REPORTAJES
Marcado retraso en inversión del 2019: Caos financiero en hasta el 40% de las obras del Programa 3×1
Por Mario Ávila //
La realización de una obra de restauración con adoquín, de 1 mil 200 metros de la calle 5 de Mayo en el municipio de Concepción de Buenos Aires, en donde se invirtieron 1 millón 359 mil 024 pesos, fue una de las 145 acciones ejecutadas en el 2018 a través del Programa Federal 3×1, mediante el que los migrantes jaliscienses que viven en el extranjero, inyectan un capital semilla al que se suman aportaciones del Gobierno Federal y/o del Estado y el Municipio, en acciones de beneficio a sus comunidades de origen.
Este año, en la revisión de la obra se detectó en Concepción de Buenos Aires, uno de los municipios más pobres y pequeños de Jalisco, que la calle no se llama 5 de Mayo, sino 16 de Septiembre; que la calle no mide 1 mil 200 metros sino apenas llega a 379 metros y que la obra no se realizó con adoquín, sino con adoquín ahogado en piedra. Lo único que sí resultó cierto es el costo, ahí se gastó 1.3 millones de pesos.
Adilene Navarro Hernández, coordinadora de la Secretaría de Desarrollo Social en Jalisco, quien ha emitido ya oficios de reintegro por 17 millones de pesos por acciones y errores detectados en las obras del Programa 3×1, expuso que Concepción de Buenos Aires es un ejemplo puntual del mal manejo de recursos público y privados en este tipo de programas.
“Aquí los errores son burdos y evidentes, aquí no se trata de una obra inconclusa, sino de una obra a la que se le inflaron los números para obtener más dinero, que hoy por cierto se tendrá que reintegrar; por cierto, a este municipio se le autorizaron 20 proyectos, de los cuales 8 están mal en el aspecto físico de la obra y todos están mal en el cumplimiento cabal de los expedientes”, planteó.
Y detalló: “También en Concepción de Buenos Aires, se autorizó la construcción de un aula didáctica, se invirtió 1 millón 307 mil 868 pesos, falta todo el material eléctrico, sólo está pintada la herrería, o sea, no tiene puertas, ventanas, solo, piso, ni el techo está recubierto”.
Lo peor del caso es que el municipio en cuestión, que cuenta con menos de 6 mil habitantes, es gobernado por el mismo alcalde en esta que en la pasada administración, es decir, José Guadalupe Buenrostro Martínez obtuvo la reelección y ahora tendrá que hacer frente a las irregularidades y tendrá que reembolsar el dinero mal manejado.
En el primer paquete de las obras revisadas al Programa 3×1 resultaron inconsistencias por 12 millones 273 mil 874 pesos, monto del que 3 millones 68 mil 468 pesos son recursos federales. Además de Concepción de Buenos Aires, los otros municipios con obras inconclusas son Sayula, Colotlán, Yahualica y Magdalena.
El Programa 3×1 Migrantes impulsa obras de infraestructura social con recursos provenientes de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de los clubes u organizaciones de migrantes radicados en el extranjero, quienes participan también en la decisión de qué proyectos hacer y dónde se realizan.
En el 2018 se aprobaron 145 proyectos, de los cuales 127 son obras de infraestructura social, 8 son proyectos productivos de apoyo a la producción primaria, 7 son de obras de servicios comunitarios y 3 son becas educativas. En el año anterior, se atendió a un total de 26 municipios con la participación de 27 clubes de migrantes y en concreto 5 proyectos de infraestructura social fueron cancelados en el municipio de Tala. El monto ejercido por la Federación fue de 50 millones 295 mil 979 pesos en favor de 48 mil 250 beneficiados.
TIENEN QUE REINTEGRAR $17 MILLONES
Las revisiones se siguen dando y sobre la marcha se ha llegado a considerar que entre el 30 y el 40% de las obras no se concluyeron, lo que significa que tienen anomalías graves detectadas solo en la inspección física, mientras que entre el 80 y el 90% de las obras tienen problemas que tienen que ver con la información documental que no está completa. Pero en general de entrada ya se han girado oficios de reintegro a los gobiernos municipales por 17 millones 014 mil 844 pesos.
Al detallar los pormenores de lo realizado hasta el momento, Adilene Navarro Hernández expuso: “En general encontramos que todos los expedientes 2018 están abiertos, no se han cerrado porque aún falta mucha documentación porque los municipios que son los que ejecutan las obras no han completado la información”.
Un asunto grave -dijo-, es que nunca se supervisaron las obras, se les aprobaron los presupuestos, se les daba el dinero a los municipios y al final nunca se validó si las obras se hicieron de manera correcta o no. Es ahí cuando nosotros hemos decidido ir a supervisar estas obras que fueron las más recientes del 2018 y ahí fue cuando nos encontramos que había obras inconcusas, obras mal hechas, unas que eran totalmente diferentes a las que se habían autorizado en su momento. Cada una tiene detalles en lo específico, pero en general es eso, demasiadas anomalías tanto en las obras en físico como en la documentación comprobatoria de cada una.
Se entrega un recurso -abundó-, para ejecutarse en el 2018 y se impuso como fecha el 30 de noviembre para concluir la realización de las obras, así como para comprobar y completar la documentación.
El programa 3 x 1 está dirigido a los clubes de migrantes de cualquier parte del mundo, aunque en este caso se atendió solo a los que radican en diversas regiones de Estados Unidos. Ellos deciden ingresar en algún proyecto, participar en la convocatoria y benefician a su comunidad.
Los migrantes deciden las obras a realizar en su municipio y si se les aprueba el proyecto, ellos ponen una parte, el municipio pone otro tanto, el Estado la cuarta parte y la Federación el 25% restante para completar el valor de la obra. Es decir, a cada peso se le suman tres pesos aportados por los tres niveles de gobierno. Esto significa que los 50 millones se convirtieron en 200 ya poniendo su parte todos los involucrados. Sin embargo, hay casos en los que no se alcanzan los 25% y se convierten en 33% ya que la regla dice que las aportaciones son del migrante, la federación y/o el municipio y el Estado.
La bolsa se decide en la Federación es general para todo el país y con detales para el Estado y municipios que tienen prioridad. En el 2018 se le aprobaron a Jalisco 50 millones de pesos para 145 proyectos, la mayoría para acciones de obra pública, ya que también hay posibilidad de invertir en proyectos productivos que vaya a una empresa, taller, negocio para dar empleo a la misma comunidad.
GRAVE RETRASO EN LA INVERSIÓN DEL 2019
En este programa, recordó Adilene Navarro, el capital semilla es el del migrante y una vez aprobado, ellos son los que primero depositan. Por cierto, el eslabón de la cadena que atora más, es que el ejecutor de todos los proyectos es el municipio y es quien hace la licitación, contrata a las empresas, supervisa las obras, entrega finamente los resultados y presenta toda la documentación comprobatoria.
“La complicación radica en el hecho de que la mayor parte de estas acciones van dirigidas a los municipios pequeños, que son los que tienen mayores necesidades, pero que a la vez son los que no tienen la capacidad administrativa y operativa, ni cuentan con el personal suficiente para llevar a cabo todo el proceso y el trámite al que están obligados a cumplir”, planteó la funcionaria federal.
-Por Francisco Junco
Las cloacas del SIAPA no sólo apestan por las fugas en la red hidráulica, o por las aguas achocolatadas, sino por las fugas de dinero, corrupción y contratos a modo que, de acuerdo con la dirigencia y bancada del Partido del Trabajo (PT), han convertido al sistema operador de agua en “la caja chica de los altos funcionarios”, por lo que propone una limpia total del organismo, sobre todo en los mandos altos y medios, que es donde está el gran problema.
Además, en rueda de prensa, el dirigente del PT, José Luis Sánchez, propone auditorías mensuales independientes y una comisión legislativa permanente que meta lupa al destino del dinero público.
“Cada día la cloaca se destapa y cada vez salen más aviadores, más cosas que lastiman al pueblo de Jalisco. Y le quiero decir al director del SIAPA que haga las cosas bien y que se sacuda. Está a tiempo de sacudir la corrupción que hay adentro. Ya empezó con una aviadora, que quite a todos, porque a la hora que le pidamos cuentas tendrá que aclarar muchas cosas”, advirtió el petista en entrevista con Conciencia Pública.
Y es que, el pasado 26 de junio, el Congreso de Jalisco aprobó un incremento de 9.65 por ciento en las tarifas del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). En una sesión de pleno, con 21 votos a favor y 16 en contra y una abstención.
EN CONTRA DEL INCREMENTO
Por su parte, en representación de la bancada del PT en el Congreso, el diputado Sergio Martín aclaró que, aunque no estuvo en la sesión donde se aprobó “el ajuste a la tarifa del agua” (Conciencia Pública 797) su postura fue siempre en contra del incremento.
“Estamos en contra porque no hay agua de calidad, hay agua sucia, los drenajes no sirven, se truenan tuberías y se desperdician miles de litros de agua. Querían subirla 12.6 por ciento, quedó en 9.6, pero de cualquier manera lastima el bolsillo de los jaliscienses”, sentenció.
Martín Castellanos asegura que lo aprobado carece de sustento técnico y que el proyecto de modernización llegó después del aumento. “¿No es al revés? Primero presentar el proyecto y después pedir el aumento…”, cuestionó, en entrevista con Conciencia Pública.
El diputado propone que desde el Congreso se forme una comisión especial que tenga acceso directo a la información financiera del SIAPA y audite mensualmente cada peso que entra y sale.
“Vamos a hacer un exhorto para que los diputados tengamos acceso. Que no exista mochada. Que sepamos si son empresas serias, que no haya simulaciones”, adelantó en la entrevista.
Desde su visión, el problema no es técnico, es político y sistémico. “La única manera de limpiar el SIAPA es reordenarlo. Tener gente que tenga la capacidad de resolverlo”.
Martín Castellanos, también fue enfático en defender a los trabajadores de base del SIAPA, quienes, aseguró, laboran sin equipo ni protección. “Aquí vinieron enfrente a decirnos que no tenían botas, no tenían uniformes, no tenían herramientas. ¿Cómo vas a trabajar sin palas, sin picos? A la gente hay que darle dignidad. Los trabajadores tendrán el apoyo del PT siempre”, dijo con firmeza.
Para finalizar José Luis Sánchez apuntó que el problema no se limita a lo visible. “El SIAPA tiene fugas no nada más en las calles. Tiene fugas de dinero adentro. Y mientras no se ponga orden en la casa, no se va a poder controlar nada”, sentenció.
-Por Francisco Junco
Los lineamientos del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC) en Jalisco, que obligan a los partidos a postular mujeres en ocho de los 124 municipios donde nunca ha gobernado una presidenta municipal, han desatado un debate intenso.
Esta medida, diseñada para romper el dominio masculino en la política local, se ha convertido en un campo de batalla entre Movimiento Ciudadano (MC) y Morena, exponiendo contradicciones y tensiones sobre la paridad de género.
Mirza Flores Gómez, dirigente estatal de MC, calificó la resistencia de Morena como “un monumento a la incongruencia”, acusándola de predicar igualdad mientras postula hombres en cargos clave.
El Impulso de MC: Justicia Histórica
Mirza Flores defendió los criterios del IEPC, que seleccionaron ocho municipios tras analizar los 49 donde nunca ha gobernado una mujer, excluyendo aquellos con reelección para no vulnerar derechos adquiridos. “Es una representación pequeña, pero un paso hacia el cambio social”, afirmó en entrevista con Conciencia Pública.
Argumentó que, aunque las mujeres ocupan el 50% de las candidaturas, no siempre ganan, por lo que la medida asegura que estos municipios tengan solo candidatas, nivelando un terreno históricamente desigual.
“La paridad no se logra solo con cuotas, sino con voluntad”, subrayó, destacando que MC ha postulado perfiles diversos —indígenas, migrantes, jóvenes— desde hace años. Sin embargo, advirtió que el IEPC debe limitarse a un rol técnico, evitando intervenir en estrategias partidistas.
Flores citó ejemplos pasados: en las elecciones recientes, Morena apoyó la paridad en el Congreso, pero registró a José María Martínez en Guadalajara y a Pedro Kumamoto en Zapopan, cargos de alto perfil.
“Morena dice una cosa y hace otra, mostrando un rostro machista y patriarcal”, denunció. Desde sus redes, amplificó la crítica con un video, acusando a Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, de respaldar la impugnación de los lineamientos, “pisoteando la lucha histórica de las mujeres”.
Para la dirigente estatal de MC, las acciones afirmativas son temporales, necesarias hasta que la sociedad deje de discriminar por género.
LA DEFENSA DE MORENA: LEGALIDAD Y AUTODETERMINACIÓN
Morena, a través de su Comité Ejecutivo Estatal liderado por Erika Pérez, rechazó las acusaciones de traición. En un comunicado, afirmó que el partido ha impulsado la paridad, convirtiéndola en ley y realidad, y acusó a MC de manipular el tema como arma política. “No luchan por la paridad, la usan para conservar privilegios”, señalaron, criticando a los naranjas por liderazgos masculinos elitistas que ahora adoptan el feminismo como bandera oportunista.
Morena defendió su modelo de inclusión “desde abajo”, basado en leyes, participación y consenso, frente a un enfoque de MC que consideran vertical y sin legitimidad.
El partido impugnó los lineamientos del IEPC, argumentando que imponer cuotas sin consulta técnica ni democrática vulnera la autodeterminación de los partidos. “Queremos más mujeres y grupos excluidos en el poder, pero de forma legítima”, sostuvieron, exigiendo que los derechos no se regateen ni usen como botín político, sino que se garanticen con legalidad y compromiso.
Esta postura refleja un rechazo a reglas que, según ellos, carecen de sustento, priorizando un proceso participativo sobre imposiciones.
TENSIONES Y PERSPECTIVAS
El conflicto pone en evidencia las dificultades de implementar la paridad en un sistema político arraigado en estructuras patriarcales. Los ocho municipios seleccionados representan un avance simbólico, pero también un desafío logístico y político. MC ve en la medida una oportunidad para corregir injusticias históricas, mientras Morena la percibe como una intromisión que ignora sus esfuerzos previos.
La tensión entre ambos partidos revela no solo diferencias ideológicas, sino también una lucha por el control narrativo en torno a la igualdad de género.
-Por Francisco Junco
El activista social Óscar Ábrego, presidente de la organización Unión de Asociaciones con Causa A.C., se sumó esta semana a la impugnación legal contra el acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco que obliga a los partidos políticos a postular exclusivamente a mujeres en ocho municipios, entre ellos Zapopan y Tonalá.
A juicio del activista, la medida representa una violación directa al principio de igualdad consagrado en la Constitución y una “discriminación irracional” hacia los hombres, por el simple hecho de serlo. “No existe ningún precepto jurídico que impida a un hombre participar en un proceso electoral. Este acuerdo del IEPC es un exceso, una ilegalidad absoluta que no resiste la más mínima revisión jurídica”, sentenció.
En entrevista con Conciencia Pública, Óscar Ábrego reconoció su trayectoria como aliado en múltiples causas feministas y defensor de la paridad de género; sin embargo, fue enfático al afirmar que la lucha por la equidad no puede derivar en una exclusión inversa.
“He sido compañero de lucha de muchas mujeres, respaldo plenamente los equilibrios en la función pública, pero eso no significa que debamos permitir que ahora se nos pisoteen los derechos fundamentales como varones”, señaló.
En su opinión, medidas como las impuestas por el IEPC no abonan a la justicia ni a la equidad, sino que refuerzan un modelo de exclusión disfrazado de avance progresista.
“Ellos no son el Poder Legislativo, no tienen facultades para legislar en materia electoral. Su función es técnica, no normativa. Lo que están haciendo es excederse, metiéndose incluso en la vida interna de los partidos políticos, que son quienes deben definir sus candidaturas conforme a la ley y sus procesos internos”, explicó.
Óscar Ábrego aseguró que el Instituto Electoral atraviesa por una grave crisis de legitimidad y confianza ciudadana y está “bajo sospecha”, tras el proceso electoral pasado, donde fue señalado como un organismo ineficiente. Y “hoy, con esta decisión, se hunde aún más en el descrédito. No genera certeza ni confianza para organizar el próximo proceso en Jalisco”.
Finalmente, al ser cuestionado sobre si buscará aparecer en la boleta electoral, el activista reconoció que está en un proceso de evaluación personal, pero reiteró que su prioridad actual es defender los derechos ciudadanos desde el activismo.
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