OPINIÓN
Los Hombres del Poder: ¿Quién asesinó a Colosio?
Por Gabriel Ibarra Bourjac //
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Hace 25 años la noticia sacudió a México, todo se podía esperar, menos que le quitaran la vida al candidato presidencial del partido en el gobierno, el país había vivido en esa época cambios estructurales impulsado por el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, surgiendo al mismo tiempo una violencia política que el país creía haber superado. |
¿Quién mató a Luis Donaldo Colosio? ¿Fue realmente obra individual de un loco iluminado como Mario Aburto o hubo una conspiración detrás, que lo utilizó, donde estuvieron grupos duros del sistema y del PRI para descarrilar el proyecto salinista de modernización de México? ¿Fue el narcotráfico? ¿Fue Raúl Salinas o el propio Presidente Carlos Salinas? ¿Qué incidencia tuvo Manuel Camacho Solís quien envenenó el ambiente público al oponerse a la postulación de Colosio como candidato presidencial del PRI? ¿Hubo conspiración urdida por José María Córdoba Montoya para que Ernesto Zedillo fuera candidato y Presidente?
A un cuarto de siglo del magnicidio no hay respuesta. Lo único que tenemos es que Mario Aburto, el asesino material confeso, está en la cárcel y las dudas de la mayor parte de la población siguen presentes en el escenario, dudas que se reviven con la serie de Netflix “Historia de un crimen: Colosio”, que acaba de ser estrenada, donde se utilizan medias verdades y algunas inexactitudes.
Carlos Salinas de Gortari, convertido en el villano favorito de la política mexicana, había tenido la voluntad, decisión e inteligencia de impulsar cambios estructurales del país, dejando el nacionalismo revolucionario que había seguido el gobierno durante el último medio siglo para entrar al llamado neoliberalismo y la modernización del país que la inició su antecesor en la Presidencia, Miguel de la Madrid, diseñada por el propio Salinas desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, con la finalidad de incorporarlo a un mercado internacional cada vez más dinámico y abierto, dejando atrás las políticas proteccionistas.
Esa transformación se manifestó con varias reformas estructurales: la firma del Tratado de Libre Comercio entre México-Canadá-Estados Unidos; la restauración de relaciones Iglesia-Estado; la privatización masiva de empresas del Estado y la privatización de los bancos; la reforma al Art. 27 Constitucional para transformar la figura del ejido, que había sido un dogma del gobierno revolucionario.
SURGE LA VIOLENCIA
En ese sexenio (1988-1994) la violencia sacudió al país: el 1 de enero es el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, que estremeció al sistema político mexicano; el 23 de marzo es asesinado el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio en Tijuana; el 28 de septiembre José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, también es victimado en la Ciudad de México; antes, el 24 de mayo de 1993 habían privado de la vida al cardenal de Guadalajara Juan Jesús Posadas Ocampo en el estacionamiento del aeropuerto Internacional de Guadalajara.
La descomposición política de México inicia con el levantamiento del hasta entonces desconocido Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), una organización izquierdista que irrumpe enarbolando la bandera lucha contra la desigualdad de los pueblos indígenas de México, con un discurso marxista reivindicador de los derechos de las comunidades de Chiapas.
El EZLN surge la madrugada del 31 de diciembre para amanecer el 1 de enero del nuevo año, cuando todo mundo festejaba en el país el advenimiento del nuevo año. Las proclamas del EZLN a través de su vocero el Subcomandante Marcos iban contra el TLC, el neoliberalismo y el ideario salinista.
El surgimiento del EZLN se da precisamente en el marco de la sucesión presidencial priista, en el que el Presidente Salinas decidió pronunciarse por el sonorense Luis Donaldo Colosio, superando al entonces jefe del Gobierno de la Ciudad de México, Manuel Camacho Solís, quien se rebeló contra la decisión de su amigo el Presidente, al considerar que él debía ser el sucesor, no sólo por su capacidad y preparación, sino todo lo que había representado en el proyecto salinista.
Un año antes, el 24 de mayo de 1993 había sido asesinado en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, supuestamente confundido con Joaquín “El Chapo” Guzmán a quien los Arellano Félix pretendían matarlo. Confundido o no el alto prelado religioso con el líder criminal del cártel de Sinaloa, inicia una serie de crímenes de personajes de poder que sacudiría al sistema político mexicano, pues aún estaban por suceder otros magnicidios.
SALINAS EL GRAN PERDEDOR
No comparto la versión de quienes apuntan a que el autor intelectual del asesinato fue Carlos Salinas de Gortari, supuestamente por el discurso de Colosio ante el monumento a la revolución el 6 de marzo de 1994 en el que el candidato le marcaba distancia al Presidente. Lo cierto es que el gran perdedor, junto con la familia de Luis Donaldo, fue Salinas, porque le matan a su candidato presidencial, lo que quedó demostrado cuando se había quedado sin candidato y tuvo que decidir por quien no era de su equipo, que más bien obedecía a su poderoso asesor José María Córdoba Montoya, como fue el caso del coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo Ponce de León.
Salinas tendría que autoexiliarse e irse a vivir a Dublín, Irlanda al declararse perseguido por su sucesor en la Presidencia de México, Ernesto Zedillo, quien llevaría a la cárcel a su hermano Raúl, acusado del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y actos de corrupción, pero la primera acusación, no se demostró.
En este magnicidio, como en otros que registra la historia, siempre habrá la duda de que fue algo más que un asesino solitario, como sucedió de igual forma con el magnicidio que segó la vida del Presidente Álvaro Obregón y que ejecutó el activista católica José León Toral.
Lo cierto es que hay un autor material confeso que purga una condena en la cárcel y que apareció ante las cámaras cuando le dio a Colosio un balazo en la sien derecha con lo que acabó con los dueños de muchos mexicanos que creían en el ideario de aquel sonorense malogrado que veía un México con hambre y sed de justicia.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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