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JALISCO

¿Qué hacer con la basura metropolitana? Caabsa presiona y busca extender concesión en Guadalajara

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Por Mario Ávila //

Tonalá dice estar más allá del bien y del mal, en la grave crisis por la que atraviesa el tema de la recolección de la basura en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), así que con agencia o sin ella, bien podría resolver individualmente su dilema.

De hecho, siempre han sido el resto de los municipios metropolitanos los que han necesitado de Tonalá y no a la inversa; por ello hoy en la víspera del inicio de las nuevas administraciones municipales, el alcalde tonalteca, Sergio Armando Chávez Dávalos lanza un ultimátum a quienes gobernarán los 9 municipios metropolitanos a partir del 1 de octubre: O se ponen de acuerdo en la primera semana y formalizan la creación de la Agencia Metropolitana de Residuos Sólidos, o Tonalá va solo en la solución individual del problema.

Este emplazamiento lo lanzó Chávez Dávalos, el único de los principales municipios que se ha sido reelecto y continuará por tres años más al frente de su ayuntamiento, el pasado miércoles en la reunión del Instituto Metropolitana de Planeación (IMEPLAN), en donde se oficializó el término del periodo como presidente del alcalde de El Salto, Ricardo Santillán, y el relevo, al menos por 11 días del alcalde interino de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido.

Yo de manera respetuosa pediría -dijo-, que en la primera semana, después del día 2 de octubre, en cuanto ya estén instalados los nuevos Ayuntamientos de los nueve municipios metropolitanos, tengamos una reunión extraordinaria, de ser posible, para atender el tema de la Agencia Metropolitana de Residuos Sólidos.

Este lugar fue testigo -abundó-, de lo que aprobamos el pasado mes de enero, esa ruta que nos trazamos de tener ya el plan; hoy nuevamente nuestra ciudad tiene una crisis de basura y lo digo en una reflexión de que no podemos los administradores, los políticos, los líderes sindicales, la empresa, debatir algo tan sensible a lo que estamos obligados en términos de la Constitución.

Yo creo que independientemente de posiciones sindicales y empresariales, está por encima el medio ambiente y la dignidad de que todos los seres humanos que vivimos en esta metrópoli; tenemos la obligación de retirar la basura que se genera, al menos dos veces por semana, en cada una de las más de 2 mil colonias que existen en esta metrópoli. Entonces esa es mi posición, yo sé que hay que ir por partes, pero tenemos que seguir cuidando a la ciudad y ese es el momento de tomar las mejores decisiones para los siguientes años y la siguiente generación.

ESTALLAN CONTRA CAABSA EN EL SALTO, GUADALAJARA Y TONALÁ

Fue esta semana en el municipio de El Salto, en donde estalló el problema por el mal servicio en la recolección de la basura que brinda la empresa concesionaria, Eco 5 Recolectora, propiedad de Caabsa Eagle, en donde se registraron bloqueos en el tiradero, empleados encarcelados por la policía, unidades de aseo enviadas al corralón y manifestaciones enmarcadas con barricadas de basura al aire libre frente a la presidencia municipal.

Todo ello a causa de que por el mal servicio que presta la empresa concesionaria, el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco le concedió al gobierno de El Salto una suspensión con la que se pretende dar por terminado el servicio contratado hasta el año 2030, mismo que fue firmado en octubre del 2015.

La “gota que derramó el vaso” en el caso de El Salto, fue que el pasado 20 de septiembre unidades de la empresa Eco 5 Recolectora bloquearon el acceso al tiradero, a las unidades recolectoras del Municipio, que realizan una tarea paralela en zonas donde la empresa particular no presta adecuadamente el servicio.

Por lo que toca a Tonalá, desde hoy enseñan sus armas para el duelo que se habrá de escenificar dentro de siete meses, concretamente el sábado 5 de abril del 2025 cuando vence la concesión pactada entre el Ayuntamiento y Caabsa.

Particularmente el tema por el que hoy se discute y no con la empresa concesionaria, sino con la organización sindical CROC, de Antonio Alvarez Esparza, es por la situación en la que quedarán los trabajadores de aseo público, que según la CROC, el gobierno municipal es un patrón solidario y por tanto tendría la obligación de absorber a los trabajadores con en las mismas condiciones laborales que hoy tienen con Caabsa, en cuanto termine el período de la concesión.

Y así se ha expresado el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, sobre el tema: “Esas son las trampas que utiliza Caabsa y hoy nos quieren endilgar a los trabajadores sindicalizados, para que pasen al ayuntamiento en cuanto se venza el contrato, cosa en la que no estoy de acuerdo, yo valoro el trabajo y la necesidad que tienen esas personas, pero yo no soy su patrón, yo no voy a asumir esa responsabilidad, yo respeto la decisión que se tome en otros municipios como Guadalajara, pero yo no puedo asumir esa carga laboral de una antigüedad que es de Caabsa; yo no me voy a quedar con problemas de la iniciativa privada, eso sería una irresponsabilidad y dañaría el erario de los tonaltecas”.

En el caso de Guadalajara, en donde el contrato de concesión del servicio termina el 12 de diciembre el 2024, la presidenta municipal electa, Verónica Delgadillo ha dicho que la empresa recolectora de basura Caabsa Eagle no continuará con la concesión, ya que su prioridad es transitar a un nuevo modelo de recolección de basura que permita, en equipo con las y los tapatíos, hacer de Guadalajara la ciudad más limpia de México.

Y puntualmente dijo lo siguiente: “La concesión a la empresa encargada de la recolección de basura en Guadalajara, no se va a renovar; como presidenta, mi prioridad es transitar a un nuevo modelo que nos permita, en equipo con las y los tapatíos, hacer de Guadalajara la ciudad más limpia de México”, según escribió en redes sociales.

CAABSA PRESIÓN Y BUSCA EXTENDER LA CONCESIÓN EN GUADALAJARA EL 2039

Mediante un comunicado oficial, la empresa española concesionaria del servicio público de limpieza, recolección y disposición final de los residuos sólidos en Guadalajara desde hace más de 30 años, recuerda que desde el mes de enero del 2024 han solicitado la renovación del convenio de prestación del servicio hasta el año 2039.

Y como no han tenido respuesta, los empresarios afirman que se ha creado un ambiente de incertidumbre en los trabajadores y en la empresa y aseguran que esta crisis perjudica a la ciudad y sus habitantes.

Establecieron los empresarios que hasta el momento no se han ajustado las tarifas, a pesar de que se duplicaron las distancias de traslado, derivado del cierre del vertedero de Los Laureles y la suspensión del proyecto de la Planta Recicladora de Basura de Tala.

Desde su posición como alcalde con licencia de Guadalajara, Jesús Pablo Lemus Navarro ha dicho: “A mí me parece que el servicio de Caabsa en Guadalajara es nefasto desde mi punto de vista y lo he dejado claro siempre como alcalde con licencia de Guadalajara, en mi administración no se le va a renovar por ningún motivo la concesión a Caabsa”.

LA PLANTA DE TRANSFERENCIA ORIENTE, SOLO PARA TONALÁ

La basura ha hecho crisis y esta situación no solo se mantendrá, sino que seguramente se agravará en lo subsecuente. El 12 de diciembre del año 2024 termina el convenio de Caabsa en Guadalajara; el 5 de abril del año 2025 termina el contrato en Tonalá; en Tlajomulco se termina la concesión en mayo del año 2026 y El Salto ha logrado una suspensión del Tribunal Administrativo del Estado para dar por terminada la concesión que vencería hasta el año 2030.

Ello obligó a los alcaldes, desde el año pasado, a ponerse de acuerdo para construir, entre Guadalajara, Tonalá y El Salto, una planta de transferencia, aportando un recurso económico de acuerdo a la cantidad de basura que recolecte cada municipio.

En el caso de Guadalajara aportaría 15 millones de pesos, El Salto aportaría 8 millones de pesos, el Gobierno del Estado apoyaría con 15 millones de pesos y Tonalá el resto, más el terreno que estaría ubicado en las inmediaciones del Nuevo Periférico y la carretera a Los Altos.

Resulta que solo el Gobierno del Estado fue el único que cumplió en tiempo y forma, y tanto Guadalajara como El Salto no aportaron ni un solo peso, de ahí que Tonalá se tuvo que hacer cargo en solitario del proyecto, que hoy se encuentra en un 75% y en el mes de diciembre estaría iniciando operaciones el Centro de Transferencia Oriente.

En el marco de su Tercer Informe de Gobierno, Sergio Chávez ha dicho: “Nosotros decimos sí a la Agencia Metropolitana de Residuos Sólidos Urbanos, no nos cerramos, pero a la basura no espera, hay que recogerla y llevarla a su destino”.

“A mí me queda muy claro, somos la misma ciudad, nos divide una calle o una avenida, no es un tema que Tonalá ya lo soluciona en abril, que saque a patadas a Caabsa, que compren camiones y que tengan se Centro de Transferencia; el problema es de todos, también es de Guadalajara, de Tlaquepaque, del Salto, de Tlajomulco, de Zapopan, de Juanacatlán, de Zapotlanejo y de Ixtlahuacán de los Membrillos, de los nueve municipios metropolitanos que generamos casi 5 mil toneladas de basura entre los más de 5 millones de seres humanos que habitamos esta zona urbana”, planteó.

EVIDENTE EL INCUMPLIMIENTO DE CAABSA: MARTA ARIZMENDI

Para la regidora de Tonalá y diputada local electa, Marta Arizmendi Fombona, sí hubo directamente acciones muy evidentes de parte de la empresa, que prueban el incumplimiento de las condiciones del contrato desde el año 2021, durante una crisis en donde los ciudadanos se vieron afectados, dadas las presiones que estuvo haciendo la empresa de no querer recoger la basura de los habitantes, e incluso se generó una emergencia sanitaria.

Recordó que el municipio se vio en la necesidad de utilizar camiones propios y con la ayuda de muchos colaboradores de diversas áreas municipales, estuvieron haciendo esa recolección para dar cumplimiento a este servicio público de acuerdo al mandato del artículo 115 constitucional.

Y expuso: “Nosotros somos los responsables como municipio, para atender el tema de la recolección de los residuos sólidos, aunque también nos permite que lo haga una empresa por medio de otorgar una concesión para apoyarnos cuando no tenemos todo el recurso o lo necesario para poder prestar este servicio.

“Yo sí quiero mencionarlo, sí vamos a ir duro contra Caabsa, porque Sergio Chávez es un hombre de palabra y los integrantes de la 4T somos hombres y mujeres que valoramos en primer lugar lo que los ciudadanos piden y es uno de los primeros servicios que nos estaban pidiendo los ciudadanos, la recolección de los residuos sólidos en donde pasaban semanas que no cumplía la empresa, pero nosotros de manera puntual cada mes estábamos entregándoles los 9 millones de pesos que venían consignados en el contrato, entonces estoy segura que el próximo año no vamos a necesitar de una empresa que nos ha fallado, que ha visto únicamente por sus intereses personales y económicos y por los intereses de algunos políticos”, expuso.

Recordó que se está preparando por parte del presidente municipal en estos años, esta planta de transferencia municipal que se va a ubicar al sur del municipio y esta planta permitirá al menos a Tonalá, atender el problema de la basura.

Explicó que en el análisis que se ha hecho, se tiene contemplado que con 45 camiones se puede hacer la recolección total de las 500 toneladas de basura que se recogen diario en el municipio y al momento se cuenta con 24 camiones, solo sería necesario comprar el resto.

Marta Arizmendi aseguró que el alcalde Sergio Chávez cuenta hoy con todo su respaldo como regidora y en su momento también lo seguirá teniendo cuando sea diputada del Congreso del Estado a partir del primero de noviembre, ya que según dijo, esta decisión va a beneficiar sin duda alguna al municipio “y ya no vamos a tener que estar pidiendo, rogando o suplicándole, a una empresa para que cumpla con lo que se comprometió y que por cierto lo hizo muy mal”.

En el caso de los trabajadores de Caabsa y la responsabilidad laboral que se busca trasladar a los municipios, la regidora Marta Arizmendi planteó: “Como lo dijo el alcalde, nosotros no somos los patrones de los trabajadores, nosotros no los contratamos y no tenemos ninguna responsabilidad jurídica laboral con ellos; ahí quién se debe de estar preocupando en estos momentos, más bien es Caabsa para ver cómo va a atender esa situación”.

JALISCO

Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara

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Edición 798
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ENTREVISTAS

Iniciativa de César Madrigal: Unánime respaldo en el Congreso de Jalisco al drenaje profundo

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-Por Mario Ávila 

 

En un gesto de unidad histórica, los diputados de las ocho fracciones políticas de la LIV Legislatura local aprobaron por unanimidad la iniciativa del diputado César Madrigal, del Partido Acción Nacional (PAN), para exhortar al gobernador de Jalisco a incluir el diseño e implementación de un drenaje profundo en el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030.

Esta propuesta busca abordar el grave problema de inundaciones y socavones en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), un desafío que se agudizó tras el torrencial aguacero del 24 de junio, Día de San Juan, que paralizó la movilidad regional.

Presentada el 23 de junio y aprobada el jueves 10 de julio, la iniciativa marca un paso significativo hacia una solución estructural, inspirada en proyectos exitosos como el túnel emisor de la Ciudad de México.

UN PROYECTO CON RAÍCES Y VISIÓN

César Octavio Madrigal Díaz destacó que el drenaje profundo, con túneles de 80 a 100 metros de profundidad y un diámetro de 7 metros, no interferiría con el tráfico ni las redes hidrosanitarias, a diferencia de los actuales drenajes de 2.5 metros que colapsan, como se vio en los recientes socavones del Bethel.

“Es como la tuneladora de la Línea 3 del Tren Ligero: obras subterráneas que resuelven sin afectar la vialidad”, explicó.

A diferencia del sistema de la Ciudad de México, que mezcla aguas pluviales y residuales y las desvía a Hidalgo, la propuesta para la ZMG sería innovadora al enfocarse exclusivamente en captar agua de lluvia. Esto permitiría almacenarla la zona de El Dean o San Rafael, desviarla a plantas potabilizadoras, recargar mantos freáticos o incluso dirigirla al río Santiago y la Barranca de Huentitán, contribuyendo al ciclo hidrológico.

Madrigal subrayó el potencial hídrico de la obra: la ZMG consume alrededor de 13 metros cúbicos por segundo (m³/s), y el sistema podría captar hasta 5 m³/s de agua más limpia que la del lago de Chapala, contaminada por químicos industriales, agropecuarios y descargas residuales.

Esta agua reutilizable representaría un avance nacional, transformando un problema de inundaciones en una oportunidad de sostenibilidad.

La iniciativa tiene antecedentes en Jalisco. En los primeros años del siglo XXI, el gobierno de Guadalajara diseñó un plan de drenaje profundo para la ciudad, mientras que en 2008 el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) propuso el Programa de Manejo Integral de Aguas Pluviales, que incluye desazolves y pozos de captación, pero también sugiere a largo plazo dos túneles emisores por Gobernador Curiel y Calzada Independencia, destinando el agua a la Barranca de Huentitán.

En 2017, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA) elaboró un proyecto conceptual para toda la ZMG, retomado en 2023 por el Colegio de Ingenieros de Jalisco. Su entonces presidente, Luis Barbosa Niño, estimó una inversión de 30 mil millones de pesos en 12 años, con una erogación anual de 2,500 millones de pesos.

Además, particulares han propuesto un sistema en el sur de la ZMG que llevaría agua a la presa Atotonilquillo en Villa Corona para su potabilización y retorno al Acuaférico, enriqueciendo el debate.

SALVAGUARDAR VIDAS

Para Madrigal, el objetivo principal es salvar vidas. Hasta ahora, el temporal de lluvias de 2025 ha cobrado seis vidas, un recordatorio doloroso de la urgencia del proyecto. “No podemos postergarlo más”, insistió, lamentando que obras como esta, al ser “dinero enterrado”, a menudo se descartan por falta de rédito político.

Sin embargo, como legislador responsable, enfatizó la necesidad de infraestructura básica en una metrópoli que alberga a casi 5 millones de habitantes, una de las más pobladas de América Latina.

“Es una inversión esencial, no un lujo”, afirmó, subrayando que los socavones y las inundaciones no solo dañan la economía, sino que ponen en riesgo la seguridad ciudadana.

La aprobación unánime refleja un consenso raro en un Congreso a menudo dividido. Madrigal recordó el ejemplo de la Ciudad de México, donde el túnel emisor central se inauguró en 1975, seguido por el poniente en 2000 y el oriente en 2021, demostrando que un enfoque por etapas es viable.

En la ZMG, el proyecto podría dividirse en fases, priorizando las zonas más vulnerables como el oriente y el centro, donde las redes actuales colapsan con lluvias moderadas.

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Aunque el respaldo político es un avance, la ejecución enfrenta retos. El costo de 30 mil millones de pesos requiere financiamiento mixto, posiblemente con aportaciones federales, estatales y privadas, además de un estudio detallado de impacto ambiental y geológico.

El SIAPA, criticado por su manejo ineficiente, deberá desempeñar un rol clave, pero su historial de retrasos plantea dudas. Madrigal sugirió involucrar a expertos del IMTA y el Colegio de Ingenieros para garantizar transparencia y eficiencia.

La propuesta también abre oportunidades. El agua captada podría aliviar la dependencia de Chapala, cuya calidad ha decaído, y apoyar la recarga de acuíferos, un tema crítico en una región afectada por sequías.

Además, la obra generaría empleos y fortalecería la resiliencia urbana frente al cambio climático, cuyos efectos, como lluvias más intensas, ya son evidentes.

El diputado César Madrigal cerró, señalando que “la mesa está servida. Este es un tema grave, agravado por socavones causados por inundaciones y tuberías de drenaje insuficientes. Es hora de actuar, tras años de olvido, para resolver este problema crítico en la zona metropolitana.”

VISTO BUENO DEL SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

Durante la segunda reunión de trabajo en la que los funcionarios del Poder Ejecutivo presentaron al legislativo el resultado del Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030, el ingeniero Ernesto Marroquín, secretario de Gestión Integral del Agua, dio su visto bueno a la propuesta del diputado César Madrigal sobre el drenaje profundo.

“Diputado, César Madrigal, en el tema de las inundaciones, coincido completamente con usted lo mismo que en el tema del drenaje profundo, y en este año también estamos trabajando en la actualización para el registro en cartera, que ya tenía un registro en cartera, pero se perdió, y vamos a trabajar en la actualización de este registro en cartera para retomar todos estos proyectos contra las inundaciones, y yo en lo personal, y creo que el equipo técnico, estamos de acuerdo en que una buena solución es el drenaje profundo”.

“Obviamente, eso tiene que ir de la mano de otras acciones que se tienen que tomar como usted ya bien mencionó, el Promiat que habla del control en el origen de las aguas pluviales, que esto significa que cada desarrollo debe tener una descarga cero, esto quiere decir que se haga un tanque de retención que permita almacenar el agua mientras ocurre la lluvia y después, cuando los colectores ya estén menos saturados, permitan desalojar esta agua porque en realidad en la ciudad no contamos con colectores pluviales, eran colectores que estaban hechos para aguas residuales; sin embargo, al no contar con colectores pluviales se hicieron combinados y no tienen la capacidad necesaria para atender el problema del exceso de agua en tiempos de lluvias”.

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JALISCO

Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac 

Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.

En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.

Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.

Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.

Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?

UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS

El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.

Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.

Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.

Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.

Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.

Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.

Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.

Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.

Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.

CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD

El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.

Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.

Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.

No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.

Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.

MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER

La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.

Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.

Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.

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