Por Raúl Zibechi // (Cortesía de Sputnik Mundo)

Si algo se merecía la soberbia clasista del presidente argentino Mauricio Macri es una derrota contundente, aplastante, a manos de los adversarios que tanto ha fustigado en los últimos años.

Perder por 15 puntos (47 a 32% a escala nacional) y hacerlo por dos puntos adicionales en la Provincia de Buenos Aires, donde competía su pupila más aventajada, María Eugenia Vidal, otra soberbia pero con perfil más popular, estaba fuera de los cálculos del poder y también de la oposición.

Como enseñan los resultados por provincia y por distritos, las clases acomodadas de la capital federal y del norte de la provincia siguieron apostando por Macri. Una parte considerable de las clases medias lo abandonó, pero los sectores populares fueron los que le otorgaron el triunfo aplastante a la oposición. En efecto, en algunas secciones del cinturón pobre de las grandes ciudades la diferencia a favor de Alberto Fernández fue de hasta 40 puntos.

Se trató de una decisión masiva y maciza de aquella porción de la población que más sufrió el sinceramiento de las tarifas de los servicios públicos (gas, electricidad, transporte), que tuvieron aumentos superiores al 1.000% en los cuatro años macristas.

En ese sentido, se puede afirmar que fue una derrota del neoliberalismo salvaje, el que no se veía en ese país desde la década en la que gobernó Carlos Menem (1989-1999), con su secuela de privatizaciones y la desarticulación del aparato productivo de un país que décadas atrás había figurado entre las naciones más desarrolladas y, sin duda, el que contaba con la industria más potente de América Latina.

Aquel neoliberalismo no fue solo económico. Encarnó un ataque sin precedentes a los derechos humanos, hasta que llegó la actual ministra de Interior, Patricia Bullrich. Hubo mano blanda con los militares que torturaron y desaparecieron en dictadura (1976-1983), represión de la protesta social y ataques mediáticos a los organismos de derechos humanos y a los sindicatos opositores, completaron un panorama de neoliberalismo social que nunca se había practicado, de forma tan extrema, en nombre del peronismo.

Los cuatro años de Macri serán recordados, además, por la brutal escalada del dólar que abrió el 2018 a 18 pesos, trepó hasta los 40 a mediados de ese año y ahora pegó otro salto hasta superior los 60 pesos. Una devaluación que tendrá impactos muy negativos en los precios internos, en la inflación, pero también en la pequeña y mediana empresa, que siguen siendo las que más empleo aportan.

La innecesaria sumisión del Gobierno Macri al FMI y, personalmente, a su todavía directora, Christine Lagarde, hicieron más bochornoso aún el pedido de préstamos que deja a la Argentina en una situación de gran dependencia, con altas probabilidades de impago de su deuda. Un nuevo default dejaría al país en una situación de enorme vulnerabilidad, algo que el mercado global ya está previendo.

La pregunta es si el impago lo declarará Macri (algo que el tándem Alberto y Cristina Fernández debe desear), o será un fruto envenenado que recogerá el próximo Gobierno. Lo cierto es que, cuando el riesgo país supera los 1.500 puntos y la economía está paralizada, las empresas argentinas cayeron hasta un 60% en Wall Street y la Bolsa de Buenos Aires se desplomó un 37%, el descalabro es mera cuestión de tiempo.

Pero aquí no se terminan los problemas. Son apenas el comienzo. La impresión es que en las elecciones presidenciales de octubre ganará el neokircherismo en primera vuelta, ya que la diferencia de votos es irreversible en apenas dos meses.

Encuentro varios problemas que me permiten concluir que el neoliberalismo salvaje derrotado en las urnas dará paso a un neoliberalismo más suave, pero en modo alguno a un postneoliberalismo, como estiman algunos comentaristas.

El primero es que la situación global cambió profundamente en los últimos años, con una guerra comercial implacable que coloca a la economía global al borde de la recesión, incluyendo países tan importantes como Alemania. Cuando Macri ganó las elecciones en 2015, no gobernaba Trump ni había un Brexit duro a la vuelta de la esquina. Esta coyuntura no concede mucho margen de maniobra a ningún gobierno del mundo.

La segunda es que, en consecuencia, el capital financiero (esa realidad que los analistas denominan los mercados) está más nervioso e intransigente que antes. La consultora Bloomberg describe de este modo la coyuntura argentina: “Los inversores no están dispuestos a dar al líder opositor Alberto Fernández —presumiblemente, el próximo presidente de Argentina— el beneficio de la duda”.

Esta realidad llevó a Alberto Fernández a asegurar, una y otra vez, la “absoluta voluntad de pago” de un eventual gobierno peronista. Solo atinó a decir que habrá que negociar algunos aspectos del acuerdo firmado por Macri con el FMI.

El tercer asunto es que la sombra de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015) sigue planeando sobre la sociedad argentina y, de modo muy particular, sobre las clases medias. En la actual campaña electoral los voceros de la candidatura opositora se empeñaron en asegurar que aprendieron de los errores del pasado, que no van a imponer un nuevo cepo cambiario ni a promover la intervención del Estado en la economía, que provocó fuertes distorsiones en las tarifas de los servicios públicos y alejó a los inversores del país.

El problema es que más allá de las afirmaciones de los candidatos, la duda sigue existiendo para una parte importante de la población, que recuerda además la corrupción que envolvió al Gobierno de Cristina. Eso explica que, a pesar de la desastrosa situación económica, un 32% de los argentinos se hayan pronunciado por el continuismo macrista.

La cuarta y última, es que la población más pobre y vulnerable ha sido duramente castigada por la política económica de Macri y no parece estar dispuesta a aceptar cualquier solución a sus reclamos. En los últimos cuatro años, los sindicatos y los movimientos territoriales de las periferias urbanas estuvieron de forma casi ininterrumpida en la calle, un escenario que no van a abandonar hasta que no vean satisfechas por lo menos algunas de sus demandas.

Este conjunto de factores hace que, sea cual sea el color del próximo gobierno, no habrá mucho margen para el optimismo.

Por María Luisa Ramos Urzagaste //

Se dice que las futuras guerras serán por el agua, pero lo cierto es que hoy ya se libera una lucha entre la apropiación del agua por parte de las transnacionales, frente a millones de ciudadanos que no tienen acceso al líquido elemento. Es una lucha entre la codicia del lucro privado y el derecho humano al agua de millones de ciudadanos.

Si bien es cierto que hay suficiente agua dulce en el planeta, el problema es que su distribución no es la adecuada ni la más justa.

El 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego y solo el 10% se destina al abastecimiento de agua potable para la ciudadanía.

Según la ONU, 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.

En cuanto a América Latina y el Caribe, más de un tercio no tiene acceso al agua “gestionada de forma segura”.

Alrededor del líquido elemento se disputan grandes intereses y se generan conflictos como los que viven muchos países como Honduras, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, etc. Al otro lado del mapa mundial, Palestina, la República Democrática del Congo, son países donde el acceso al agua hace la diferencia entre la vida y la muerte.

EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO

Luego de intensos esfuerzos, el año 2010, Bolivia junto a otros países logró que la Asamblea General de la ONU reconociera explícitamente que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.

A los países les queda claro que deben buscar soluciones al problema. Para ello los Gobiernos ejecutan diferentes esquemas. Pero la preocupación surge cuando los Parlamentos y Gobiernos buscan ‘transferir’ a la empresa privada la responsabilidad que le toca asumir al Estado.

EL CASO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en El Salvador más del 40% de sus habitantes vive en situación de pobreza.

Los datos que publica el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son aún más lapidarios puesto que “más de 1,5 millones de personas no tienen acceso al agua y el 75% de las grandes industrias carecen de sistemas de tratamiento de aguas servidas”.

El 90% de los ríos del país están contaminados por vertidos domiciliares sin tratamiento y casi el 60% de la población rural no tiene acceso al agua.

A esta calamitosa situación se suma que la mora en el pago del servicio fue tan alta, que en enero de 2019, el entonces presidente Sánchez Cerén exoneró a los usuarios en mora, de los intereses moratorios y los recargos por pago  extemporáneo, permitiéndoles obtener la reconexión del vital líquido.

Durante su gestión Sánchez Cerén promovió una reforma constitucional al artículo 69 de la Constitución Política del Estado de El Salvador, para garantizar el derecho humano al agua y la alimentación. Dicha iniciativa incluso contó con el apoyo de la ONU, pero la oposición no lo permitió.

UN DERECHO HUMANO INCOMPATIBLE CON EL INTERÉS PRIVADO

La sociedad salvadoreña en su conjunto entiende que es vital resolver el problema, por ello el Congreso lleva ya varios años buscando aprobar una Ley de Aguas.

Si bien el actual anteproyecto define que “el derecho humano al agua y el saneamiento es fundamental e irrenunciable”, no obstante, lo que preocupa a la población es la posible privatización del sector mediante la creación de un ‘ente rector’ o figura similar, con participación de las empresas privadas.

La Procuraduría de El Salvador lamentó la propuesta de conformar una Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con participación del sector privado. Argumenta que, por la naturaleza de ese sector, su objetividad puede estar gravemente comprometida.

Según la Alianza contra la privatización del Agua “se trata de un proyecto exclusivo para las clases altas de nuestro país” por tanto se hace necesario frenar este matrimonio declarado entre empresa privada y Estado que atenta contra el agua, el medio ambiente y la vida.

Otro aspecto que genera preocupación son los permisos que podría otorgar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

INFORMAR MEDIANTE UN CARTELITO

El artículo 70 del anteproyecto propone que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá autorizar a particulares a través de un permiso, el uso o aprovechamiento del agua y “solo en casos excepcionales se hará divulgación pública sobre el proyecto en cuestión, y los posibles afectados tendrán 10 días para reaccionar”.

Se dispone además que, en los casos excepcionales, se haga una publicación nacional en la prensa y además “por medio de un cartel”. Dicho anuncio de cartel deberá ser fijado en las Alcaldías Municipales correspondientes. 

¿Se imagina usted a padres, madres, campesinos, trabajadoras de maquilas, estudiantes, vigilando a diario las alcaldías para enterarse de si han colgado algún cartelito por ahí, que le signifique a la larga, riesgo de enfermedades e incluso su vida?

LA CARGA DE LA PRUEBA CAE EN LOS POSIBLES AFECTADOS

Más aún, el artículo 85 propone que, en el caso de los proyectos grandes, los afectados deberán exponer “razones de hecho y de derecho para no conceder la autorización” y deben adjuntar “las pruebas que tengan en su poder o señalando donde se encuentran, si estas existieren”.

Al leer esto uno se pregunta, ¿y dónde está el Estado? ¿Por qué deben ser los ciudadanos de a pie, quienes deban demostrar la inviabilidad de un proyecto? ¿acaso no es el Estado el llamado a buscar el bienestar de sus ciudadanos AL?

Estas son apenas algunas pinceladas, que justifican claramente la preocupación de la gente.

CHILE Y BOLIVIA, DOS ANTÍPODAS

En febrero de 2000, el entonces presidente y exdictador de Bolivia Hugo Banzer, azuzado por el Banco Mundial, privatizó el servicio de suministro de agua a Cochabamba. Bolivia ese tiempo vivía uno de los momentos históricos más nefastos por la imposición del modelo neoliberal que solo dejó pobreza y debilitó al Estado.

El contrato de privatización del agua fue adjudicado a un consorcio multinacional. Poco después, surgieron quejas sobre el aumento de las tarifas del agua, que se incrementaron hasta llegar a un 300%.

El pueblo cochabambino organizado logró la anulación del contrato de privatización en una movilización conocida como “la guerra del agua“.

Con tal nefasta experiencia, el pueblo boliviano el año 2009 aprobó en la nueva constitución política que “el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo”.

La carta fundamental de Bolivia define que los recursos hídricos en todos sus estados, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y que cumplen una función social, cultural y ambiental, por tanto “no podrán ser objeto de apropiaciones privadas”.

EN CHILE LA PROPIEDAD DEL AGUA FUE PRIVATIZADA

La Constitución Política adoptada en 1980 durante la dictadura de Pinochet, define el agua como un bien privado y no como un derecho humano, al otorgar “la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes” donde “los derechos de los particulares sobre las aguas, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

El código de aguas de Chile indica que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él y puede ser incluso hipotecado.

Como resultado de ésta política, según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, las empresas estatales y municipales cubren un 4,3% de los servicios de agua potable, mientras que las empresas privadas manejan el 95,7% del mercado.

Según la misma fuente, la falta de prevención en la garantía del derecho humano al agua potable significó, en los últimos años, cortes significativos de ese servicio para los usuarios.

Por su parte, el movimiento por la defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA) afirma que “el agua no es, ni puede continuar siendo una mercancía, por tanto no debe continuar privatizada, ni dejada al arbitrio de las especulaciones del mercado”.

La lucha por hacer valer el derecho humano al agua es tortuoso para los activistas sociales que se manifiestan por la necesidad de recuperar y defender el agua.

¿ESTADOS AL SERVICIO DE LAS COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES?

Lo que ocurre actualmente en Chile como en El Salvador debe servir de espejo y alerta por lo que pueda suceder o ya está sucediendo en muchos países donde pretenden privatizar el agua.

La privatización, a menudo, es presentada como la única forma de hacer más eficiente la prestación de algún servicio o la administración y explotación de algún recurso.

Este no debería ser el caso del agua, pues al tratarse de un derecho humano, es completamente impropio ‘delegar’ su gestión o su propiedad a la empresa privada.

Cuando el Estado se desentiende de sus obligaciones frente a sus ciudadanos, y transfiere o delega sus deberes al sector privado, este último, por su naturaleza, lo que hará es convertir a los ciudadanos en clientes, y el agua en una mercancía.

El ser cliente significa que, si la persona no tiene capacidad de pago, pierde el derecho al servicio. Así de simple. Es cuestión de estar dentro o fuera del mercado. Estar ‘fuera del mercado” implicará mayor pobreza, enfermedades y muerte.

En la lógica de apropiación privada del agua subyace una cruda verdad, que en términos económicos se denomina “demanda inelástica“, entendida como aquella demanda de mercado que no sufre variación,  a pesar de que el precio del producto se eleve.

Esto ocurre con la demanda del agua, por el hecho de ser un elemento vital para la vida que no tiene sustitutos. Esta característica proporciona a las compañías privadas la certeza de que su requerimiento no disminuirá, incluso si los ingresos de la familia bajan o si el precio se incrementa.

Es justamente por esta razón que la responsabilidad de los Estados en la protección de la vida y los derechos de sus ciudadanos es mayor y no debe ser transferida a terceros. Son los Estados los que deben buscar ser eficientes y justos.

Por Raúl Zibechi // (Cortesía de la agencia de noticias Sputnik )

Julio fue un mes traumático en las relaciones entre el presidente Jair Bolsonaro y las fuerzas armadas brasileñas.

Comenzó con un plato fuerte: el 5 de ese mes el vicepresidente Hamilton Mourão concedió una entrevista a la revista Crusoé, en la que reveló haber recibido un pedido del presidente para “actuar con mayor moderación”, a la vez que rechazaba “la desconfianza del presidente en los militares que estarían interesados en tomar el poder”.

Esos días Bolsonaro felicitó a su vice por haber estado una semana sin hablar con la prensa, ya que las declaraciones de Mourão, o la atención que recibe por parte de los medios, suelen molestarle.

El enfrentamiento principal saltó el 19 de junio, cuando se conmemora el aniversario del nacimiento de Santos Dumont (pionero de aviación brasileña), que la Fuerza Aérea celebra todos los años en Brasilia.

Sorprendió la ausencia del presidente, que algunos explicaron por el incidente de la detención en Sevilla, España, de un miembro de la comitiva de Bolsonaro que se dirigía a Japón para participar de la cumbre del G20, en un aparato de la fuerza aérea portando cocaína.

Sin embargo, Bolsonaro no sólo dejó plantados a la cúpula militar sino a los embajadores de Japón, Ucrania y Estados Unidos, todos ellos aliados cercanos de su Gobierno, para participar en la ceremonia del Día Nacional del Fútbol, también en Brasilia. Del acto castrense tampoco participó Mourão ni el ministro de Defensa.

El mismo día, en el ya tradicional Café de la Mañana, con los medios, Bolsonaro atacó al gobernador de Maranhão, Flavio Dino, miembro del Partido Comunista de Brasil (PCdoB).

Por el modo como lo hizo, se trató de un ataque a todos los nordestinos, la región más pobre de Brasil que vota masivamente por Lula y contra la ultraderecha que representa el presidente.

Agregó que los gobernadores del Nordeste “intentan todo el tiempo a través de la desinformación, manipular a los votantes”. Fue interpretado como un ataque racista, ya que en la región predomina la población afro. El ataque a Dino fue justificado por algunos, por su actitud tibia respecto a la cesión de la base de cohetes de Alcántara (en su estado) a los Estados Unidos.

Las reacciones no se hicieron esperar. Al día siguiente todos los gobernadores del Nordeste, firmaron una nota donde expresan “sorpresa e indignación profunda” con las declaraciones de Bolsonaro”.

Ese día, en una entrevista en el conservador O Estado de São Paulo, el general de Luiz Eduardo Rocha Paiva condenó las declaraciones del presidente señalándolas como “antipatriotas” e “incoherentes”, por dividir al país.

Rocha Paiva es un destacado militar, ahora en la reserva, que fue comandante de la Escuela de Comando y del Estado Mayor del Ejército, y secretario de general del arma. Además respaldó con vigor el golpe de Estado de 1964, por lo que sus pares lo tienen en gran estima.

El presidente no perdió la ocasión para contraatacar. Acusó al prestigioso general de ser un aliado del gobernador comunista y agregó una ofensa gratuita: “Inadvertidamente descubro una sandía, un defensor de la guerrilla de Araguaia”.

“Sandía” es el nombre que se da entre los militares a los que, sin decirlo, simpatizan con la izquierda: verdes por fuera y rojos por dentro. La guerrilla de Araguaia fue la principal lucha armada en la selva durante la dictadura.

Dentro y fuera de los cuarteles hubo gran malestar. El redactor jefe de la página Defesanet, Nelson Düring, dijo que el ataque a Rocha Paiva era “una ofensa ignominiosa y deshonrosa”, y relata una serie de ofensas anteriores recibidas por las Fuerzas Armadas, que no habían trascendido.

El editorial lo considera “el último de una serie de desaciertos entre la presidencia y los comandos militares”.

El mismo día 21, el gurú de Bolsonaro, el profesor Olavo de Carvalho, que reside en EEUU, difundió un video con ataques muy fuertes a los militares que rodean al presidente. Se interpretó que el video estuvo inspirado por uno de los hijos del mandatario, Carlos Bolsonaro, que en esos momentos estaba en Virginia visitando a su referente ideológico.

Una respuesta más dura aún provino del hermano del insultado, el general Paulo Ricardo da Rocha Paiva. Una carta abierta pone el dedo en las principales diferencias de los uniformados con el presidente. Dice que lo votó pese a unas declaraciones que fueron una “señal roja”, cuando dijo que “Alcántara es para ustedes”, en referencia a los EEUU.

Sin medias palabras, denuncia el “acoplamiento militar automático con el Tío Sam y la OTAN”, abandonando a los aliados de la región sudamericana. El tono del extenso escrito del general retirado es fuerte, frontal y por momentos agresivo, cargado de adjetivos peyorativos. Bolsonaro no tuvo más remedio que dar marcha atrás y guardar silencio, lo que evidencia que los cuarteles no lo están mirando con buenos ojos.

Las razones de semejantes deslices del presidente son más oscuras aún. La antropóloga Isabela Oliveira Kalil, en una extensa entrevista en el diario Valor, sostiene que una parte de la base social de Bolsonaro se siente defraudada y exige un gobierno más derechista aún.

Un estudio etnográfico en la zona metropolitana de Sao Paulo, focalizado en los comportamientos conservadores, muestra que entre los varones de 40 a 45 años hay mucha disconformidad porque observan que Bolsonaro no se comporta como extrema derecha, razón por la cual lo votaron.

El principal punto de insatisfacción es que esperaban una liberalización mayor en la tenencia de armas.

Antes de terminar el mes, el presidente tuvo otro desliz verbal que le puede costar caro. Aseguró que sabe cómo desapareció el padre del actual presidente de la Orden de Abogados de Brasil durante la dictadura militar.

Se trata de Fernando Santa Cruz, padre de Felipe Santa Cruz, desparecido luego de haber sido detenido por agentes del régimen en 1974. Las declaraciones de Bolsonaro pueden constituir delito, ya que dice conocer cómo se produjo un crimen que está encubriendo.

El desgaste que viene sufriendo Bolsonaro obedece a que una porción de la sociedad, que coincide con las posiciones más ultras de sus hijos y de su gurú (Olavo de Carvalho), le exigen una posición más derechista aún. En tanto, las colisiones con los militares puede ser el principal factor de deterioro de la apoyatura de un presidente que lleva poco más de medio año en el cargo.