JALISCO
Las mujeres frente a la violencia política
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz Gómez //
El 25 de noviembre es la fecha de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, en ese sentido observamos como las alianzas políticas electorales se llenan de la representación de las mujeres, no por gusto de los políticos de antaño, sino por necesidad de los tiempos que vivimos en materia de igualdad y equidad de género.
Es sustancial para nuestro país en estas épocas de destapes electorales en los que las mujeres van al frente, reflexionar respecto a lo violento que ha sido México en el tema de las mujeres en todos los sentidos y entornos sociales, políticos, gubernamentales, empresariales, laborales y familiares.
Celebremos desde la congruencia que las precandidatas en Jalisco sean en su mayoría mujeres, teniendo por fin un momento aparente de igualdad de género, aunque forzado por la ley electoral y los derechos humanos, siempre será un primer paso importante para vivir en un mundo libre y de equidad, un significativo parteaguas en la lucha de décadas por erradicar todos los tipos de violencia en contra de mujeres, niñas y adolescentes.
Actualmente llegar a los cargos públicos más altos en los Estados o en el país, es un paso consolidado de estos últimos 10 años en los que las mujeres concurrieron e incursionando en el poder público.
En Jalisco no ha tenido una gobernadora electa por mayoría y los municipios metropolitanos que no han sido gobernados por mujeres, deberían de postular a lo mejor que tengan en sus filas políticas. Sin embargo, prevalecen los acuerdos políticos en estas novedosas coaliciones y múltiples alianzas de partidos, muy parecidas a las vecindades de otros tiempos.
En este contexto, a nivel nacional tenemos ya dos mujeres perfiladas para la Presidencia de la República, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y Claudia Sheinbaum Pardo, una por el Frente Amplio por México y otra por el partido en el poder Morena.
Habrá que ver cómo evolucionan sus respectivas campañas, por lo pronto sabemos bien que Xóchitl Gálvez cautivó a gran parte de la población y que Claudia Sheinbaum no tuvo la aceptación esperada y fue necesario para Morena mandar llamar a un tercero en discordia que divida las preferencias y reste atención en el plano nacional a la candidata por la Frente Amplio por México.
Hoy tenemos como tercer candidato a Samuel Alejandro García Sepúlveda, político joven y fresco de presencia suelta, con un discurso dinámico, gobernador de Monterrey cuya militancia es Movimiento Ciudadano (MC), pero el alcance nacional corto que tiene su partido en la mayoría de las entidades federativas del sur, por lo que es probable que las entidades del centro sur del país, no lo contemplen en la votación para presidente, ya que es desconocido e implica un cambio radical de partido político, pero todo puede pasar, lo cierto es que fue traído para dividir y allanarle el camino para el 2030 bajo un acuerdo presidencial.
En Jalisco, sin embargo, sí tenemos reconocido a MC, por lo que quizás sea una entidad federativa que pudiese darle buena cantidad de votos a Samuel García; en el ámbito local las y los candidatos a la gubernatura podrían estar entre dos mujeres y Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano quien ya se encuentra en calidad de precandidato, al igual que Claudia Delgadillo por Morena y su multiplicidad de Alianzas, habrá que esperar para saber si de la Alianza que falta (PRI, PAN Y PRD) resulta la presidenta del PRI Laura Haro y de ser así tendríamos a los tres punteros en Jalisco, aunque para Morena será difícil, pues Jalisco no es una entidad federativa que le tenga preferencia, veremos qué tan harta está la sociedad de los gobiernos de MC y qué tanto se posiciona en alianza el PRI, PAN y PRD con su candidata, tomando en cuenta que tiene bastante base electoral y sí buscaron en buen perfil a diferencia de Morena.
Por lo que estas elecciones del 2024 y este período de configuración de alianzas, con un sinfín de partidos y destapes de precandidatos, es la primera medición del proceso electoral en el que hemos conseguido observar que para cubrir cuotas de género se posicionan las mujeres y que eso indica que por primera vez en México y en Jalisco podríamos tener representación femenina en los poderes ejecutivos respectivamente.
Sin duda, es un gran logro en materia de eliminación de la violencia contra la mujer en nuestro país, vencer décadas en las que los hombres han ostentado el poder público y político, mientras las mujeres se dedicaban exclusivamente a las causas sociales de los gobiernos estatales y federal, con el nombre de primera dama, lo que actualmente debería ser considerado una violencia contra la mujer, en un mundo en el que ya no caben los grados numéricos y las mujeres tenemos las mismas capacidades y habilidades que los hombres, en esta ocasión quizás existan los primeros caballeros de los poderes ejecutivos, los cuales se dedicarán a unir familias y a las causas sociales de las entidades y de la federación.
– Por Francisco Junco
La diputada de Morena Brenda Carrera García, presentó una propuesta que busca tipificar con claridad la fabricación de pruebas materiales falsas para inculpar a una persona en un proceso judicial.
La legisladora advirtió sobre el vacío jurídico que actualmente permite que este tipo de conductas no tengan una sanción específica en el Código Penal del Estado.
Carrera García explicó que el artículo 168 del Código Penal vigente contempla conductas como declarar falsamente ante la autoridad, simular pruebas para exculpar, incurrir en falsedad como perito o realizar llamadas falsas al 911.
Sin embargo, subrayó que no existe sanción expresa para quien “con el propósito de inculpar a alguien de un delito, simule pruebas materiales en su contra”, lo que deja sin protección a personas inocentes frente a acusaciones fabricadas.
La legisladora sostuvo que la impunidad es el telón de fondo de este problema.
Recordó que, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, de cada diez delitos denunciados en Jalisco apenas el 8.4% llegan a investigación y menos del 1% termina en una sentencia efectiva. “Esto evidencia que el sistema de justicia privilegia la inacción sobre la justicia”, expuso.
Como ejemplo de la gravedad del fenómeno, relató el caso de un conductor de plataforma digital que fue amenazado con denuncias falsas de acoso por parte de una usuaria.
El chofer logró demostrar su inocencia únicamente porque grabó la conversación; de lo contrario, pudo haber enfrentado una condena injusta.
También mencionó situaciones en las que hombres, aprovechando su posición económica, fabrican testigos y hechos falsos para obtener la custodia de los hijos o privar de la libertad a su pareja.
“Muchos hombres o mujeres hoy reciben un castigo injusto o están privados de su libertad porque se falsearon los hechos. Eso no puede suceder más sin recibir un castigo ejemplar”, declaró Carrera García. Agregó que fabricar pruebas falsas vulnera derechos fundamentales como la defensa, la verdad y la seguridad jurídica, por lo que urge endurecer las sanciones.
La diputada concluyó que la iniciativa busca proteger al inocente, fortalecer la institucionalidad y desincentivar las prácticas deshonestas que minan la confianza pública.
“Presentamos este decreto porque consideramos que la ley debe estar al nivel de la problemática real y defender los derechos fundamentales de las personas. Nadie debe enfrentar consecuencias bajo acusaciones falsas sustentadas en pruebas fabricadas”, puntualizó.
– Por Mario Ávila
Con la certeza de que a Jalisco no le faltará agua, el diputado Ricardo Monreal dijo respaldar el plan hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum y por ende la construcción del acueducto de la Presa Solís que llevará agua León, Guanajuato.
En visita a Jalisco donde tuvo lugar la cuarta reunión plenaria de la Primera Circunscripción, con la presencia de 52 diputados federales de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, Monreal Avila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura dijo conocer el tema regional en donde hay una aparente polémica por la construcción del acueducto en la Presa Solís.
Sobre el tema expuso: “Yo diría a la gente de Jalisco que no debe de preocuparse, porque la presidenta Claudia Sheinbaum, ha indicado que se haga un plan hídrico nacional, porque el compromiso y el propósito de ella es dotar de agua potable a los lugares donde no existe y quiere dotar de agua a la región de Jalisco, pero también compartir la responsabilidad con la infraestructura nueva a otras entidades federativas”.
Y abundó: “Nosotros como grupo parlamentario, vamos a respaldar el plan hídrico y obviamente vamos a propugnar porque a Jalisco no le falte agua, pero hay que sanear el organismo que está en Jalisco, estoy enterado de algunas cosas… porque esa una decisión del Estado, no quisiera meterme a eso, pero en el tema federal sí hay toda la intención de la presidenta de la República de crear infraestructura y garantizar el agua en lugares donde actualmente no la tienen”.
– Por Francisco Junco
El escándalo en torno al auditor superior del estado de Jalisco, Jorge Ortiz Ramírez, llegó hasta el Senado de la República, donde legisladores de Morena y del PAN exigieron su renuncia tras revelarse, a través de una solicitud de transparencia, que no cuenta con el título de doctor que presume en su currículum.
Para los senadores, se trata de un engaño grave que mina la credibilidad de la institución encargada de vigilar el buen uso de los recursos públicos.
El senador panista, Mario Vázquez, fue enfático al señalar que una falta de este tipo deslegitima el trabajo de la Auditoría Superior.
“¿Qué calidad obtendrían sus observaciones, sus hallazgos, de quien preside esta función tan importante como es la auditoría y la revisión de las cuentas de los municipios y del estado? ¿Qué calidad moral y qué calidad profesional pueden tener los resultados del trabajo de este señor, que no tiene ningún escrúpulo en autoadjudicarse un título académico que no le corresponde?”, cuestionó.
El senador panista añadió que “la mentira no puede ser el sello del servicio público” y subrayó que el caso amerita la salida inmediata de Ortiz Ramírez.
“El servicio público debe ser abierto, limpio, sin mayor interés que el favorecer al bien común y a la población en México. Si mienten en este tipo de situaciones, obviamente también mienten a la ciudadanía cuando informan. Le mienten a la gente pensando que por su supuesta trayectoria académica tienen méritos para estar en esa posición. Eso es muy lastimoso”, advirtió.
El legislador blanquiazul incluso hizo un llamado a la dignidad del propio auditor: “Es una actitud de autorreconocimiento, para que ellos mismos renuncien, si no se da el caso de que los den de baja en la función que ostentan.
Que renuncien por dignidad, si es que les queda algo de dignidad, y dejen que gente preparada y que pueda acreditar sin mentiras su trayectoria profesional cumpla esas funciones”.
Desde Morena, el senador Emmanuel Reyes Carmona coincidió en que el caso no sólo es un problema ético, sino también económico, pues distorsiona el mercado laboral público al desplazar a perfiles competentes y generar costos elevados por decisiones mal fundamentadas.
“Me pronuncio porque ningún nombramiento de alta responsabilidad avance sin constancia pública de cédula y comprobación documental. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes toman decisiones sobre sus recursos, seguridad o salud”, declaró.
Reyes Carmona fue más allá al proponer medidas estructurales y señaló que la verificación obligatoria de títulos en el Registro de Profesiones antes de cualquier nombramiento, sanciones administrativas y penales contra quienes se ostenten con documentos falsos, y auditorías periódicas de credenciales en los tres órdenes de gobierno.
“El Estado y los servidores públicos tenemos la obligación de poner a la vista los registros, porque de otra manera, ¿cómo pueden confiar en nosotros?”, sentenció.
En medio de esta polémica, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco difundió en sus redes sociales una publicación con la imagen de un título expedido por el Instituto Nacional de Administración Pública, en el que se acredita a Jorge Alejandro Ortiz Ramírez como Doctor en Administración Pública.
“Ante alusiones relativas a su grado académico, ponemos a su disposición el siguiente título que acredita al Auditor Superior del Estado de Jalisco, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, como doctor en Administración Pública”, señala el post de redes sociales, aunque el asunto es la solicitud de la cedula profesional, no del titulo.
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Piden senadores del PAN y Morena renuncia del auditor superior de Jalisco
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