JALISCO
Foro sobre Villas Panamericanas en el ITESO: Secretario Sergio Graf señala que con derribarlas no gana nadie
-Pablo Lemus flexibiliza su postura
Por Mario Ávila //
El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, ratifica su negativa a conceder el permiso de habitabilidad a las Villas Panamericanas, sin embargo flexibiliza su postura sobre El Bajío, alaba el decreto del titular del Poder Ejecutivo y a la vez pone sobre la mesa la necesidad de destinar 240 millones de pesos para ejecutar las acciones de mitigación en esta nueva zona de conservación ambiental.
Esto lo planteó en el marco de la celebración del foro denominado “Protección de El Bajío y el Futuro de las Villas Panamericanas”, al que invitó el ITESO, en donde Lemus Navarro también reveló que el viernes pasado recibió una suspensión del Tribunal Administrativo en favor de los desarrolladores de la Villa Panamericana, “pero a mí me parece una leguleyada y por supuesto que no vamos a hacerle caso”.
El foro que tuvo lugar en la Casa ITESO Clavijero, en el que también se recibió la expresión de ciudadanos, representantes de colonos, de asociaciones y particulares, quedó de manifiesto entre los ponentes una postura radicalmente opuesta, por un lado la óptica de los académicos expertos en temas ambientales, que incluso se pronunciaron en favor de la demolición de las Villas Panamericanas construidas sobre 161 mil metros cuadrados y la de los funcionarios del gobierno de Enrique Alfaro, que simple y sencillamente no contemplan la demolición ni siquiera como una opción.
Tanto la titular de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio del Gobierno del Estado, Patricia Martínez Barba, como el secretario de Medio Ambiente, Sergio Graff, defendieron puntualmente la medida del gobernador Enrique Alfaro en el sentido de expedir un decreto para conservar lo que queda de las 980 hectáreas de El Bajío, toda vez que un tercio ya está urbanizado.
En tanto que los investigadores del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO, Alejandro Mendo y Pedro Alcocer, se pronunciaron en favor de la posibilidad de conservar a El Bajío como un entorno natural y asintieron en la opción planteada por el moderador, Óscar Humberto Castro, en el sentido de llegar al extremo de demoler las Villas Panamericanas.
Abrió el foro el moderador, Óscar Humberto Castro, director del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO, quien planteó de entrada, que un dilema se caracteriza cuando entre dos opciones, con la que se elija, se pierde “y este es el caso de las Villas Panamericanas desde que se desarrolló en un principio hace ya 10 años”.
“Se ha creado -dijo-, un dilema en el que la alternativa que se elija se pierde y ante ello la fórmula deberá ser cómo y con qué escenario perdemos menos. Nada sencillo elegir entre las voces que dicen: derríbenlo, véndanlo… pero qué hacemos con el agujero económico que ha generado ese proyecto, las distintas opciones son de entrada difíciles y como sociedad será difícil que las aceptemos. Por ello la universidad quiso exponer ante la sociedad el inicio de un diálogo sobre cuáles son las posibilidades y cuál sería la mejor decisión respeto de un problema tan complejo como el que ha generado la Villa Panamericana”.
LO IDEAL, CONSERVAR EL BAJÍO
“Yo sostengo enfáticamente que conservar al natural El Bajío de La Primavera, es la mejor decisión que sociedad y gobierno pueden tomar razonadamente y con argumentos para bien del largo plazo”, dijo de entrada Alejandro Mendo, investigador del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO.
Y abundó: “La sociedad gana más conservando al natural El Bajío, pero no se trata de un edificio en particular, si son las Villas, el estadio o la Ciudad Judicial, ni los aspectos técnicos, ni las artimañas jurídicas o legales que se están disputando, sino que es la visión de largo alcance, la que a mí me preocupa”.
“En los últimos 15 años me he dedicado a estudiar el área metropolitana de Guadalajara como como nodo metropolitano de alcance latinoamericano, continental y precisamente el crecimiento urbano sobre áreas de valor ecosistémicos natural, es uno de los indicadores que alertan de muy mal desempeño de esta conurbación.
“Simplemente en el panorama regional de centro-occidente, las 18 zonas metropolitanas tienen una debilidad enorme que es la gestión ambiental, en la que entran otros asuntos como el manejo de los residuos sólidos. Pero el crecimiento urbano en las periferias es la peor señal que se puede mandar desde una metrópoli y que inciden en los índices de prosperidad urbana, rankings de ciudades globales, el índice latinoamericano de ciudad verde, etcétera y justamente Guadalajara sale muy mal librada por crecer habitacionalmente hacia periferias que tienen valor ecosistémico natural o alta productividad agrícola”, sentenció.
LAS VILLAS, UN MAL EJEMPLO
Para Pedro Alcocer, académico del ITESO y presidente de la asociación Anillo Primavera, A.C., las Villas Panamericanas no es un problema focalizado, “sino que representa un mal ejemplo de cómo hemos crecido como ciudad en los últimos años y cómo la ciudad se ha ido vinculando con el bosque de La Primavera, desde un punto de vista territorial y desde una escala más amplia; nos damos cuenta que La Villa genera el foco mediático de un problema socio ambiental que llama la atención por sus características económicas, sociales, su relación con el bosque, las medidas jurídicas en las que se dio, de alguna forma con la corrupción involucrada”.
“Pero en este foro -dijo-, me gustaría poner el acento en que el problema socioambiental que reflejan Las Villas, no es específico de El Bajío, sino que podemos encontrar otros espacios similares entorno al bosque de La Primavera y es importante entender que lo que sucede en El Bajío, que es fundamental protegerlo, encontraremos otros lugares con especialidad fragilidad ambiental en el municipio de Zapopan, en Tlajomulco y en Tala, que nos obligarán a cambiar la agenda hacia ese tema”.
DESCARTA POR COMPLETO DEMOLER VILLAS
Y justo cuando los académicos del ITESO hablaban de la opción de la demolición, Sergio Graff, secretario de Medio Ambiente del Gobierno de Jalisco, descartó por completo esta posibilidad: “Estamos en una falsa disyuntiva, discutir derribarlas es algo que no está en el escenario, no gana nadie y todos pierden, en cambio sí hay una decisión pública y ciudadana de conservar ese patrimonio y habrá que ver como se materializa la propiedad de la zona”.
“Por qué hablar de gastar dinero en demoler las villas, no sería mejor que entre muchos actores se pusieran de acuerdo para comprar el resto de la superficie de El Bajío y entonces sí iniciar un proceso regenerativo”, se preguntó el funcionario.
“No hay que olvidar -apuntó-, que Las Villa se construyen al mismo tiempo que se construyó lo que incrementó el 400% de la urbanización de esa zona, y todo está focalizado en las Villas, por qué nadie habla del estadio, por qué nadie habla de Ayamonte, todo eso forma parte de un proceso de urbanización simultaneo en esa zona; yo quisiera que desfocalizáramos el asunto de una falsa dicotomía que es derribar o no las villas y mejor crear las condiciones para recuperar el área”.
“Todos estamos de acuerdo -abundó-, en que hay que proteger El Bajío, sin embargo nos encontramos con que ya tiene una historia de ocupación y tenemos que crear las condiciones para que la funcionalidad ecosistémica que sabemos que tiene El Bajío, se mantenga lo más posible y eso nos lleva decretar el área como una zona de recuperación”
“Si no conservamos la capacidad de infiltración de El Bajío, la funcionalidad de las cuencas que están arriba de esta planicie pierden sentido, porque pierden la posibilidad de infiltrar el agua; sin embargo es un espacio que ya está impactado y la decisión de decretarla y protegerla está en función de que aseguremos esa funcionalidad, porque no hay que olvidar que eso tiene propietarios y la intervención implica la autorización de los propietarios”, sentenció.
LA DEMOLICIÓN, TAMPOCO ESTÁ EN EL DICCIONARIO DE PATRICIA MARTÍNEZ
Patricia Martínez Barba, coordinadora general estratégica de Gestión del Territorio del Gobierno del Estado, también considera inviable la posibilidad de hablar de la demolición de las Villas Panamericanas. “Yo hoy día no tengo ningún dato y nadie de los que ha propuesto que se demuela, ha proporcionado algún dato para saber el costo económico de una demolición de tal magnitud”, expuso.
Y sentencia. “Si hoy me dicen que demolerla cuesta equis cantidad, se debe ver que hoy los gobiernos están recibiendo menos participaciones del gobierno federal, cuando tenemos necesidades de salud, escuelas con riesgo, problemas desatención en el hospital psiquiátrico, es decir esta decisión también impactaría a otras en donde hay acciones prioritarias”.
“Hablar de una demolición -planteó-, no solo es pensar qué se derriba, sino en todas las implicaciones que ello tendría. Si existe una propuesta que nos permita alinear todos los elementos que habría que resolver de manera efectiva, en ningún momento este gobierno descartaría la posibilidad de analizarla. Yo prefiero ver a El Bajío sin que se permita una urbanización más en la zona para poder conservar esa funcionalidad hidrológica”.
La funcionaria dejó en claro que este es un problema que tiene 10 años “y en ese lapso no se había planteado una solución y ni siquiera se había tenido la voluntad para encontrarla; hoy no hay un escenario perfecto, hay escenarios ideales y hay escenarios posibles, dentro de estos debemos tomar una decisión con responsabilidad y con el menor impacto posible”.
“Hoy La Villa nos pone sobre la mesa una toma de decisión bastante compleja y por ello con una visión más amplificada lo desmarcamos y por eso propusimos una protección a un polígono de 980 hectáreas en El Bajío. Hoy el 32% de esa extensión ya se encuentra urbanizado y cómo hacemos para armonizar eso que ya se construyó, las escuelas, el estadio, las viviendas, no podemos obviar una realidad y con base en eso también necesitamos encontrar las mejores soluciones”, estableció Patricia Martínez.
PRIMER DESACATO DE PABLO LEMUS POR SUSPENSIÓN DE TRIBUNALES
Tal como lo ha dicho con insistencia el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, no acatará las sentencias que emitan los tribunales en favor de la habitabilidad de las Villas Panamericanas; ya recibió la semana pasada la primera suspensión decretada en favor de los desarrolladores y ha determinado desatenderla.
En cambio, asume el compromiso que la situación le endilga y advierte: “Nosotros como municipio tenemos nuestra propia chamba, este decreto nosotros debemos reflejarlo en nuestro Programa de Ordenamiento Ecológico (POE) y hacia nuestros Planes Parciales de Desarrollo, para que no solo quede blindado en la parte del decreto estatal, sino que también quede blindado en la parte de los instrumentos de planeación municipal”.
No obstante, hizo alusión a un estudio que hizo hace tres años, donde se dictaminaron ciertas medidas de mitigación y protección en El Bajío hacia los mantos freáticos y hacia el bosque de La Primavera, “y lo que tenemos que discutir es quién, cómo y cuándo va a realizar todas estas acciones que no son sencillas, hemos contabilizado que estas acciones podrían tener un costo de entre 220 y 240 millones de pesos”.
Pablo Lemus, presidente municipal de Zapopan, emplazó a los académicos del ITESO a celebrar un segundo foro, de donde podrían salir compromisos más puntuales, pero enlistó lo que para él fueron las cinco conclusiones más relevantes:
1.- Respaldo absoluto al decreto
2.- Buscar mayores mecanismos para fortalecer el decreto. Yo acabo de recibir una suspensión del Tribuna de lo Administrativo en favor de los desarrolladores y para mí más que legal es una leguleyada y no le vamos a hacer caso.
3.- Haremos nuestra tarea y los instrumentos de planeación municipal estarán alineados al decreto a más tardar el 15 de noviembre. En los planes parciales de desarrollo, redensificaremos zonas de acuerdo a vialidades y líneas de transporte. Línea 3 desde el Ángel Leaño hasta Plaza Patria protegiendo las colonias tradicionales como Seatle, Capullo, Tepeyac y Maestros: Línea 1 y su extensión desde El Batán hasta el auditorio Benito Juárez y el Periférico y con la construcción del Peribus, nosotros le apostamos al desarrollo de vivienda en ciertas secciones del periférico.
4.- Ratifico mi posición, en Zapopan no estamos de acuerdo con que la Villa Panamericana se convierta en vivienda, porque creemos que generaría muchos daños al subsuelo y daría derechos a terceros.
5.- Buscar las alternativas que puedan tener una viabilidad de menor impacto al medio ambiente para La Villa en la zona de El Bajío y que tenga una estructura financiera que permita una salida legal.
Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
El reciente enfrentamiento entre el gobernador Pablo Lemus Navarro y la Universidad de Guadalajara (UdeG) por la propuesta de corresponsabilidad en materia de seguridad es un capítulo más en la larga saga de tensiones entre el poder político y la máxima casa de estudios de Jalisco.
La propuesta de Lemus, que sugería destinar 200 millones de pesos del presupuesto universitario para mejorar la infraestructura de seguridad en los entornos de los planteles de la UdeG, desató una reacción contundente: un desplegado del Consejo de Rectorías que, con firmeza, recordó que la seguridad pública es una obligación constitucional del Estado, no de la universidad. Sin embargo, el desenlace —una mesa de diálogo que parece haber superado las diferencias— deja un terreno fértil para reflexionar sobre los actores, sus estrategias y las lecciones que este episodio deja para Jalisco.
Un gobernador con prisa y una universidad vigilante
Pablo Lemus, emanado de Movimiento Ciudadano, ha mostrado desde su llegada al gobierno un estilo pragmático, pero también ambicioso, que busca diferenciarse de su antecesor, Enrique Alfaro, con quien la UdeG mantuvo una relación de enfrentamientos abiertos.
Lemus, consciente de la deuda histórica en materia de seguridad —con Jalisco liderando las cifras de desapariciones en el país (15,348 casos al 31 de octubre de 2024)— propuso una solución que, en teoría, buscaba sumar esfuerzos. Sin embargo, su planteamiento de involucrar el presupuesto universitario tocó una fibra sensible: la autonomía de la universidad pública, un bastión defendido con celo por sus liderazgos.
La respuesta de la UdeG, liderada por la rectora Karla Planter, no se hizo esperar. El desplegado no solo rechazó la propuesta como una injerencia indebida, sino que subrayó que la universidad ya invierte significativamente en seguridad interna (más de mil millones de pesos desde 2013 y 222 millones aprobados para 2025). Este intercambio evidenció una vez más la capacidad de los universitarios para movilizar su autoridad moral y política, recordándole al gobierno que la universidad no es un actor subordinado, sino un contrapeso con peso propio.
El diálogo: ¿Reconciliación o tregua estratégica?
La mesa de diálogo, que incluyó a la rectora Planter, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Zoé García, y el propio Lemus, logró apaciguar las aguas. Se acordó trabajar en conjunto para fortalecer los protocolos de seguridad, retomar el programa Senderos Seguros y diseñar campañas preventivas contra las desapariciones.
Este desenlace, aunque positivo, no debe leerse como una victoria absoluta de uno u otro bando, sino como un ejercicio de pragmatismo político. Lemus, que se ha presentado como un gobernante abierto al diálogo, evitó escalar un conflicto que pudo haberle costado caro en términos de capital político.
Los Leones Negros, por su parte, reafirmaron su autonomía, pero aceptaron sentarse a la mesa, conscientes de que la seguridad de sus estudiantes es un tema que no pueden ignorar.
Poder, autonomía y la sombra de Alfaro
Este episodio deja varias lecciones. Primero, la propuesta de Lemus, aunque bienintencionada en su objetivo de proteger a los estudiantes, fue políticamente desacertada. Pretender involucrar el presupuesto universitario sin una negociación previa, subestima la historia de la UdeG como un actor político que ha enfrentado y sobrevivido a múltiples gobernadores.
Desde los tiempos de Raúl Padilla, la universidad ha sabido posicionarse como un contrapeso que no se doblega fácilmente. Lemus, aun en los primeros meses de su gestión, debe aprender que en Jalisco no se puede gobernar sin considerar a la máxima casa de estudios de Jalisco como un interlocutor clave.
Segundo, el desplegado de la UdeG no solo defendió su autonomía, sino que expuso una verdad incómoda: el Estado ha fallado en garantizar la seguridad pública, un problema que no puede transferirse a otras instituciones. La universidad, al destacar sus propias inversiones en seguridad, puso en evidencia las carencias del gobierno estatal, obligando a Lemus a recalibrar su discurso y pasar de la confrontación al diálogo.
Tercero, este choque refleja la sombra de Enrique Alfaro, cuyo enfrentamiento con la universidad por el recorte de 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales marcó un precedente de tensión. Lemus, aunque ha prometido una relación respetuosa con la universidad, parece haber tropezado con un eco de ese conflicto. La pregunta es si este episodio será un aprendizaje para construir una relación más sólida o si, como en el pasado, las tensiones resurgen ante nuevas pugnas presupuestales o políticas.
¿Y ahora qué?
El diálogo alcanzado es un paso adelante, pero no garantiza una relación sin fricciones. La Universidad de Guadalajara, con su capacidad de movilización y su influencia en la opinión pública, seguirá siendo un actor vigilante. Lemus, por su parte, deberá demostrar que su discurso de “puertas abiertas” no es solo retórica.
La seguridad en Jalisco, especialmente en el contexto de las desapariciones, requiere una coordinación efectiva entre el gobierno estatal, el federal y la sociedad civil, incluyendo a la universidad. Sin embargo, esta coordinación debe respetar los roles institucionales y evitar cualquier percepción de intromisión en la autonomía universitaria.
En el ajedrez político de Jalisco, este episodio es una jugada que no termina en jaque mate, sino en un movimiento que reconfigura el tablero. Lemus ha mostrado voluntad de rectificar, pero la UdeG ha dejado claro que no cederá en su defensa de la autonomía. Mientras tanto, los estudiantes, el verdadero centro de esta discusión, esperan resultados concretos: entornos más seguros y una universidad que siga siendo un faro de conocimiento y resistencia. Jalisco, como siempre, observa expectante.
JALISCO
Tlajo Cuida el Agua: Gerardo Quirino impulsa plan histórico para garantizar el vital líquido
Por Redacción Conciencia Pública //
El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, presentó “Tlajo Cuida el Agua”, un ambicioso plan integral para garantizar el suministro, la calidad, el uso eficiente y el saneamiento del agua en el municipio. Con una visión metropolitana y de largo plazo, este programa busca abordar una de las problemáticas más urgentes de Tlajomulco, un municipio clave de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que enfrenta retos históricos por el crecimiento poblacional y la escasez hídrica.
El plan, respaldado por una inversión histórica de 1,123 millones de pesos en colaboración con el gobierno estatal de Pablo Lemus, promete soluciones concretas para llevar agua a todos los hogares del municipio. “Agradezco al gobernador Lemus por su apoyo decidido. Esta inversión transformará cada peso en soluciones reales para que el agua llegue con calidad y cantidad a las familias de Tlajomulco”, afirmó Quirino, destacando la importancia de la coordinación con el estado para enfrentar este desafío.
“Tlajo Cuida el Agua” se basa en seis ejes estratégicos que abarcan desde el fortalecimiento del abasto hasta el reúso del agua, integrando infraestructura moderna y políticas sostenibles. René Caro Gómez, Coordinador General de Gestión del Territorio y Obras Públicas, subrayó que la corresponsabilidad ciudadana es un pilar fundamental del programa.
“No es solo un tema de la autoridad. Necesitamos que las familias adopten hábitos de consumo responsables para garantizar que las próximas generaciones tengan acceso a agua suficiente y de calidad”, explicó Caro, enfatizando la necesidad de cambiar patrones de uso para lograr sostenibilidad hídrica.
Con esta iniciativa, el municipio de Tlajomulco busca posicionarse como un referente en la gestión del agua en México, combinando inversión, tecnología y participación ciudadana. El compromiso de Quirino no solo responde a una demanda urgente, sino que también proyecta un futuro donde el acceso al agua sea una realidad para todos los habitantes del municipio.
“Tlajo Cuida el Agua” basa su estructura en los siguientes seis ejes estratégicos:
1. Abasto
El primer paso es asegurar el suministro desde pozos, plantas y acuíferos.
Acciones:
• Perforación y equipamiento de pozos
• Construcción y ampliación de plantas potabilizadoras
• Rehabilitación de redes de agua potable
• Construcción de líneas de agua y tanques elevados
2. Potabilizar
El compromiso no es solo tener agua, sino que sea limpia y segura.
Acciones:
• Operación y mantenimiento de plantas potabilizadoras
• Sistema de monitoreo de seguridad en plantas
• Rehabilitación de pozos y redes
3. Distribución
El agua debe llegar a cada colonia. Distribuir es construir, conectar y mejorar.
Acciones:
• Ampliación de líneas de abastecimiento
• Construcción de tanques y bases para cisternas
• Interconexión de sistemas hidráulicos
4. Uso responsable
Cuidar el agua es tarea de todos: gobierno y ciudadanía.
Acciones:
• Eficiencia energética en infraestructura
• Modernización de instalaciones eléctricas
• Campañas de corresponsabilidad ciudadana
5. Saneamiento
Tratar el agua usada es clave para proteger ríos y ecosistemas.
Acciones:
• Rehabilitación de Plantas de Tratamiento
• Sistemas de monitoreo y control de saneamiento
6. Reúso
Aprovechar cada gota es vital. No se desperdicia ni una sola.
Acción principal:
• Implementación del programa Pipas Moradas, que reutiliza agua tratada para riego y servicios de Protección Civil y Bomberos.
En la presentación del programa “Tlajo Cuida el Agua”, estuvieron representantes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de la Comisión Estatal del Agua (CEA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN) y del SIAPA, así como de organismos empresariales y técnicos como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), de la Cámara Empresarial de la Industria de la Vivienda Jalisco (CANADEVI), la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco (CICEJ) y del Colegio de Urbanistas del Estado de Jalisco (CUAJAC), además de los diputados locales Adriana Medina y Luis Octavio Vidrio, representantes vecinales, así como ciudadanas y ciudadanos.
EL DATO:
Montos de inversión para cada eje del Plan Integral del Agua
1. Abasto: 490 MDP
2. Potabilización: 340 MDP
3. Distribución: 48 MDP
4. Uso responsable: 75 MDP
5. Saneamiento: 163 MDP
6. Reúso: 7 MDP
Total: 1,123 millones de pesos (MDP)
JALISCO
El desafío de construir la paz en Jalisco: La violencia desborda los cinco primeros meses del gobierno de Lemus
Por Redacción Conciencia Pública //
Los primeros cinco meses de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco han sido dominados por la crisis de seguridad que provoca el accionar de la criminalidad, como secuela del gobierno de Enrique Alfaro que quedó desdibujado ante los miles de desaparecidos que se acumularon durante todo el sexenio.
El 6 de diciembre de 2024, Jesús Pablo Lemus Navarro rindió protesta como gobernador constitucional de Jalisco para el periodo 2024-2030, en una ceremonia solemne en el Congreso del Estado.
En su primer discurso como mandatario, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC), Lemus delineó una agenda centrada en abordar la crisis de seguridad en el estado, con un énfasis particular en el combate a las desapariciones forzadas, un problema que ha marcado profundamente a Jalisco en los últimos años.
Su mensaje, cargado de compromiso y pragmatismo, buscó tender puentes con la ciudadanía, los colectivos de víctimas y el gobierno federal, mientras prometía un enfoque colaborativo para recuperar la paz en la entidad.
ESCALADA DE VIOLENCIA
Desde que Pablo Lemus Navarro asumió la gubernatura de Jalisco el 6 de diciembre de 2024, su administración ha enfrentado una escalada de violencia que ha puesto a prueba su capacidad para cumplir con su promesa de priorizar la seguridad y la búsqueda de personas desaparecidas.
Los eventos en Teocaltiche y Teuchitlán, junto con los asesinatos de alto impacto como el del exdiputado Luis Armando Córdova y la influencer Valeria Márquez, han generado críticas sobre la efectividad de sus estrategias y han evidenciado la persistente influencia del crimen organizado.
CONTEXTO DE LA CRISIS DE SEGURIDAD EN JALISCO
Jalisco lleva años siendo uno de los epicentros de la violencia en México, principalmente debido a la presencia del crimen organizado y la disputa por el control de territorios en las regiones con más de 15 mil personas desaparecidas registradas hasta mayo de 2025, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el estado lidera las estadísticas nacionales en este rubro.
Además, delitos como homicidios dolosos, extorsión y enfrentamientos entre grupos criminales han generado un clima de inseguridad que afecta tanto a la población como a las autoridades locales.
Bajo la administración de Enrique Alfaro (2018-2024), también de Movimiento Ciudadano (MC), se implementaron medidas como el fortalecimiento de la Policía Estatal y la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, pero los resultados fueron insuficientes para frenar la violencia, dejando a Lemus un desafío monumental al inicio de su mandato.
CRISIS EN TEOCALTICHE: ASESINATOS Y CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO
Teocaltiche, en la región Altos Norte de Jalisco, ha sido escenario de una ola de violencia atribuida a la disputa entre organizaciones criminales. Entre los incidentes más graves destacan:
Desaparición de policías: El 18 de febrero de 2025, ocho policías municipales y un civil (su chofer) desaparecieron mientras viajaban a Guadalajara para un control de confianza. Días después, los restos desmembrados de cuatro de ellos fueron hallados en la carretera Teocaltiche-Jalostotitlán. El gobernador Lemus reveló que el Centro de Mando y Control (C2) local operaba para el crimen organizado, y uno de los policías desaparecidos, el controlador del C2, estaba vinculado a grupos delictivos.
Asesinato de Juan Pablo Diego Alonzo Estrada: El 30 de marzo de 2025, el activista y portavoz del Frente Teocaltiche por Nuestra Gente fue asesinado en su domicilio. Aunque Lemus descartó un móvil político y lo vinculó a presuntos antecedentes por robo de hidrocarburos, la comunidad y los colectivos acusaron al gobierno de estigmatizar a las víctimas para desviar la atención.
Asesinato de José Luis Pereida Robles: El 28 de abril de 2025, el secretario general del ayuntamiento y líder del PRI en Teocaltiche fue baleado al salir de un restaurante.
Asesinato de Cecilia Ruvalcaba: El 8 de mayo de 2025, la regidora de MC y jefa de enfermeras del hospital comunitario fue asesinada en un ataque directo dentro del nosocomio, elevando la percepción de ingobernabilidad en el municipio.
Otros hechos: El 6 de abril de 2025, cuatro personas fueron asesinadas en el Libramiento Sur de Teocaltiche, y una adolescente de 15-16 años fue ejecutada frente al CBTis 247, un caso que el gobierno clasificó como feminicidio, pero que generó críticas por minimizar su relación con la violencia generalizada.
La situación llevó a la intervención de la Policía Municipal por parte del gobierno estatal, que asumió el control de la seguridad local desde febrero de 2025, acusando a la corporación de estar infiltrada por el crimen organizado. Los residentes, desesperados, han amenazado con formar autodefensas, denunciando el abandono de las autoridades estatales y federales.
TEUCHITLÁN: EL “RANCHO DEL HORROR”
En marzo de 2025, el descubrimiento de un presunto campo de entrenamiento y exterminio del crimen organizado en el Rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela, Teuchitlán, suceso que conmocionó al país.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, cuestionó que las autoridades estatales y municipales desconocieran las actividades del rancho, sugiriendo posibles vínculos con el crimen organizado.
La intervención federal en el caso, ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum, reflejó la desconfianza hacia las capacidades del gobierno de Jalisco para manejar la situación.
ASESINATOS DE ALTO PERFIL EN ZAPOPAN
Las últimas dos semanas han estado cargadas de asesinatos violentos en Jalisco y que han dominado la agenda pública: Teocaltiche ha sido el foco de atención por los asesinatos allí cometidos por la criminalidad y sus víctimas han sido funcionarios municipales.
La Zona Metropolitana de Guadalajara no se escapa a dicha violencia, como los dos crímenes registrados en Zapopan a plena luz del dia y el mismo día.
Valeria Márquez: El 13 de mayo de 2025, la influencer de 23 años fue asesinada durante una transmisión en vivo en TikTok en un salón de belleza en Zapopan. La Fiscalía de Jalisco investiga el caso como posible feminicidio, en un contexto de violencia de género y control territorial por el CJNG.
Luis Armando Córdova Díaz: Horas antes del asesinato de Márquez, el exdiputado del PRI fue baleado en un café en Zapopan, un hecho que subraya la vulnerabilidad de figuras públicas ante la violencia en áreas metropolitanas.
Estos casos, ocurridos en una de las zonas más urbanizadas de Jalisco, evidencian que la violencia no se limita a regiones rurales como Teocaltiche o Teuchitlán, sino que permea incluso en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), desafiando la narrativa de control territorial del gobierno estatal.
RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LEMUS: INTERVENCIÓN CON ACCIONES DE GOBIERNO EN TEOCALTICHE Y TEUCHITLÁN
Lemus ha intentado abordar la crisis con medidas concretas, aunque las críticas persisten por la falta de resultados inmediatos:
Estrategia de seguridad en Teocaltiche: Tras los asesinatos de Pereida y Ruvalcaba, Lemus anunció el 12 de mayo de 2025 un plan de atención integral para Teocaltiche, Villa Hidalgo y Encarnación de Díaz, con una inversión superior a mil millones de pesos. Este incluye intervenciones en carreteras, escuelas, hospitales y programas sociales, además de un aumento de efectivos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. También designó a Hermes Daniel Rodríguez Ortiz como nuevo encargado de seguridad en Teocaltiche, prometiendo una corporación depurada con elementos que hayan pasado controles de confianza.
Colaboración con el gobierno federal: Lemus ha enfatizado la coordinación con la Federación, asistiendo a reuniones con el Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum, como la del 18 de marzo en Palacio Nacional, donde acordó que la Fiscalía de Jalisco y la FGR investiguen conjuntamente el caso de Teuchitlán. Sin embargo, su salida por una puerta trasera para evitar a la prensa generó críticas por falta de transparencia.
Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas: Aunque creada como una medida emblemática para atender las desapariciones, ha sido cuestionada por colectivos como el de Ceci Flores, quienes denuncian la falta de avances y la cancelación de búsquedas.
Fortalecimiento policial: Lemus ha prometido modernizar la Policía Estatal y mejorar la coordinación con municipios, pero la intervención de corporaciones locales, como la de Teocaltiche, evidencia la desconfianza en las policías municipales, muchas de las cuales han sido infiltradas por el crimen organizado.
El choque de Lemus y la UdeG, un juego de equilibrios y reflexiones
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