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OPINIÓN

Metástasis: 100 ¿Universidades?

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Por Flavio Mendoza //

Hoy se realizó el arranque simbólico de las 100 Universidades del Bienestar Benito Juárez García, ahí explicó Raquel Sosa, encargada del programa, que ya se cuenta con 51 planteles, que en el caso de San Luis Potosí, hay dos universidades, una en Rayón y otra en el lugar del evento, Aquismón, sin dar mayores detalles sobre la validez y los planes de estudio, inversión en infraestructura, si son sedes provisionales, plantillas de personal y capacidad de dichas universidades, por su parte el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dedicó un poco más de 50 segundos para hablar de dicho programa de Universidades en su discurso de 40 minutos, el Secretario de Educación no se presentó en el evento.

Es preocupante que en el discurso se diga que se crearán 100 Universidades, pero más preocupante que se afirme que ya operan 51 de éstas y que para finales de abril estarán las 100 en operación.

El término de Universidades del Bienestar nos hace creer que efectivamente serán 100 Universidades Públicas nuevas, como lo menciona el Presidente, sin embargo, lo que sólo conocemos es el “Programa de Universidades del Bienestar BJG”, que dispone de un sitio web oficial con muy poca y pobre información, sin un sustento legal, por ejemplo, no hay un decreto presidencial para la creación de dichas Universidades, no sabemos si es una sola Universidad o son 100, en los documentos, sitio y discursos oficiales se usa el término en plural, lo que supone que son cien, no se conocen los planes y programas de estudio, documentos básicos, plantillas de personal y selección de los mismos, ni siquiera hay claridad del recurso para operación de cada Universidad o Centro Educativo.

Lo que sí se publicó en el sitio web oficial es el número de planteles en cada municipio y estado, serán en 31 entidades y en cada una de ellas solo se podrá cursar una de las 36 carreras en cada universidad.

En Jalisco serán 3 Universidades solamente, en Ayotlán será Ingeniería Agroalimentaria, en Tomatlán Ingeniería en Desarrollo Sustentable y en Tecolotlán Ingeniería Ambiental. De acuerdo con la información oficial al respecto, serán 36 carreras en total, distribuidas en las 100 universidades en diversos municipios de 31 entidades, con una capacidad de 32 mil espacios, dentro de los requisitos especifican que no hay examen de admisión, una promesa de AMLO, pero que si la demanda excede la capacidad de un plantel se hará un sorteo de ingreso, es decir, criticó los procesos de selección de ingreso que en su autonomía establecen las Universidades Públicas y con su afición por las tómbolas plantea que se jueguen el ingreso a esas “Universidades” a través de un sorteo.

Las “Universidades del Bienestar” no cumplirán, además de lo legal hasta el momento, con el propósito por el que fueron creadas e incluso con asignación de presupuesto, tampoco parecen estar distribuidas en los estados de acuerdo al número de rechazados en cada entidad, en el país son rechazados mas de 420 mil aspirantes a las principales Universidades Públicas, los espacios ofertados en este programa representan el 7% de los rechazados, para el estado de Jalisco, de los más de 35 mil rechazados en el ultimo proceso de ingreso a UdeG, los espacios para Jalisco representaran el 0.89% de éstos. Además de no atender la demanda para lograr 0% de rechazados como promete, la oferta educativa no es congruente con la diversidad de demanda de los aspirantes, es decir, no todos quieren ser Ingenieros Agroalimentarios, así como tampoco es congruente en la oferta laboral del mercado y para el desarrollo estratégico del país.

Parece una más de las ocurrencias del Presidente AMLO, estas “Universidades” de una sola carrera, que parecen estar en contrasentido de los objetivos de una Universidad Pública, a las que criticó, las que han construido su prestigio durante decenas de años y que tienen reconocimiento oficial incluso de carácter internacional, así como parecen estar fuera incluso del significado etimológico, el origen, la historia y evolución de la Universidad, desde la Universita Scholarium, la universalidad, la totalidad, la comunidad del saber, que ha sido reformada hasta ser la Institución especializada en el saber que otorga grados académicos y realiza investigación científica. La propuesta no es una mala idea, su apresurada estrategia sí, un recurso posiblemente mal aprovechado, un esfuerzo académico dilapidado y 100 universidades gansito.

Twitter: @FlavioMendoza_

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Deportes

Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto

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-Por Diego Morales Heredia

A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.

Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.

Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.

Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.

Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.

Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.

Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?

 

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Deportes

Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara

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Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal

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JALISCO

Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac 

Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.

En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.

Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.

Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.

Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?

UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS

El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.

Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.

Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.

Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.

Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.

Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.

Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.

Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.

Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.

CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD

El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.

Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.

Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.

No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.

Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.

MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER

La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.

Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.

Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.

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