REPORTAJES
Día Internacional de los Derechos Humanos: El uso político de Yuawi, ejemplo de violación a derechos
Por Mario Ávila //
El uso de la imagen del niño indígena Yuawi en la campaña de promoción de la marca de la ciudad “Guadalajara-Guadalajara”, gestada durante el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez y que se ligó posteriormente con una intensa campaña política en favor de Movimiento Ciudadano que los llevó a ganar el Gobierno del Estado, sirvió como ejemplo de violación a los derechos humanos de los derechos de los pueblos indígenas.
De ello quedó constancia en el panel “Avances y retrocesos en materia de derechos humanos”, organizado por Eva Araceli Avilés Álvarez, regidora presidenta de la comisión edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Ayuntamiento de Guadalajara, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Particularmente en la ponencia de la maestra Dolores Pérez Lazcano, con el tema Derechos de los pueblos indígenas, se habló del caso del niño indígena, particularmente de la comunidad wirárika, Yuawi, cuando la ponente preguntó: “…alguien se acuerda de la campaña ‘Guadalajara-Guadalajara’ de la administración pasada. Qué bonita, un niño indígena, un niño wirárika que está con su sombrerito, que cantaba y bailaba para contagiar a todo mundo… y en qué acabó esa campaña, quisiera yo saber. Cuál es esa marca “Guadalajara, Guadalajara” en donde “utilizaron” a las personas de origen indígena porque se ven bonito, porque son políticamente correctos, hoy nadie se acuerda de eso, no sé cuánto costaría, pero hoy nadie habla de eso. Aquí solo se les utilizó”, dijo.
Luego abundó: “Vemos que en campaña los candidatos se ponen los trajes tradicionales y van y ofrecen hacer y deshacer… y vean estas cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval):
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Se calcula que en México hay 11 millones de personas que pertenecen a un pueblo originario, pero el Banco mundial ha dicho que ya la mayoría se está yendo a las grandes urbes por falta de oportunidades en sus lugares de origen.
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De esos 11 millones, el 72% que equivale a 8.3 millones de personas padecen pobreza.
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De esos, 3.2 millones de personas no tienen la capacidad económica para adquirir una canasta básica.
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Casi el 20% de las personas de 20 a 64 años no saben leer ni escribir.
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El 53% de las personas de 65 años y más no saben leer ni escribir.
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El rezago educativo alcanza en esta población, el 82.4%.
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El 77.6% de personas indígenas no cuenta con una seguridad social, entre ellas las empleadas domésticas que no tienen derecho ni siquiera a un nombre propio, porque son “mis muchachas” o “la sirvienta”, cuando es un ser humano, que tienen derecho a tener una identidad y tienen un nombre.
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El 20% de esta población carece de agua potable.
Afirmó la maestra Dolores Pérez Lazcano que la mejor muestra de que todos los días se violentan los derechos de los pueblos indígenas, está en el hecho de que ningún municipio de la Zona Metropolitana, ha implementado política pública alguna para atender a las personas de los pueblos originarios que habitan en esta metrópoli.
Sin embargo, en aras de mostrarse propositiva, Pérez Lazcano también planteó: “Yo lo que propongo es que necesitamos políticas públicas desde el municipio, porque somos multiculturales, pero mientras no se realice un diálogo intercultural, sepamos quiénes son, cuáles son sus necesidades.
“Necesitamos una instancia municipal o metropolitana de integración de estas personas, porque no se trata que toda la vida sean sujetos a que les den, entre otras cosas permiso para que vendan sus artesanías. Lo que se necesita es crear una oficina que los integre, que vaya a ellos, aprovechando que se creó el puesto de gerente de la ciudad y las gerencias de zona, ya están más cerca de ellos, ver de dónde vienen, integrarlos, abrir el ayuntamiento a ellos y promocionar su independencia económica, son seres humanos que necesitan oportunidades”, expuso la investigadora experta en el tema de los pueblos originarios.
CON DISCRIMINACIÓN, POBREZA Y EXCLUSIÓN, JAMÁS HABRÁ PAZ
En un ejemplo por demás optimista, la maestra Pérez Lazcano planteó que “si el día de mañana se acaban los asesinatos en el Estado, no puede haber paz, la paz no será posible porque mientras exista discriminación, pobreza y exclusión, y mientras que los derechos humanos de todos los mexicanos no se respeten, no podemos decir que vivimos en paz”.
Mencionó que en el país tenemos un rezago con las comunidades indígenas de más o menos 500 años o un poquito más, porque las comunidades y pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía, la libre determinación, a conservar su cultura, su forma de vestir, sus tradiciones, todo lo que llamamos usos y costumbres.
Pero en nuestro país -dijo-, lo que ha sucedido es reconocerles su autonomía, pero no se ha hecho mucho en cuestión de que prevalezca esa necesidad que ellos tienen de conservar su cultura, su lengua, su vestimenta, porque los no indígenas hemos desarrollado esa capacidad de no verlos, de discriminación y de exclusión. La grave situación en la que se han visto en sus comunidades los ha obligado a venir a las ciudades. En Jalisco se reconocen a cuatro grupos: la comunidad wirárika en la zona norte, la comunidad náhuatl en el sur, los indígenas migrantes que viven en la Zona Metropolitana de Guadalajara y los indígenas jornaleros que trabajan en los campos de cultivo, la nueva y moderna esclavitud del siglo 21. Y aunque se llamen empresas socialmente responsables, ellos no se hacen responsables de la seguridad social de los indígenas que vienen a trabajar en las enormes extensiones de invernaderos y viven en galerones sin tener derecho a una vivienda digna, alimentación, educación y muchos de ellos son monolingües.
Pero vengámonos más acá -abundó-, en la ZMG en donde ni siquiera se tiene un censo actualizado de dónde están, quiénes son, de dónde vienen, a qué etnia pertenecen, pero se nos ha hecho normal que estas personas vendan fruta, vendan papitas y vendan sus artesanías, como si estuvieran destinadas a hacer eso en su vida. Y uno de los planteamientos que se hacía aquí era de cómo preservar tu cultura… son dos cosas, la preservación de su cultura una vez que han sido reconocidos tendría que estar fomentada e impulsada por los gobiernos estatal y municipales y en ningún municipio de la ZM se tiene una sola política pública para el fomento a los indígenas que han venido a vivir aquí.
En el panel Avances y retrocesos en materia de derechos humanos, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, tomaron parte también el regidor, Eduardo Almaguer Hernández, que habló sobre “Las desapariciones en Jalisco” y la activista María Guadalupe Ramos Ponce, que abordó el tema de “La violencia de género y el feminicidio”.
-Por Francisco Junco
Las cloacas del SIAPA no sólo apestan por las fugas en la red hidráulica, o por las aguas achocolatadas, sino por las fugas de dinero, corrupción y contratos a modo que, de acuerdo con la dirigencia y bancada del Partido del Trabajo (PT), han convertido al sistema operador de agua en “la caja chica de los altos funcionarios”, por lo que propone una limpia total del organismo, sobre todo en los mandos altos y medios, que es donde está el gran problema.
Además, en rueda de prensa, el dirigente del PT, José Luis Sánchez, propone auditorías mensuales independientes y una comisión legislativa permanente que meta lupa al destino del dinero público.
“Cada día la cloaca se destapa y cada vez salen más aviadores, más cosas que lastiman al pueblo de Jalisco. Y le quiero decir al director del SIAPA que haga las cosas bien y que se sacuda. Está a tiempo de sacudir la corrupción que hay adentro. Ya empezó con una aviadora, que quite a todos, porque a la hora que le pidamos cuentas tendrá que aclarar muchas cosas”, advirtió el petista en entrevista con Conciencia Pública.
Y es que, el pasado 26 de junio, el Congreso de Jalisco aprobó un incremento de 9.65 por ciento en las tarifas del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). En una sesión de pleno, con 21 votos a favor y 16 en contra y una abstención.
EN CONTRA DEL INCREMENTO
Por su parte, en representación de la bancada del PT en el Congreso, el diputado Sergio Martín aclaró que, aunque no estuvo en la sesión donde se aprobó “el ajuste a la tarifa del agua” (Conciencia Pública 797) su postura fue siempre en contra del incremento.
“Estamos en contra porque no hay agua de calidad, hay agua sucia, los drenajes no sirven, se truenan tuberías y se desperdician miles de litros de agua. Querían subirla 12.6 por ciento, quedó en 9.6, pero de cualquier manera lastima el bolsillo de los jaliscienses”, sentenció.
Martín Castellanos asegura que lo aprobado carece de sustento técnico y que el proyecto de modernización llegó después del aumento. “¿No es al revés? Primero presentar el proyecto y después pedir el aumento…”, cuestionó, en entrevista con Conciencia Pública.
El diputado propone que desde el Congreso se forme una comisión especial que tenga acceso directo a la información financiera del SIAPA y audite mensualmente cada peso que entra y sale.
“Vamos a hacer un exhorto para que los diputados tengamos acceso. Que no exista mochada. Que sepamos si son empresas serias, que no haya simulaciones”, adelantó en la entrevista.
Desde su visión, el problema no es técnico, es político y sistémico. “La única manera de limpiar el SIAPA es reordenarlo. Tener gente que tenga la capacidad de resolverlo”.
Martín Castellanos, también fue enfático en defender a los trabajadores de base del SIAPA, quienes, aseguró, laboran sin equipo ni protección. “Aquí vinieron enfrente a decirnos que no tenían botas, no tenían uniformes, no tenían herramientas. ¿Cómo vas a trabajar sin palas, sin picos? A la gente hay que darle dignidad. Los trabajadores tendrán el apoyo del PT siempre”, dijo con firmeza.
Para finalizar José Luis Sánchez apuntó que el problema no se limita a lo visible. “El SIAPA tiene fugas no nada más en las calles. Tiene fugas de dinero adentro. Y mientras no se ponga orden en la casa, no se va a poder controlar nada”, sentenció.
-Por Francisco Junco
Los lineamientos del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC) en Jalisco, que obligan a los partidos a postular mujeres en ocho de los 124 municipios donde nunca ha gobernado una presidenta municipal, han desatado un debate intenso.
Esta medida, diseñada para romper el dominio masculino en la política local, se ha convertido en un campo de batalla entre Movimiento Ciudadano (MC) y Morena, exponiendo contradicciones y tensiones sobre la paridad de género.
Mirza Flores Gómez, dirigente estatal de MC, calificó la resistencia de Morena como “un monumento a la incongruencia”, acusándola de predicar igualdad mientras postula hombres en cargos clave.
El Impulso de MC: Justicia Histórica
Mirza Flores defendió los criterios del IEPC, que seleccionaron ocho municipios tras analizar los 49 donde nunca ha gobernado una mujer, excluyendo aquellos con reelección para no vulnerar derechos adquiridos. “Es una representación pequeña, pero un paso hacia el cambio social”, afirmó en entrevista con Conciencia Pública.
Argumentó que, aunque las mujeres ocupan el 50% de las candidaturas, no siempre ganan, por lo que la medida asegura que estos municipios tengan solo candidatas, nivelando un terreno históricamente desigual.
“La paridad no se logra solo con cuotas, sino con voluntad”, subrayó, destacando que MC ha postulado perfiles diversos —indígenas, migrantes, jóvenes— desde hace años. Sin embargo, advirtió que el IEPC debe limitarse a un rol técnico, evitando intervenir en estrategias partidistas.
Flores citó ejemplos pasados: en las elecciones recientes, Morena apoyó la paridad en el Congreso, pero registró a José María Martínez en Guadalajara y a Pedro Kumamoto en Zapopan, cargos de alto perfil.
“Morena dice una cosa y hace otra, mostrando un rostro machista y patriarcal”, denunció. Desde sus redes, amplificó la crítica con un video, acusando a Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, de respaldar la impugnación de los lineamientos, “pisoteando la lucha histórica de las mujeres”.
Para la dirigente estatal de MC, las acciones afirmativas son temporales, necesarias hasta que la sociedad deje de discriminar por género.
LA DEFENSA DE MORENA: LEGALIDAD Y AUTODETERMINACIÓN
Morena, a través de su Comité Ejecutivo Estatal liderado por Erika Pérez, rechazó las acusaciones de traición. En un comunicado, afirmó que el partido ha impulsado la paridad, convirtiéndola en ley y realidad, y acusó a MC de manipular el tema como arma política. “No luchan por la paridad, la usan para conservar privilegios”, señalaron, criticando a los naranjas por liderazgos masculinos elitistas que ahora adoptan el feminismo como bandera oportunista.
Morena defendió su modelo de inclusión “desde abajo”, basado en leyes, participación y consenso, frente a un enfoque de MC que consideran vertical y sin legitimidad.
El partido impugnó los lineamientos del IEPC, argumentando que imponer cuotas sin consulta técnica ni democrática vulnera la autodeterminación de los partidos. “Queremos más mujeres y grupos excluidos en el poder, pero de forma legítima”, sostuvieron, exigiendo que los derechos no se regateen ni usen como botín político, sino que se garanticen con legalidad y compromiso.
Esta postura refleja un rechazo a reglas que, según ellos, carecen de sustento, priorizando un proceso participativo sobre imposiciones.
TENSIONES Y PERSPECTIVAS
El conflicto pone en evidencia las dificultades de implementar la paridad en un sistema político arraigado en estructuras patriarcales. Los ocho municipios seleccionados representan un avance simbólico, pero también un desafío logístico y político. MC ve en la medida una oportunidad para corregir injusticias históricas, mientras Morena la percibe como una intromisión que ignora sus esfuerzos previos.
La tensión entre ambos partidos revela no solo diferencias ideológicas, sino también una lucha por el control narrativo en torno a la igualdad de género.
-Por Francisco Junco
El activista social Óscar Ábrego, presidente de la organización Unión de Asociaciones con Causa A.C., se sumó esta semana a la impugnación legal contra el acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco que obliga a los partidos políticos a postular exclusivamente a mujeres en ocho municipios, entre ellos Zapopan y Tonalá.
A juicio del activista, la medida representa una violación directa al principio de igualdad consagrado en la Constitución y una “discriminación irracional” hacia los hombres, por el simple hecho de serlo. “No existe ningún precepto jurídico que impida a un hombre participar en un proceso electoral. Este acuerdo del IEPC es un exceso, una ilegalidad absoluta que no resiste la más mínima revisión jurídica”, sentenció.
En entrevista con Conciencia Pública, Óscar Ábrego reconoció su trayectoria como aliado en múltiples causas feministas y defensor de la paridad de género; sin embargo, fue enfático al afirmar que la lucha por la equidad no puede derivar en una exclusión inversa.
“He sido compañero de lucha de muchas mujeres, respaldo plenamente los equilibrios en la función pública, pero eso no significa que debamos permitir que ahora se nos pisoteen los derechos fundamentales como varones”, señaló.
En su opinión, medidas como las impuestas por el IEPC no abonan a la justicia ni a la equidad, sino que refuerzan un modelo de exclusión disfrazado de avance progresista.
“Ellos no son el Poder Legislativo, no tienen facultades para legislar en materia electoral. Su función es técnica, no normativa. Lo que están haciendo es excederse, metiéndose incluso en la vida interna de los partidos políticos, que son quienes deben definir sus candidaturas conforme a la ley y sus procesos internos”, explicó.
Óscar Ábrego aseguró que el Instituto Electoral atraviesa por una grave crisis de legitimidad y confianza ciudadana y está “bajo sospecha”, tras el proceso electoral pasado, donde fue señalado como un organismo ineficiente. Y “hoy, con esta decisión, se hunde aún más en el descrédito. No genera certeza ni confianza para organizar el próximo proceso en Jalisco”.
Finalmente, al ser cuestionado sobre si buscará aparecer en la boleta electoral, el activista reconoció que está en un proceso de evaluación personal, pero reiteró que su prioridad actual es defender los derechos ciudadanos desde el activismo.
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