REPORTAJE
Emilio González intentó imponerlas: Hace 7 años la Suprema Corte declaró inválidas las pruebas de control de confianza
Por Cayetano Frías Frías //
Emilio González Márquez, como gobernador de Jalisco, ya había intentado hace siete años, imponer las pruebas de control de confianza a los servidores públicos del Poder Judicial y fracasó, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró como inconstitucional a la Ley de Control y Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios, y declaró inválidos sus efectos en ese tema.
Si el actual gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, insiste en la reforma para obligar a los servidores públicos del Poder Judicial a someterse a estos exámenes, seguramente sufrirá un revés similar.
Esta sentencia fue acordada por el voto unánime de los once ministros durante la sesión de pleno de la SCJN del 31 de marzo de 2014, en la cual se asienta que el Gobierno de Jalisco incurría en la transgresión de los Artículos 16, 17, 21, 73 fracción XXIII, 116 fracción III, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, se declaró la invalidez de los Artículos 1º, 11, 12, 17 y Transitorio Tercero, en los contenidos que aluden al Poder Judicial, quedando sin efecto lo que se consideró una intromisión de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en detrimento de la independencia del Poder Judicial.
Este antecedente aprobado por el más alto tribunal del país, o es ignorado por Enrique Alfaro Ramírez y sus asesores, o pretende imponer con su iniciativa de reforma a la Ley de Control y Confianza, un mecanismo de evaluación que ya ha sido desnudado como violatorio de algunos preceptos de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.
ANTECEDENTES
El 21 de julio de 2012 se publicó en el Periódico Oficial «El Estado de Jalisco», la Ley de Control y Confianza en base al Decreto 24035/LIX/12 aprobado por el Congreso del Estado, la cual en su Artículo 1º ordenaba someter a los servidores públicos de la administración de justicia, a los exámenes de control y confianza.
El Poder Judicial de Jalisco promovió una controversia constitucional (86/2012) ante la Suprema Corte de Justicia por lo que consideró intromisión de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, al pretender imponer exámenes que se aplicarían a sus empleados por otro poder.
El Poder Judicial de Jalisco alegó que la norma general cuya invalidez demandaba, resultaba transgresora de los artículos 16, 17, 21, 73 fracción XXIII, 116, fracción III, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En lo esencial, el Poder Judicial de Jalisco precisa que la reforma al Artículo 21 de la Constitución, especifica que los exámenes de control y confianza incluyen a las instituciones de seguridad pública, pero no contemplan a los servidores encargados de la impartición de justicia; por lo tanto el Artículo 1º de la Ley de Control y Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios es contraria a la Ley Rectora.
Entre los agravios, señalan que la citada Ley pretendía obligar al Poder Judicial a crear su Unidad de Control y Confianza, la cual estaría supeditada al Centro Estatal y al Centro Nacional, ambos de Evaluación y Control de Confianza, lo cual es atentatorio del principio de la división de poderes plasmada en la Constitución General.
En las conclusiones se establece que los servidores públicos del Poder Judicial local ya cuentan con un esquema legal que regula su ingreso, permanencia, promoción y separación del cargo, por lo que de observar lo consignado en la Ley de Control y Confianza promovida por el gobernador Emilio González, se cambiarán las condiciones laborales que imperaban al acceder al cargo, además de romper con los principios de autonomía e independencia.
El documento también incluye la opinión de la Procuraduría General de la República, que precisa:
«En consecuencia, al incluir a los servidores públicos del Poder Judicial en los procesos de evaluación de control de confianza se vulneran los principios o garantías establecidos en el numeral 116, fracción III, de la Constitución Federal.
«Esto se estima así, porque la norma impugnada, nace a la luz de los principios de la seguridad pública y los poderes judiciales locales están previstos en el artículo 116, párrafo III, de la Constitución Federal, lo cual es de naturaleza distinta».
En consecuencia, los ministros de la SCJN declararon la invalidez de los preceptos de la Ley de Control de Confianza y ordenan tachar en el Artículo 1º, la referencia al Poder Judicial, para quedar de la forma siguiente:
«Artículo 1.
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Esta ley tiene por objeto establecer los procesos de evaluación de control de confianza aplicables a los mandos operativos y sus elementos de las instituciones de seguridad pública y a los servidores públicos de la administración de justicia y defensores de oficio».
Esta sentencia fue publicada el 18 de marzo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación y al día siguiente, se hizo lo mismo en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, aunque sus efectos ya estaban vigentes desde que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de Jalisco recibieron la notificación oficial.
Así el gobernador Emilio González Márquez ordenó que se publicara una fe de erratas, la cual aparece en el documento oficial de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios, advirtiendo que el subrayado en el Artículo 1º invalida la obligación para someter a los exámenes «a los servidores públicos de la administración de justicia».
La iniciativa de Alfaro
Con las advertencias de que no tiene intención de imponer magistrados ni jueces y tampoco de intervenir en el Poder Judicial, el gobernador Enrique Alfaro lanza la amenaza:
«…tengo la firme determinación de que vamos a limpiar los poderes públicos del estado cueste lo que cueste. No vamos a permitir que siga permaneciendo esta red de complicidades que ha generado profundos daños a la vida de nuestro estado¨.
Con esa convicción, Alfaro Ramírez señala que en su iniciativa enviada al Congreso del Estado, va a insistir en aplicar exámenes de control y confianza a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, así como a jueces, quienes de no aprobarlos en un plazo de seis meses, serán retirados del cargo.
Otras modificaciones que propone, son eliminar el pago por «haber de retiro», cambiar el periodo de los nombramientos de magistrados por diez años sin posibilidad de reelección y someter a los aspirantes a exámenes de control y confianza durante los procesos de elección.
En los procesos de selección propone involucrar a representantes de universidades públicas y privadas para las evaluaciones técnicas, las cuales serían turnadas al Comité de Participación Social de donde se enviarán fichas de los mejores perfiles al Congreso del Estado, para que se elija de entre los tres mejor evaluados en un plazo máximo de 30 días.
En adelante, la selección de magistrados se haría en base a la equidad de género, en tanto que los jueces seguirán siendo electos por el Consejo de la Judicatura, pero serían sometidos a los exámenes de control y confianza como aspirantes y cuando busquen la reelección.
Por lo que toca a la aplicación de exámenes de control de confianza en el Poder Judicial, la iniciativa de Enrique Alfaro no parece tener viabilidad, dado el antecedente de la sentencia emitida por la SCJN, ya que primero tendría que modificarse la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos; el mismo resultado sería para cancelar el «haber de retiro».
De aprobarse como la envió el Ejecutivo, lo más probable es que se repita el camino de la controversia constitucional.
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LA SENTENCIA DE LA CORTE Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Es procedente y fundada la presente controversia constitucional. «SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 3o., fracción II, 7o., 8o. y transitorio cuarto de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial «El Estado de Jalisco» el día veintiuno de julio de dos mil doce, así como de los preceptos de la referida ley que a continuación se indican, en las porciones normativas siguientes: 1o., «servidores públicos de la administración de justicia y«; 11, numeral 1, fracción II, «integrantes del Poder Judicial y«; 12, numeral 1, párrafo segundo, «servidores públicos de la administración de justicia y»; 17, numeral 1, fracción XI, «al Poder Judicial,», y transitorio tercero, «el Poder Judicial». La declaración de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Jalisco». |
-Por Francisco Junco
El senador Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, lideró un encuentro en Casa Ciudadana con militantes, regidores, diputados locales y alcaldes del partido en Jalisco.
El evento, organizado por Movimiento Ciudadano Jalisco tuvo como objetivo dialogar sobre los retos que enfrenta México ante el oficialismo y fortalecer al partido como una alternativa política desde lo local.
Durante la reunión, Castañeda destacó la importancia de las capacitaciones para consolidar los liderazgos del movimiento y construir un proyecto que responda a las necesidades de la ciudadanía.
En sus palabras, expresó su convicción de que Movimiento Ciudadano puede ser una opción real para un país más próspero, diverso y humano.
Castañeda Hoeflich agradeció la confianza de sus compañeros y reafirmó su compromiso de defender la voz de Jalisco en el Senado de la República, impulsando agendas en beneficio de la población.
El encuentro también sirvió como un espacio de reflexión para analizar los desafíos políticos actuales y reforzar la unidad del partido rumbo a futuros retos electorales y legislativos.
Movimiento Ciudadano reiteró su compromiso de trabajar por un México en paz, verde, justo e igualitario, consolidándose como una oposición firme y responsable.
Trayectoria política de Clemente Castañeda:
2007-2009: Director del Órgano Técnico de Asuntos Metropolitanos del Estado de Jalisco.
2010-2012: Jefe de Coordinación Política del Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga.
2012: Coordinador general de la campaña a gobernador de Enrique Alfaro Ramírez.
En su carrera legislativa, ha sido diputado local en el Congreso de Jalisco (2013-2015), donde coordinó la bancada de Movimiento Ciudadano y promovió leyes en derechos humanos, transparencia y participación ciudadana.
Posteriormente, fue diputado federal (2015-2018) y coordinador de la bancada de MC en la LXIII Legislatura, participando en comisiones clave como Gobernación y Radio y Televisión. Desde 2018, es senador de la República por Jalisco y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado. Además, fue coordinador nacional de MC de 2018 a 2021.
-Por Mario Ávila
La posibilidad de construir un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara fue rechazada oficialmente por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), al dar respuesta oficialmente a la solicitud presentada por activistas ambientales, en la que exigen frenar el proyecto del tercer acueducto para llevar agua a la ZMG.
Los ambientalistas representados por el abogado Julio Carmona entregaron el documento en Palacio Nacional el pasado 9 de junio de 2025, dirigido directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el que hicieron tres peticiones clave: 1.- Suspensión inmediata del tercer acueducto, por falta de consulta a comunidades ribereñas; 2.- Reconocimiento del Lago de Chapala como sujeto de derechos, con personalidad jurídica propia; 3.- Rehabilitación urgente de las plantas de tratamiento, antes de autorizar más extracciones.
La respuesta llegó el 15 de julio de 2025 firmada por el director técnico, Carlos Enrique Vite Cárdenas, en la que señala que actualmente no existe ningún permiso o autorización vigente para dicho proyecto hidráulico.
EL PROYECTO
El nuevo acueducto Chapala–Guadalajara es un proyecto impulsado por el Gobierno de Jalisco con el objetivo de modernizar y sustituir el sistema actual de conducción de agua, que presenta una eficiencia del 75% y pérdidas significativas por fugas y evaporación.
El acueducto actual, con más de 34 años de operación, está llegando al final de su vida útil. La nueva infraestructura buscaría garantizar un suministro más eficiente y seguro de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
El nuevo acueducto permitiría un mayor control sobre el volumen de agua extraído del Lago de Chapala, manteniendo el límite autorizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de 7.5 metros cúbicos por segundo, establecido en un decreto presidencial.
Se estima que la nueva infraestructura reduciría las pérdidas de agua por fugas y evaporación, lo que contribuirá a una gestión más responsable del recurso hídrico.
Contaría con un presupuesto estimado de 6,500 millones de pesos. La licitación pública nacional para desarrollar esta infraestructura fue anunciada recientemente, aunque aún no se ha definido claramente la fuente de financiamiento.
El alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, ha solicitado que la construcción del nuevo acueducto se realice con base en un plan integral que garantice el equilibrio ecológico y social de la región. También ha enfatizado la necesidad de incorporar tecnología moderna que permita medir con precisión el volumen de agua transferido.
Organizaciones civiles y ambientales han expresado preocupaciones sobre la falta de consulta pública y la posible omisión de problemas estructurales que afectan al Lago de Chapala, como la contaminación y la deforestación en las zonas de recarga.
JALISCO
Diputado Beto Maldonado: Exige rescatar SIAPA y drenaje profundo para salvar vidas en Jalisco
-Por Raúl Cantú
El diputado federal de Morena por Jalisco, Alberto Maldonado, coordinador de su bancada en San Lázaro, urgió a priorizar la salvación de vidas tras el temporal de lluvias que ha dejado 7 fallecidos y 1 persona desaparecida en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
Citando la tragedia en La Martinica, donde una niña de tres meses murió y su familia resultó herida, Maldonado abogó por rescatar el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y construir un drenaje profundo.
“La infraestructura obsoleta agrava estas pérdidas; debemos actuar ya”, afirmó, respaldando la propuesta del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco y ofreciendo apoyo a Pablo Lemus para liderar la obra.
CRISIS HÍDRICA Y MALA GESTIÓN
Maldonado, con experiencia en el área jurídica del SIAPA, denunció que el organismo está en ruinas, convertido por gobiernos de PAN, PRI y MC en “una agencia de colocaciones”.
Citó el caso de Eli Castro, conductora de ¡Qué quiere la Banda!, que estaba en la nómina del SIAPA con un sueldo de 70 mil pesos como experta técnica, como ejemplo de frivolidad. “Esto explica los socavones, inundaciones y muertes por corrientes”, lamentó.
Criticó el aumento del 9% en tarifas, aprobado sin diagnóstico de deuda o necesidades, y exigió transparencia.
Propuso un Observatorio Ciudadano Plural con expertos de la UdeG, UAG, UNIVA, ITESO y TEC de Monterrey para analizar perfiles y rezagos.
DESIGUALDAD Y SANEAMIENTO ABANDONADO
El legislador señaló que los recursos del SIAPA se concentran en zonas privilegiadas, dejando atrás comunidades pobres del oriente como Tonalá y Tlaquepaque.
Abogó por restaurar la voz de los ayuntamientos (Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá) en la junta del SIAPA, perdida bajo Jorge Aristóteles Sandoval. Denunció el abandono del saneamiento, con tanques sin limpieza ni químicos, afectando la calidad del agua.
Las lluvias recientes, con un historial de 10 a 12 fallecidos por temporales, resaltan la urgencia de un drenaje profundo para mitigar 2,000 hundimientos anuales.
ALTERNATIVAS Y TECNOLOGÍA
Maldonado insistió en que la mala gestión, no la escasez, es el problema. Criticó el acueducto de Zapotillo, tras 20 años de debate sin resultados, y propuso usar el canal de Atequiza y la presa de Tamazula de Gordiano, que podrían ahorrar 70% del agua de Chapala.
“Estos recursos han sido ignorados; enviaré datos al Congreso”, prometió.
Urgió diagnósticos con satélites y drones para detectar fugas, pidiendo a la Secretaría de Gestión Integral del Agua priorizarlo.
APOYO A LEMUS Y PERSPECTIVA NACIONAL
Morena respalda a Lemus para una solución integral. “Propongo convocar a todos los sectores para recursos en el presupuesto 2026”, anunció, alineándose con la prioridad de Claudia Sheinbaum, quien destinó fondos a Conagua en 2025. Exigió incluir el drenaje profundo en el presupuesto de noviembre-diciembre de 2025, con inicio en 2026. “Con expertos, transformaremos esta crisis en desarrollo”, concluyó.
Encuentro en Casa Ciudadana con el Senador Clemente Castañeda
Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto
Echan abajo el proyecto del nuevo acueducto Chapala-Guadalajara
Escándalo en concierto de Coldplay: CEO de empresa tecnológica captado con empleada en momento comprometedor
