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REPORTAJE

CLADEM México condena falta de protección a Vanesa Gaytán: El organismo señala que la mataron los funcionarios ineptos que no la protegieron

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Por Raúl Cantú //

"A Vanesa no la mató solo el marido cobarde, sino todos los funcionarios ineptos que no procuraron su atención ni seguridad.El Estado le falló a Vanesa y exigimos justicia para ella y justicia para todas”, así de directa es la declaración que presenta Cladem México después de ser asesinada frente a Casa Jalisco Vanesa Gaytán Ochoa por su esposo.

El comunicado que dieron a conocer a la opinión pública por su trascendencia y valor de la denuncia en defensa de las mujeres violentadas que están en peligro de muerte, lo publicamos en forma íntegra:

El feminicidio de Vanesa Gaytán Ochoa ocurrido el pasado jueves 25 de abril en las puertas de Casa Jalisco, es totalmente inadmisible y refleja a la perfección lo que ocurre en el Estado cuando una mujer es violentada: La impunidad cobijará al agresor y ella se encontrará en la mayor de las vulnerabilidades, su vida estará en peligro ante la inoperancia de las autoridades.

El derecho a vivir una vida libre de violencia se ha vuelto una falacia en el Estado. No hay políticas públicas de prevención de las violencias y tampoco hay acceso a la justicia para las mujeres que las denuncian. El sistema de justicia está colapsado.

Desde el CLADEM y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, hemos denunciado desde hace más de 10 años esta situación. En innumerables ocasiones hemos señalado públicamente la ineficacia de las órdenes de protección.

La respuesta oficial de todos los funcionarios que han declarado respecto del feminicidio de Vanesa, evidencia la ignorancia y la falta de perspectiva de género además de revictimizar a la víctima y a su familia.

Aquí dejamos algunos señalamientos puntuales:

1. La autoridad tenía conocimiento de la situación de riesgo en la que se encontraba Vanesa, por lo menos desde el pasado 30 de diciembre del 2017 en que presentó en la Fiscalía del Estado una denuncia por violencia en contra de su esposo. (Las declaraciones del fiscal y de la directora de área son inadmisibles al señalar que durante un año realizaron tres llamadas y Vanesa no les contestó. Con esta respuesta pretenden trasladar la responsabilidad de su seguridad en la víctima y evidencia que no tienen ningún protocolo de actuación para vigilar al agresor).

2. Las declaraciones del gobernador “las disculpas no previenen, las promesas de quien les agrede no son garantía de nada; un primer acto de violencia, físico o psicológico, es suficiente para frenar, para decir basta, alejarse y pedir ayuda…” también revictimizan al responsabilizar a Vanesa por la relación que vivía con el agresor. Evidencia un desconocimiento pleno del círculo de violencia que viven las mujeres y elude la responsabilidad del Estado al responsabilizarlas a ellas por continuar en una relación violenta, estas declaraciones ofenden no solo a la víctima y su familia sino al resto de la sociedad jalisciense.

3. Inaceptable que la postura oficial del Gobierno del Estado sea desde una perspectiva de revictimizar a la víctima, de carga de la responsabilidad a las mujeres (si nos matan es porque nos lo buscamos, porque no lo evitamos), en lugar de reconocer la grave situación de violencia contra las mujeres que vive el Estado y que lo colocan como una de las entidades más violentas y de mayor riesgo para las mujeres. Como autoridad está obligado a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

4. A pesar de contar con una denuncia presentada en fiscalía por violencia y de contar con orden de protección, la omisión de las autoridades puso en riesgo su vida, ni siquiera el haber llegado a Casa Jalisco y de estar ante policías estatales y escoltas del Fiscal General pudieron evitar que le arrebataran la vida a Vanesa. Evidentemente hay responsables de esas omisiones que tienen que ser investigados y sancionados.

5. En rueda de prensa el Fiscal declaró: “ (…) recibimos instrucciones del Gobernador de revisar el asunto a fondo, en consecuencia y de nueva cuenta, reanudar todos aquellos esfuerzos que tengamos que hacer con el ánimo de salvaguardar la seguridad de todas aquellas mujeres que a través de la búsqueda de la Justicia están tratando de resolver un problema familiar”.

Preocupa que no se reconozca por parte de la autoridad responsable que la violencia contra las mujeres es una grave violación a los derechos humanos, desconcierta que el fiscal asuma este caso como uno que debe resolver por indicaciones del gobernador, cuando se refiere a que actuarán con el ánimo de salvaguardar a las mujeres involucradas en problemas familiares, lo que demuestra es desconocimiento de las funciones de su cargo, ignora que el Estado está obligado a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y que su actuar debe estar en todo momento acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.

6. La filtración a la prensa del video y fotografías que muestran el momento exacto del asesinato solo pudo haber ocurrido por instrucciones oficiales e institucionales.

Estos videos vulneran aún más a la víctima y a su familia, las revictimizan, generan mayor dolor al sufrimiento de la pérdida y en nada abona a clarificar los hechos, al contratrio, traslada la responsabilidad en el agresor como único responsable del feminicidio de Vanesa.

Se tiene que investigar y responsabilizar a quien autorizó la filtración de dicha  información que puede violentar aún más el derecho de las víctimas y sus familias a la privacidad de su dolor y sufrimiento.

Preguntas que deben responder las autoridades:

1. ¿A más de un año de la denuncia por violencia, que avances tiene la carpeta de investigación?

2. A partir de la emisión de la orden de protección, ¿cuáles fueron las medidas y diligencias que se implementaron?

3. ¿En qué consisten las medidas de protección y seguridad implementadas? ¿Con qué periodicidad fueron implementadas?, ¿Qué área y que funcionario fue asignado para dar seguimiento a las órdenes de protección? ¿El área responsable tiene bitácora de seguimiento? ¿Cuántas visitas al domicilio de la víctima se realizaron de manera preventiva y cuántas reactivas por reporte de riesgo? ¿Realizó la autoridad estatal el perfil de riesgo de la víctima? ¿En qué fechas se realizaron las tres llamadas a la víctima? ¿Quién determina la periodicidad de una llamada, del seguimiento a la medida tomada? ¿Hicieron algún perfil del agresor? ¿Midieron su peligrosidad? ¿Lo investigaron? ¿Lo citaron a declarar?

3. En la rueda de prensa realizada el día de los hechos, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y Hombres refiere que la eliminación de la violencia contra las mujeres es un compromiso de Estado, ¿qué ha hecho a casi 5 meses de gobierno la autoridad estatal para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia?

4. Al ser Guadalajara un municipio declarado en alerta de violencia contra las mujeres, ¿qué medidas ha implementado desde el inicio de la presente administración para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia?

5. Referente al Modelo Único de Órdenes de Protección implementado por el Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara en la pasada administración, ¿qué monitoreo realiza? ¿Qué seguimiento da a los casos de violencia contra las mujeres? ¿Qué resultados tiene?

6. En la rueda de prensa no se informó   el número de mujeres que han sido asesinadas y tenían una orden de protección y se sigue proporcionando información inexacta. Se dijo que en lo que va del año son 13 feminicidios, sin embargo, en CLADEM tenemos el registro de 68 mujeres asesinadas al 14 de abril. 

La violencia feminicida que viven las mujeres en Jalisco no es por asuntos familiares o “problemas con el marido”, sino que se deben a la violencia estructural y sistémica que no ha sido combatida de raíz y que sigue permeando en el imaginario colectivo como permisivo al estar cobijada la violencia de género por la impunidad y el fracaso del sistema de justicia.

Exigimos respuestas del Gobernador,  Fiscal, Secretaría de Igualdad y de todas y todos los funcionarios frente a la violencia feminicida.

El caso de Vanesa no puede ser un caso más de feminicidio en el Estado. Tiene que existir un antes y un después de este cobarde asesinato. Tienen que reestructurar todo el sistema de justicia que atiende la violencia de género.

A Vanesa no la mató solo el marido cobarde, sino todos los funcionarios ineptos que no procuraron su atención ni seguridad. El Estado le falló a Vanesa y exigimos justicia para ella y justicia para todas.

 

LA REACCIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO

ACCIONES INMEDIATAS, ASÍ COMO A MEDIANO Y LARGO PLAZO: SE COMPROMETE ALFARO ATENDER A FONDO VIOLENCIA CONTRA MUJERES

Por Raúl Cantú //

¿Qué hará el Gobierno de Jalisco para enfrentar esta problemática de violencia contra las mujeres que le hace crisis y que se sale de control?

En un comunicado el Gobierno del Estado que encabeza Enrique Alfaro expresó su solidaridad con todas las mujeres, así como en diferentes sectores de la sociedad por los hechos ocurridos el pasado jueves 25 de abril a las afueras de Casa Jalisco, donde un hombre asesinó a Vanesa Gaytán Ochoa, y quien posteriormente perdió la vida a manos de un servidor público que se encontraba en el lugar.

Somos conscientes de que este acto no puede quedar simplemente como un llamado de atención, sino que debe sacudir de raíz la forma en la que se viene trabajando en todos los niveles de gobierno para garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres en la entidad y que la problemática que estamos abordando tiene un componente estructural que tiene que ser abordado con la misma fuerza.

Hay mucho trabajo por hacer en la manera en cómo se aplican los protocolos de atención cuando una mujer acude ante la autoridad a denunciar actos de violencia por parte de su pareja o cualquier otro hombre como fue el caso de Vanessa, entendemos que las medidas de protección que se implementan en conjunto con los diferentes órdenes de gobierno no están dando los resultados que se esperan.

LAS ACCIONES INMEDIATAS QUE LLEVARÁN A CABO 

1.- Toda la información relacionada con violencia de género deberá actualizarse diariamente en el Centro de Justicia para Mujeres de Fiscalía, registrándose cuidadosamente las medidas dictadas, quién las dictó, a quién se dirigieron y su circunstancia, y una evaluación preliminar del grado de riesgo.

2.- Cada comisaría municipal nombrará -si aún no lo ha hecho- a un responsable del área, quién será a su vez enlace con Fiscalía para seguimiento, calibración y mejoras permanentes en materia de medidas de protección. Se solicitará este apoyo a todos los municipios de la entidad.

3.- Se instala una mesa de trabajo permanente, la cual deberá sesionar al menos una vez por semana integrada por la Coordinación de Seguridad, Fiscalía, Secretaría de Igualdad y las Comisarías de los 9 municipios de Área Metropolitana de Guadalajara. Con aportaciones de todos los participantes, vinculatorio tanto para Fiscalía como para las Comisarías.  Se intercambiará información sobre buenas prácticas y experiencias y se dará seguimiento a las medidas en vigor.

4.- La fiscalía preparará una iniciativa de Ley para efecto de que se lleven a cabo las reformas necesarias a fin de modificar el código nacional de procedimientos penales con la intención de que se considere delito el incumplimiento de medidas de protección.

ACCIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO:

1.- Se propone crear grupos o comisarías especializadas por municipio para atender a las mujeres con base a los protocolos de atención internacionales y el seguimiento a las órdenes de protección emitidas.


2.- Se evaluará la metodología actual para medir el nivel de riesgo de la víctima y en base en ello proponer mejoras a la herramienta homologada para todas las comisarías y fiscalía.

3.- Implementación de medidas de notificación al presunto agresor con obligatoriedad de que acudan a CECOVIM a partir de la denuncia (anteriormente se enviaba hasta que se dictaba sentencia).

4.- Formulación de Protocolos homologados de emisión, aplicación y seguimiento.

5.- Software para el registro único de órdenes de protección con semaforización de riesgo y notificación a todas las policías involucradas.

6.-  Profesionalización a cuerpos especializados de comisarias para dar respuesta a los protocolos internacionales en emisión, aplicación y seguimiento y capacitación en los 125 municipios e instancias de gobierno estatal para atención de primer contacto a mujeres víctimas a través de directorios de estancias especializadas, contención, ruta de denuncia y canalización efectiva.

7.- Seguimiento a la víctima a través de instituciones estatales y municipales con acompañamiento de trabajo social y psicológico a ellas y sus familias para su fortalecimiento integral, con independencia de su proceso penal.

8.- Implementación de herramientas tecnológicas para seguimiento de víctimas y agresores.

JALISCO

Mónica Magaña y Alma Chávez: Una ciudad más humana se busca con la nueva ley de movilidad

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Por Mario Ávila //

La enmienda al artículo 4° Constitucional aprobada en el 2020, que convirtió en un derecho universal a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, hoy se plasma en el la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado lunes; en tanto que en el caso de Jalisco, será la seguridad vial el eje mediante el que reforme la nueva ley estatal, ya que tendrá que armonizarse con la ley federal.

En ello coincidieron la activista Alma Chávez Guth y la diputada presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte, en el Congreso del Estado, Mónica Magaña Mendoza, quienes plantearon que se busca generar instrumentos que permitan reducir las lesiones graves y fallecimientos derivados de accidentes con mobiliario público, como lo son los registros y bolardos; mejorar el diseño vial; promover el uso de vehículos seguros y garantizar atención medica pre-hospitalaria.

Particularmente Alma Chávez Guth, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Violencia Vial, expuso que en Jalisco van por una ley en la que se incluya la voz de todos los sectores involucrados e interesados, como las propias bancadas de los partidos políticos en el Congreso del Estado, “porque finalmente las víctimas son de todos, no tienen ni partidos ni colores y el costo que pagamos cuando pasan estos siniestros viales, mal llamados accidentes, que nos cuestan a todos los mexicanos”.

Recordó también que las leyes de movilidad y las reformas que se han hecho en Jalisco, siempre han salido por unanimidad, porque son temas muy nobles y que realmente son de interés público, por ellos los diputados de todas las fracciones se suman a las decisiones legales finales que se toman en el pleno.

Expuso que particularmente resulta de su interés, temas como el derecho a la movilidad comprendido en el capítulo 2 de la nueva ley, “ya que con ello las personas podemos, independientemente del medio que utilicemos para movernos, lleguemos a nuestro destino con bien; las condiciones de equidad, de igualdad, la de la gente con discapacidad y otros temas que me gustan y que vienen en la ley como los derechos de las víctimas, los sinestros tránsito y sus familiares, ahí protegen a la gente que acaba de sufrir un siniestro vial y también hay otra área que habla de la atención prehospitalaria, que debe de ser eficaz, rápida para poder salvar más vidas.

Estos tres temas son muy novedosos y son muy buenas para el tema que a mí me toca defender y esas fueron propuestas de mesas de trabajo precisamente ahí en el Congreso, derecho a movilidad y atención a víctimas, esos son los temas que me gustaría fortalecer y que se enriquecieron al plasmarse en el año 2020 en la reforma del artículo 4° constitucional”, expuso la activista social.

SE IMPUSO LA INDUSTRIA EN LA LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

Sobre el resultado del trabajo que la sociedad civil impulsó en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, para sacar adelante la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, se dijo hasta cierto punto decepcionada

En la Cámara de Diputados -dijo-, hubo mucha injerencia de la industria y los transportistas, presionaron mucho a través de la Secretaría de Economía para dejar en reserva y finalmente sacar los artículos que según ellos sobre regulaban al transporte de carga y de pasajeros. También lograron que no se exigiera la fabricación de autos seguros para uso nacional, siendo que aunque tengamos armadoras en las que se elaboran vehículos que se mandan a países de primer mundo con todos los aditamentos de seguridad, los que se venden en México no cuentan con ellos.

La seguridad de los conductores -abundó-, los pasajeros y los peatones que se pueden cruzar en su camino, sigue siendo más deficiente en los autos que se producen para su venta en México, que en el extranjero. Y ni siquiera son más baratos, prácticamente cuestan igual, pero nos venden a los mexicanos un vehículo como si fuéramos consumidores de segunda y con menores cosas para protegernos y proteger a los demás. Y eso se gestó a causa de la presión muy fuerte que se hizo en la Cámara de Diputados y al final del día no logró entrar este tipo de detalles que queríamos nosotros que estuvieran dentro de la ley, que tuviéramos vehículos más seguros.

Pero finalmente se aprobó así -expuso-, luego se manda al Ejecutivo para su revisión final y su publicación en el Diario Oficial de la Federación y el pasado lunes apareció publicado. Por ejemplo, las bolsas de aire, en el caso de los carros para su venta en el extranjero, deben de tener incluso bolsas laterales y bolsas para los pasajeros de atrás, pero en el caso de los carros que se venden en el país, solo se cuenta con esta medida de seguridad para el chofer y el copiloto.

La estabilidad de los vehículos -sentenció-, es también muy diferente; los antibloqueos y los sensores que previo a chocar con algo se encienden y te avisan mediante una alarma para que puedas frenar con cierta oportunidad, para que evites o mitigues los impactos, lo que ayuda mucho en el caso de los peatones y los niños en la vía pública y esto fue algo que no logramos que se incluyera en la ley con todos los autos que se vendieran en el país los tuvieran, en contraste con los que se exportan a otros países, particularmente a Estados Unidos en donde se debe de cumplir con las medidas propias impuestas por el gobierno, para la protección de sus ciudadanos. En cambio, aquí como que somos ciudadanos de segunda… pero bueno, ese es un tema de economía, hay empresa y personas que siguen ganado mucho dinero por situaciones de esta naturaleza, y al final no les importa la vida ni la seguridad de las personas.

Sin embargo, advirtió Alma Chávez Guth, que ese tema se habrá de seguir trabajando a futuro, porque es un tema importante que se pudieran dejar en espera, una vez que desde la Secretaría de Economía impidió que se consumara, al igual que no quisieron entrarle al tema de los seguros obligatorios, con el argumento de que en 21 estados las leyes ya contemplan esta obligatoriedad del seguro, situación que por cierto no es ninguna garantía que aunque esté, como en Jalisco desde hace más de 20 años, parece letra muerta porque quizá 40% o menos de los automovilistas, cuenta a la fecha con un seguro.

Pese a todo ello, estamos contentos con la probación y la publicación de la Ley Federal y con lo que viene porque a final de cuentas es un gran avance y ahora se debe trabajar desde casa, es decir en Jalisco y en todos los estados se tiene ahora la obligación de armonizar sus leyes estatales con la norma federal”, planteó la activista social.

LAS VÍCTIMAS SON DE TODOS, NO TIENEN COLORES NI PARTIDO: ACG

A la pregunta de si cuentan con aliados para sacar adelante la nueva ley, como lo hicieron en el Senado y en el Congreso Federal, Chávez Guth, planteó: “Ya hemos tenido el acercamiento con algunos miembros de la Comisión de Movilidad, con la misma diputada Mónica Magaña, que es quien la preside y quien habrá de presentar un proyecto de iniciativa al pleno, para poder tomarla como un punto de partida y empezar a trabajar mediante un parlamento abierto y mesas de trabajo con diferentes temas para que nuestra ley quede en los mejores términos, lo más completa posible y siguiendo los lineamientos que vienen ya en el marco legal nacional, pero a la vez conservando los conceptos vanguardistas que Jalisco tiene en su ley estatal.

Será una nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial estatal, que habrá de sustituir a la que se creó en el 2013, en la que se incluya la voz de todos los sectores involucrados e interesados, como las propias bancadas de los partidos políticos en el Congreso del Estado, porque finalmente las víctimas son de todos, no tienen ni partidos ni colores y el costo que pagamos cuando pasan estos siniestros viales, mal llamados accidentes, nos cuestan a todos los mexicanos”, expuso.

Recordó que las leyes de movilidad y las reformas que se han hecho en Jalisco, siempre han salido por unanimidad, porque son temas muy nobles y que realmente son de interés público, por ellos los diputados de todas las fracciones se suman. “Además, otros sectores de la sociedad civil claro que tienen mucho que decir, están por ejemplo las asociaciones que se crearon para temas de movilidad, de seguridad vial, las que defienden a las víctimas viales, los padres de familia que han perdido seres queridos, todos ellos deben ser convocados para trabajar en la elaboración de esta normativa, pero no pueden faltar también las voces de los motociclistas, los ciclistas, el transporte público masivo, plataformas, todos los que tenemos algo que ver con la movilidad”.

LA MOVILIDAD DE LA ZMG: TRAZAN RUTA DE PARLAMENTO ABIERTO PARA LA NUEVA LEY

Con el objetivo de garantizar una movilidad accesible, segura e incluyente, la diputada Mónica Magaña Mendoza, presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte, presentó en compañía de diversos funcionarios, la iniciativa de lo que será la nueva “Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco”.

En rueda de prensa, la legisladora manifestó que con esta ley se pretende promover acciones que beneficien a la sociedad, con perspectiva de género para mayor seguridad; incentivar una movilidad sostenible cuidando el medio ambiente, promover el uso de vehículos eléctricos, y el transporte colectivo eficiente, como lo es el transporte escolar.

Además, explicó que se busca generar instrumentos que permitan reducir las lesiones graves y fallecimientos derivados de accidentes con mobiliario público, como lo son los registros y bolardos; mejorar el diseño vial; promover el uso de vehículos seguros; garantizar atención medica pre-hospitalaria; implementar auditorías e inspecciones de seguridad, así como garantizar el derecho humano a la movilidad inclúyete, igualitaria y sin discriminación, entre otras.

También, dijo que esta iniciativa va a ser sometida al parlamento abierto, donde se escucharán todas las voces, y se buscará generar mejoras que impacten en el desarrollo de las ciudades, en la economía de las personas, y en su calidad de vida.

Por su parte, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, manifestó que éste es el resultado de un trabajo en equipo, que va más allá de leyes y reglamentos, ya que impacta la calidad de vida de las personas, con el objetivo de tener una movilidad fluida y ágil.

Testificaron el anuncio de la creación de la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora Zamora; Mario Ramón Silva Rodríguez, titular del Instituto de Planeación y Gestión de Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara; Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Transporte; Patricia Martínez Barba, Coordinadora General Estratégica de Gestión de Territorio; así como las senadoras Patricia Mercado Castro y Verónica Delgadillo y la diputada del estado de Nuevo León, Brenda Sánchez, entre otros.

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JALISCO

Foro de parlamento abierto: Pondría fin a divorcio entre movilidad y desarrollo urbano

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Por Mario Ávila //

Tres de los objetivos que busca consumar la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, son los más atractivos en opinión del arquitecto Francisco Javier Romero Pérez: I.- Definir mecanismos de coordinación de las autoridades de los tres niveles de gobierno y la sociedad; II.- Vincular la política de movilidad y seguridad vial, con el enfoque integral de la política de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y III.- Promover la toma de decisiones con base en evidencia científica y territorial, en materia de movilidad y seguridad vial.

Y justo estos tres conceptos serán fundamentales en la armonización de la ley federal, para el caso de la nueva norma en Jalisco, que llevará un proceso de consulta y parlamento abierto durante seis meses. Ello en opinión del experto en temas de movilidad y urbanismo, quien asegura que con esta nueva ley en la entidad se podría poner fin al divorcio entre la movilidad y el desarrollo urbano.

Esto significa, por ejemplo, tanto como el hecho de que ya no habría un nuevo desarrollo habitacional en los municipios de la Zona Metropolitana, sin que antes se realicen acciones de urbanización de las arterias y corredores urbanos, así como que se cuente con rutas de transporte público, para garantizar la movilidad adecuada en la zona.

Creo que es muy importante el concepto -dijo-, no hacer nuevos fraccionamientos si no existe la determinación de la movilidad de manera integral, creo que esa debería ser la realidad del futuro de la ciudad. Mira, cuando llegó Alberto Cárdenas hace más de 27 años, esa visión de integración entre la movilidad y el territorio, se planteó, pero no lo pudimos convencer. Si nosotros hubiéramos convencido al gobernador, primero y segundo a los diputados, la ciudad sería muy distinta a lo que hoy tenemos.

Y no vamos a crecer -expuso- echando más naranjas nuevas a un costal de naranjas podridas, cuántos fraccionamientos de cuántas hectáreas en 27 años se han realizado en la ZMG y siguen estando podridas. Hubiera sido una transformación total, ojalá y esta visión que se plasme en la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Jalisco, sea el inicio de que el futuro de un fraccionamiento esté sustentado en la evidencia científica y territorial, que la movilidad sea sustentable y adecuada para todos los usuarios.

Incluso, planteó que para la creación de la nueva ley, en los foros deben participar y se debe escuchar la voz no solo de los diputados, sino que en el parlamento abierto deberían participar académicos, científicos, técnicos en desarrollo urbano, pero además asociaciones de vecinos que son los que realmente han padecido y padecen las consecuencias de las malas decisiones de gobierno.

Romero Pérez, experto el movilidad y urbanismo, hizo saber también que para él, “es una opción muy importante lo que esta ley ofrece, ya que aplicará en lo federal, transitará a lo estatal y llegará a determinaciones de influencia municipal; creo que vale la pena que las universidades participen, que los especialistas opinen y que no solo sean el núcleo de diputados los que determinen cuáles serían las formas de vincular estas leyes”.

 

SE ACABARÁN OCURRENCIAS COMO

LA CICLOVÍA DE AVENIDA GUADALUPE

Para ejemplificar con claridad las ventajas que traerá consigo la nueva ley, al promover la toma de decisiones con base en evidencia científica y territorial, en materia de movilidad y seguridad vial, Francisco Javier Romero Pérez, habló del caso de la ciclovía de la avenida Guadalupe.

Yo creo que -dijo-, las ocurrencias pasaron a la historia con ese objetivo específico, ya que ahora solo con base en evidencia científica se podrán hacer las gestiones de los nuevos elementos del desarrollo urbano con la movilidad, es decir, ahora serán las pruebas las que determinen las acciones. Hoy me ha tocado oír muchos discursos que hablan de muchas acciones que se están ejecutando para solucionar supuestamente los problemas que todos tenemos. Y creo que las diferencias que existen ahorita entre el gobierno y las personas, en donde se hacen las acciones específicas, que viven en la zona donde se ejecutan las acciones y las personas que van de paso, por fin se van a poder acercar y pedir a la autoridad con qué evidencia científica cuentan para ejecutar las acciones que están planeando.

A mí esos dos elementos se me hacen de mucho valor -planteó-, para que realmente podamos tener un cambio real en lo que estamos buscando. Si yo voy a determinar una acción, para justificarla no debe ser posterior a que se realice la acción, sino que anterior a su ejecución debo probar con una evidencia científica de que existe una demanda real, para ejecutar la obra, por ejemplo un padrón de ciclistas que utilizarían la ciclovía de avenida Guadalupe y contrastar para ver si se justifica quitarle un carril al automóvil, antes de realizar la obra.

Cuál es el encabronamiento de los que no están de acuerdo -sentenció-, es porque ven solas las ciclovías y comparan los tiempos de sus desplazamientos, que se han incrementado de una manera importante.

No así el caso de Mi Macro Periférico -remató-, una obra que se tenía que realizar porque ahí está la demanda, ahí están las unidades llenas a todas horas del día. Se sabía que había una demanda importante a lo largo de todo el periférico lo cual era la evidencia científica para poder determinar la necesidad de mejorar ese movimiento de personas. Hay un beneficio, el número de personas que se están transportando contra el número de carros que están circulando. Es decir, yo no veo a los autobuses por el periférico con las unidades vacías.

 

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JALISCO

Desde el clóset, diputados dan el sí, al matrimonio igualitario: Jalisco, el estado 25 en avalarlo

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Por Mario Ávila //

Amparados en el voto por cédula, para evitar que se conociera el sentido de su sufragio, los diputados de la LXIII Legislatura local aprobaron por mayoría la reforma legal a Código Civil para avalar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

A la vez, se aprobaron reformas legales para reconocer las prerrogativas que tienen las personas transexuales a la identidad de género y para imponer sanciones, como multas y cárcel, a las terapias de conversión para “corregir” la identidad sexual.

Con ello Jalisco se convierte en la entidad número 25 del país, en avalar el matrimonio igualitario, una práctica que nació en la Ciudad de México (antes Distrito Federal) en el año 2010 y que ha permeado en todo el país con el visto bueno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que con el argumento de que se incurre en discriminación, se podría acceder mediante un juicio de amparo en todos los rincones de la nación.

En el caso de Jalisco, la historia dice que el primer intento en modificar el Código Civil para eliminar puntualmente las palabras “entre un hombre y una mujer”, cuando se habla de matrimonio, ocurrió a finales del siglo pasado cuando en un intento de madruguete la diputada del PAN, Rocío García Gaytán, mediante un madruguete planteó efectuar la reforma que fue denunciada por el diputado Porfirio Cortés Silva y con ello fracasó la consigna, que finalmente se consumó 23 años después.

Sin embargo, la parte relevante de esta modificación legal, fue no solo en el fondo, sino en la forma, ya que en un acuerdo entre fracciones parlamentarias y después en el pleno, se avaló cambiar el procedimiento y someter a votación la iniciativa de reforma al Código Civil para dar el visto bueno al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero mediante una votación por cédula, es decir para ocultar el sentido del voto de cada legislador.

El argumento que se esgrimió para esta aprobación del voto secreto, fue en virtud de que supuestamente algunos diputados habían recibido algunas amenazas e incluso un par de legisladoras, habían sido víctima de algunos jaloneos por parte de manifestantes que durante toda la jornada se apersonaron en las afueras del Congreso del Estado.

Con ello se impidió que la sociedad se enterara no solo del sentido del voto de cada uno de los representantes populares y con ello se violara el principio de la rendición de cuentas y la transparencia a la que están obligados los funcionarios públicos que llegaron al cargo mediante un proceso de elección popular, sino que además se impidió que previo al proceso de votación, se diera un tradicional debate de ideas y argumentos, por parte de los legisladores que estaban a favor y en contra de la propuesta de reforma legal.

De tal suerte que los jaliscienses fueron privados de poder escuchar de viva voz de los protagonistas de los cambios legales a una parte importante en la vida civil de su comunidad, los argumentos en favor o en contra de la medida.

Por supuesto que aquí bien se puede hablar de un cierto grado de complicidad y hasta de traición, de los diputados que tradicionalmente de acuerdo a la doctrina de su partido, a su principios y fundamentos, siempre han defendido las causas de la familia desde su concepción tradicional y que en esta ocasión simple y sencillamente se ocultaron en el anonimato que les dio la votación por cédula y guardaron silencio hasta que se conoció que el matrimonio igualitario se aprobó con 26 votos a favor 8 en contra y 3 abstenciones.

De hecho uno de los legisladores que se opuso a la votación por cédula, fue el coordinador de la bancada de Morena, José María Martínez Martínez, quien incluso anticipó que los diputados de su fracción parlamentaria votaría a favor de las tres resoluciones polémicas planteadas, pero a la vez retó en particular a los legisladores del PAN, sin referirse textualmente a ese partido, a que dieran la cara ante sus votantes.

Para proponer que se evitara la votación por cédula, José María Martínez, propuso: «Para suprimir todo voto por cédula, incluso la designación de funcionarios, porque lo más saludable es que todos tengamos con plena transparencia un ejercicio digno del encargo que tenemos como representantes».

Porque la votación por cédula en términos del español, es un voto secreto y en términos de la realidad es la cobardía de aquellos que pretenden seguir usufructuando una renta electoral que no merecen, porque dicen representar valores, porque dicen representar causas que hoy las van a esconder de forma cobarde a través de un voto secreto”.

Eso es exactamente la realidad de lo que va a ocurrir y Morena no está de acuerdo, Morena está claro en sus causas, en sus convicciones, pero también en sus votaciones y adelantamos desde ahorita nuestros votos a favor de las propuestas, esperemos que el resto de ustedes también así lo hagan, de forma valiente, de frente y digna y hagan valer ese cargo que tienen ustedes como representantes ante un electorado que les vendió una cosa y les ofrecen otra”, sentenció.

CAMBIOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN FAVOR DE LA COMUNIDAD LGBTQ+

Tras la polémica votación efectuada de madrugada en la sede del Poder Legislativo, en el portal oficial del Congreso del Estado se limitó a emitir un comunicado que expresa:

En un ejercicio de sensibilidad política, igualdad, respeto a las garantías individuales, inclusión y atención a las necesidades sociales, en sesión de Pleno que preside la diputada Priscilla Franco Barba, los legisladores de Jalisco aprobaron cambios a la normatividad vigente en favor de la comunidad LGBTQ+.

Debido a lo anterior, para terminar con las prácticas discriminatorias que atentan contra la dignidad humana y los derechos de las personas, se adicionó el artículo 202 Ter al Código Penal para el Estado, con el objeto de sancionar multa de cincuenta a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización o de treinta a cien jornadas de trabajo en favor de la comunidad a quienes promuevan, apliquen o financien cualquier tipo de tratamiento, terapia o práctica para modificar, reorientar o anular la orientación sexual de una persona.

En este mismo tenor, se reformaron los artículos 258, 260 y 267 Bis del Código Civil para establecer la posibilidad de que dos personas se unan libremente en comunidad con respeto, ayuda mutua e igualdad de derechos y obligaciones. Lo anterior de conformidad a lo que señala la Acción de Inconstitucionalidad 28/2015 en la cual se reconoce el derecho a establecer un vínculo familiar a personas del mismo sexo.

Para concluir, se actualizó la Ley del Registro Civil de la entidad para reconocer la prerrogativa que tienen las personas transexuales a la identidad de género; con ello, se faculta a los Oficiales del Registro a levantar una nueva acta de nacimiento previa anotación correspondiente en el acta de nacimiento primigenia, a las personas mayores de edad que así lo soliciten.

Cabe destacar que la modificación a la legislación vigente prevé que al expedir una nueva acta no se extinguen derechos ni obligaciones civiles, penales, laborales o administrativas contraídas con anterioridad al proceso”.

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