OPINIÓN
Roban con permiso
Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
Por todos lados el Gobierno Federal hace lo posible para disminuir los efectos y que sea menos la vergüenza (si algunos tienen), del atraco que por meses se ha cometido y posiblemente siga en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
Hace pocos días el titular del INDEP Jaime Cárdenas Gracia, en forma valiente renunció a la dirección de esa dependencia y destapó el robadero que se cometía y que presuntamente nadie se daba cuenta y menos los altos jefes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo cual materialmente enfureció al primer mandatario que constantemente asegura con ahora todo es distinto a los otros gobiernos y existe un “combate” contante a la corrupción.
Hace poco más de ocho meses se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el cual se cambió el nombre al entonces Instituto de Administración de Bienes y Activos (antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE) y con “bombo y platillo” por el de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
Ante la renuncia de Jaime Cárdenas Gracia, el Presidente AMLO nombró a Ernesto Prieto Ortega, quien se desempeñaba como director general de la Lotería Nacional Para La Asistencia Pública y se presume que es su premio por el excelente desempeño en el fastuoso sorteo del “avión presidencial” que no se rifó y menos, hasta el momento se transparentó el ingreso y los números de los cachitos que no se vendieron y posiblemente resultaron ganadores.
Vale la pena señalar que dando la cara y valientemente Jaime Cárdenas Gracia, dio a conocer que la “cueva de Alí Babá, se quedó chiquita” a comparación de lo que se estuvo haciendo en el INDEP, hasta la presunta desaparición de un lujoso auto deportivo marca Lamborghini, denunció.
No cabe duda que en el INDEP, había o siga habiendo “manos puras o puras manos”, el caso es que se apoderaron de piedras preciosas y metales de alhajas decomisadas y subastadas en su momento.
Es claro y justificado el enojo del Presidente por los atracos que se cometieron y lo hizo público, pero llamó la atención que más se molestó con Jaime Cárdenas Gracia, que en ordenar perseguir y castigar a los ladrones, seguramente porque el hoy exfuncionario le “raspó” su bandera de administración pública honesta, aunque debe de haber funcionarios con responsabilidad para cometer los robos y abusos.
VAMOS DE MAL EN PEOR
Mientras se asegura que la inseguridad en el país se está combatiendo y está bajando, además de burlarse de las masacres y ejecuciones que se cometen y publican los medios, los resultados de un compendio periodístico de crímenes en distintos gobiernos federales señalan lo grave del asunto.
Según el artículo La Guerra de los Números en México, publicada el pasado 25 de septiembre, los homicidios dolosos diarios en la administración de Vicente Fox Quezada, fueron de 24 mil 20 cometidos, mientras que durante Felipe Calderón Hinojosa, se registraron 19 mil 571.
Durante la administración de Enrique Peña Nieto, se cometieron 30 mil 321 asesinatos dolosos y ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tiene registrado en las fiscalías estatales y en la General de la República, la alarmante cifra de 62 mil 530 crímenes, o sea más de tres veces de los registrados con su “contrincante” favorito Felipe Calderón Hinojosa.
Lo extraño del caso es que en esta administración se implementó la Guardia Nacional, con recursos y casi 100 mil elementos, además de los intentos que hacen los gobiernos estatales para combatir a la delincuencia.
Por cierto otro tema que parece ya no quiere tocar u opinar en sus mañaneras AMLO, es el triste espectáculo que se ha dado de Emilio Ricardo Lozoya Austin, asunto que fue apagado cuando apareció el video de la “recolección” de dinero de su hermano Pio López Obrador.
Tampoco le gusta hablar del robo de combustibles en las redes de la desacreditada empresa PEMEX, con todo y que aisladamente aparecen notas periodísticas de la captura de ladrones con hidrocarburos, como el dado a conocer este fin de semana que en Lagos de Moreno, se incautaron 185 litros de Diesel y la captura de 3 presuntos responsables, acción llevada a cabo, por fin, por elementos de la Guardia Nacional.
Por cierto la misma corporación uniformada también informó que por fin ya desbloquearon ocho casetas de autopistas en el estado de Nayarit, realizado en un operativo conjunto de los tres órganos de gobierno y que grupos de manifestantes por varios meses tuvieron el control del libre tránsito en las mismas.
Desde hace varios meses comenté la falta de autoridad para solucionar los problemas por las tomas de casetas y hasta en un reportaje de un presunto empleado de TV Azteca, dio a conocer lo que se cometía en un largo tramo de la carretera internacional número 15 desde Michoacán hasta Hermosillo, Sonora, pero nadie quiso meter orden en el arbitrario bloqueo, como también se estuvo haciendo en las vías del ferrocarril en Michoacán que parece ya fue solucionado.
Todavía no se sabe si hay falta de interés o de voluntad para combatir ese tipo de ilegalidades por parte del Gobierno de la República.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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