La obligación de responder

Opinión, por Miguel Anaya:

Hay problemas públicos que pueden esperar. El agua, no. Durante meses, habitantes de distintas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara han denunciado agua turbia, malos olores, sedimentos y problemas de calidad en el vital líquido. La CEDHJ ha documentado quejas correspondientes a 302 colonias. El problema dejó hace mucho tiempo de ser una anécdota y se convirtió en una crisis que exige respuestas.

Y entonces aparece la pregunta inevitable: ¿qué pasó? Porque algo pasó.

Si hubo corrupción, que se investigue y se sancione. Si hubo negligencia o falta de mantenimiento, que se determine quién falló. Si empresas contaminaron, que respondan y reparen el daño. Si hubo decisiones equivocadas, omisiones o incapacidad administrativa, que se conozcan y tengan consecuencias.

Lo que no puede ocurrir es que la explicación termine siempre en algo fortuito. Quienes hoy gobiernan llevan años formando parte de las decisiones públicas de Jalisco y su zona metropolitana. No llegaron ayer a descubrir cómo funciona la ciudad.

Por eso, la pregunta también es lógica: si el problema viene de antes, ¿qué hicieron para resolverlo? Y si conocían la situación desde hace meses o años, ¿por qué tuvimos que llegar hasta aquí?

No basta con repartir culpas. Una administración puede heredar problemas; lo que no puede heredar indefinidamente es la responsabilidad de resolverlos.

Tampoco basta con medidas de emergencia. Las pipas, los garrafones o cualquier apoyo temporal pueden ser necesarios, pero no sustituyen una solución estructural ni la obligación de garantizar agua segura.

Y esto no debería convertirse en otra batalla de colores. El agua no es de un partido. Es de la gente.

Por eso es necesario que se publiquen los estudios realizados alrededor de esto. Que se expliquen las causas. Que se transparenten las decisiones y los recursos. Que se identifique a los responsables y, si corresponde, que se les sancione. Eso es rendición de cuentas; lo demás es discurso.

El artículo 4.º de la Constitución reconoce el derecho humano al agua; el 115 establece responsabilidades municipales sobre los servicios de agua potable y tratamiento. Los discursos o videos en redes sociales no cambian el contenido constitucional. No estamos pidiendo un privilegio. Estamos exigiendo que se cumpla la ley.

Y quizá esa sea parte de la lección que deberíamos llevarnos de esta crisis: votar no significa entregar un cheque en blanco.

La democracia continúa después de las elecciones: cuando preguntamos, cuando pedimos información y reclamamos resultados, incluso cuando gobiernan personas a las que nosotros mismos elegimos.

Porque nuestros derechos no cambian cuando cambia de color el gobierno. Y tampoco deberían depender de cuánto ruido haga una protesta para que alguien decida atenderlos.

Ojalá que esta crisis no termine cuando deje de aparecer en los titulares. Que termine cuando sepamos qué ocurrió, quién debe responder, qué se hizo para corregirlo y qué garantías existen para que no vuelva a suceder. Porque el agua no es una concesión del poder. Es un derecho.

También vale la pena recordar que en Jalisco hemos ido cediendo derechos al no exigir lo que corresponde. Falla el derecho al libre tránsito, ya que el bloqueo de carreteras por grupos delictivos en distintas zonas impide la movilidad ciudadana; falla el Estado en su obligación de proveer seguridad pública; falla el acceso a la vivienda y muchas cosas más.

No hay administración perfecta, pero no es permisible que se falle en garantizar derechos básicos de la ciudadanía protegidos por la Constitución mexicana, porque los derechos que no vigilamos, que olvidamos, tarde o temprano alguien intenta convertirlos en favores.

Entonces, dejemos de lado los colores partidistas y exijamos lo que corresponde.