JALISCO
Comunidad Indígena de Mezquitán: Exigen a la presidenta Sheinbaum cumplir con indemnización por sus tierras
Por Raúl Cantú //
El caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan, Jalisco, refleja una deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas, marcada por el incumplimiento de acuerdos de indemnización por la ocupación de 26.93 hectáreas de sus tierras para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río (carretera a Saltillo) desde 2004.
A continuación, se ordena cronológicamente el texto proporcionado, destacando los periodos de los presidentes de México responsables por omisión o acción del incumplimiento de los convenios firmados con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT, antes SCT), y se contextualizan las políticas indigenistas de cada administración para subrayar la negligencia institucional. La información se complementa con datos de fuentes externas cuando es relevante, citadas conforme a las guías establecidas.
CONTEXTO HISTÓRICO Y LEGAL
Año 1690: La Comunidad Indígena de Mezquitán fue constituida mediante un Título Virreinal, reconocido por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y respaldado por una resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales. Este título acredita a la comunidad como propietaria legítima de las tierras afectadas, que han defendido por más de 335 años.
1999 (Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000, PRI):
Evento: La SRA inicia pláticas y trabajos de campo para el proyecto de ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo.
Contexto: Durante el gobierno de Zedillo, se promovió la modernización de infraestructura, pero las políticas hacia pueblos indígenas fueron limitadas, enfocándose más en reformas neoliberales que en la protección de derechos territoriales. No se registra un incumplimiento directo en este periodo, ya que las negociaciones apenas comenzaban, pero se sientan las bases para el proyecto que derivaría en el conflicto.
Periodos presidenciales con incumplimientos (2004-2025)
Vicente Fox Quesada (2000-2006, PAN):
Eventos clave:
5 de noviembre de 2003: La SRA sugiere iniciar el trámite expropiatorio y el pago por las tierras ocupadas para la ampliación de la carretera.
3 de marzo de 2004: Se firma el primer Convenio de Ocupación Previa entre la Comunidad Indígena de Mezquitán y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), comprometiendo el pago del 50% del monto indemnizatorio tras un avalúo de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Incumplimiento: La SCT no realizó el pago acordado ni gestionó el avalúo.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de Fox priorizó el desarrollo de infraestructura, pero su política indigenista fue criticada por su falta de acción concreta tras el levantamiento zapatista. La SCT, bajo su administración, firmó el convenio inicial, pero no cumplió, iniciando una cadena de dilaciones que afectó a las 333 familias de la comunidad, integrada mayormente por mujeres y adultos mayores. Este incumplimiento marcó el inicio de una deuda histórica.
Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012, PAN):
Eventos clave:
7 de mayo de 2007: Se firma un Convenio de Depósito en Garantía, estableciendo un avalúo de $39,065,272.13 (aproximadamente $145 por metro cuadrado) por 26.93 hectáreas. La SCT paga $4,000,000 (10% del total) y se compromete a gestionar el 40% restante para completar el 50% acordado. Incumplimiento: No se gestionaron los recursos ni se completó el pago.
28 de diciembre de 2007: Se firma un segundo Convenio de Depósito en Garantía, con un pago parcial adicional de $1,639,268.52 (4% del avalúo). La SCT reitera su compromiso de completar el 50% del monto indemnizatorio. Incumplimiento: Por tercera vez, no cumple con el pago ni gestiona los recursos.
Análisis del incumplimiento: La administración de Calderón se enfocó en la seguridad y el combate al narcotráfico, relegando los derechos indígenas. A pesar de los convenios firmados, la SCT utilizó tácticas dilatorias, limitándose a pagos parciales insignificantes (14% del total acordado) y dejando a la comunidad en un limbo burocrático. Este periodo consolidó la percepción de racismo institucional, ya que, como señala el abogado Luis Antonio Rocha, la SCT no habría actuado con tal negligencia frente a una empresa privada.
Enrique Peña Nieto (2012-2018, PRI):
Eventos clave:
2012-2017: La comunidad sostiene entrevistas con funcionarios de la SCT, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y otras dependencias federales, sin obtener soluciones ni avances en el pago de la indemnización acordada en 2004 y 2007. Incumplimiento: Ninguna autoridad mostró voluntad de cumplir con los convenios .
29 de enero de 2017: La Asamblea de la Comunidad Indígena de Mezquitán aprueba iniciar demandas y juicios para exigir el cumplimiento de los convenios de 2004 y 2007.
22 de agosto de 2017: La comunidad presenta una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 (expediente 222/16/2017), contra la SCT, la Presidencia de la República y la SEDATU.
3 de abril de 2018: La SCT, la SEDATU y la Presidencia (Peña Nieto) responden a la demanda con argumentos improcedentes, según la comunidad, en lugar de cumplir con los convenios.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de Peña Nieto promovió reformas estructurales, pero las políticas hacia pueblos indígenas fueron superficiales, con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) teniendo un rol limitado. La falta de acción para resolver el caso de Mezquitán, a pesar de las reuniones con funcionarios, y la respuesta evasiva a la demanda reflejan una continuidad en las tácticas dilatorias. La comunidad se vio obligada a litigar, enfrentando una burocracia que perpetuó la marginación de sus derechos.
Andrés Manuel López Obrador (2018-2024, Morena):
Eventos clave:
28 de octubre de 2021: El Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 emite una sentencia parcialmente favorable, ordenando a la SICT pagar las cantidades acordadas en los convenios, pero condiciona la actualización del monto a un decreto expropiatorio. La comunidad presenta un Recurso de Revisión (125/2022) para exigir un avalúo actualizado por el INDAABIN sin necesidad de expropiación.
3 de marzo de 2022: El Tribunal Superior Agrario admite el Recurso de Revisión. Las autoridades federales (SICT, SEDATU) promueven un Juicio de Amparo Directo, considerado improcedente por no agotar el principio de definitividad, retrasando el proceso por casi dos años.
16 de febrero de 2023: El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito desestima el amparo por unanimidad, confirmando su improcedencia.
22 de noviembre de 2023: El Tribunal Superior Agrario resuelve el Recurso de Revisión a favor de la comunidad, ordenando a la SICT pagar la indemnización desde 2004 con un avalúo actualizado por el INDAABIN.
26 de diciembre de 2024: La Consejería Jurídica Federal promueve otro amparo (expediente 30/2024), que es declarado improcedente por el Séptimo Tribunal Colegiado, notificándose el 5 de enero de 2025.
Protestas y manifestaciones: Durante este periodo, la comunidad realiza bloqueos intermitentes de la carretera a Saltillo (2018, 2021, 2024) y de la avenida Lázaro Cárdenas (2024, 2025) para exigir el pago.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de López Obrador promovió una narrativa de apoyo a los pueblos indígenas, con la creación del INPI y proyectos como el Tren Maya, pero en el caso de Mezquitán, la SICT continuó con tácticas dilatorias, incluyendo amparos improcedentes que retrasaron el proceso. A pesar de sentencias favorables en 2021 y 2023, la falta de acción para ejecutar el avalúo y el pago perpetuó el incumplimiento, afectando a más de 300 familias. Las protestas de la comunidad reflejan su frustración ante la falta de voluntad política, a pesar de los avances legales.
Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2025, Morena):
Eventos clave:
26 de diciembre de 2024: El amparo promovido por la Consejería Jurídica Federal es declarado improcedente, confirmando la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior Agrario de noviembre de 2023.
31 de enero de 2025: La comunidad presenta un escrito ante el Tribunal Superior Agrario solicitando la ejecución de la sentencia.
6 de febrero de 2025: El Tribunal Superior Agrario acuerda instruir a su Dirección de Asuntos Jurídicos para verificar si existe un amparo pendiente, a pesar de que la sentencia es firme.
6 de mayo de 2025: El Tribunal Superior Agrario ordena devolver los expedientes al Tribunal Unitario Agrario 16 para la ejecución de la sentencia, conforme al artículo 191 de la Ley Agraria. Sin embargo, los expedientes no han llegado al tribunal.
14 de mayo de 2025: La SICT informa que no ha recibido requerimiento del Tribunal Unitario Agrario 16 para que el INDAABIN realice el avalúo, manteniendo el retraso.
16 de mayo de 2025: Se reporta que el Tribunal Unitario Agrario 16 llevará a cabo la ejecución de la sentencia, ordenando al INDAABIN realizar el avalúo, pero el proceso sigue pendiente.
Análisis del incumplimiento: La administración de Sheinbaum, que declaró 2025 como el “Año de la Mujer Indígena” y promovió reformas constitucionales para los derechos indígenas, heredó un conflicto de 21 años. A pesar de la sentencia firme de 2023 y la recomendación de la Consejería Jurídica Federal para cumplir, la SICT persiste en retrasar el avalúo, argumentando falta de notificación. La comunidad, apoyada por el INPI y organizaciones civiles, exige a Sheinbaum intervenir directamente, destacando que la burocracia sigue violando los derechos de más de 300 familias, mayormente mujeres y adultos mayores.
Estado actual (mayo de 2025)
La sentencia del Tribunal Superior Agrario (22 de noviembre de 2023) es firme, sin recursos legales pendientes, ordenando a la SICT pagar la indemnización desde 2004 con un avalúo actualizado por el INDAABIN.
La comunidad denuncia tácticas dilatorias de la SICT, como la excusa de no haber sido notificada, y del Tribunal Superior Agrario, que no ha agilizado la ejecución.
El monto original de $39,065,272.13 (2007) debe actualizarse a valor comercial, lo que podría superar significativamente los $54 millones estimados en 2018, dado el valor actual de los terrenos junto a la carretera.
La comunidad, liderada por Saúl Rodríguez Barajas, ha recurrido a manifestaciones pacíficas, como bloqueos de la carretera a Saltillo y la avenida Lázaro Cárdenas, para visibilizar su lucha.
La Consejería Jurídica Federal recomienda a la SICT cumplir con la sentencia, pero el proceso sigue estancado por la falta de acción del Tribunal Unitario Agrario 16 y la SICT.
CONCLUSIÓN
Los presidentes Vicente Fox (2004-2006), Felipe Calderón (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018), and Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) son directamente responsables por el incumplimiento de los convenios de indemnización firmados en 2004 y 2007, al no garantizar que la SCT (ahora SICT) cumpliera con los pagos acordados. Sus administraciones utilizaron tácticas dilatorias, como pagos parciales insignificantes, negativas a gestionar recursos y amparos improcedentes, perpetuando una deuda de más de 21 años que afecta a 333 familias.
Claudia Sheinbaum (2024-2025) enfrenta un conflicto heredado, pero la falta de acción inmediata de la SICT y los tribunales agrarios continúa violando los derechos de la comunidad, a pesar de su compromiso declarado con las mujeres indígenas.
La Comunidad Indígena de Mezquitán, con un título virreinal de 1690 y sentencias favorables, representa un símbolo de resistencia frente al racismo institucional y la burocracia. Su lucha, respaldada por el INPI y organizaciones civiles, podría establecer un precedente para otras comunidades indígenas si se logra el pago. La comunidad solicita a la presidenta Sheinbaum intervenir para ordenar la ejecución inmediata del avalúo y el pago, conforme a la Ley Agraria y las reformas de 2025, para cerrar este capítulo de injusticia.
ATENTAMENTE
COMISARIADO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
DE MEZQUITÁN, ZAPOPAN, JALISCO, MAYO DE 2025
– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
– Por Mario Ávila
Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el revés jurídico sufrido por la propiedad de 5.7 hectáreas de Colomos III, fue a causa de que algunos jueces «aprovechando sus últimos días en funciones, tratan de acabar su período corruptamente».
Lamentó que lo hagan afectando los espacios verdes, aunque sentenció tajante: «por ningún motivo permitiré que cercenen el predio de Colomos, es una batalla de colectivos a la que me uní hace muchos años».
En el tema legal, Lemus Navarro afirmó que la lucha no está perdida. «Quedan muchas instancias legales por dirimir, pero les doy mi palabra y mi compromiso, que nuestro bosque urbano se mantendrá intacto».
Días atrás, el gobernador Pablo Lemus, habló del proyecto urbano de 140 departamentos, que se pretenden construir en el polígono cercano a Patria y Acueducto, sobre lo que aseguró: «No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente porque eso está en una zona de protección hidrológica y tenemos que proteger a Colomos».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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