JALISCO
Investigación de represión contra manifestantes: El Fiscal de Jalisco entrega expediente a la Fiscalía General de la República

Por Mario Ávila //
A pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación, solo sobre los abusos policiacos del 5 de junio en las inmediaciones de la Calle 14, eso podría ser suficiente para que pueda estar en el patíbulo el ex gobernador de Jalisco y actual Fiscal General del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez.
Al fiscal se le podría encontrar responsabilidad de estar detrás de los delitos de privación ilegal de la libertad, además del robo, abuso de autoridad y los demás que se pudieran encuadrar en los agravios cometidos la tarde del viernes 5 de junio en las inmediaciones de las oficinas centrales de la Fiscalía, en contra de decenas de jóvenes que pacíficamente acudían a la segunda manifestación convocada para exigir justicia por el asesinato de Giovanni López, a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos.
Por lo pronto el juicio ciudadano así lo encuadra y lo mismo expertos que ciudadanos comunes, así como los dos policías detenidos y acusados de haber sido los instigadores de las redadas y levantones, coinciden en que la orden de atacar a los muchachos vino de lo más alto en el escalafón de la Fiscalía.
Y contra esta versión que se puede probar de manera real y certera, con testigos, con rostros, con víctimas, con hechos, con vehículos, con placas, con armas y con nombres y apellidos, solo existe la postura fantasiosa oficial del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en el sentido de que él y el fiscal dieron la orden de no agredir a los manifestantes y que “la maña” le dio a un grupo de agentes una instrucción diferente que acataron al pie de la letra.
No será difícil pues que la FGR realice su trabajo a la luz de la realidad de los hechos, de los testimonios, de fotografías, de videos y de la voz de las víctimas y los testigos presenciales. Y de encontrarse responsabilidad directa del Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, bien podría pasar a la historia como el segundo ex gobernador procesado y penalizado, como ocurrió dos décadas atrás con el ex gobernador Flavio Romero de Velasc, este por el gobierno federal del Presidente Ernesto Zedillo.
Ahí están a disposición los testigos a montones, si es lo que falta; se identifican claramente no solo los elementos del grupo de agentes de la Fiscalía sin uniforme, en vehículos particulares, algunos incluso de un servicio de banquetes; están también en las fotografías acreditada la participación de elementos de la Policía de Zapopan, de la Policía de Guadalajara y de la Policía de Tonalá, identificados claramente en el operativo de los clásicos “levantones”, al puro estilo de los cárteles del narcotráfico.
Por ello, una línea de investigación para la FGR también tendría que ser hacia el que dijo que el ataque a los jóvenes se trató de una orden venida de las filas de la delincuencia organizada, que de ser verdad, con ello dio muestras de que está más organizada que los que combaten al crimen organizado, que los conoce perfectamente o bien tiene algún nexo con ellos, para bien o para mal.
Y ahí están las fotos, los testimonios, las imágenes de los videos de los levantones en la calle, en las paradas del camión, en el cruce de las avenidas, en las banquetas y en cualquier sitio por donde transitaran los muchachos para llegar a su destino en las oficinas de la Fiscalía, a donde llegaron por la puerta trasera a las jaulas después de ser robados, golpeados y amenazados, o bien fueron tirados en las inmediaciones del Cerro del 4.
Gerardo Octavio Solís Gómez se ha mostrado hasta el momento sereno, incólume, entero, sobrio, seguramente atenido a la investidura que ostenta y al currículum que lo respalda el formar parte del grupo en el poder que se sienten intocables.
Solís Gómez trabajó para la Secretaría de Vialidad y Transporte, se integró después a la Procuraduría de Jalisco en tiempos en donde se registró otra agresión relevante en contra de los globalifóbicos en el 2004 con el mismo modus operandi, luego a la Secretaría General de Gobierno en donde la cabeza era don Héctor Pérez Plazola y llegó a ser incluso gobernador de Jalisco, cuando Francisco Ramírez Acuña solicitó licencia para retirarse del cargo, a fin de asumir el título de Secretario de Gobernación que le concedió por pocos meses el Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Pero fiel a su responsabilidad, Solís Gómez regresó al servicio público en el 2014 para hacerse cargo de la delegación en Jalisco de la PGR en la administración del priista Enrique Peña Nieto, lo que significa que ha sabido trabajar con el PAN, con el PRI, con Movimiento Ciudadano y con quien le llegue al precio.
EL PEZ POR SU BOCA MUERE
Esta semana, el Fiscal llegó con novedades que mostró en las redes a través de un video en donde comenta haber acordado con el Fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero (Morena) que la investigación por los abusos policiacos de la tarde del viernes, pasarán a esa esfera.
Sin embargo ahí podría estar está la trampa política o la tablita de salvación para el Fiscal, para el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y para el partido Movimiento Ciudadano, ya que una copia del mismo expediente se asignó también a la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, por lo que si las conclusiones de ambas instituciones no coinciden, habría problemas y diferendos políticos y seguramente se utilizarían de cara a la elección del 2021; es decir si la conclusión es acusatoria para el Fiscal, Alfaro lo utilizaría como siempre, como si se tratara de un golpeteo político del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su contra.
Por lo pronto Gerardo Octavio Solís Gómez informó en redes sociales: “Quiero comentarles que el día de ayer estuve en la ciudad de México en las oficinas del Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, el objetivo fue solicitarle oficialmente que pudieran ejercer oficialmente la facultad de atracción respecto de la carpeta de investigación iniciada el viernes pasado, en relación con los abusos cometidos en contra de estudiantes que venían pacíficamente a manifestarse a las instalaciones de la Fiscalía en la calle 14.
“Derivado de esta plática y previo análisis del expediente que se puso a su consideración, quiero informarles que el día de hoy, el expediente ya fue formal y oficialmente recibido y a partir del día de hoy la competencia la ejerce exclusivamente la FGR.
“También debo de comentarles que el día de los hechos se inició otra carpeta de investigación oficiosamente para investigar los mismos hechos, pero con la finalidad de dar competencia a los delitos de carácter estatal.
“Esta carpeta de investigación en su momento se corrió traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que con base en sus atribuciones llevara el asunto a los tribunales; derivado de esto hay dos detenidos a disposición de un juez y es esta Fiscalía Anticorrupción la responsable de continuar el procedimiento.
“Como pueden observar en el caso del abuso cometido en agravio de estudiantes que vinieron a manifestarse pacíficamente a esta dependencia, ninguna de las dos carpetas de investigación es responsabilidad de la Fiscalía Estatal, para garantizar la total y eficaz transparencia en la investigación y asegurar llegar hasta las últimas consecuencias, son competencia exclusiva de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía General de la República.
“Quiero informarles también que el día de hoy en el lamentable caso del joven Giovanni, logramos autos de vinculación a proceso relacionados con esos hechos y en los cuales se encuentran detenidos tres policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos.
“Con esto queremos asegurar la total transparencia en la investigación de los hechos y que es preocupación de esta Fiscalía llegar hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan de sus actos”, sentenció en su comunicado el Fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez.
LA MESA DE ALFARO QUE INVESTIGA LOS HECHOS
El gobernador Enrique Alfaro Ramírez, creó una mesa de trabajo para investigar los hechos de lo que llamó una trágica tarde y aunque se ignora el futuro de esta mesa luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) decidió atraer la investigación, su integración quedó de la siguiente manera con: Gerardo Ignacio de la Cruz, titular de la Fiscalía Anticorrupción; Alfonso Barrón Hernández, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; Pablo Salcedo González, empresario inmobiliario y presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad; Enrique Ibarra Pedroza, secretario general de Gobierno; Candelaria de la Cruz, titular de la Contraloría Interna de la Fiscalía; y Yolanda López, directora de Visitaduría de la Fiscalía del Estado.
Esta mesa de trabajo encabezada por la Fiscalía Anticorrupción tiene como fin, “garantizar una objetiva, veraz, cierta y oportuna información a la sociedad sobre el esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado 5 de junio durante las manifestaciones en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado el ejecutivo llevó a cabo la instalación de la Mesa Interinstitucional para el esclarecimiento de los hechos.
“Esta mesa estará encabezada por el Fiscal Anticorrupción de Jalisco, Gerardo Ignacio de la Cruz, quien aprovechó para destacar que la conformación de participantes en la mesa garantizará un actuar apegado a la ley. ‘’Tener la presencia de la ciudadanía, tener la presencia de quien se encarga de vigilar al interior de la Fiscalía del Estado del actuar de los servidores públicos, desde luego de derechos humanos y de la Fiscalía Anticorrupción lo que pretendemos es hacer una labor profesional, una labor apegada estrictamente a derecho, pero también muy transparente”.
Añadió además, que no solo se está investigando por los hechos ocurridos durante las manifestaciones, sino que se dio la indicación de abrir una carpeta de investigación para indagar los hechos ocurridos en Ixtlahuacán de los Membrillos y que derivaron en las manifestaciones del pasado fin de semana.
El Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra, quien también integra esta mesa, refrendó el compromiso de trabajar de la mano con todas las instituciones y brindar la información necesaria para llegar a el esclarecimiento de los hechos ocurridos.
»El Poder Ejecutivo que encabeza Enrique Alfaro, refrenda su absoluta y plena disposición para llegar al esclarecimiento y que se hagan todas las indagatorias pertinentes y por ello la instalación de esta comisión», puntualizó.
Por su parte el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco Alfonso Barrón, argumentó que la mesa de investigación se encargará además de indagar a todas las personas que están involucradas y determinar su nivel de responsabilidad, así como garantizar el acceso a la reparación integral de los daños.
Desde el ámbito ciudadano, Pablo Salcedo, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad destacó que el principal objetivo de esta mesa debe ser el brindar la información oportuna y acceso a la información para todos los ciudadanos sobre lo que se vaya recabando, así como dar la garantía de una pronta solución.
Finalmente, en esta mesa también participarán y coadyuvarán en el seguimiento oportuno a las investigaciones, Candelaria de la Cruz, Directora de la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado, Yolanda López, Directora General de Visitaduría de la Fiscalía General del Estado.
JALISCO
Un impuesto que pesa más que la propiedad: El predial y la trampa de la modernización

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
“Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada”, dijo alguna vez el juez Oliver Wendell Holmes. Sin embargo, en Jalisco, ese precio parece haber dejado de reflejar los beneficios de la civilización para convertirse en una carga desproporcionada que amenaza la estabilidad de las familias.
El reciente aumento del impuesto predial en municipios como Guadalajara, Zapopan y Tonalá no solo ha encendido la indignación ciudadana, sino que también revela una problemática más profunda: una política fiscal que está desvinculada de la realidad económica de la población.
En Guadalajara, el incremento del predial ha alcanzado hasta un 45% en algunas colonias, tras eliminarse el tope que limitaba el aumento anual al 10%. Zapopan aplicó un alza del 5% de forma uniforme, mientras que en Tonalá los predios rústicos enfrentan incrementos de hasta el 36%. Estas cifras no son solo números en una tabla de Excel; representan decisiones que afectan directamente el bolsillo de miles de familias, muchas de las cuales ya están luchando por mantener su estabilidad financiera en un contexto de inflación y estancamiento salarial.
El argumento oficial suele girar en torno a la necesidad de actualizar los valores catastrales y mejorar la recaudación para financiar servicios públicos. Pero ¿qué pasa cuando el incremento de los ingresos municipales se da a costa de la calidad de vida de los contribuyentes? La modernización fiscal no puede convertirse en una trampa que justifique incrementos desproporcionados sin un análisis profundo de sus efectos socioeconómicos.
El aumento del impuesto predial en Jalisco ha generado un debate intenso sobre su impacto en la economía de las familias y la gestión pública. Para entender mejor este fenómeno, podemos recurrir a una analogía histórica: el impuesto al té que provocó el Motín del Té en Boston en 1773. Aquel gravamen, aunque modesto en términos económicos, fue percibido como un símbolo de abuso e imposición sin representación adecuada, lo que encendió la chispa de un movimiento más amplio por la justicia fiscal.
En Jalisco, el incremento del predial no es solo una cuestión de cifras. Representa una carga adicional para los propietarios, quienes ven cómo el costo de mantener su patrimonio crece sin una correspondencia clara en mejoras tangibles de los servicios públicos. La falta de una comunicación efectiva por parte de las autoridades sobre el destino de estos recursos alimenta el descontento y la desconfianza.
Este aumento del predial también refleja una desconexión preocupante entre las autoridades y la realidad cotidiana de la ciudadanía. No se trata de rechazar la necesidad de impuestos, sino de exigir que estos sean justos, proporcionales y coherentes con el contexto económico. El principio de progresividad fiscal, que establece que quienes tienen más deben contribuir más, parece haberse diluido en un enfoque recaudatorio que no distingue entre diferentes capacidades de pago.
Si observamos modelos internacionales, ciudades como Viena o Berlín han implementado políticas fiscales que buscan equilibrar la recaudación con la protección del derecho a la vivienda. En estos lugares, los incrementos de impuestos sobre la propiedad están vinculados a mejoras tangibles en los servicios públicos y a políticas de vivienda asequible. En contraste, en Jalisco, el aumento del predial parece desconectado de cualquier mejora visible, lo que alimenta la percepción de que se trata simplemente de un mecanismo para llenar las arcas municipales sin un verdadero compromiso con el bienestar ciudadano.
Por otro lado, el impacto del aumento del predial también tiene un componente psicológico y simbólico. La propiedad de una vivienda representa, para muchas familias, el fruto de años de esfuerzo y estabilidad. Cuando el Estado transforma ese logro en una carga cada vez más pesada, erosiona la confianza en las instituciones y en la promesa de progreso que se supone debería acompañar al desarrollo urbano.
No podemos ignorar, además, el problema de la opacidad en la gestión de los recursos recaudados. La falta de transparencia en el uso del dinero público alimenta la sospecha de que estos aumentos no están destinados a mejorar la calidad de vida de la población, sino a cubrir deficiencias administrativas o a financiar proyectos que no responden a las verdaderas necesidades de la sociedad.
En este contexto, es urgente replantear el debate sobre el impuesto predial en Jalisco. No se trata de eliminarlo ni de negar su importancia para la financiación de servicios públicos, sino de exigir una política fiscal más justa y equitativa, lo cual implica revisar los criterios para la actualización de valores catastrales, establecer topes razonables para los incrementos anuales y garantizar que cualquier aumento se traduzca en beneficios tangibles para la comunidad.
El descontento social que está generando este tema no es una simple reacción emocional ante el aumento de un impuesto. Es la expresión de un malestar más profundo relacionado con la percepción de injusticia fiscal y la falta de sensibilidad de las autoridades frente a las dificultades económicas de la población. Si las autoridades locales no escuchan este clamor, corren el riesgo de erosionar aún más la confianza en las instituciones y de alimentar un clima de descontento que puede tener consecuencias políticas a largo plazo.
En definitiva, el problema del predial en Jalisco es un síntoma de una enfermedad más amplia: la desconexión entre las políticas públicas y las realidades sociales. No se trata solo de cifras frías en un balance contable o de metas recaudatorias; es un reflejo de cómo las decisiones gubernamentales pueden alejarse de las necesidades cotidianas de la gente.
Para sanar esta herida, se necesita más que simples ajustes técnicos; se requiere una visión de justicia fiscal que ponga en el centro a las personas, no solo a los números. Esto implica un compromiso real con la equidad, la transparencia y la sensibilidad hacia los contextos económicos diversos de la población. De lo contrario, el precio que pagamos por vivir en sociedad podría terminar siendo demasiado alto, no solo en términos económicos, sino también en la confianza ciudadana y la cohesión social, pilares fundamentales para una convivencia democrática y justa.
JALISCO
El Frankenstein de la transparencia

Opinión, por Salvador Romero Espinosa //
El nuevo modelo de transparencia presentado el pasado 31 de enero por Raquel Buenrostro, Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, me parece inconstitucional, dado que violenta la soberanía de las entidades federativas y la autonomía municipal, ambas previstas desde 1917 en la Constitución Federal como cimiento toral de nuestra República, e incluso va en contra de la reciente reforma al artículo 116, que establece que serán los órganos encargados de la contraloría u homólogos de los sujetos obligados los responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
En ese contexto, al tratarse los gobiernos estatales y municipales de sujetos obligados, de acuerdo a dicho precepto constitucional, deben de ser sus propias contralorías quienes deberán de encargarse de resolver los recursos e impugnaciones en materia de transparencia, por lo que la propuesta de que el Poder Ejecutivo local de cada entidad federativa sea quien resuelva las impugnaciones contra las respuestas de los ayuntamientos es abiertamente inconstitucional, pues generaría una especie de instancia intermedia entre gobiernos estatales y municipales, las cuales se encuentran expresamente prohibidas en el artículo 115.
Para ponerlo en otras palabras, la referida propuesta implicaría que las gobernadoras y gobernadores del país, a través de sus contralorías, podrían sancionar a las alcaldesas y alcaldes de los municipios de sus estados, en caso de que no atendieran sus requerimientos en materia de acceso a información pública, lo cual, además de violentar la ya referida autonomía municipal, podría tener implicaciones políticas bastante delicadas y convertirse en un mecanismo de control por parte de los poderes ejecutivos estatales a los gobiernos municipales.
Cabe señalar que en palabras textuales de la Secretaria Raquel Buenrostro “…hay (institutos de transparencia locales) homólogos al INAI, que son los que revisaban a los municipios, ahora en la propuesta de ley nosotros proponemos que sean las autoridades del Ejecutivo local las que ayuden a los municipios, esto es conociendo y sabiendo que los municipios no tienen la infraestructura suficiente ni los recursos, también sean apoyados y arropados, no solo por el Estado, sino también a nivel federal…”.
Sin embargo, en las diapositivas que utilizó en su presentación no dice “apoyar”, sino textualmente dice “Autoridad del Ejecutivo Local revisa a municipios” y existe una gigantesca diferencia entre “apoyar” y “revisar”, razón por la cual todas las autoridades municipales del país deberán de prender sus alertas y focos rojos ante esta propuesta, dado que en lugar de que la propuesta fuera para dotarles de mayores recursos económicos para hacer frente a sus nuevas obligaciones constitucionales, lo que están proponiendo realmente es someter a los municipios a los gobiernos estatales y a la propia federación.
El nuevo modelo también afecta la soberanía de las entidades federativas, pues la Secretaria Buenrostro refirió que la nueva Plataforma Nacional de Transparencia seguirá siendo obligatoria para todas las autoridades del país, además de que señaló que su Secretaría podrá atraer y/o conocer de todas las impugnaciones de transparencia relacionadas con recursos federales, que son la gran mayoría de los recursos que se ejercen en los estados y municipios, por lo que en la práctica, con esta propuesta se desaparece la soberanía de las entidades federativas y la autonomía de los municipios de todo el país, ya que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno tendrá facultades para requerir y sancionar a gobernadoras y gobernadores, así como alcaldesas y alcaldes de todo el país, algo gravísimo en una República Federal.
Aunado a lo anterior, el nuevo modelo despedaza totalmente al actual Sistema Nacional de Transparencia, conformado por 33 institutos de transparencia, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI, y lo transforma en un Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública con 32 subsistemas estatales, que en lugar de las 36 instituciones actuales, estará integrado por casi 3,000 autoridades, que en teoría deberán coordinarse para homologar sus criterios en materia de transparencia, un verdadero modelo Frankenstein.
Finalmente, la Secretaria presentó como un gran logro del nuevo modelo el que se esté apostando a la judicialización de la transparencia y el derecho de acceso a la información, pues incluso señala que se crearán juzgados federales especiales en la materia, partiendo de la premisa falsa de que actualmente los juzgados en materia administrativa no resuelven cuestiones de fondo en los amparos contra resoluciones de los institutos de transparencia (por supuesto que lo hacen); cuando es un hecho que la judicialización será mucho más costosa, compleja y lenta que el modelo de tutela por medio de institutos de transparencia autónomos que recientemente destruyeron.
GALERÍA
A los que vimos: Aniversario 41 del fallecimiento de Don Jesús Michel
ANIVERSARIO 41 DEL FALLECIMIENTO DE DON JESÚS MICHEL
El 41 aniversario de la partida de Don Jesús Michel González fue conmemorado por la familia Michel Velasco con una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, donde acudieron familiares y amigos.
EL AGRADECIMIENTO
Enrique Michel expresó el agradecimiento de la familia Michel Velasco a amigos y empleados de la empresa Mazapan de la Rosa que los acompañaron en este día tan sentido y habló del gran amor que distinguió a sus padres, a Don Jesús Michel y a Doña Elvira para formar y educar a esta familia con los principios y el amor cristiano.
LA CARIDAD CRISTIANA
El padre que ofició la misa, José Dolores Aguayo González, destacó el sentido cristiano en la obra de don Jesús Michel, proyectándose en la caridad cristiana en la persona de don Jesús Michel
LA BASÍLICA DE ZAPOPAN
La Basílica de Nuestra Señora de Zapopan con toda su solemnidad fue el recinto religioso en el que se recordó a Don Jesús Michel González en el que se dieron cita amigos y familiares.
GERMÁN Y ENRIQUE
Germán y Enrique, don grandes pilares de la familia Michel Velasco, que han continuado al lado de la familia la gran obra de Don Jesús y Doña Elvira.
UNA GRAN FAMILIA
La obra de Don Jesús y Doña Elvira, una familia grande, formada en los valores cristianos. Ya son cuatro generaciones.
MARÍA FERNANDA
María Fernanda Michel López, Enrique Michel y su hermana Cecilia.
UN HOMBRE CON VALORES
El Padre Lolo, José Dolores Aguayo González, se refirió a los grandes valores cristianos que vivió Don Jesús Michel González, tanto como padre de familia y como patrón, viviendo la caridad cristiana, siempre presto a darle la mano a quien lo requería.
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