JALISCO
Comunidad Indígena de Mezquitán: Exigen a la presidenta Sheinbaum cumplir con indemnización por sus tierras
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Por Raúl Cantú //
El caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan, Jalisco, refleja una deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas, marcada por el incumplimiento de acuerdos de indemnización por la ocupación de 26.93 hectáreas de sus tierras para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río (carretera a Saltillo) desde 2004.
A continuación, se ordena cronológicamente el texto proporcionado, destacando los periodos de los presidentes de México responsables por omisión o acción del incumplimiento de los convenios firmados con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT, antes SCT), y se contextualizan las políticas indigenistas de cada administración para subrayar la negligencia institucional. La información se complementa con datos de fuentes externas cuando es relevante, citadas conforme a las guías establecidas.
CONTEXTO HISTÓRICO Y LEGAL
Año 1690: La Comunidad Indígena de Mezquitán fue constituida mediante un Título Virreinal, reconocido por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y respaldado por una resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales. Este título acredita a la comunidad como propietaria legítima de las tierras afectadas, que han defendido por más de 335 años.
1999 (Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000, PRI):
Evento: La SRA inicia pláticas y trabajos de campo para el proyecto de ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo.
Contexto: Durante el gobierno de Zedillo, se promovió la modernización de infraestructura, pero las políticas hacia pueblos indígenas fueron limitadas, enfocándose más en reformas neoliberales que en la protección de derechos territoriales. No se registra un incumplimiento directo en este periodo, ya que las negociaciones apenas comenzaban, pero se sientan las bases para el proyecto que derivaría en el conflicto.
Periodos presidenciales con incumplimientos (2004-2025)
Vicente Fox Quesada (2000-2006, PAN):
Eventos clave:
5 de noviembre de 2003: La SRA sugiere iniciar el trámite expropiatorio y el pago por las tierras ocupadas para la ampliación de la carretera.
3 de marzo de 2004: Se firma el primer Convenio de Ocupación Previa entre la Comunidad Indígena de Mezquitán y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), comprometiendo el pago del 50% del monto indemnizatorio tras un avalúo de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Incumplimiento: La SCT no realizó el pago acordado ni gestionó el avalúo.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de Fox priorizó el desarrollo de infraestructura, pero su política indigenista fue criticada por su falta de acción concreta tras el levantamiento zapatista. La SCT, bajo su administración, firmó el convenio inicial, pero no cumplió, iniciando una cadena de dilaciones que afectó a las 333 familias de la comunidad, integrada mayormente por mujeres y adultos mayores. Este incumplimiento marcó el inicio de una deuda histórica.
Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012, PAN):
Eventos clave:
7 de mayo de 2007: Se firma un Convenio de Depósito en Garantía, estableciendo un avalúo de $39,065,272.13 (aproximadamente $145 por metro cuadrado) por 26.93 hectáreas. La SCT paga $4,000,000 (10% del total) y se compromete a gestionar el 40% restante para completar el 50% acordado. Incumplimiento: No se gestionaron los recursos ni se completó el pago.
28 de diciembre de 2007: Se firma un segundo Convenio de Depósito en Garantía, con un pago parcial adicional de $1,639,268.52 (4% del avalúo). La SCT reitera su compromiso de completar el 50% del monto indemnizatorio. Incumplimiento: Por tercera vez, no cumple con el pago ni gestiona los recursos.
Análisis del incumplimiento: La administración de Calderón se enfocó en la seguridad y el combate al narcotráfico, relegando los derechos indígenas. A pesar de los convenios firmados, la SCT utilizó tácticas dilatorias, limitándose a pagos parciales insignificantes (14% del total acordado) y dejando a la comunidad en un limbo burocrático. Este periodo consolidó la percepción de racismo institucional, ya que, como señala el abogado Luis Antonio Rocha, la SCT no habría actuado con tal negligencia frente a una empresa privada.
Enrique Peña Nieto (2012-2018, PRI):
Eventos clave:
2012-2017: La comunidad sostiene entrevistas con funcionarios de la SCT, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y otras dependencias federales, sin obtener soluciones ni avances en el pago de la indemnización acordada en 2004 y 2007. Incumplimiento: Ninguna autoridad mostró voluntad de cumplir con los convenios .
29 de enero de 2017: La Asamblea de la Comunidad Indígena de Mezquitán aprueba iniciar demandas y juicios para exigir el cumplimiento de los convenios de 2004 y 2007.
22 de agosto de 2017: La comunidad presenta una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 (expediente 222/16/2017), contra la SCT, la Presidencia de la República y la SEDATU.
3 de abril de 2018: La SCT, la SEDATU y la Presidencia (Peña Nieto) responden a la demanda con argumentos improcedentes, según la comunidad, en lugar de cumplir con los convenios.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de Peña Nieto promovió reformas estructurales, pero las políticas hacia pueblos indígenas fueron superficiales, con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) teniendo un rol limitado. La falta de acción para resolver el caso de Mezquitán, a pesar de las reuniones con funcionarios, y la respuesta evasiva a la demanda reflejan una continuidad en las tácticas dilatorias. La comunidad se vio obligada a litigar, enfrentando una burocracia que perpetuó la marginación de sus derechos.
Andrés Manuel López Obrador (2018-2024, Morena):
Eventos clave:
28 de octubre de 2021: El Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 emite una sentencia parcialmente favorable, ordenando a la SICT pagar las cantidades acordadas en los convenios, pero condiciona la actualización del monto a un decreto expropiatorio. La comunidad presenta un Recurso de Revisión (125/2022) para exigir un avalúo actualizado por el INDAABIN sin necesidad de expropiación.
3 de marzo de 2022: El Tribunal Superior Agrario admite el Recurso de Revisión. Las autoridades federales (SICT, SEDATU) promueven un Juicio de Amparo Directo, considerado improcedente por no agotar el principio de definitividad, retrasando el proceso por casi dos años.
16 de febrero de 2023: El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito desestima el amparo por unanimidad, confirmando su improcedencia.
22 de noviembre de 2023: El Tribunal Superior Agrario resuelve el Recurso de Revisión a favor de la comunidad, ordenando a la SICT pagar la indemnización desde 2004 con un avalúo actualizado por el INDAABIN.
26 de diciembre de 2024: La Consejería Jurídica Federal promueve otro amparo (expediente 30/2024), que es declarado improcedente por el Séptimo Tribunal Colegiado, notificándose el 5 de enero de 2025.
Protestas y manifestaciones: Durante este periodo, la comunidad realiza bloqueos intermitentes de la carretera a Saltillo (2018, 2021, 2024) y de la avenida Lázaro Cárdenas (2024, 2025) para exigir el pago.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de López Obrador promovió una narrativa de apoyo a los pueblos indígenas, con la creación del INPI y proyectos como el Tren Maya, pero en el caso de Mezquitán, la SICT continuó con tácticas dilatorias, incluyendo amparos improcedentes que retrasaron el proceso. A pesar de sentencias favorables en 2021 y 2023, la falta de acción para ejecutar el avalúo y el pago perpetuó el incumplimiento, afectando a más de 300 familias. Las protestas de la comunidad reflejan su frustración ante la falta de voluntad política, a pesar de los avances legales.
Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2025, Morena):
Eventos clave:
26 de diciembre de 2024: El amparo promovido por la Consejería Jurídica Federal es declarado improcedente, confirmando la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior Agrario de noviembre de 2023.
31 de enero de 2025: La comunidad presenta un escrito ante el Tribunal Superior Agrario solicitando la ejecución de la sentencia.
6 de febrero de 2025: El Tribunal Superior Agrario acuerda instruir a su Dirección de Asuntos Jurídicos para verificar si existe un amparo pendiente, a pesar de que la sentencia es firme.
6 de mayo de 2025: El Tribunal Superior Agrario ordena devolver los expedientes al Tribunal Unitario Agrario 16 para la ejecución de la sentencia, conforme al artículo 191 de la Ley Agraria. Sin embargo, los expedientes no han llegado al tribunal.
14 de mayo de 2025: La SICT informa que no ha recibido requerimiento del Tribunal Unitario Agrario 16 para que el INDAABIN realice el avalúo, manteniendo el retraso.
16 de mayo de 2025: Se reporta que el Tribunal Unitario Agrario 16 llevará a cabo la ejecución de la sentencia, ordenando al INDAABIN realizar el avalúo, pero el proceso sigue pendiente.
Análisis del incumplimiento: La administración de Sheinbaum, que declaró 2025 como el “Año de la Mujer Indígena” y promovió reformas constitucionales para los derechos indígenas, heredó un conflicto de 21 años. A pesar de la sentencia firme de 2023 y la recomendación de la Consejería Jurídica Federal para cumplir, la SICT persiste en retrasar el avalúo, argumentando falta de notificación. La comunidad, apoyada por el INPI y organizaciones civiles, exige a Sheinbaum intervenir directamente, destacando que la burocracia sigue violando los derechos de más de 300 familias, mayormente mujeres y adultos mayores.
Estado actual (mayo de 2025)
La sentencia del Tribunal Superior Agrario (22 de noviembre de 2023) es firme, sin recursos legales pendientes, ordenando a la SICT pagar la indemnización desde 2004 con un avalúo actualizado por el INDAABIN.
La comunidad denuncia tácticas dilatorias de la SICT, como la excusa de no haber sido notificada, y del Tribunal Superior Agrario, que no ha agilizado la ejecución.
El monto original de $39,065,272.13 (2007) debe actualizarse a valor comercial, lo que podría superar significativamente los $54 millones estimados en 2018, dado el valor actual de los terrenos junto a la carretera.
La comunidad, liderada por Saúl Rodríguez Barajas, ha recurrido a manifestaciones pacíficas, como bloqueos de la carretera a Saltillo y la avenida Lázaro Cárdenas, para visibilizar su lucha.
La Consejería Jurídica Federal recomienda a la SICT cumplir con la sentencia, pero el proceso sigue estancado por la falta de acción del Tribunal Unitario Agrario 16 y la SICT.
CONCLUSIÓN
Los presidentes Vicente Fox (2004-2006), Felipe Calderón (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018), and Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) son directamente responsables por el incumplimiento de los convenios de indemnización firmados en 2004 y 2007, al no garantizar que la SCT (ahora SICT) cumpliera con los pagos acordados. Sus administraciones utilizaron tácticas dilatorias, como pagos parciales insignificantes, negativas a gestionar recursos y amparos improcedentes, perpetuando una deuda de más de 21 años que afecta a 333 familias.
Claudia Sheinbaum (2024-2025) enfrenta un conflicto heredado, pero la falta de acción inmediata de la SICT y los tribunales agrarios continúa violando los derechos de la comunidad, a pesar de su compromiso declarado con las mujeres indígenas.
La Comunidad Indígena de Mezquitán, con un título virreinal de 1690 y sentencias favorables, representa un símbolo de resistencia frente al racismo institucional y la burocracia. Su lucha, respaldada por el INPI y organizaciones civiles, podría establecer un precedente para otras comunidades indígenas si se logra el pago. La comunidad solicita a la presidenta Sheinbaum intervenir para ordenar la ejecución inmediata del avalúo y el pago, conforme a la Ley Agraria y las reformas de 2025, para cerrar este capítulo de injusticia.
ATENTAMENTE
COMISARIADO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
DE MEZQUITÁN, ZAPOPAN, JALISCO, MAYO DE 2025
-Por Francisco Junco
En Guadalajara no solo se pedalea, se respira ciclismo. Y este 27 de julio, desde el corazón de la ciudad, desde la emblemática Glorieta Minerva, al menos mil ciclistas se lanzarán al asfalto como flechas vivas en busca de gloria, comunidad y kilómetros de sudor compartido. Desde el Ayuntamiento de Guadalajara anunciaron, este lunes, la llegada del Gran Giro Guadalajara Electrolit 2025, en su octava edición, y la ciudad ya lo espera.
“Desde hace más de un mes, prácticamente estamos vendidos (inscripciones) este evento para mil ciclistas. Nos da mucha alegría poder saber, que la comunidad ciclista de Guadalajara y de su área metropolitana ya estaba esperando este gran evento, un evento donde tiene la particularidad, obviamente de que cuidamos cada mínimo detalle para que todas y todos puedan correrlo con la seguridad y con todo el ímpetu posible para toda esta gran comunidad ciclista”, resaltó en rueda de prensa David Prado, director general de COMUDE Guadalajara, en la presentación.
Esta competencia no solo implica un reto deportivo. Es una justa donde el deporte y el espacio público se fusionan para hablar un solo idioma, el ciclismo. Más de 150 kilómetros de ruta, donde, a decir de los organizadores, se realizarán operativos especiales de seguridad, en coordinación con los ayuntamientos de Tlaquepaque y Zapopan, y la participación de distintas dependencias municipales y estatales.
“Estaremos implementando un dispositivo de fuerza muy importante para cuidar la integridad de todos los participantes y del público en general que se va a dar cita tanto en ruta como en zona de meta, contando con la participación de varias dependencias municipales, pero también con la colaboración con Tlaquepaque y Zapopan porque parte de la ruta pasa por dichos municipios, además de algunos organismos estatales”, señaló David Prado.
Crystal Zavala, coordinadora general de Construcción de Comunidad, señaló la importancia del Gran Giro, el cual es más que una carrera para la comunidad tapatía, y señaló que este tipo de eventos son parte de los ejes de las actividades municipales de Guadalajara.
“Uno de ellos es fortalecer que el uso del espacio público se dé en comunidad, pero también que el deporte sea un pretexto que nos permita seguir conociéndonos y fortalecer el trabajo entre la ciudadanía y que la ciudad se active”, señaló la funcionaria.
Agregó que esta octava edición los llena de orgullo, porque además de que tiene un reconocimiento internacional muy importante, incentiva a que se tengan grandes deportistas.
“Además, hacerles la invitación a todos los ciudadanos para que nos acompañen en esta actividad, para que salgan con nosotros a echar porras a todos los ciclistas que estarán participando”, resaltó.
Y en esa línea, las palabras de Gabriel Vázquez, regidor presidente de la comisión edilicia de Salud y Deportes, reforzaron el poder que tiene el deporte para unir y fortalecer a la sociedad.
“El Gran Giro es más que una rodada, es un símbolo de una ciudad que avanza unida, que se mueve junta y que apuesta por el bienestar, porque cuando hacemos deporte, nos reencontramos, nos apoyamos y hacemos una comunidad más unida. Una prioridad del Gobierno de Guadalajara es hacer del deporte una herramienta poderosa para construir el tejido social”, resaltó el regidor.
El evento tendrá dos modalidades, Medio Fondo con 75 km y Gran Fondo de 150 km. Participarán hombres y mujeres en 11 categorías que van desde los 15 hasta los 60 años o más, demostrando que el ciclismo no tiene edad, solo pasión.
Habrá un premio de 250 mil pesos en total para repartir, tanto para mujeres como para hombres, únicamente para la categoría Gran Fondo. El primer lugar se lleva 25 mil, el segundo 14 mil 500, el tercero 9 mil y a partir de ahí, hasta llegar al número 20, recibirán premio, restándole 500 pesos a cada uno de los lugares.
Este 27 de julio, la ciudad se llenará de colores, de bicicletas que cortan el aire, de familias que aplauden, de vecinos que se asoman al paso de los ciclistas como quien ve pasar la esperanza. Y en Guadalajara, ya se siente el rugido silencioso de mil cadenas girando al unísono.
ENTREVISTAS
Iniciativa de César Madrigal: Unánime respaldo en el Congreso de Jalisco al drenaje profundo
-Por Mario Ávila
En un gesto de unidad histórica, los diputados de las ocho fracciones políticas de la LIV Legislatura local aprobaron por unanimidad la iniciativa del diputado César Madrigal, del Partido Acción Nacional (PAN), para exhortar al gobernador de Jalisco a incluir el diseño e implementación de un drenaje profundo en el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030.
Esta propuesta busca abordar el grave problema de inundaciones y socavones en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), un desafío que se agudizó tras el torrencial aguacero del 24 de junio, Día de San Juan, que paralizó la movilidad regional.
Presentada el 23 de junio y aprobada el jueves 10 de julio, la iniciativa marca un paso significativo hacia una solución estructural, inspirada en proyectos exitosos como el túnel emisor de la Ciudad de México.
UN PROYECTO CON RAÍCES Y VISIÓN
César Octavio Madrigal Díaz destacó que el drenaje profundo, con túneles de 80 a 100 metros de profundidad y un diámetro de 7 metros, no interferiría con el tráfico ni las redes hidrosanitarias, a diferencia de los actuales drenajes de 2.5 metros que colapsan, como se vio en los recientes socavones del Bethel.
“Es como la tuneladora de la Línea 3 del Tren Ligero: obras subterráneas que resuelven sin afectar la vialidad”, explicó.
A diferencia del sistema de la Ciudad de México, que mezcla aguas pluviales y residuales y las desvía a Hidalgo, la propuesta para la ZMG sería innovadora al enfocarse exclusivamente en captar agua de lluvia. Esto permitiría almacenarla la zona de El Dean o San Rafael, desviarla a plantas potabilizadoras, recargar mantos freáticos o incluso dirigirla al río Santiago y la Barranca de Huentitán, contribuyendo al ciclo hidrológico.
Madrigal subrayó el potencial hídrico de la obra: la ZMG consume alrededor de 13 metros cúbicos por segundo (m³/s), y el sistema podría captar hasta 5 m³/s de agua más limpia que la del lago de Chapala, contaminada por químicos industriales, agropecuarios y descargas residuales.
Esta agua reutilizable representaría un avance nacional, transformando un problema de inundaciones en una oportunidad de sostenibilidad.
La iniciativa tiene antecedentes en Jalisco. En los primeros años del siglo XXI, el gobierno de Guadalajara diseñó un plan de drenaje profundo para la ciudad, mientras que en 2008 el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) propuso el Programa de Manejo Integral de Aguas Pluviales, que incluye desazolves y pozos de captación, pero también sugiere a largo plazo dos túneles emisores por Gobernador Curiel y Calzada Independencia, destinando el agua a la Barranca de Huentitán.
En 2017, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA) elaboró un proyecto conceptual para toda la ZMG, retomado en 2023 por el Colegio de Ingenieros de Jalisco. Su entonces presidente, Luis Barbosa Niño, estimó una inversión de 30 mil millones de pesos en 12 años, con una erogación anual de 2,500 millones de pesos.
Además, particulares han propuesto un sistema en el sur de la ZMG que llevaría agua a la presa Atotonilquillo en Villa Corona para su potabilización y retorno al Acuaférico, enriqueciendo el debate.
SALVAGUARDAR VIDAS
Para Madrigal, el objetivo principal es salvar vidas. Hasta ahora, el temporal de lluvias de 2025 ha cobrado seis vidas, un recordatorio doloroso de la urgencia del proyecto. “No podemos postergarlo más”, insistió, lamentando que obras como esta, al ser “dinero enterrado”, a menudo se descartan por falta de rédito político.
Sin embargo, como legislador responsable, enfatizó la necesidad de infraestructura básica en una metrópoli que alberga a casi 5 millones de habitantes, una de las más pobladas de América Latina.
“Es una inversión esencial, no un lujo”, afirmó, subrayando que los socavones y las inundaciones no solo dañan la economía, sino que ponen en riesgo la seguridad ciudadana.
La aprobación unánime refleja un consenso raro en un Congreso a menudo dividido. Madrigal recordó el ejemplo de la Ciudad de México, donde el túnel emisor central se inauguró en 1975, seguido por el poniente en 2000 y el oriente en 2021, demostrando que un enfoque por etapas es viable.
En la ZMG, el proyecto podría dividirse en fases, priorizando las zonas más vulnerables como el oriente y el centro, donde las redes actuales colapsan con lluvias moderadas.
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
Aunque el respaldo político es un avance, la ejecución enfrenta retos. El costo de 30 mil millones de pesos requiere financiamiento mixto, posiblemente con aportaciones federales, estatales y privadas, además de un estudio detallado de impacto ambiental y geológico.
El SIAPA, criticado por su manejo ineficiente, deberá desempeñar un rol clave, pero su historial de retrasos plantea dudas. Madrigal sugirió involucrar a expertos del IMTA y el Colegio de Ingenieros para garantizar transparencia y eficiencia.
La propuesta también abre oportunidades. El agua captada podría aliviar la dependencia de Chapala, cuya calidad ha decaído, y apoyar la recarga de acuíferos, un tema crítico en una región afectada por sequías.
Además, la obra generaría empleos y fortalecería la resiliencia urbana frente al cambio climático, cuyos efectos, como lluvias más intensas, ya son evidentes.
El diputado César Madrigal cerró, señalando que “la mesa está servida. Este es un tema grave, agravado por socavones causados por inundaciones y tuberías de drenaje insuficientes. Es hora de actuar, tras años de olvido, para resolver este problema crítico en la zona metropolitana.”
VISTO BUENO DEL SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
Durante la segunda reunión de trabajo en la que los funcionarios del Poder Ejecutivo presentaron al legislativo el resultado del Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030, el ingeniero Ernesto Marroquín, secretario de Gestión Integral del Agua, dio su visto bueno a la propuesta del diputado César Madrigal sobre el drenaje profundo.
“Diputado, César Madrigal, en el tema de las inundaciones, coincido completamente con usted lo mismo que en el tema del drenaje profundo, y en este año también estamos trabajando en la actualización para el registro en cartera, que ya tenía un registro en cartera, pero se perdió, y vamos a trabajar en la actualización de este registro en cartera para retomar todos estos proyectos contra las inundaciones, y yo en lo personal, y creo que el equipo técnico, estamos de acuerdo en que una buena solución es el drenaje profundo”.
“Obviamente, eso tiene que ir de la mano de otras acciones que se tienen que tomar como usted ya bien mencionó, el Promiat que habla del control en el origen de las aguas pluviales, que esto significa que cada desarrollo debe tener una descarga cero, esto quiere decir que se haga un tanque de retención que permita almacenar el agua mientras ocurre la lluvia y después, cuando los colectores ya estén menos saturados, permitan desalojar esta agua porque en realidad en la ciudad no contamos con colectores pluviales, eran colectores que estaban hechos para aguas residuales; sin embargo, al no contar con colectores pluviales se hicieron combinados y no tienen la capacidad necesaria para atender el problema del exceso de agua en tiempos de lluvias”.
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Chelsea, el orgullo de Londres
Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara
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