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REPORTAJE

Viene iniciativa del Poder Ejecutivo: Alfaro con reforma al Ipejal no toca las pensiones VIP

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Por Raúl Cantú //

Con todo y las críticas que vino realizando cuando era opositor a las llamadas “pensiones estratosféricas” que reciben del Instituto de Pensiones del Estado ex gobernadores, ex senadores, ex magistrados y políticos que fueron muy importantes en su momento, Enrique Alfaro no va a la acción y se abstiene de solicitar se reforme la ley para acabar con éstas.

Hoy cuando su voz suena fuerte y es el político de mayor influencia en Jalisco, extrañamente lo que predicaba como opositor ahora que gobierna y que puede impulsar el cambio, ya no le da la importancia que le daba en el pasado cuando buscaba votos y popularidad.

Al Congreso del Estado el gobernador Enrique Alfaro Ramírez mandó iniciativa que reforma un solo concepto de Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para otorgar una pensión al 100% a deudos de elementos operativos de las corporaciones policiales y de la unidad estatal de protección civil y bomberos, caídos en cumplimiento del deber.

El viernes 24 de junio de 2016 cuando Alfaro era presidente municipal de Guadalajara criticó las pensiones estratosféricas que recibían y siguen recibiendo el ex magistrado del Tribunal Administrativo (TAE) Eleuterio Valencia Carranza de más de 192 mil millones de pesos, así como el que en aquel tiempo era presidente estatal del PRI, José Socorro Velázquez, quien percibía en aquella fecha 155 mil 868 pesos y al año millón 870 mil pesos.

Esos dos casos citó Alfaro como ejemplo de esas estratosféricas pensiones y como exigencia de la reestructuración del instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL).

Por su parte el director de Pensiones designado por el gobernador Enrique Alfaro, Iván Arguelles ya no habló de reformar la ley para acabar con estas pensiones “estratosféricas” como las calificaba el hoy titular del Poder Ejecutivo de Jalisco cuando era líder de oposición, dijo que las revisarían para ver si existía alguna irregularidad.

LA PROPUESTA DE ENRIQUE VELÁZQUEZ

Diferente al discurso del gobernador es el del diputado perredista Enrique Velázquez quien sí plantea cambio de fondo para que las jubilaciones de Ipejal tengan un límite, considerando que de “nada le sirven a los trabajadores tener el derecho de la jubilación, si al llegar al cajero no habrá dinero en sus tarjetas”.

La iniciativa que presentó el diputado Enrique Velázquez la hizo pensando en el futuro de las finanzas del Ipejal, para tabular una pensión se debe de promediar lo que ganó en los últimos 10 años y se impone un tope financiero máximo de 30 salarios mínimos. Es decir, la pensión máxima debería ser hoy día de 92 mil 412 pesos.

Entre las modificaciones que impulsa el legislador, está el evitar los abusos en las pensiones de los funcionarios públicos de primer nivel, ampliar el promedio de 3  a 10 años laborados en el cargo para jubilarse y generar comités de inversión con gente responsable y capaz en Pensiones del Estado.

Si algo tenemos que entender en el país, no únicamente en el estado donde me toca ser legislador, es que de nada te sirve tener el derecho si no hay dinero. Si no administras bien los fondos de Pensiones que han sido un tema a nivel global muy complicados, en la década de los noventa se pensaron en los afores, se fueron cambiando las leyes para que hubiera topes a las cotizaciones, entonces el boquete financiero que tiene México tiene que ver con las pensiones que hay en Comisión Federal de Electricidad, IMSS, donde hay personas de 51 o 52 años jubilados, que han trabajado 25 o 27 años, que vivirán por lo menos 30 años más de acuerdo a la esperanza de vida”.

Con la convicción que la propuesta no es en contra de la gente y su acceso a buenos salarios, reiteró la importancia de frenar las súper jubilaciones, pues con la jubilación de un funcionario de primer nivel se cubren decenas de trabajadores en el estado.

Cambió la ley en 2009, es el promedio de los últimos 3 años, sigue siendo sobre periodos que tienen que ver con la posibilidad que cotizaste toda la vida con un salario de 5 a 10 mil pesos y tienes en el último tramo un salario de 100 a 150 mil pesos pues no habrá fondo que alcance, no estamos en contra que la gente tenga buenos salarios, sino en contra que se le pague a alguien como secretario o gobernador durante toda la vida cuando ese trabajo lo realizó algunos años”.

Creo que una jubilación digna puede ser entre 50 y 70 mil pesos, pero si se van jubilados con 150 o 200 mil pesos, ellos solos toman el dinero de aportaciones de hasta 35 trabajadores, la proporción es lo que no da la viabilidad en un fondo”.

Agrega: “Lo que debemos hacer los legisladores es garantizar que ese derecho sea asequible, que se

PENSIÓN PARA DEUDOS DE POLICÍAS

Con la reforma un solo concepto de la ley, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez envió a la Cámara de Diputaos una iniciativa de decreto que modifica la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para otorgar una pensión al 100% a deudos de elementos operativos de las corporaciones policiales y de la unidad estatal de protección civil y bomberos, caídos en cumplimiento del deber.

RETROACTIVA Y AL 100 POR CIENTO LA PENSIÓN PARA DEUDOS DE POLICÍAS

Por Mario Avila //

Con la reforma un solo concepto de la ley, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez envió a la Cámara de Diputaos una iniciativa de decreto que modifica la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para otorgar una pensión al 100% a deudos de elementos operativos de las corporaciones policiales y de la unidad estatal de protección civil y bomberos, caídos en cumplimiento del deber.

Incluso se plantea que el beneficio se otorgue de manera retroactiva a quienes hayan muerto tres años antes de la entrada en vigor de la enmienda legal y se explica de la siguiente manera: “Las pensiones por viudez u orfandad a que se refiere la reforma prevista en este Decreto, será aplicable a favor de los beneficiarios de afiliados que hayan fallecido en cumplimiento de su deber durante los tres años previos al inicio de su vigencia”.

En la exposición de motivos que justifica la emisión de la iniciativa, el mandatario estatal recuerda que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social”.

Por cierto, el contenido vigente de este artículo habla de que los deudos de los servidores públicos pueden aspiran cuando mucho a una pensión del 50% de su sueldo, siempre y cuando se cumpliera el requisito de haber tenido 30 años o más de cotización en Ipejal.

Concretamente el Artículo 92 expone: “La pensión por viudez y orfandad será cuantificada sobre la base de cotización que hubiere tenido en vida el afiliado fallecido y conforme a los porcentajes establecidos en la siguiente tabla: Menos de 10 años de cotización en caso de muerte por riesgo de trabajo, 30%; 10 años de cotización, 30%; 11 años de cotización 31%; 12 años de cotización 32%; 13 años de cotización, 33%; 14 años de cotización, 34%; 15 años de cotización, 35%; 16 años de cotización, 36%; 17 años de cotización, 37%; 18 años de cotización, 38%; 19 años de cotización, 39%; 20 años de cotización, 40%; 21 años de cotización, 41%; 22 años de cotización, 42%; 23 años de cotización, 43%; 24 años de cotización, 44%; 25 años de cotización, 45%; 26 años de cotización, 46%; 27 años de cotización, 47%; 28 años de cotización, 48%; 29 años de cotización, 49% y 30 años o más de cotización, 50%”.

Vale la pena acarar que el derecho a la percepción de pensión por viudez y orfandad, nace a partir del día siguiente de la fecha en que ocurra el fallecimiento del afiliado y esta prestación se otorgará únicamente en económico sin que exista obligación de otorgar servicio médico ni otras prestaciones.

Con esta iniciativa se contempla un ARTÍCULO ÚNICO: “Se adiciona un párrafo segundo al artículo 92 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para quedar como sigue: ARTÍCULO 92. […] Lo dispuesto en este artículo respecto de la antigüedad de cotización del afiliado fallecido, no será aplicable en los casos de elementos operativos de Cuerpos de Seguridad Pública o de la Unidad Estatal o Municipales de Protección Civil y Bomberos cuando fallezcan en el cumplimiento de su deber y que hubiere acumulado cuando menos dos años y un día de cotización efectiva ante el Instituto, por lo que los beneficiarios del afiliado fallecido tendrán derecho a una pensión por viudez u orfandad en los términos de esta Ley”.

JALISCO

Mónica Magaña y Alma Chávez: Una ciudad más humana se busca con la nueva ley de movilidad

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Por Mario Ávila //

La enmienda al artículo 4° Constitucional aprobada en el 2020, que convirtió en un derecho universal a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, hoy se plasma en el la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado lunes; en tanto que en el caso de Jalisco, será la seguridad vial el eje mediante el que reforme la nueva ley estatal, ya que tendrá que armonizarse con la ley federal.

En ello coincidieron la activista Alma Chávez Guth y la diputada presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte, en el Congreso del Estado, Mónica Magaña Mendoza, quienes plantearon que se busca generar instrumentos que permitan reducir las lesiones graves y fallecimientos derivados de accidentes con mobiliario público, como lo son los registros y bolardos; mejorar el diseño vial; promover el uso de vehículos seguros y garantizar atención medica pre-hospitalaria.

Particularmente Alma Chávez Guth, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Violencia Vial, expuso que en Jalisco van por una ley en la que se incluya la voz de todos los sectores involucrados e interesados, como las propias bancadas de los partidos políticos en el Congreso del Estado, “porque finalmente las víctimas son de todos, no tienen ni partidos ni colores y el costo que pagamos cuando pasan estos siniestros viales, mal llamados accidentes, que nos cuestan a todos los mexicanos”.

Recordó también que las leyes de movilidad y las reformas que se han hecho en Jalisco, siempre han salido por unanimidad, porque son temas muy nobles y que realmente son de interés público, por ellos los diputados de todas las fracciones se suman a las decisiones legales finales que se toman en el pleno.

Expuso que particularmente resulta de su interés, temas como el derecho a la movilidad comprendido en el capítulo 2 de la nueva ley, “ya que con ello las personas podemos, independientemente del medio que utilicemos para movernos, lleguemos a nuestro destino con bien; las condiciones de equidad, de igualdad, la de la gente con discapacidad y otros temas que me gustan y que vienen en la ley como los derechos de las víctimas, los sinestros tránsito y sus familiares, ahí protegen a la gente que acaba de sufrir un siniestro vial y también hay otra área que habla de la atención prehospitalaria, que debe de ser eficaz, rápida para poder salvar más vidas.

Estos tres temas son muy novedosos y son muy buenas para el tema que a mí me toca defender y esas fueron propuestas de mesas de trabajo precisamente ahí en el Congreso, derecho a movilidad y atención a víctimas, esos son los temas que me gustaría fortalecer y que se enriquecieron al plasmarse en el año 2020 en la reforma del artículo 4° constitucional”, expuso la activista social.

SE IMPUSO LA INDUSTRIA EN LA LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

Sobre el resultado del trabajo que la sociedad civil impulsó en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, para sacar adelante la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, se dijo hasta cierto punto decepcionada

En la Cámara de Diputados -dijo-, hubo mucha injerencia de la industria y los transportistas, presionaron mucho a través de la Secretaría de Economía para dejar en reserva y finalmente sacar los artículos que según ellos sobre regulaban al transporte de carga y de pasajeros. También lograron que no se exigiera la fabricación de autos seguros para uso nacional, siendo que aunque tengamos armadoras en las que se elaboran vehículos que se mandan a países de primer mundo con todos los aditamentos de seguridad, los que se venden en México no cuentan con ellos.

La seguridad de los conductores -abundó-, los pasajeros y los peatones que se pueden cruzar en su camino, sigue siendo más deficiente en los autos que se producen para su venta en México, que en el extranjero. Y ni siquiera son más baratos, prácticamente cuestan igual, pero nos venden a los mexicanos un vehículo como si fuéramos consumidores de segunda y con menores cosas para protegernos y proteger a los demás. Y eso se gestó a causa de la presión muy fuerte que se hizo en la Cámara de Diputados y al final del día no logró entrar este tipo de detalles que queríamos nosotros que estuvieran dentro de la ley, que tuviéramos vehículos más seguros.

Pero finalmente se aprobó así -expuso-, luego se manda al Ejecutivo para su revisión final y su publicación en el Diario Oficial de la Federación y el pasado lunes apareció publicado. Por ejemplo, las bolsas de aire, en el caso de los carros para su venta en el extranjero, deben de tener incluso bolsas laterales y bolsas para los pasajeros de atrás, pero en el caso de los carros que se venden en el país, solo se cuenta con esta medida de seguridad para el chofer y el copiloto.

La estabilidad de los vehículos -sentenció-, es también muy diferente; los antibloqueos y los sensores que previo a chocar con algo se encienden y te avisan mediante una alarma para que puedas frenar con cierta oportunidad, para que evites o mitigues los impactos, lo que ayuda mucho en el caso de los peatones y los niños en la vía pública y esto fue algo que no logramos que se incluyera en la ley con todos los autos que se vendieran en el país los tuvieran, en contraste con los que se exportan a otros países, particularmente a Estados Unidos en donde se debe de cumplir con las medidas propias impuestas por el gobierno, para la protección de sus ciudadanos. En cambio, aquí como que somos ciudadanos de segunda… pero bueno, ese es un tema de economía, hay empresa y personas que siguen ganado mucho dinero por situaciones de esta naturaleza, y al final no les importa la vida ni la seguridad de las personas.

Sin embargo, advirtió Alma Chávez Guth, que ese tema se habrá de seguir trabajando a futuro, porque es un tema importante que se pudieran dejar en espera, una vez que desde la Secretaría de Economía impidió que se consumara, al igual que no quisieron entrarle al tema de los seguros obligatorios, con el argumento de que en 21 estados las leyes ya contemplan esta obligatoriedad del seguro, situación que por cierto no es ninguna garantía que aunque esté, como en Jalisco desde hace más de 20 años, parece letra muerta porque quizá 40% o menos de los automovilistas, cuenta a la fecha con un seguro.

Pese a todo ello, estamos contentos con la probación y la publicación de la Ley Federal y con lo que viene porque a final de cuentas es un gran avance y ahora se debe trabajar desde casa, es decir en Jalisco y en todos los estados se tiene ahora la obligación de armonizar sus leyes estatales con la norma federal”, planteó la activista social.

LAS VÍCTIMAS SON DE TODOS, NO TIENEN COLORES NI PARTIDO: ACG

A la pregunta de si cuentan con aliados para sacar adelante la nueva ley, como lo hicieron en el Senado y en el Congreso Federal, Chávez Guth, planteó: “Ya hemos tenido el acercamiento con algunos miembros de la Comisión de Movilidad, con la misma diputada Mónica Magaña, que es quien la preside y quien habrá de presentar un proyecto de iniciativa al pleno, para poder tomarla como un punto de partida y empezar a trabajar mediante un parlamento abierto y mesas de trabajo con diferentes temas para que nuestra ley quede en los mejores términos, lo más completa posible y siguiendo los lineamientos que vienen ya en el marco legal nacional, pero a la vez conservando los conceptos vanguardistas que Jalisco tiene en su ley estatal.

Será una nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial estatal, que habrá de sustituir a la que se creó en el 2013, en la que se incluya la voz de todos los sectores involucrados e interesados, como las propias bancadas de los partidos políticos en el Congreso del Estado, porque finalmente las víctimas son de todos, no tienen ni partidos ni colores y el costo que pagamos cuando pasan estos siniestros viales, mal llamados accidentes, nos cuestan a todos los mexicanos”, expuso.

Recordó que las leyes de movilidad y las reformas que se han hecho en Jalisco, siempre han salido por unanimidad, porque son temas muy nobles y que realmente son de interés público, por ellos los diputados de todas las fracciones se suman. “Además, otros sectores de la sociedad civil claro que tienen mucho que decir, están por ejemplo las asociaciones que se crearon para temas de movilidad, de seguridad vial, las que defienden a las víctimas viales, los padres de familia que han perdido seres queridos, todos ellos deben ser convocados para trabajar en la elaboración de esta normativa, pero no pueden faltar también las voces de los motociclistas, los ciclistas, el transporte público masivo, plataformas, todos los que tenemos algo que ver con la movilidad”.

LA MOVILIDAD DE LA ZMG: TRAZAN RUTA DE PARLAMENTO ABIERTO PARA LA NUEVA LEY

Con el objetivo de garantizar una movilidad accesible, segura e incluyente, la diputada Mónica Magaña Mendoza, presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte, presentó en compañía de diversos funcionarios, la iniciativa de lo que será la nueva “Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco”.

En rueda de prensa, la legisladora manifestó que con esta ley se pretende promover acciones que beneficien a la sociedad, con perspectiva de género para mayor seguridad; incentivar una movilidad sostenible cuidando el medio ambiente, promover el uso de vehículos eléctricos, y el transporte colectivo eficiente, como lo es el transporte escolar.

Además, explicó que se busca generar instrumentos que permitan reducir las lesiones graves y fallecimientos derivados de accidentes con mobiliario público, como lo son los registros y bolardos; mejorar el diseño vial; promover el uso de vehículos seguros; garantizar atención medica pre-hospitalaria; implementar auditorías e inspecciones de seguridad, así como garantizar el derecho humano a la movilidad inclúyete, igualitaria y sin discriminación, entre otras.

También, dijo que esta iniciativa va a ser sometida al parlamento abierto, donde se escucharán todas las voces, y se buscará generar mejoras que impacten en el desarrollo de las ciudades, en la economía de las personas, y en su calidad de vida.

Por su parte, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, manifestó que éste es el resultado de un trabajo en equipo, que va más allá de leyes y reglamentos, ya que impacta la calidad de vida de las personas, con el objetivo de tener una movilidad fluida y ágil.

Testificaron el anuncio de la creación de la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora Zamora; Mario Ramón Silva Rodríguez, titular del Instituto de Planeación y Gestión de Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara; Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Transporte; Patricia Martínez Barba, Coordinadora General Estratégica de Gestión de Territorio; así como las senadoras Patricia Mercado Castro y Verónica Delgadillo y la diputada del estado de Nuevo León, Brenda Sánchez, entre otros.

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JALISCO

Foro de parlamento abierto: Pondría fin a divorcio entre movilidad y desarrollo urbano

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Por Mario Ávila //

Tres de los objetivos que busca consumar la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, son los más atractivos en opinión del arquitecto Francisco Javier Romero Pérez: I.- Definir mecanismos de coordinación de las autoridades de los tres niveles de gobierno y la sociedad; II.- Vincular la política de movilidad y seguridad vial, con el enfoque integral de la política de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y III.- Promover la toma de decisiones con base en evidencia científica y territorial, en materia de movilidad y seguridad vial.

Y justo estos tres conceptos serán fundamentales en la armonización de la ley federal, para el caso de la nueva norma en Jalisco, que llevará un proceso de consulta y parlamento abierto durante seis meses. Ello en opinión del experto en temas de movilidad y urbanismo, quien asegura que con esta nueva ley en la entidad se podría poner fin al divorcio entre la movilidad y el desarrollo urbano.

Esto significa, por ejemplo, tanto como el hecho de que ya no habría un nuevo desarrollo habitacional en los municipios de la Zona Metropolitana, sin que antes se realicen acciones de urbanización de las arterias y corredores urbanos, así como que se cuente con rutas de transporte público, para garantizar la movilidad adecuada en la zona.

Creo que es muy importante el concepto -dijo-, no hacer nuevos fraccionamientos si no existe la determinación de la movilidad de manera integral, creo que esa debería ser la realidad del futuro de la ciudad. Mira, cuando llegó Alberto Cárdenas hace más de 27 años, esa visión de integración entre la movilidad y el territorio, se planteó, pero no lo pudimos convencer. Si nosotros hubiéramos convencido al gobernador, primero y segundo a los diputados, la ciudad sería muy distinta a lo que hoy tenemos.

Y no vamos a crecer -expuso- echando más naranjas nuevas a un costal de naranjas podridas, cuántos fraccionamientos de cuántas hectáreas en 27 años se han realizado en la ZMG y siguen estando podridas. Hubiera sido una transformación total, ojalá y esta visión que se plasme en la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Jalisco, sea el inicio de que el futuro de un fraccionamiento esté sustentado en la evidencia científica y territorial, que la movilidad sea sustentable y adecuada para todos los usuarios.

Incluso, planteó que para la creación de la nueva ley, en los foros deben participar y se debe escuchar la voz no solo de los diputados, sino que en el parlamento abierto deberían participar académicos, científicos, técnicos en desarrollo urbano, pero además asociaciones de vecinos que son los que realmente han padecido y padecen las consecuencias de las malas decisiones de gobierno.

Romero Pérez, experto el movilidad y urbanismo, hizo saber también que para él, “es una opción muy importante lo que esta ley ofrece, ya que aplicará en lo federal, transitará a lo estatal y llegará a determinaciones de influencia municipal; creo que vale la pena que las universidades participen, que los especialistas opinen y que no solo sean el núcleo de diputados los que determinen cuáles serían las formas de vincular estas leyes”.

 

SE ACABARÁN OCURRENCIAS COMO

LA CICLOVÍA DE AVENIDA GUADALUPE

Para ejemplificar con claridad las ventajas que traerá consigo la nueva ley, al promover la toma de decisiones con base en evidencia científica y territorial, en materia de movilidad y seguridad vial, Francisco Javier Romero Pérez, habló del caso de la ciclovía de la avenida Guadalupe.

Yo creo que -dijo-, las ocurrencias pasaron a la historia con ese objetivo específico, ya que ahora solo con base en evidencia científica se podrán hacer las gestiones de los nuevos elementos del desarrollo urbano con la movilidad, es decir, ahora serán las pruebas las que determinen las acciones. Hoy me ha tocado oír muchos discursos que hablan de muchas acciones que se están ejecutando para solucionar supuestamente los problemas que todos tenemos. Y creo que las diferencias que existen ahorita entre el gobierno y las personas, en donde se hacen las acciones específicas, que viven en la zona donde se ejecutan las acciones y las personas que van de paso, por fin se van a poder acercar y pedir a la autoridad con qué evidencia científica cuentan para ejecutar las acciones que están planeando.

A mí esos dos elementos se me hacen de mucho valor -planteó-, para que realmente podamos tener un cambio real en lo que estamos buscando. Si yo voy a determinar una acción, para justificarla no debe ser posterior a que se realice la acción, sino que anterior a su ejecución debo probar con una evidencia científica de que existe una demanda real, para ejecutar la obra, por ejemplo un padrón de ciclistas que utilizarían la ciclovía de avenida Guadalupe y contrastar para ver si se justifica quitarle un carril al automóvil, antes de realizar la obra.

Cuál es el encabronamiento de los que no están de acuerdo -sentenció-, es porque ven solas las ciclovías y comparan los tiempos de sus desplazamientos, que se han incrementado de una manera importante.

No así el caso de Mi Macro Periférico -remató-, una obra que se tenía que realizar porque ahí está la demanda, ahí están las unidades llenas a todas horas del día. Se sabía que había una demanda importante a lo largo de todo el periférico lo cual era la evidencia científica para poder determinar la necesidad de mejorar ese movimiento de personas. Hay un beneficio, el número de personas que se están transportando contra el número de carros que están circulando. Es decir, yo no veo a los autobuses por el periférico con las unidades vacías.

 

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JALISCO

Desde el clóset, diputados dan el sí, al matrimonio igualitario: Jalisco, el estado 25 en avalarlo

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Por Mario Ávila //

Amparados en el voto por cédula, para evitar que se conociera el sentido de su sufragio, los diputados de la LXIII Legislatura local aprobaron por mayoría la reforma legal a Código Civil para avalar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

A la vez, se aprobaron reformas legales para reconocer las prerrogativas que tienen las personas transexuales a la identidad de género y para imponer sanciones, como multas y cárcel, a las terapias de conversión para “corregir” la identidad sexual.

Con ello Jalisco se convierte en la entidad número 25 del país, en avalar el matrimonio igualitario, una práctica que nació en la Ciudad de México (antes Distrito Federal) en el año 2010 y que ha permeado en todo el país con el visto bueno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que con el argumento de que se incurre en discriminación, se podría acceder mediante un juicio de amparo en todos los rincones de la nación.

En el caso de Jalisco, la historia dice que el primer intento en modificar el Código Civil para eliminar puntualmente las palabras “entre un hombre y una mujer”, cuando se habla de matrimonio, ocurrió a finales del siglo pasado cuando en un intento de madruguete la diputada del PAN, Rocío García Gaytán, mediante un madruguete planteó efectuar la reforma que fue denunciada por el diputado Porfirio Cortés Silva y con ello fracasó la consigna, que finalmente se consumó 23 años después.

Sin embargo, la parte relevante de esta modificación legal, fue no solo en el fondo, sino en la forma, ya que en un acuerdo entre fracciones parlamentarias y después en el pleno, se avaló cambiar el procedimiento y someter a votación la iniciativa de reforma al Código Civil para dar el visto bueno al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero mediante una votación por cédula, es decir para ocultar el sentido del voto de cada legislador.

El argumento que se esgrimió para esta aprobación del voto secreto, fue en virtud de que supuestamente algunos diputados habían recibido algunas amenazas e incluso un par de legisladoras, habían sido víctima de algunos jaloneos por parte de manifestantes que durante toda la jornada se apersonaron en las afueras del Congreso del Estado.

Con ello se impidió que la sociedad se enterara no solo del sentido del voto de cada uno de los representantes populares y con ello se violara el principio de la rendición de cuentas y la transparencia a la que están obligados los funcionarios públicos que llegaron al cargo mediante un proceso de elección popular, sino que además se impidió que previo al proceso de votación, se diera un tradicional debate de ideas y argumentos, por parte de los legisladores que estaban a favor y en contra de la propuesta de reforma legal.

De tal suerte que los jaliscienses fueron privados de poder escuchar de viva voz de los protagonistas de los cambios legales a una parte importante en la vida civil de su comunidad, los argumentos en favor o en contra de la medida.

Por supuesto que aquí bien se puede hablar de un cierto grado de complicidad y hasta de traición, de los diputados que tradicionalmente de acuerdo a la doctrina de su partido, a su principios y fundamentos, siempre han defendido las causas de la familia desde su concepción tradicional y que en esta ocasión simple y sencillamente se ocultaron en el anonimato que les dio la votación por cédula y guardaron silencio hasta que se conoció que el matrimonio igualitario se aprobó con 26 votos a favor 8 en contra y 3 abstenciones.

De hecho uno de los legisladores que se opuso a la votación por cédula, fue el coordinador de la bancada de Morena, José María Martínez Martínez, quien incluso anticipó que los diputados de su fracción parlamentaria votaría a favor de las tres resoluciones polémicas planteadas, pero a la vez retó en particular a los legisladores del PAN, sin referirse textualmente a ese partido, a que dieran la cara ante sus votantes.

Para proponer que se evitara la votación por cédula, José María Martínez, propuso: «Para suprimir todo voto por cédula, incluso la designación de funcionarios, porque lo más saludable es que todos tengamos con plena transparencia un ejercicio digno del encargo que tenemos como representantes».

Porque la votación por cédula en términos del español, es un voto secreto y en términos de la realidad es la cobardía de aquellos que pretenden seguir usufructuando una renta electoral que no merecen, porque dicen representar valores, porque dicen representar causas que hoy las van a esconder de forma cobarde a través de un voto secreto”.

Eso es exactamente la realidad de lo que va a ocurrir y Morena no está de acuerdo, Morena está claro en sus causas, en sus convicciones, pero también en sus votaciones y adelantamos desde ahorita nuestros votos a favor de las propuestas, esperemos que el resto de ustedes también así lo hagan, de forma valiente, de frente y digna y hagan valer ese cargo que tienen ustedes como representantes ante un electorado que les vendió una cosa y les ofrecen otra”, sentenció.

CAMBIOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN FAVOR DE LA COMUNIDAD LGBTQ+

Tras la polémica votación efectuada de madrugada en la sede del Poder Legislativo, en el portal oficial del Congreso del Estado se limitó a emitir un comunicado que expresa:

En un ejercicio de sensibilidad política, igualdad, respeto a las garantías individuales, inclusión y atención a las necesidades sociales, en sesión de Pleno que preside la diputada Priscilla Franco Barba, los legisladores de Jalisco aprobaron cambios a la normatividad vigente en favor de la comunidad LGBTQ+.

Debido a lo anterior, para terminar con las prácticas discriminatorias que atentan contra la dignidad humana y los derechos de las personas, se adicionó el artículo 202 Ter al Código Penal para el Estado, con el objeto de sancionar multa de cincuenta a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización o de treinta a cien jornadas de trabajo en favor de la comunidad a quienes promuevan, apliquen o financien cualquier tipo de tratamiento, terapia o práctica para modificar, reorientar o anular la orientación sexual de una persona.

En este mismo tenor, se reformaron los artículos 258, 260 y 267 Bis del Código Civil para establecer la posibilidad de que dos personas se unan libremente en comunidad con respeto, ayuda mutua e igualdad de derechos y obligaciones. Lo anterior de conformidad a lo que señala la Acción de Inconstitucionalidad 28/2015 en la cual se reconoce el derecho a establecer un vínculo familiar a personas del mismo sexo.

Para concluir, se actualizó la Ley del Registro Civil de la entidad para reconocer la prerrogativa que tienen las personas transexuales a la identidad de género; con ello, se faculta a los Oficiales del Registro a levantar una nueva acta de nacimiento previa anotación correspondiente en el acta de nacimiento primigenia, a las personas mayores de edad que así lo soliciten.

Cabe destacar que la modificación a la legislación vigente prevé que al expedir una nueva acta no se extinguen derechos ni obligaciones civiles, penales, laborales o administrativas contraídas con anterioridad al proceso”.

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