JALISCO
Abogado del comandante Salvador Perea, conocido como J3, acusa al Fiscal Gerardo Octavio Solís de fabricar chivos expiatorios
Por Mario Ávila //
Con el objetivo de brindar certezas para la reparación de los daños a las víctimas de los hechos ocurridos el pasado 5 de junio en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, la Fiscalía Anticorrupción, la Federación de Estudiantes Universitarios y el Gobierno del Estado establecieron una mesa de diálogo con algunas de las víctimas de lo ocurrido, lo que de manera flagrante viola la ley en materia de derechos humanos, ya que está estrictamente prohibido poner a las víctimas cara a cara con sus victimarios.
Durante esta mesa, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Barrón, garantizó que la prioridad en todo momento será la reparación de daños a las víctimas, misma que deberá contener por lo menos los siguientes cinco puntos esenciales: restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición de los hechos.
Además, señaló que este diálogo es un proceso inédito que pretende dar cauce a las inconformidades ciudadanas y lograr acciones inmediatas en favor de las y los afectados, por lo que este, debe construirse directamente con ellas y ellos a través del diálogo y con acciones efectivas.
“La idea es construir entre todas y todos, un proceso de acceso a la justicia y a la verdad, es un proceso inédito, no hay un guion que nos lleve paso a paso, pero sí tenemos una idea de los horizontes de llegada y en este caso son todas las medidas relacionadas a una reparación del daño. Con este propósito hoy celebramos la disposición que en medio del dolor de la tragedia que se han vivido en las últimas horas en nuestro estado, hoy tengamos la disposición, la entereza para acudir a platicar con las autoridades’’.
Por otro lado, y en seguimiento a las indicaciones del Gobernador del Estado Enrique Alfaro Ramírez, el Secretario General de Gobierno, refrendó el compromiso de atención a las y los afectados, además garantizó la disposición para que los hechos ocurridos el pasado 5 de junio marquen un antes y un después en beneficio de la historia de Jalisco.
‘’Decirles, esto no es una reunión de protocolo, cumplimiento o formas, esto tiene que ser, ir al fondo de la situación y que el 5 de junio se convierta en un antes y un después y que no se vuelva a repetir y eso es lo que nos anima a todos”.
Se indicó que la Fiscalía Anticorrupción llevará a cabo las labores de investigación y determinará las diversas responsabilidades de los servidores públicos que intervinieron en los sucesos, su titular, Gerardo de la Cruz Tovar resaltó la necesidad del trabajo en conjunto con la sociedad para esclarecer todos los hechos, procurar justicia y recuperar la confianza en las instituciones.
»Siendo una fiscalía autónoma, no subordinada ¿Qué apoyo necesito? Pues necesito su apoyo como sociedad, necesito que ustedes confíen en la fiscalía especializada de combare a la corrupción y nos den la información que tienen para nosotros poder procurar justicia, respecto a esta situación’’.
El presidente de la Federación de Estudiantes Javier Armenta, y la maestra Natalia Juárez, integrante del Sindicato de trabajadores académicos de la UdeG, solicitaron el puntual seguimiento de los hechos, que no haya simulación y que se garantice la protección para todos los involucrados que así lo deseen.
Las mesas de trabajo establecidas marcan la disposición de las diversas instituciones y víctimas involucradas de cumplir y garantizar los derechos de la libre expresión en Jalisco, así como reconocer las fallas ocurridas el pasado 5 de junio.
Durante el diálogo entablado con las diferentes autoridades, las víctimas presentes narraron los sucesos que se vivieron esa tarde y tuvieron la oportunidad de dar a conocer a los presentes, las peticiones que requieren para poder resarcir los daños, entre sus peticiones destacó la de realizar la búsqueda e integrar a estas mesas de trabajo a todas aquellas personas que hayan sido violentadas durante la jornada de manifestaciones del 5 de junio.
Cabe resaltar que las reuniones se celebrarán por lo menos dos veces por semana con la finalidad de establecer un resultado pronto y favorable para las y los afectados, además se estableció que las víctimas que así lo deseen recibirán de manera inmediata atención médica y psicológica a través de los especialistas que ellos elijan, así como asesoría jurídica y el resarcimiento y compensación de los daños y pérdida de bienes que se ocasionó a las víctimas.
CAERÁ EL FISCAL POR CREAR «CHIVOS EXPIATORIOS»: ÓSCAR DÍAZ
Óscar Díaz Torrejón, abogado defensor del comandante Salvador Perea (J3) se queja de que a su cliente lo mantienen incomunicado y curiosamente derechos humanos, visitaduría, fiscalía anticorrupción y hasta un juez de distrito han sido indolentes.
Y relata: “El amparo se presentó a la 1 de la tarde del sábado 6 de junio y a las 3 de la tarde del domingo 7 no había comparecido el secretario, encontramos una cerrazón en todas las dependencias y me queda claro que esto lo hizo alguien con mucho poder.
“El Código de Procesos Penales es muy claro al establecer que la prisión preventiva es la última alternativa, en caso de excepción cuando ya no exista la posibilidad de utilizar alguna de las 13 medidas cautelares, se impone la presión preventiva. Y ningún argumento de los que expusimos fue válido.
«Es tal el grado de podredumbre que tenemos en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial en Jalisco. De Mireles puedo decir que a él le imputaron abuso de autoridad y dice en la carpeta víctimas desconocidas. Como abogado digo que el delito de abuso de autoridad no puede existir si no hay una víctima».
“La estrategia será mediante la presentación de un juicio político contra el gobernador Enrique Alfaro y una denuncia en contra del fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez. Este problema es político, y cuando un político mete las manos en estos temas, es lo que padecemos. La verdad esta situación nos lacera a todos, no solo al comandante y su familia, a todos porque es una violación muy descarada y muy cínica.
“Qué hizo J-1 armó toda su fantasía, toda su historia que se le va a caer por supuesto y a quien tenía a la mano fue al comandante Perea y efectivamente lo agarró de “chivo expiatorio” para que pague las consecuencias de lo que él hizo. Nosotros incluso vamos a presentar una solicitud de juicio político en contra del gobernador y una denuncia en contra del fiscal y del juez. No se vale y no podemos seguir tolerando esto.
“Se presentó un amparo de los que la propia ley establece como urgentes para cuando se estén violentando los derechos de una persona si lo tienen incomunicado, si lo están torturando, cualquier persona puede ir ante un Juez de Distrito y basta con que digan que tienen conocimiento que en un sitio están torturado a una persona, es suficiente para que el juez envíe a su secretario o a un actuario para que busque a la persona aludida, se ratifique el amparo y se le conceda la suspensión”, lo que nunca ocurrió en el caso que nos ocupa.
LA DEFENSA DE MOVIMIENTO CIUDADANO: EL CENTRO BUSCA DESESTABILIZAR A JALISCO
El Partido Movimiento Ciudadano presentó nueve evidencias que exponen cómo, desde el epicentro del poder, se utilizó el caso de Giovanni para tratar de generar un clima de inestabilidad en Jalisco.
Dicen: “La plana mayor de la 4T participó en la estrategia: infiltró funcionarios federales en manifestaciones genuinas; utilizó las redes sociales y plataformas digitales para mentir y manipular información buscando sembrar la idea de un nuevo Ayotzinapa en Jalisco. La tragedia de Giovanni López, asesinado por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, fue utilizada por el Gobierno de México y por Morena para generar tensión y un clima de desestabilización para Jalisco”, sostuvo Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano.
En conferencia virtual, Castañeda Hoeflich presentó nueve evidencias que en su óptica exhiben el operativo que se orquestó desde centro del país para golpear al Gobierno de Jalisco:
1. La plana mayor de la 4T comienza con el ataque.
Después de que se difundiera el video del arresto de Giovanni, funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Senadores de la República y Diputados Federales difundieron información manipulada para hacer responsable al Gobierno de Jalisco.
Por ejemplo, difundieron que el joven fue detenido por no usar cubrebocas, cuando la carpeta de investigación indica que fue por falta administrativa y actitud agresiva contra policías; además señala como responsables a policías ministeriales y no municipales.
2. La misma red con la que generan tendencias pro AMLO, ahora se utilizó contra el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
Del 3 al 6 de junio, en las redes sociales posicionan los hashtags #AlfaroRepresor, #Alfaro Fascista y #AlfaroAsesino con 201 mil 450 mensajes de 47 mil 608 usuarios identificados por hacer campañas a favor del Presidente de México.
“En las últimas dos semanas: Melanie en la CDMX, Jessica Guzmán en San Luis, Carlos Navarro en Veracruz, Oliver López en Tijuana, Alexander en Oaxaca, Jhonay y Alexia en el EdoMex, fueron víctimas de abuso policiaco, ¿por qué la indignación selectiva de Morena?”, cuestionó Castañeda.
3. Infiltran manifestantes.
En las manifestaciones se identificaron grupos de choque y militantes de Morena, quienes violentaron manifestaciones pacíficas y pegaron calcomanías contra el Gobernador de Jalisco. Además, se identificó a una funcionaria de la Secretaría de Gobernación encabezando una marcha.
4.Trataron de sembrar la narrativa de un nuevo Ayotzinapa.
Aunque el Gobierno de Jalisco ya había informado que los manifestantes desparecidos habían sido encontrados y ya estaban en sus casas, legisladores de Morena continuaron difundiendo información falsa para sembrar la idea de un Ayotzinapa en Jalisco.
5. Notas digitales pagadas.
Medios digitales que reciben dinero del Gobierno de la Ciudad de México, difunden y promocionan notas con información manipulada con la misma narrativa sobre la desaparición de jóvenes. Además, hace un contraste manipulado entre el Gobernador de Jalisco y la Jefa de Gobierno.
6. Movilización.
A través de chats, militantes de Morena coordinan acciones en las marchas como en las redes sociales para posicionar hashtags contra el Gobierno de Jalisco, incluso, se pide hacer énfasis en que, tras la muerte de Giovanni, estaban implicados policías estatales y no municipales.
7. Compra de pauta digital.
“En medio de la tragedia, Morena invierte recursos públicos en generar un clima de inestabilidad, la percepción de un gobierno represor y azuzar a sus partidarios. Hicieron a un lado el legítimo grito de justicia para Giovanni para pasar a hacer gala de su oportunismo político”, dijo Castañeda Hoeflich.
8. El montaje del BOA y los espectaculares en Jalisco.
En el primer acto, el Gobierno de México exhibe el supuesto Bloque de Opositor Amplio; en segundo acto, aparecen en Jalisco espectaculares anónimos contra el Presidente de la República, y el tercer acto, un senador vincula al Gobierno de Jalisco con éstos espectaculares.
9. Morena se dedicó y se sigue dedicando a atacar a Alfaro.
“Lo que sucedió en la Comisión Permanente es ilustrativo, las y los legisladores de Morena se dedicaron a atacar a Enrique Alfaro y a Jalisco. El único tema para el debate política era, textualmente, la violación de derechos humanos en Jalisco, como si no existiera en este país una violación grave y generaliza de derechos humanos en el país”, dijo Castañeda.
“Lo que hemos presentado hoy son pruebas y evidencias de que efectivamente hubo una acción orquestada desde el centro del país. Movimiento Ciudadano reitera su llamado a que se haga justicia y se deslinden responsabilidades”, finalizó Castañeda.
LA CNDH ASUMIRÁ CASOS POR DESAPARICIONES FORZADAS
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tomará las riendas de la investigación sobre las desapariciones forzadas ocurridas el 5 de junio en Guadalajara, y de los hechos de violencia y detenciones registradas los días 4 y 6, según lo reveló el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), a la periodista Elizabeth Rivera Aguilar, Eduardo Sosa Márquez, quien añadió que también incluirán el expediente de la muerte de Giovanni López. “La Comisión tiene un deber histórico en este asunto, y no queremos entregar el expediente sin que se diga lo que se deba de decir y trazar la línea de derechos humanos desde la perspectiva de quienes nos encontramos en la cercanía de este suceso y lo hemos conducido e investigado ampliamente”, expresó.
ENTREVISTAS
Iniciativa de César Madrigal: Unánime respaldo en el Congreso de Jalisco al drenaje profundo
-Por Mario Ávila
En un gesto de unidad histórica, los diputados de las ocho fracciones políticas de la LIV Legislatura local aprobaron por unanimidad la iniciativa del diputado César Madrigal, del Partido Acción Nacional (PAN), para exhortar al gobernador de Jalisco a incluir el diseño e implementación de un drenaje profundo en el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030.
Esta propuesta busca abordar el grave problema de inundaciones y socavones en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), un desafío que se agudizó tras el torrencial aguacero del 24 de junio, Día de San Juan, que paralizó la movilidad regional.
Presentada el 23 de junio y aprobada el jueves 10 de julio, la iniciativa marca un paso significativo hacia una solución estructural, inspirada en proyectos exitosos como el túnel emisor de la Ciudad de México.
UN PROYECTO CON RAÍCES Y VISIÓN
César Octavio Madrigal Díaz destacó que el drenaje profundo, con túneles de 80 a 100 metros de profundidad y un diámetro de 7 metros, no interferiría con el tráfico ni las redes hidrosanitarias, a diferencia de los actuales drenajes de 2.5 metros que colapsan, como se vio en los recientes socavones del Bethel.
“Es como la tuneladora de la Línea 3 del Tren Ligero: obras subterráneas que resuelven sin afectar la vialidad”, explicó.
A diferencia del sistema de la Ciudad de México, que mezcla aguas pluviales y residuales y las desvía a Hidalgo, la propuesta para la ZMG sería innovadora al enfocarse exclusivamente en captar agua de lluvia. Esto permitiría almacenarla la zona de El Dean o San Rafael, desviarla a plantas potabilizadoras, recargar mantos freáticos o incluso dirigirla al río Santiago y la Barranca de Huentitán, contribuyendo al ciclo hidrológico.
Madrigal subrayó el potencial hídrico de la obra: la ZMG consume alrededor de 13 metros cúbicos por segundo (m³/s), y el sistema podría captar hasta 5 m³/s de agua más limpia que la del lago de Chapala, contaminada por químicos industriales, agropecuarios y descargas residuales.
Esta agua reutilizable representaría un avance nacional, transformando un problema de inundaciones en una oportunidad de sostenibilidad.
La iniciativa tiene antecedentes en Jalisco. En los primeros años del siglo XXI, el gobierno de Guadalajara diseñó un plan de drenaje profundo para la ciudad, mientras que en 2008 el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) propuso el Programa de Manejo Integral de Aguas Pluviales, que incluye desazolves y pozos de captación, pero también sugiere a largo plazo dos túneles emisores por Gobernador Curiel y Calzada Independencia, destinando el agua a la Barranca de Huentitán.
En 2017, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA) elaboró un proyecto conceptual para toda la ZMG, retomado en 2023 por el Colegio de Ingenieros de Jalisco. Su entonces presidente, Luis Barbosa Niño, estimó una inversión de 30 mil millones de pesos en 12 años, con una erogación anual de 2,500 millones de pesos.
Además, particulares han propuesto un sistema en el sur de la ZMG que llevaría agua a la presa Atotonilquillo en Villa Corona para su potabilización y retorno al Acuaférico, enriqueciendo el debate.
SALVAGUARDAR VIDAS
Para Madrigal, el objetivo principal es salvar vidas. Hasta ahora, el temporal de lluvias de 2025 ha cobrado seis vidas, un recordatorio doloroso de la urgencia del proyecto. “No podemos postergarlo más”, insistió, lamentando que obras como esta, al ser “dinero enterrado”, a menudo se descartan por falta de rédito político.
Sin embargo, como legislador responsable, enfatizó la necesidad de infraestructura básica en una metrópoli que alberga a casi 5 millones de habitantes, una de las más pobladas de América Latina.
“Es una inversión esencial, no un lujo”, afirmó, subrayando que los socavones y las inundaciones no solo dañan la economía, sino que ponen en riesgo la seguridad ciudadana.
La aprobación unánime refleja un consenso raro en un Congreso a menudo dividido. Madrigal recordó el ejemplo de la Ciudad de México, donde el túnel emisor central se inauguró en 1975, seguido por el poniente en 2000 y el oriente en 2021, demostrando que un enfoque por etapas es viable.
En la ZMG, el proyecto podría dividirse en fases, priorizando las zonas más vulnerables como el oriente y el centro, donde las redes actuales colapsan con lluvias moderadas.
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
Aunque el respaldo político es un avance, la ejecución enfrenta retos. El costo de 30 mil millones de pesos requiere financiamiento mixto, posiblemente con aportaciones federales, estatales y privadas, además de un estudio detallado de impacto ambiental y geológico.
El SIAPA, criticado por su manejo ineficiente, deberá desempeñar un rol clave, pero su historial de retrasos plantea dudas. Madrigal sugirió involucrar a expertos del IMTA y el Colegio de Ingenieros para garantizar transparencia y eficiencia.
La propuesta también abre oportunidades. El agua captada podría aliviar la dependencia de Chapala, cuya calidad ha decaído, y apoyar la recarga de acuíferos, un tema crítico en una región afectada por sequías.
Además, la obra generaría empleos y fortalecería la resiliencia urbana frente al cambio climático, cuyos efectos, como lluvias más intensas, ya son evidentes.
El diputado César Madrigal cerró, señalando que “la mesa está servida. Este es un tema grave, agravado por socavones causados por inundaciones y tuberías de drenaje insuficientes. Es hora de actuar, tras años de olvido, para resolver este problema crítico en la zona metropolitana.”
VISTO BUENO DEL SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
Durante la segunda reunión de trabajo en la que los funcionarios del Poder Ejecutivo presentaron al legislativo el resultado del Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030, el ingeniero Ernesto Marroquín, secretario de Gestión Integral del Agua, dio su visto bueno a la propuesta del diputado César Madrigal sobre el drenaje profundo.
“Diputado, César Madrigal, en el tema de las inundaciones, coincido completamente con usted lo mismo que en el tema del drenaje profundo, y en este año también estamos trabajando en la actualización para el registro en cartera, que ya tenía un registro en cartera, pero se perdió, y vamos a trabajar en la actualización de este registro en cartera para retomar todos estos proyectos contra las inundaciones, y yo en lo personal, y creo que el equipo técnico, estamos de acuerdo en que una buena solución es el drenaje profundo”.
“Obviamente, eso tiene que ir de la mano de otras acciones que se tienen que tomar como usted ya bien mencionó, el Promiat que habla del control en el origen de las aguas pluviales, que esto significa que cada desarrollo debe tener una descarga cero, esto quiere decir que se haga un tanque de retención que permita almacenar el agua mientras ocurre la lluvia y después, cuando los colectores ya estén menos saturados, permitan desalojar esta agua porque en realidad en la ciudad no contamos con colectores pluviales, eran colectores que estaban hechos para aguas residuales; sin embargo, al no contar con colectores pluviales se hicieron combinados y no tienen la capacidad necesaria para atender el problema del exceso de agua en tiempos de lluvias”.
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
Chelsea, el orgullo de Londres
Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara
Iniciativa de César Madrigal: Unánime respaldo en el Congreso de Jalisco al drenaje profundo
Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán
