De la crisis a la represión

Opinión, por Iván Arrazola:

Los momentos de crisis también son momentos de transformación. Pueden convertirse en oportunidades para corregir errores, modificar decisiones y recuperar la confianza ciudadana, pero también pueden revelar las debilidades de un gobierno y profundizar los problemas que pretende resolver.

En Jalisco, cuando parecía que la crisis del agua contaminada en la Zona Metropolitana de Guadalajara no podía empeorar, el anuncio de los recortes en el suministro y la posterior respuesta de las autoridades a las manifestaciones ciudadanas, que derivó en actos de represión, terminaron por abrir un nuevo frente de conflicto para la administración de Pablo Lemus.

Lejos de contener el descontento ciudadano, la actuación de las autoridades durante la manifestación terminó por profundizar la crisis política. Ante la gravedad de los acontecimientos, comenzaron a surgir distintas explicaciones sobre lo ocurrido, pero todas compartían un elemento: trasladaban la responsabilidad hacia actores externos, sin esclarecer cómo se había diseñado el operativo, quiénes habían tomado las decisiones y por qué las autoridades no consiguieron evitar que la situación se saliera de control.

En su primer mensaje, difundido aproximadamente 24 horas después de los acontecimientos, el gobernador Pablo Lemus reconoció la legitimidad de la protesta, pero atribuyó el enfrentamiento a un grupo de choque integrado, según su versión, por alrededor de 400 personas. Sin embargo, incluso si se demostrara la presencia de grupos organizados para provocar enfrentamientos, ello no resolvería la pregunta central: ¿por qué un operativo preparado con anticipación terminó con denuncias de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias?

La situación se complicó todavía más cuando la presidenta Claudia Sheinbaum condenó públicamente la actuación de las autoridades de Jalisco y cuestionó el uso de chorros de agua, gas lacrimógeno y las detenciones realizadas durante la protesta. La intervención presidencial modificó la dimensión política del conflicto.

Ante el crecimiento de los cuestionamientos, Lemus difundió un segundo mensaje en el que reconoció que se habían cometido abusos y excesos durante el operativo. También informó que las 39 personas detenidas habían sido liberadas, aunque algunas continuarían enfrentando procedimientos legales en libertad.

El gobernador aseguró que había revisado personalmente los videos de los acontecimientos y sostuvo que, antes que gobernador, era una persona. Con ello intentó mostrar sensibilidad frente a las denuncias y distanciarse de las conductas atribuidas a los elementos de seguridad. Sin embargo, el reconocimiento de los excesos también planteaba una contradicción con la explicación inicial: si el problema había sido provocado fundamentalmente por grupos externos, ¿cómo explicar entonces las actuaciones irregulares de las propias autoridades?

En ese mismo mensaje apareció otro elemento que reflejaba la magnitud del problema político. Lemus aseguró que el servicio de agua no sería privatizado, después de que la presidenta Sheinbaum expresara durante su conferencia matutina su desacuerdo con la propuesta del gobernador por los riesgos de abrir la puerta a la privatización. Así, mientras el gobierno estatal intentaba responder a las denuncias de represión, también se veía obligado a aclarar el rumbo de su política hídrica.

Pero tampoco ese segundo posicionamiento consiguió cerrar la controversia. La persistencia de los cuestionamientos llevó al gobernador a publicar un tercer video, en el que informó que al menos 17 elementos de seguridad estaban siendo investigados por su posible participación en los excesos denunciados. También anunció que se sancionaría a quienes resultaran responsables y que su administración colaboraría con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para esclarecer los acontecimientos. El mensaje llegó después de que la presidenta declarara que la CNDH investigaría lo ocurrido en Jalisco.

La sucesión de mensajes exhibió otro problema: la estrategia de comunicación del gobernador. En lugar de presentar desde el principio una explicación integral, sustentada en información verificable y acompañada de decisiones institucionales, Lemus recurrió repetidamente a videos para modificar, complementar o matizar sus posicionamientos. El formato, además, proyectó una imagen distante y acartonada frente a la gravedad de los acontecimientos. Una crisis de esta naturaleza requiere explicaciones públicas, información documentada, responsables identificables y disposición para responder preguntas, no solamente mensajes grabados.

Pero el problema más importante no está en la comunicación, sino en la responsabilidad política.

Reducir el problema a un grupo de manifestantes violentos o a unos cuantos policías que actuaron indebidamente implica el riesgo de construir una explicación basada en culpables individuales, sin investigar las posibles fallas institucionales que permitieron los acontecimientos.

La responsabilidad no comienza ni termina con los elementos que ejecutaron las órdenes. También alcanza a quienes diseñaron el operativo, establecieron los protocolos de actuación, coordinaron a las corporaciones y supervisaron las decisiones adoptadas durante la manifestación. La planeación de una protesta anunciada con anticipación debía contemplar mecanismos para prevenir enfrentamientos, proteger a las personas participantes y evitar detenciones arbitrarias.

Si el operativo terminó con denuncias de abusos, resulta indispensable determinar si existieron errores de coordinación, decisiones equivocadas de los mandos, incumplimiento de protocolos o instrucciones incompatibles con el respeto a los derechos humanos.