Menos regidurías, menos representación

Por Iván Arrazola:

Esta semana, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco definió cómo se integrarán los ayuntamientos del estado para el proceso electoral de 2027. La nueva distribución establece tres grupos de acuerdo con el tamaño de la población: los municipios de hasta 50 mil habitantes tendrán 11 integrantes en sus ayuntamientos; aquellos con más de 50 mil y hasta 500 mil habitantes tendrán 14; mientras que los municipios que superen los 500 mil habitantes tendrán un máximo de 15. En este último grupo se encuentran Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá.

La decisión del IEPC es consecuencia de la reforma electoral aprobada este año y de su posterior armonización en Jalisco. La propuesta federal formó parte del denominado “Plan B” impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El nuevo planteamiento colocó el énfasis en la reducción del gasto público mediante dos medidas principales: limitar el número de integrantes de los ayuntamientos y establecer topes al presupuesto de los congresos locales. Desde el gobierno federal se argumentó que los recursos ahorrados podrían destinarse a infraestructura y otras necesidades públicas.

El problema es que la discusión no debería reducirse únicamente a cuánto cuesta un cabildo. La pregunta de fondo tendría que ser otra: ¿qué tipo de representación política necesitan actualmente los municipios? Reducir el número de regidurías puede generar ahorros, pero eso no significa necesariamente que mejore la calidad de la representación. Incluso podría producir el efecto contrario si la disminución de espacios termina reduciendo la pluralidad política dentro de los ayuntamientos.

Durante buena parte del proceso de democratización mexicano, la izquierda impulsó la representación proporcional como un mecanismo para abrir espacios a fuerzas políticas que difícilmente podían acceder al poder mediante el principio de mayoría. La pluralidad fue una de las demandas que acompañaron la transición democrática. 

Por ello, resulta pertinente discutir que, ahora que Morena ocupa una posición predominante en el sistema político nacional, una reforma promovida desde el Ejecutivo federal tenga como uno de sus efectos la reducción de espacios de representación municipal. Esto no significa que un mayor número de regidores produzca automáticamente una mejor democracia, pero sí obliga a preguntarse qué se gana y qué se pierde cuando esos espacios desaparecen.

Por ejemplo, podría haberse discutido un mayor equilibrio entre ambos principios. El objetivo sería fortalecer la presencia de las distintas fuerzas políticas dentro del cabildo y generar mayores incentivos para la deliberación y la construcción de acuerdos. En un órgano colegiado, la pluralidad no debería entenderse únicamente como un costo presupuestal: también puede funcionar como un mecanismo de contrapeso, vigilancia y representación de intereses diversos.

Sin embargo, tampoco basta con conservar o aumentar regidurías para garantizar una representación de calidad. Existe un segundo problema que la reforma prácticamente no toca: cómo se selecciona a quienes ocupan esos espacios. Las candidaturas municipales siguen dependiendo en buena medida de decisiones internas de los partidos y de la integración de planillas.

Cuando estos procesos son poco transparentes, una regiduría puede terminar funcionando más como un espacio para cumplir compromisos entre dirigencias, grupos internos o actores que respaldaron una candidatura.

Por eso, discutir la calidad de los cabildos exige ir mucho más allá de contar regidurías. Implica revisar la democracia interna de los partidos, la transparencia con la que se integran las planillas, los mecanismos de representación proporcional, los posibles conflictos de interés, la rendición de cuentas de quienes ocupan una regiduría y la capacidad real de los cabildos para funcionar como contrapesos frente a las presidencias municipales.

Este último punto adquiere todavía mayor relevancia en las grandes ciudades. Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá enfrentan agendas cada vez más complejas: seguridad, movilidad, vivienda, desarrollo urbano, agua, medio ambiente, gestión de residuos, desigualdad territorial, infraestructura y prestación de servicios públicos, entre muchas otras. Reducir los espacios de representación mientras aumenta la complejidad de los problemas urbanos plantea una contradicción que merece discutirse.

El debate no tendría que plantearse simplemente entre tener más o menos regidores. La verdadera discusión debería centrarse en qué representación necesitan los municipios y cómo hacerla más efectiva, plural y responsable.

Si el objetivo de la reforma era únicamente generar ahorros, la reducción probablemente contribuya a conseguirlos. Pero si el propósito era mejorar el funcionamiento de los gobiernos municipales y fortalecer su representación democrática, reducir el número de lugares es apenas una parte —y quizá la más sencilla— de una discusión mucho más profunda.

El ahorro público puede ser un objetivo legítimo de una reforma institucional. Pero medir la democracia exclusivamente en pesos y centavos resulta insuficiente. Un cabildo cuesta recursos públicos; también cumple una función de representación, deliberación y contrapeso.

La pregunta relevante, entonces, no es solamente cuánto nos cuestan los regidores, sino qué tan bien representan a una sociedad cada vez más plural y a ciudades cuyos problemas son cada vez más complejos.