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OPINIÓN

Metástasis: Metástasis en Ipejal II

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Por Flavio Mendoza ///

Para poder terminar con los abusos y excesos no es suficiente sólo con el discurso y los golpes espectaculares, se debe ser consecuente con la intencionalidad de terminar el saqueo del recurso de más de 150 mil afiliados al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), al respecto de la columna Metástasis de la edición 479, hablé de los problemas de grandes inversiones y me enfoqué en las pensiones doradas de más de 60 personas que perciben más de 100 mil pesos al mes, la mayoría de ellos políticos que se beneficiaron con un puesto de elección o de confianza y se jubilaron con el doble, triple o más de lo que anteriormente percibían en sus puestos o plazas anteriores, lo que puede ser legal en algunos casos pero de ninguna manera legítimo.

La actual administración que arribó al Ipejal con la llegada del nuevo Gobierno en el Estado, realizó una serie de modificaciones a las percepciones de los trabajadores, el problema es que no fue sustancial el incremento a los trabajadores de base, a ellos se les incrementó aproximadamente el 12%, desde el personal de limpieza, veladores, auxiliares administrativos, hasta abogados y contadores, entre otros, cuyo sueldo se benefició con cerca de 700 pesos, quienes son la mayoría de los mas de 1600 trabajadores activos en el Instituto y quienes cotizan también a éste.

Sin embargo existe un incremento sustancial para los puesto que llegan con el nuevo director, la mayoría ex colaboradores de los gobiernos municipales en pasadas administraciones y activistas políticos de los grupos cercanos al Gobernador, estos incrementos van desde el 30% hasta el 70% en algunos casos, por ejemplo, se crearon nuevas direcciones generales con un sueldo mensual de $65, 844.36 hasta $72.626.88, algunas de éstas funciones en la pasada administración percibían 30% menos, otro ejemplo son las direcciones de área que en algunos casos como la Dirección de Comunicación Social que durante la administración pasada tenía un sueldo mensual de $24,233.90 se incrementó en la actual administración $41,103.48 con un aumento del 70 por ciento.

Cabe mencionar que dichos puestos de confianza llegan con cada administración, siendo propuesta del Director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, además los que ya estaban cotizando en el Instituto por anteriores puestos pueden tener la posibilidad de jubilarse con pensiones altas,

hasta el doble de lo que percibían en otras funciones desde otras dependencias, el sueldo incluye apoyo a transporte para todos los puestos de confianza que se paga en la quincena 2 de cada mes.

Para los 150 mil afiliados al Instituto de las diferentes dependencias y OPD´s, principalmente los trabajadores de base, el Ipejal paga servicios médicos al IMSS, mientras que para los 1637 trabajadores del Instituto se pagan servicios médicos y hospitalarios particulares, que incluye la cobertura para las familias o dependientes de ellos, otro tema a revisar sobre el gasto del Instituto.

Finalmente sobre las inversiones en diferentes proyectos del recurso de Ipejal, la responsabilidad no es sólo del Comité de Inversiones, es responsable de las pérdidas por Abengoa y Transportes Marítimos Mexicanos, así como del riesgo en Chalacatepec y Villas Panamericanas, entre otros convenios y fideicomisos, el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones, pues con base a lo que establecen los artículos 153 y 158 de las obligaciones del Consejo Directivo y sobre las Reservas e Inversiones, por lo que no puede eximirse de responsabilidad y en su caso, enterarse de lo que es facultad del mismo para consecuentemente actuar con responsabilidad, tratándose de un tema tan delicado, incluso debe investigarse la posibilidad de negocios personales en cada una de estas inversiones y otros contratos con proveedores por los responsables en el Ipejal.

El Instituto no puede ser una agencia de colocación de espacios y nóminas por intereses personales y/o políticos, urge una reforma que impida que el recurso de los afiliados se despilfarre o utilice en otros fines no convenientes para la salud financiera del Instituto más sólido financieramente del país.

Twitter: @FlavioMendoza_

Deportes

Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto

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-Por Diego Morales Heredia

A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.

Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.

Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.

Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.

Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.

Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.

Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?

 

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Deportes

Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara

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Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal

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JALISCO

Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac 

Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.

En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.

Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.

Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.

Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?

UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS

El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.

Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.

Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.

Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.

Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.

Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.

Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.

Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.

Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.

CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD

El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.

Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.

Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.

No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.

Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.

MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER

La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.

Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.

Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.

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