Por Ángel Palacios Zea //

En la cotidiana conferencia de prensa matutina, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el 25 de febrero pasado lanzó duras acusaciones a diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) que se fueron incrustando en los engranajes de la corrupción, durante los gobiernos anteriores. En particular se refirió a aquellas que desviaron millones de pesos inicialmente destinados a programas sociales, que nunca llegaron completos a los destinatarios. Afirmó, “con toda esa concepción de la sociedad civil” las ONG conforman una especie de gobierno paralelo. (La Jornada 26 de febrero).

En las últimas décadas en la medida en que el país fue perdiendo su soberanía a manos del neoliberalismo y de la globalización, el enjambre supranacional de ONG fue ganando terreno, hasta convertirlo en su paraíso. Tal y como lo hemos documentado en el libro Mafia Verde ambientalismo, nuevo colonialismo, (editado por Capax Dei y el Movimiento de Solidaridad Iberoaméricana) las entidades mencionadas son tentáculo del conglomerado del poder mundial, con un programa que atenta contra los valores y el desarrollo nacionales perfectamente definido para desplazar al Estado nacional soberano.

México y el resto Iberoamérica han sufrido el embate de un conjunto de bien estructuradas ONG, las dizque defensoras de los derechos humanos y las ambientalistas- indigenistas cuyo caballito de batalla es atacar las obras de infraestructura vitales para el progreso.

En años recientes la injerencia de las ONG en las políticas públicas nacionales y el abultado financiamiento que reciben para sus campañas publicitarias destinadas a formar el pensamiento de la opinión pública, han sido puestos en evidencia. Por ejemplo el gobierno de Rusia restringió las actividades de las ONG. Y el gobierno de Brasil también anunció que tomará medidas semejantes.

LA FARSA DE LA “SOCIEDAD CIVIL”

Desde su campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador había externado críticas a la capciosamente denominada “sociedad civil”, (en la actualidad un sinónimo de ONG) de la que dijo no tener confianza.

Ya en la presidencia, un conjunto de ONG internacionales y sus pares nacionales han intervenido en contra de algunos de sus planes de gobierno: la creación de la Guardia Nacional, e importantes programas de infraestructura.

Para lograr que las Fuerzas Armadas fueran parte de la Guardia Nacional se requería una reforma a la Constitución que necesitaba la aprobación de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, mayoría que no alcanzaban los partidos que lo llevaron al poder.

El proyecto contenía una de las siguientes consideraciones: “De manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial, la Fuerza Amada permanente prestará su colaboración para la seguridad pública”. La Fuerza Armada es el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.

La participación de las Fuerzas Armadas en un lugar de jerarquía, desató una feroz campaña parte de las ONG para que la propuesta no se aprobara en el poder legislativo, esgrimiendo el gastado mote de la “militarización” El cuadro se agravó en la Cámara porque ciertos diputados del partido gobernante, Morena, también voceaban la campaña. Finalmente la propuesta fue desechada, sufriendo el proyecto una modificación que el propio López Obrador criticó, aunque sí se aprobó la creación de la Guardia Nacional, pero en otra versión.

Luego en el Senado, por unanimidad se estableció que el mando general no dependiera de un militar y que la permanencia de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública fuera únicamente por cinco años.

En el episodio López Obrador acusó a las ONG de oponerse a la propuesta original.

Las ONG que se movilizaron para derrotar parte del proyecto fueron coordinadas por el Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en México.

En una reunión en Ginebra, Suiza, las entidades participantes enviaron un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que expresan su preocupación porque el nuevo agrupamiento tuviera carácter militar.

La misiva fue firmada la crema y nata de ONG: ACAT France, Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, Due Process of Law Foundation, Latin America Working Group, Open Society Justice Initiative (propiedad de George Soros) Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Organización Mundial Contra la Tortura.

CONTRA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  

El primer proyecto que sufrió el ataque ambientalista fue el Tren Maya en el sureste del país. Al frente de la oposición se encuentra el terrorista-indigenista Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y un conjunto de influyentes ONG ambientalistas encabezadas por la omnipresente Greenpeace.

Por otro lado, Greenpeace bajó la calificación, digamos “ambiental” del gobierno, ya que según la entidad el plan energético, en particular el de la refinación de petróleo, contradice la lucha contra el cambio climático. Como si los argumentos utilizados en sus lanzas de ataque, pasaran la prueba de la veracidad.

Además cabe anotar que la aquilatada ONG International Rivers Network (IRN), desde hace décadas comanda la ofensiva contra los proyectos hidroeléctricos de todo el mundo y de México. En el país la beligerancia se concentra en impedir la construcción de obras hidroeléctricas de gran porte en el sureste, una región vital para desencadenar el desarrollo en Mesoamérica.

Donde también se vieron las manos de la ONG fue en la intentona para detener la aprobación del Proyecto Integral Morelos en el estado del mismo nombre. Aunque su realización fue sometida a una consulta popular, el Frente de Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire (FDPTA) de Morelos, Puebla y Tlaxcala y la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, se movilizaron para sabotear la iniciativa. Finalmente no lo consiguieron y el megaproyecto que incluye la construcción de un gasoducto, acueducto y una planta termoeléctrica, se echará a andar.

Es hora de que el presidente AMLO se tire la piedra del zapato del armatoste internacional de ONG que interfieren en sus proyectos. No se puede ocultar que uno de sus grandes mecenas de ciertas ONG en el continente es el financiero George Soros, quien mediante sus propias fundaciones y otras, se ha esmerado en patrocinar generosamente: por un lado proyectos significativos destinados a eliminar el papel histórico de las Fuerzas Armadas en Iberoamérica, ahí estaba la Open Society propiedad del magnate golpeando la presencia de las Fuerzas Armadas en la creación de la Guardia Nacional; y por el otro, las causas a favor del aborto, de la ideología de género y de la legalización de las drogas, demandas peligrosamente muy presentes en la arena de Morena.