Por Mario Ávila //

Los altos índices de impunidad en la impartición de justicia, que sin duda alientan a la delincuencia a mantener ya por más de una década los elevados números de sucesos delictivos en Jalisco, hacen indispensable una purga urgente en el Poder Judicial, tema en el que han coincidido la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, el poder legislativo, el gobernador de Jalisco e incluso representantes del propio Poder Judicial.

La revisión con lupa a las determinaciones de los jueces y magistrados, ha sido la primera de las acciones, a las que les podrían seguir evaluaciones, pruebas de control y confianza, investigaciones y hasta sanciones, de acuerdo a las propuestas que se han escuchado, entre las que destaca la iniciativa del diputado Salvador Caro Cabrera, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, que ha llegado al extremo de plantear la necesidad de modificar la ley para que la facultad para designar nuevos magistrados, pase de manera directa al gobernador del Estado.

Jalisco, un estado que llegó tarde a la implementación del nuevo modelo de justicia penal adversarial, una entidad en donde están cuestionadas por el propio Poder Judicial las designaciones de casi un centenar de jueces orales entre los cuales podría designarse en breve a un asesino (Cuauhtémoc Plazola), una entidad en donde se tuvo que tomar la determinación de destituir al expresidente del STJJ y del Consejo de la Judicatura, Luis Carlos Vega Pámanes en una revisión de sus antecedentes delictivos, hoy no tiene otra alternativa que recurrir a determinaciones drásticas y por muy radicales que parezcan.

Jalisco se ha colocado desde el 2006 cuando se declaró la guerra contra el narcotráfico, como una de las entidades con mayor incidencia delictiva del país, pero sin duda fue a raíz de la muerte de Nacho Coronel (29 de julio del 2010) y el nacimiento del “Cartel Jalisco Nueva Generación”, cuando la violencia se desató y Jalisco se colocó como hasta la fecha, como una de las tres entidades del país con mayor actividad delictiva.

Y junto con el crecimiento desmedido de la violencia, ha venido de manera paralela la impunidad, al extremo de que incluso con la entrada en vigor del nuevo modelo de justicia penal adversarial, se habla de la existencia de una puerta giratoria en el proceso de impartición de justicia, en donde los policías detienen a los delincuentes y los jueces y magistrados los liberan.

Desde aquel entonces poco pudo hacer el mandatario panista, Emilio González Márquez que ya veía cerca el fin de su sexenio, se agravó sin duda la situación con la llegada del gobernador priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y apenas llegando a los primeros cinco meses de su administración, Enrique Alfaro Ramírez plantea la necesidad de recurrir a soluciones drásticas.

Primero fue el presidente de la Canaco Xavier Orendáin de Obeso, quien en su toma de protesta y en presencia de los titulares de los Tres Poderes en Jalisco, convocó a los actores sociales y políticos del Estado a firmar un Pacto por la Integridad y por el Bien Ser de Jalisco, propuesta que no ha trascendido en los hechos, pese la invitación iba dirigida en particular al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Estévez, para que “limpie y dignifique el Poder Judicial del Estado”.

La propuesta consistía en que los funcionarios del Poder Judicial sean sometidos a las pruebas de control de confianza, causando con ello suspicacias y malestar entre los actores señalados, jueces y magistrados, quienes cerraron filas con su presidente, Ricardo Suro Estévez, quien se protege aludiendo a la resolución de la SCJN de una controversia en el 2012 los exime del procedimiento.

Sin embargo, a últimas fechas la situación se ha tornado más crítica a raíz de que se detuvo y fue liberado Alexis alias “El Chofo”, a quien se identifica como jefe de plaza del CJNG en la región Lagos de Moreno, lo que generó que en una reacción de la delincuencia se asesinara a uno de los policías que participó en su captura, Juan Carlos Hernández Ornelas.

En ese momento el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro levantó la voz para alertar sobre la necesidad de hacer una purga en el Poder Judicial y el planteamiento lo llevó al seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en donde con el visto bueno de la Presidencia de la República, se le asignó al propio Alfaro Ramírez a encabezar este proceso de revisión a jueces y magistrado en Jalisco y en el país.

Alfonso Partida Caballero

REVISIÓN A PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Una voz en defensa del actuar Poder Judicial, pero sin dejar de aceptar que hay graves casos de corrupción entre jueces y magistrados, el ex Consejero de la Judicatura, Alfonso Partida Caballero advierte que lo primero que debe ocurrir es que saquen la mano del Poder Judicial, el gobernador, el Congreso del Estado, los partidos políticos y todos los grupos de poder.

“Es una lástima -dijo-, el sometimiento en el que se encuentran el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, simple y sencillamente porque ellos se han quedado callados, no han hecho ninguna propuesta sobre el tema jurídico de lo interno y lo externo, usuarios de la justicia, abogados, académicos nadie ha hablado y desde ahí estamos viendo la manipulación facciosa que se hace del Poder Judicial. Tenemos magistrados y jueces que se acachorran ante el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los partidos políticos y con esa actitud ellos mismos se están negando la autonomía misma”.

“Eso es lo que yo he visto -apuntó-, con la intervención facciosa del Ejecutivo al echar culpas por ejemplo en materia penal, cuando las instancias que son del Ejecutivo, como la Fiscalía y las policías, son las que están fallando. Le echan la culpa al sistema acusatorio cuando ni el gobernador, ni el fiscal conocen el sistema acusatorio, entonces están acusando con certezas morales, supinas, a jueces y magistrados”.

Partida Caballero, quien fuera integrante del Consejo de la Judicatura, considera que no todo está mal en el Poder Judicial, “tiene una historia, sí en efecto hay que quitar lo malo, pero no como lo están haciendo con una intervención facciosa, sino aplicando la ley. Aquí debe de estar la Fiscalía Anticorrupción metida, no el gobernador diciendo lo que está bien o lo que está mal. “Quién demonios le dice al gobernador en dónde está bien y dónde está mal, ahí tienen una serie de acciones que son más cuestionables que de las que han hablado en materia de justicia. No le han metido un solo peso, ah pero eso sí para obra pública todo el dinero, se quieren endeudar con más de 5 mil millones de pesos para acciones de obra pública porque eso deja ciertos dividendos, te da votos, mientras que el Poder Judicial no da votos, el Poder Judicial debe de dar paz social y orden”.

“Esa es la gran problemática, el Poder Judicial, entonces aquí lo que se debe de hacer es que saquen las manos el Ejecutivo y el Legislativo y que el Poder Judicial con la comunidad jurídica, con las universidades públicas y privadas, deben realizar los exámenes para los nombramientos en un proceso abierto transparente y equitativo, nadie debe tenerle miedo a los exámenes, a lo que le tienen miedo es a quién realiza esos exámenes, en este caso al Legislativo”.

Incluso Partida Caballero se refirió al proceso de selección de jueces orales y a la lista de jueces de reserva que pretende ser eliminada por el nuevo presidente del STJJ, por lo que la pregunta obligada fue: ¿Para usted Cuauhtémoc Plazola merece ser juez?

Y la respuesta fue contundente: “Déjame comentarte, ese fue un caso que posteriormente fue dado de baja, aunque él ganó después un juicio de amparo desgraciadamente, conozco muy bien el caso y yo fui de los que votó para que se le suprimiera el cargo por falta de probidad, ahí está mi voto en contra de su nominación”.

UN EXCESO QUE EL EJECUTIVO DESIGNE MAGISTRADOS

Sobre la propuesta del diputado Salvador Caro Cabrera en el sentido de que sea el gobernador el que designe a los magistrados, el académico e investigador de la UdeG, Alfonso Partida Caballero expuso: “Primero déjame decirte que ellos mismos no conocen lo que hace un juez y ahí está el caso de Salvador Caro. Los que deben hacer las evaluaciones son personas que deben de conocer todo el sistema judicial, por ejemplo los magistrados, los mismos jueces, ministros o magistrados federales, pero no personas que no conocen porque qué es lo que van a calificar. Y el gobernador se agarra despotricando contra jueces y magistrados sin conocer siquiera qué acciones han cometido, los cuestiona con certezas morales, pero dónde están sus denuncias penales”.

“Yo sí creo que hay bastante corrupción en el Poder Judicial, pero por qué no lo denuncian, por qué se van solo por el camino de la descalificación, pues para poder manipular el proceso y nombrar a quienes les da su regalada gana y eso no nos va a garantizar más que el uso faccioso de un grupo de Poder”.

Alfonso Partida descalificó también la responsabilidad que le endilgaron en la Conago a Alfaro Ramírez, para que se responsabilice de encabezar a nivel nacional esta lucha contra la impunidad y ante ello él mismo se preguntó: “Qué es la Conago, es un club de gobernadores donde está la mayor corrupción, fueron imputados 22 gobernadores, actuales y anteriores; y el de aquí fue cuestionado por la contratación de una renta de maquinaria millonaria, cómo demonios le vas a dar esa responsabilidad a una persona que está cuestionada, para que investigue qué, para que investigue cómo”.

METE LAS MANOS POR EL JUEZ Y APLAUDE AL DEFENSOR DE OFICIO

El exconsejero de la Judicatura habló con detalle del caso de Lagos de Moreno y planteó: “Se le dejaron ir a un juez porque aplicó la ley, porque el defensor de oficio le ganó el juicio al fiscal, no fue el juez. El defensor de oficio logró probar sus acciones, demostró que está metido en su trabajo, que tiene más talento que un fiscal que no sabe investigar”.

“En ese asunto -expuso-, nunca se investigó el robo que se dice en grado de tentativa, simplemente se detuvo, pero el vehículo es de los que dicen que son delincuentes, y ellos mismo no pueden robar lo que les pertenece. Y dónde están las órdenes de aprehensión, las carpetas de investigación en contra del gran delincuente que dicen que aprendieron, si no hay ninguna carpeta de investigación abierta aparte de la del robo a vehículo, a lo mucho daba este delito menor para una violación de depósito, porque no te puedes robar lo que es tuyo”.

“Por qué no hace una aclaración el gobernador y el Fiscal -abunda-, porque es más rentable utilizar facciosamente a las instituciones, en lugar de pedir una investigación y si se tiene que ir el juez, que se vaya; pero también si se tiene que ir Salvador Caro o el Fiscal, que se vayan. De lo que sí estoy seguro es que se tendría que ir el Fiscal si se hace esta investigación de manera correcta. En el Derecho Penal no hay pequeños errores o minucias, la teoría del delito dice que debe de ser un encuadramiento real y perfecto; si dices que hay errores tú mismo estás admitiendo que ese asunto está perdido, porque estás contaminando el proceso. El gobernador no conoce el proceso penal, debe de guardar silencio, debe ser el Ministerio Público, debe ser una cuestión de abogados, entre ellos de defensores de oficio y de jueces”.

Y planteó: “En su lugar, yo que el gobernador a este defensor de oficio de Lagos de Moreno lo contrataría como Fiscal para que defendiera a la gente y como jefe de todos los Ministerios Públicos; no hay un MP que haya resuelto un asunto importante, no lo hay, lo que tenemos es solo ministerios públicos manipulados por la propia Fiscalía, porque es la Fiscalía la que les dice cuál pasa y cuál no, a quién dejan libre y a quién no. No hay un Ministerio Público en plenitud de facultades, esa es autonomía, la autonomía en la procuración de la justicia empezaría ahí justamente”.

“El Fiscal solo se ha dedicado a realizar ruedas de prensa para informarnos de las desgracias y la crítica también es para los medios de comunicación, nadie le pregunta los puntos neurálgicos de un tema, nadie lo cuestiona, nadie detecta la manipulación mediática que se está haciendo de la información. Nadie le ha preguntado al Fiscal por ejemplo cuántas averiguaciones se les asignaron a los agentes del Ministerio Público y cuántas llevaron hasta la sentencia”.

“Así nos daríamos cuenta que en un año tenemos nada más 10 sentencias, de más de 110 mil carpetas de investigación que se abrieron, esto significa que porque no pueden sustentar sus propias averiguaciones. Esa es culpa del MP por eso la justicia está tan cuestionada, que no le echen la culpa a los jueces”, expuso.