora, a la credencial emitida por la autoridad electoral, se le dé un valor extraordinario. Los impugnadores le agregan que, por ello (pregonan falsamente que el INE ya no tendrá el manejo del padrón), no habrá certeza en el sufragio, ni en el conteo del voto, y por lo tanto volveremos al tiempo de las trampas electorales, cuando el PRI era amo y señor del quehacer político nacional, lo cual obviamente es una patraña.

Otra crítica es difundir que, con el Plan B, volverá el tiempo de la caída del sistema; pero no dicen lo cierto del proyecto, ahora ya ley, de que busca desde el mismo día, al tiempo de que se da el PREP, se den resultados definitivos, como se hace en muchísimos países democráticos. También falacias de los impugnadores, son que se perdería el voto libre, y que los funcionarios de casilla serán miembros del gobierno; eso no puede ser, pues el organismo electoral continúa vigente manejando este renglón.

Es esencial entender que las elecciones no las hace el INE: este es un aparato burocrático que las organiza, pero quien recibe y cuenta los votos, son los ciudadanos. El Plan B, reduce el presupuesto de la estructura, no tocando para nada el capítulo de los ciudadanos. El fin último -manifiesta Eduardo Huchim- del Plan B es el ahorro, evitar el costo enorme de las elecciones mexicanas, racionalizar aparato y personal del INE: este año, en el cual no hay elecciones federales y muy pocas locales, solo el organismo tiene en números redondos 14 mil millones de pesos y se compone de más de 17 mil empleados, lo cual es descomunal.

Pero todo se agrava porque hay porciones pequeñas -250 o 300 personas- que consumen exagerado presupuesto (recibe cada una, remuneraciones mayores a la del presidente de la república-, mientras que otras fracciones apenas ganan lo indispensable. Ahora bien, al dispendioso gasto del INE, hay que agregar el formidable desembolso del Tribunal Federal Electoral. Y si seguimos por este sendero, se debe tener en cuenta lo que requieren los OPLES (organismos públicos locales electorales) y sus correspondientes tribunales estatales, quedando aún por contemplar los subsidios que se otorga a los partidos políticos, con lo cual el dinero que en el renglón electoral se eroga en el país, es colosal.

Para tener idea de lo anterior, se da el ejemplo del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), que según Bernardo Barranco, exconsejero, en 2006 costó 150 millones de dólares: era como el quinto de América Latina, o sea, un estado mexicano costando más que repúblicas enteras, como Chile por ejemplo.

También aducen los catastrofistas, que, con el multicitado Plan B, se perdería el tener boletas en papel impreso con papel seguridad, infalsificable, más la tinta indeleble para que no haya duplicidad de votantes; en consecuencia, aseguran, regresaría la votación múltiple y cómputos inducidos para favorecer al partido en el gobierno (que lógicamente sería MORENA). Esto es burda mentira, porque ni se eliminan para votar los impresos seguros, ni las tintas indelebles luego de emitir el sufragio. Difundir esta falsía, genera miedo en mucha parte de la sociedad, y lo que pretende la oposición -que es igual a decir “la derecha”-, es ganarse a esos sufragantes potenciales atemorizándolos.

Los miembros del aparato burocrático electoral, están ajenos a la situación socioeconómica del pueblo; sus altos directivos tienen salarios y prestaciones privilegiadas, de tal suerte que su mayor preocupación es no perder esa posición opulenta. Ese fenómeno es propio de todas las burocracias doradas, llámese judicial, partidaria, universitaria, filo gubernamental, etc. Tomemos como ejemplo el caso del señor Edmundo Jacobo Molina, licenciado en filosofía quien increíblemente, con ese currículum, llegó a Director de Capacitación del Instituto Mexicano del Petróleo. (¿?¡! sic).

Para gran sorpresa, en los tiempos del reparto de cargos para cuates y por cuotas de partidos, se le nombró secretario ejecutivo del IFE, antes de ser INE, en 2008, por un periodo de seis años. Como sobrevino la transformación del instituto, de federal a nacional, en 2014 tramposamente (sosteniendo sórdido borrón y cuenta nueva) se le volvió a nombrar por otro período, ahora de siete años, todo con su amigo Lencho Córdova.

Cuando se iba a concluir ese ciclo, en otro maniobrero madruguete, porque estaban por ingresar en abril de 2020 cuatro nuevos consejeros al INE, Córdova fraguó y consumó entre enero-febrero otro nombramiento -avalado por sus alcahuetes consejeros- y así se le alargó, facciosa e impúdicamente, otro período a Jacobo, el cual lo dejaría en tan importante puesto hasta 2026.

Se puede preguntar uno, ¿porqué tanto apego a ese empleo? Pues nada más ni nada menos, que como en el caso de los consejeros del INE y la cauda de asesores que tiene cada uno, disfrutan salarios y prestaciones que ni el presidente de la república percibe, contradiciendo la Constitución que en su artículo 127 precisa que nadie debe ganar en la administración pública más que el primer mandatario.

Edmundo Jacobo nos cuesta a las y los mexicanos 4 millones 105 mil pesos anuales, seguro de vida por 9 millones 840 mil pesos, gastos médicos mayores por un millón 831 mil pesos y otras prestaciones de lujo, como dote matrimonial, marcha individualizada, etc. Todo lo investigó el doctor Ángel Balderas, maestro matemático de la Universidad de Querétaro, y el resumen es el siguiente: las prestaciones del señor Jacobo, envidiables para cualesquier trabajador mexicano, incluyen, además del sueldo mensual ($246,292.00): medidas de protección al salario, $513, mil pesos; fondos y seguros de ahorro para el retiro, $447,000.00; seguro de vida con 40 meses de percepción bruta mensual, 9 millones 840 mil pesos; gastos médicos mayores por 295 salarios mínimos generales mensuales, 1 millón 831 mil pesos al año; seguros a las personas, por 103 mil pesos; también se le da prima vacacional, prima quinquenal, aguinaldo sin deducciones, gastos funerarios e indemnización por fallecimiento; dos períodos vacacionales de 10 días hábiles cada uno, seguro colectivo de retiro y de separación individualizado”.

Con razón señala el antedicho autor, “este tipo de abusos es lo que se defiende cuando se dice “el INE no se toca”. (El Universal de Querétaro, 3-III-2023).

Ahora bien, el caso de Jacobo es doblemente interesante, porque “La Secretaría Ejecutiva es la que administra los recursos del instituto, los recursos humanos y financieros, es la que tiene la chequera […] Lo grave del asunto es que Edmundo Jacobo se está quedando y no se está permitiendo que los nuevos integrantes elijan al siguiente Secretario Ejecutivo y además se le permitió un amparo, aquí hay algo gravísimo, nadie tuvo por qué permitirle un amparo a este hombre […] Lorenzo Córdova ya se va y deja a su operador político al frente de las arcas del instituto”, comentó la diputada Julieta Ramírez.(Sin Embargo, 14-03-2023) la cual, mientras hablaba en la sesión extraordinaria del INE, la semana pasada, era objeto de burlonas muecas tanto de Córdova como de su contlapache Jacobo, reinstalado con bombo y platillo.

Para lograr una genuina reforma electoral, se necesita no estar tan crispado el panorama nacional, pues eso impide se logren acuerdos idóneos. En el momento que transcurre, se ha querido identificar al INE con la democracia, lo cual es falso: jamás una sola institución puede significar todo un sistema democrático. Nunca unos cuantos árboles serán un bosque.

Todo organismo ciudadano, por naturaleza debe integrarse por cuadros -hombres o mujeres- de grandes valores, que siendo reflejo sano de nuestra realidad social, permitan su marcha correcta con perspectivas de superación. Esto debe ser lo que, por ahora, en el proceso de nombrar a cuatro nuevos consejeros del INE, debe imperar. Con un Consejo General en que todos sus integrantes, no solo dos como ahora, participen y sumen esfuerzos, se podrá alcanzar una mejoría en la organización de los comicios, la cual por naturaleza, no puede ya ser tan despilfarrada ni tan protagónicamente sesgada, como lo ha sido hasta hoy.

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JALISCO

Consejos para la jubilación

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Opinión, por Arturo Pérez Díaz //

Cumplir 55 años no solo marca un nuevo capítulo en la vida, también enciende una alerta: es momento de pensar con seriedad en el retiro. Muchas personas posponen esta reflexión, confiadas en que aún hay tiempo.

Sin embargo, el marco legal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), establece requisitos que no se cumplen de la noche a la mañana y que, de no gestionarse oportunamente, pueden traducirse en la pérdida de derechos adquiridos durante toda una vida laboral.

Acorde al Consejo Nacional de Población (CONAPO), hasta el año 2024 el 12.3% de la población total del estado eran personas adultas mayores de 60 años o más, lo que equivale a 1 millón 085 mil 609 habitantes.

Así de grande es el problema de las jubilaciones en Jalisco, que en la mayoría de los casos se concibe como problema, dado que reciben pagos mensuales de miseria, en caso de que todo adulto de este grupo de edad haya logrado una jubilación.

Para entender el tema hay que revisar el artículo 138 de la Ley del Seguro Social, que indica requisitos para obtener una jubilación: para la pensión por vejez se necesitan 65 años de edad y al menos 500 semanas cotizadas (diez años de trabajo formal). Pero también existe la opción de cesantía en edad avanzada, disponible de 60 a 64 años de edad, si se cuenta con las mismas semanas cotizadas y ya no se tiene trabajo remunerado.

Aun así, ningún beneficio es automático: hay que solicitarlos y acreditar los requisitos ante el IMSS, lo cual puede ser confuso para muchos, además de que toma tiempo.

La decisión de pensionarse debe ser estratégica y no dejarla al tiempo porque equivale al olvido. Dejar pasar los años sin revisar cotizaciones, sin confirmar la situación laboral, sin conocer los montos aproximados de cesantía o jubilación por vejez, puede poner en riesgo no solo la pensión, sino también las asignaciones familiares, ayuda asistencial y servicios médicos a los que se tiene derecho (arts. 137 y 145).

Por ello, quienes cumplen 55 años deben comenzar ya el proceso de revisión de jubilación, analizando: semanas cotizadas, modalidades de retiro, documentación, trámites y requisitos ante el IMSS. Ser omiso y no hacerlo a tiempo puede llevar a perder beneficios irrecuperables. La vejez no llega de golpe, pero cuando lo hace, no perdona la omisión. Es mejor prevenir que lamentar.

Toda una vida de trabajo puede llevar el riesgo de jubilarse con montos injustos de 9 mil quinientos pesos mensuales. Sin embargo, la mayoría de la gente debería saber que hay opciones de incrementar las jubilaciones hasta montos mayores de 80 mil pesos, mediante una estrategia legal acorde a la propia ley del IMSS.

Una pensión justa es aquella que brinda los medios adecuados para pagar los servicios de salud, alimentación y cuidado del jubilado, pero muchas personas adultas no lograron una pensión, y los que sí tuvieron derecho recibieron pensiones de hambre.

Muestra de ello es que, a pesar de tener edad de retiro, la gente sigue trabajando. Así lo demuestra el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Según resultados del primer trimestre de 2024, el 19.5% de la población de 65 años y más en Jalisco era económicamente activa, es decir, 182 mil 375 personas; de las cuales 64.2% (117,108) eran hombres y 35.8% (65,267) mujeres. Destaca que, el cien por ciento de las personas adultas mayores económicamente activas se encontraba ocupado.

Una jubilación justa se debe empezar a trabajar a los 55 años de edad, en las próximas colaboraciones expondremos las estrategias para lograr pensiones mayores a lo que le tiene programado el IMSS a quienes caminan ya rumbo al sexto piso.

Lograr una vejez tranquila, sin tener necesidad de seguir trabajando hasta una edad muy avanzada, es posible, pero hay que informarse de los derechos laborales y de las prestaciones.

El mayor problema es el de personas que tienen más de 50 años de edad y hoy laboran sin seguridad social, sin los beneficios de una AFORE, INFONAVIT y sobre todo sin cotizar para una jubilación, que con una adecuada información, toda esta gente estaría a tiempo de rescatar una jubilación digna. La informalidad provoca daños en el futuro de los trabajadores, porque, llegado el tiempo, vivirán una vejez sin protección social, sin dinero.

La gente debería saber que existen mecanismos legales para regularizar su situación en cualquier giro laboral, logrando la protección del IMSS con servicios médicos, cirugías y medicamentos en el presente y una pensión para el futuro.

Algunos ejemplos de incorporación al IMSS son los trabajos domésticos, en donde miles de mujeres trabajan para un patrón que no les brinda hasta hoy la afiliación al seguro social que puede realizarse de una forma sencilla. Otro caso son los trabajadores de aplicaciones móviles como Uber y Didi, que a partir de junio de este año ya se deben inscribir por ley al IMSS.

También existen trabajadores independientes de alto nivel, como los dentistas, que siempre por tradición han sido independientes y no tienen patrón que los incorpore al seguro social. Para ellos también existen modalidades de afiliación al IMSS, y aunque muchos creen que la población de escasa formación es la víctima de la injusticia de las jubilaciones, esto no es así, también profesionistas están descobijados en su futuro laboral.

Si toda persona inscrita en el IMSS, que tiene ahora más de 55 años de edad y que pertenece a la Ley 73, se preocupara hoy por informarse, estaría a tiempo de evitar una jubilación injusta con montos bajos que empobrecen a los jubilados.

A la población que pertenece a la ley 73 del IMSS, le asiste la ley con varios beneficios que, sin embargo, no son ejercidos por ignorancia. El mayor beneficio es poder continuar cotizando para una jubilación a pesar de que se hayan quedado sin empleo, y por su edad, ya nadie quiso brindarles empleo formal.

El beneficio se conoce como continuación voluntaria, con lo que, al contribuir directamente y pagar su afiliación, podrán asegurar su retiro aun cuando se hayan quedado sin patrón y un empleo formal. Pero, adicionalmente, tienen el derecho de enriquecer su cotización, elevando el salario base, lo cual repercute en una pensión que puede ser en 2025 superior a 80 mil pesos mensuales.

Es tiempo de prepararse para el futuro y no dejarlo al día a día, el tiempo y el futuro están más cerca de lo que parece, infórmese.

E-mail: amper61@hotmail.com

Arturo Pérez Díaz es periodista independiente, ha sido docente de política, opinión pública y mercadotecnia política, así como asesor profesional de comunicación pública.

 

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NACIONALES

Grupo Salinas y la erosión de la justicia fiscal

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de Grupo Salinas, eximiendo al conglomerado de Ricardo Salinas Pliego de pagar más de 74 mil millones de pesos en impuestos, trasciende un simple revés fiscal: representa un agravio directo al pueblo de México.

Esta cifra colosal, que supera el presupuesto anual de 25 estados y el financiamiento de programas sociales esenciales como salud y educación, pone en evidencia una verdad incómoda: el poder económico puede doblegar las instituciones diseñadas para velar por el interés colectivo. En un país donde las desigualdades persisten, este caso no es solo un debate legal, sino un reflejo de cómo las élites financieras influyen en la democracia y erosionan la confianza ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado un fallo favorable como “la injusticia llevada a la máxima expresión”, y su afirmación encuentra eco en los números. Con 74 mil millones de pesos se podrían construir hospitales como el Agustín O’Horán en Mérida, cuyo costo estimado es de 3 mil millones, financiar el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, con un presupuesto de 54 mil millones, o sostener la beca universal para estudiantes de secundaria, beneficiando a millones de jóvenes.

Estos recursos representan una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las mayorías, en contraste con el accionar de Grupo Salinas. Este conglomerado, que incluye gigantes como Elektra y TV Azteca, ha acumulado 32 litigios fiscales durante 16 años, retrasando desde 2008 el pago de impuestos que, según la Procuraduría Fiscal, debió saldarse. ¿Es esto justicia o un privilegio camuflado tras tecnicismos legales que solo los poderosos pueden costear?

El trasfondo de esta situación revela una relación alarmante entre el poder económico y el judicial. Durante casi dos décadas, Grupo Salinas ha empleado estrategias como amparos y maniobras dilatorias para evadir sus obligaciones fiscales, una práctica que ha escalado hasta llegar a la SCJN.

Reportes sugieren que ministros como Luis María Aguilar Morales han retrasado resoluciones, dejando expedientes congelados por meses, lo que alimenta sospechas de influencias indebidas. Este problema no es un fenómeno aislado ni reciente; tiene raíces en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando el emporio comenzó a litigar para eludir impuestos, acumulando una deuda que hoy alcanza niveles escandalosos.

La pregunta se impone: ¿quién protege los intereses de la nación cuando las instituciones ceden ante la presión de unos pocos magnates? La respuesta parece diluirse en un sistema donde la balanza de la justicia se inclina hacia quienes pueden pagar por su defensa.

Sheinbaum ha vinculado las críticas de TV Azteca —un brazo mediático de Grupo Salinas— contra la reforma judicial y su gobierno con un interés claro: preservar un sistema que permita a corporativos evadir responsabilidades fiscales. Este señalamiento no puede tomarse a la ligera. La cadena ha intensificado su narrativa en contra de las iniciativas del Ejecutivo, lo que refuerza la percepción de un conflicto de intereses.

Un fallo favorable a Grupo Salinas no solo legitimaría una deuda impaga, sino que enviaría un mensaje devastador: en México, la justicia se doblega ante quienes tienen los recursos para litigar eternamente, mientras el pueblo carga con las consecuencias económicas y sociales. Este precedente podría abrir la puerta a más empresas para seguir el mismo camino, agravando la erosión fiscal y la desigualdad.

Estos excesos del poder económico, respaldados por complicidades en el ámbito judicial, justifican la urgente necesidad de reformar el sistema. Millones de mexicanos, sin los recursos ni el acceso a un ejército de abogados como el de Salinas Pliego, quedan desprotegidos frente a un sistema que favorece a las élites.

A nivel local, la situación no es distinta. En Jalisco y otras entidades, se han documentado casos de jueces coludidos con funcionarios políticos para reprimir a ciudadanos que denuncian corruptelas, utilizando su autoridad para aplastar voces disidentes. Algunos de estos actores judiciales incluso buscaron el voto popular para perpetuarse en el poder, pero su pasado de complicidad ha sido expuesto, desmantelando su fachada de imparcialidad.

La reforma judicial propuesta por el gobierno actual busca romper con este ciclo de impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política y de la presión ciudadana para garantizar que los nuevos mecanismos no sean cooptados por los mismos intereses que hoy se cuestionan. Se espera que esta nueva etapa trace un horizonte donde la justicia sea verdaderamente igualitaria, sin distinción de clases ni influencias económicas.

En México y Jalisco, urge un sistema renovado donde el poder político y el económico no dicten el rumbo de la justicia, sino que esta responda a los principios de equidad y transparencia.

Este debate sigue vigente, reflejando las tensiones entre poder político y el económico, y el papel que el poder judicial ha asumido en un país en transformación. La ciudadanía debe mantenerse vigilante, exigiendo que la SCJN actúe con integridad y que las reformas prometidas se traduzcan en un sistema judicial que sirva a todos, no solo a unos pocos. Solo así se podrá cerrar el capítulo de los “juegos del poder” y abrir uno donde la justicia fiscal sea un pilar de la democracia mexicana.

 

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JALISCO

Uribe y su circunstancia

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

Hay cuatro asignaturas en la agenda de Guadalajara que están fastidiando al gobierno de Movimiento Ciudadano: Inseguridad, agua, movilidad y basura.

En todas las evaluaciones brotan esos temas de manera consistente.

Personalmente creo que Verónica Delgadillo hace –como puede y con lo que tiene- un esfuerzo que merece un alto reconocimiento.

Y aunque no tenemos condiciones para afirmar que su labor pinta para lograr la postulación naranja con miras a nuestro próximo encuentro con las urnas, lo cierto es que nadie puede negar que le pone seriedad y esfuerzo a su función como presidenta.

En un contexto así, a Morena se le presenta una oportunidad única para conquistar el triunfo en menos de dos años.

Hay cartas con nombre y apellido en la baraja guinda.

Cito algunos con verdaderas posibilidades de alcanzar la nominación:

  • Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Federal de Diputados.

  • Claudia Delgadillo González, ex diputada federal y ex candidata al gobierno del Estado.

  • Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato al gobierno de Jalisco y actual senador de la República.

Sin embargo debemos colocar en la primera línea a quien ya ha sido alcalde, Alberto Uribe.

Hombre de las confianzas de Marcelo Ebrard, es titular de la Dirección General de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético y Coordinador del Corredor del Bienestar del Pacífico (Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit) de la Secretaría de Economía, posición que lo coloca en inmejorables condiciones para vincularse con sectores estratégicos que si bien no definen una elección, sí inciden en ella.

Por una extraña razón, distinguidos opinantes se resisten a suponer que a Uribe Camacho le aguarda un futuro prometedor en la escena electoral.

Yo difiero. Lo conozco, y si alguien sabe sortear el oleaje del impredecible e implacable mar de la política, es Alberto.

Por eso, para aquellos que sostienen que la historia sobre la designación de la candidatura de Morena rumbo a la alcaldía tapatía ya se escribió, vale la pena recordarles esa máxima que dice que en la política, como en la vida misma, la circunstancia lo es todo.

En X: @DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.

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