Por Mario Ávila //

La realización de una obra de restauración con adoquín, de 1 mil 200 metros de la calle 5 de Mayo en el municipio de Concepción de Buenos Aires, en donde se invirtieron 1 millón 359 mil 024 pesos, fue una de las 145 acciones ejecutadas en el 2018 a través del Programa Federal 3×1, mediante el que los migrantes jaliscienses que viven en el extranjero, inyectan un capital semilla al que se suman aportaciones del Gobierno Federal y/o del Estado y el Municipio, en acciones de beneficio a sus comunidades de origen.

Este año, en la revisión de la obra se detectó en Concepción de Buenos Aires, uno de los municipios más pobres y pequeños de Jalisco, que la calle no se llama 5 de Mayo, sino 16 de Septiembre; que la calle no mide 1 mil 200 metros sino apenas llega a 379 metros y que la obra no se realizó con adoquín, sino con adoquín ahogado en piedra. Lo único que sí resultó cierto es el costo, ahí se gastó 1.3 millones de pesos.

Adilene Navarro Hernández, coordinadora de la Secretaría de Desarrollo Social en Jalisco, quien ha emitido ya oficios de reintegro por 17 millones de pesos por acciones y errores detectados en las obras del Programa 3×1, expuso que Concepción de Buenos Aires es un ejemplo puntual del mal manejo de recursos público y privados en este tipo de programas.

“Aquí los errores son burdos y evidentes, aquí no se trata de una obra inconclusa, sino de una obra a la que se le inflaron los números para obtener más dinero, que hoy por cierto se tendrá que reintegrar; por cierto, a este municipio se le autorizaron 20 proyectos, de los cuales 8 están mal en el aspecto físico de la obra y todos están mal en el cumplimiento cabal de los expedientes”, planteó.

Y detalló: “También en Concepción de Buenos Aires, se autorizó la construcción de un aula didáctica, se invirtió 1 millón 307 mil 868 pesos, falta todo el material eléctrico, sólo está pintada la herrería, o sea, no tiene puertas, ventanas, solo, piso, ni el techo está recubierto”.

Lo peor del caso es que el municipio en cuestión, que cuenta con menos de 6 mil habitantes, es gobernado por el mismo alcalde en esta que en la pasada administración, es decir, José Guadalupe Buenrostro Martínez obtuvo la reelección y ahora tendrá que hacer frente a las irregularidades y tendrá que reembolsar el dinero mal manejado.

En el primer paquete de las obras revisadas al Programa 3×1 resultaron inconsistencias por 12 millones 273 mil 874 pesos, monto del que 3 millones 68 mil 468 pesos son recursos federales. Además de Concepción de Buenos Aires, los otros municipios con obras inconclusas son Sayula, Colotlán, Yahualica y Magdalena.

El Programa 3×1 Migrantes impulsa obras de infraestructura social con recursos provenientes de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de los clubes u organizaciones de migrantes radicados en el extranjero, quienes participan también en la decisión de qué proyectos hacer y dónde se realizan.

En el 2018 se aprobaron 145 proyectos, de los cuales 127 son obras de infraestructura social, 8 son proyectos productivos de apoyo a la producción primaria, 7 son de obras de servicios comunitarios y 3 son becas educativas. En el año anterior, se atendió a un total de 26 municipios con la participación de 27 clubes de migrantes y en concreto 5 proyectos de infraestructura social fueron cancelados en el municipio de Tala. El monto ejercido por la Federación fue de 50 millones 295 mil 979 pesos en favor de 48 mil 250 beneficiados.

TIENEN QUE REINTEGRAR $17 MILLONES

Las revisiones se siguen dando y sobre la marcha se ha llegado a considerar que entre el 30 y el 40% de las obras no se concluyeron, lo que significa que tienen anomalías graves detectadas solo en la inspección física, mientras que entre el 80 y el 90% de las obras tienen problemas que tienen que ver con la información documental que no está completa. Pero en general de entrada ya se han girado oficios de reintegro a los gobiernos municipales por 17 millones 014 mil 844 pesos.

Al detallar los pormenores de lo realizado hasta el momento, Adilene Navarro Hernández expuso: “En general encontramos que todos los expedientes 2018 están abiertos, no se han cerrado porque aún falta mucha documentación porque los municipios que son los que ejecutan las obras no han completado la información”.

Un asunto grave -dijo-, es que nunca se supervisaron las obras, se les aprobaron los presupuestos, se les daba el dinero a los municipios y al final nunca se validó si las obras se hicieron de manera correcta o no. Es ahí cuando nosotros hemos decidido ir a supervisar estas obras que fueron las más recientes del 2018 y ahí fue cuando nos encontramos que había obras inconcusas, obras mal hechas, unas que eran totalmente diferentes a las que se habían autorizado en su momento. Cada una tiene detalles en lo específico, pero en general es eso, demasiadas anomalías tanto en las obras en físico como en la documentación comprobatoria de cada una.

Se entrega un recurso -abundó-, para ejecutarse en el 2018 y se impuso como fecha el 30 de noviembre para concluir la realización de las obras, así como para comprobar y completar la documentación.

El programa 3 x 1 está dirigido a los clubes de migrantes de cualquier parte del mundo, aunque en este caso se atendió solo a los que radican en diversas regiones de Estados Unidos. Ellos deciden ingresar en algún proyecto, participar en la convocatoria y benefician a su comunidad.

Los migrantes deciden las obras a realizar en su municipio y si se les aprueba el proyecto, ellos ponen una parte, el municipio pone otro tanto, el Estado la cuarta parte y la Federación el 25% restante para completar el valor de la obra. Es decir, a cada peso se le suman tres pesos aportados por los tres niveles de gobierno. Esto significa que los 50 millones se convirtieron en 200 ya poniendo su parte todos los involucrados. Sin embargo, hay casos en los que no se alcanzan los 25% y se convierten en 33% ya que la regla dice que las aportaciones son del migrante, la federación y/o el municipio y el Estado.

La bolsa se decide en la Federación es general para todo el país y con detales para el Estado y municipios que tienen prioridad. En el 2018 se le aprobaron a Jalisco 50 millones de pesos para 145 proyectos, la mayoría para acciones de obra pública, ya que también hay posibilidad de invertir en proyectos productivos que vaya a una empresa, taller, negocio para dar empleo a la misma comunidad.

GRAVE RETRASO EN LA INVERSIÓN DEL 2019

En este programa, recordó Adilene Navarro, el capital semilla es el del migrante y una vez aprobado, ellos son los que primero depositan. Por cierto, el eslabón de la cadena que atora más, es que el ejecutor de todos los proyectos es el municipio y es quien hace la licitación, contrata a las empresas, supervisa las obras, entrega finamente los resultados y presenta toda la documentación comprobatoria.

“La complicación radica en el hecho de que la mayor parte de estas acciones van dirigidas a los municipios pequeños, que son los que tienen mayores necesidades, pero que a la vez son los que no tienen la capacidad administrativa y operativa, ni cuentan con el personal suficiente para llevar a cabo todo el proceso y el trámite al que están obligados a cumplir”, planteó la funcionaria federal.

Por Mario Avila //

El tema de la violencia extrema y en concreto el descubrimiento de cementerios clandestinos llamados comúnmente “narcofosas”, fue el motivo del trabajo de periodismo de investigación que hizo que dos periodistas de Jalisco, Paloma Robles y Alejandra Guillén, junto con un grupo de comunicadores de diversas regiones del país, obtuvieran el Premio de Periodismo Breach/Valdez 2019.

En México se han encontrado casi dos mil fosas entre 2006 y 2016, casi una fosa cada dos días. Esto lo dio a conocer un colectivo de periodistas en el trabajo de investigación “El país de las 2000 fosas”, que obtuvo el primer lugar del Premio Breach-Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entregado en México este viernes, Día Mundial de la Libertad de Prensa.

El jurado del certamen destacó la innovación, el manejo y la visualización de datos, así como la profundidad del texto de Alejandra Guillén, Mago Torres, Marcela Turati, David Eads, Erika Lozano, Paloma Robles y Aranzazú Ayala.

Alejandra Guillén, quien en representación de sus colegas recibió el galardón de manos de la presidenta del jurado, Griselda Triana, esposa del periodista Javier Valdez, explicó que se trató de un trabajo de investigación de casi dos años en donde se enfrentaron a la opacidad de las dependencias gubernamentales.

“A pesar de ello, logramos lo que queríamos, que era visualizar territorialmente por año la aparición de fosas en el país. En 2006 solo había dos y documentamos cómo se incrementó año con año y luego de 12 años de guerra contra las drogas vemos cómo se llena el país de estas fosas que son la muestra gráfica de lo que ha dejado esta guerra” dijo.

Este grupo de periodistas independientes realizó un trabajo de campo y recopilación de datos a lo largo de año y medio para revelar el número de fosas clandestinas reportadas por las fiscalías de los 32 estados de México entre 2006 y 2016.

Según sus autores, la investigación fue motivada por la falta de información confiable y sistematizada sobre estos hallazgos, a pesar de la violencia que se vive el país norteamericano desde hace dos sexenios, cuando el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó la política de guerra contra el narcotráfico, prolongada por su sucesor, el ex presidente Enrique Peña Nieto (20012-2018).

El trabajo también mostró que las autoridades no cuentan con una metodología compartida para documentar y reportar los hallazgos de fosas clandestinas, lo que dificulta la búsqueda de verdad y justicia.

El resultado de la investigación ha servido a las familias, organizaciones y equipos forenses que buscan personas desaparecidas para exigir información oficial a las fiscalías. Además, se ha convertido en una base muy útil para explicar los efectos de la política de guerra contra el narcotráfico.

La ceremonia de premiación de la segunda edición Premio Breach /Valdez de Periodismo y Derechos Humanos se realizó en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa en la Casa de Francia de Embajada de Francia en México, con la finalidad de reconocer los trabajos comprometidos, innovadores y rigurosos que realizan periodistas mexicanos para brindar datos certeros y visibilizar los problemas graves en materia de derechos humanos que aquejan al país.

Debido a la gran calidad de los materiales recibidos, el jurado otorgó una mención honorífica al periodista Carlos Omar Barranco, por su reportaje «Los Desplazados» publicado el 3 de septiembre de 2018 en Norte Digital y Revista Norte.

El Premio Breach-Valdez de Periodismo y Derechos Humanos se entregó por primera vez en 2018 y surgió como un homenaje a los reconocidos periodistas Miroslava Breach y Javier Valdez, asesinados en 2017, cuyos nombres se han convertido en un símbolo de la urgencia de proteger a los profesionales de la información y permitirles realizar su trabajo de manera independiente. Ambos habían ganado premios internacionales por su labor informativa.

La presea Breach-Valdez reconoce la carrera de los periodistas que se destacan por sus trabajos relacionados con temas de derechos humanos en México y que arriesgan la vida de manera cotidiana para desempeñar su papel de mantener informada a la sociedad de manera veraz.

El galardón es otorgado por el Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU); la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH); la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); la Embajada de Francia en México; la Embajada de Suiza en México; el Programa Prensa y Democracia (PRENDE) y el Área de Periodismo del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana (Ibero|Periodismo); y la Agencia de Noticias France Presse (AFP) con el auspicio de la Oficina de la UNESCO en México y de Reporteros Sin Fronteras.

BECAS Y ESTÍMULO ECONÓMICO RECIBEN GANADORES DEL PREMIO

El premio consta de tres partes: Un estímulo económico, por un importe en pesos equivalente a 2000 dólares; un viaje a Europa (París, Ginebra, Viena) para sostener diversos encuentros y compartir experiencias con representantes de órganos de prensa, organizaciones internacionales, instituciones de defensa de los periodistas y de derechos humanos y una beca doble en la Universidad Iberoamericana campus Santa Fe, con duración de hasta un año que contempla: (1) la Beca especial del Programa Prensa y Democracia (PRENDE) para tomar seminarios y cursos especializados y(2) la Beca Ibero|Periodismo del Área de Periodismo del Departamento de Comunicación de seguimiento.

Por Raúl Cantú //

-LA REACCIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO

¿Qué hará el Gobierno de Jalisco para enfrentar esta problemática de violencia contra las mujeres que le hace crisis y que se sale de control?

En un comunicado el Gobierno del Estado que encabeza Enrique Alfaro expresó su solidaridad con todas las mujeres, así como en diferentes sectores de la sociedad por los hechos ocurridos el pasado jueves 25 de abril a las afueras de Casa Jalisco, donde un hombre asesinó a Vanesa Gaytán Ochoa, y quien posteriormente perdió la vida a manos de un servidor público que se encontraba en el lugar.

Somos conscientes de que este acto no puede quedar simplemente como un llamado de atención, sino que debe sacudir de raíz la forma en la que se viene trabajando en todos los niveles de gobierno para garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres en la entidad y que la problemática que estamos abordando tiene un componente estructural que tiene que ser abordado con la misma fuerza.

Hay mucho trabajo por hacer en la manera en cómo se aplican los protocolos de atención cuando una mujer acude ante la autoridad a denunciar actos de violencia por parte de su pareja o cualquier otro hombre como fue el caso de Vanessa, entendemos que las medidas de protección que se implementan en conjunto con los diferentes órdenes de gobierno no están dando los resultados que se esperan.

LAS ACCIONES INMEDIATAS QUE LLEVARÁN A CABO 

1.- Toda la información relacionada con violencia de género deberá actualizarse diariamente en el Centro de Justicia para Mujeres de Fiscalía, registrándose cuidadosamente las medidas dictadas, quién las dictó, a quién se dirigieron y su circunstancia, y una evaluación preliminar del grado de riesgo.

2.- Cada comisaría municipal nombrará -si aún no lo ha hecho- a un responsable del área, quién será a su vez enlace con Fiscalía para seguimiento, calibración y mejoras permanentes en materia de medidas de protección. Se solicitará este apoyo a todos los municipios de la entidad.

3.- Se instala una mesa de trabajo permanente, la cual deberá sesionar al menos una vez por semana integrada por la Coordinación de Seguridad, Fiscalía, Secretaría de Igualdad y las Comisarías de los 9 municipios de Área Metropolitana de Guadalajara. Con aportaciones de todos los participantes, vinculatorio tanto para Fiscalía como para las Comisarías.  Se intercambiará información sobre buenas prácticas y experiencias y se dará seguimiento a las medidas en vigor.

4.- La fiscalía preparará una iniciativa de Ley para efecto de que se lleven a cabo las reformas necesarias a fin de modificar el código nacional de procedimientos penales con la intención de que se considere delito el incumplimiento de medidas de protección.

ACCIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO:

1.- Se propone crear grupos o comisarías especializadas por municipio para atender a las mujeres con base a los protocolos de atención internacionales y el seguimiento a las órdenes de protección emitidas.

2.- Se evaluará la metodología actual para medir el nivel de riesgo de la víctima y en base en ello proponer mejoras a la herramienta homologada para todas las comisarías y fiscalía.

3.- Implementación de medidas de notificación al presunto agresor con obligatoriedad de que acudan a CECOVIM a partir de la denuncia (anteriormente se enviaba hasta que se dictaba sentencia).

4.- Formulación de Protocolos homologados de emisión, aplicación y seguimiento.

5.- Software para el registro único de órdenes de protección con semaforización de riesgo y notificación a todas las policías involucradas.

6.-  Profesionalización a cuerpos especializados de comisarias para dar respuesta a los protocolos internacionales en emisión, aplicación y seguimiento y capacitación en los 125 municipios e instancias de gobierno estatal para atención de primer contacto a mujeres víctimas a través de directorios de estancias especializadas, contención, ruta de denuncia y canalización efectiva.

7.- Seguimiento a la víctima a través de instituciones estatales y municipales con acompañamiento de trabajo social y psicológico a ellas y sus familias para su fortalecimiento integral, con independencia de su proceso penal.

8.- Implementación de herramientas tecnológicas para seguimiento de víctimas y agresores.