Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Transcurridos 40 días del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y no hay sorpresas. El cambio de régimen avanza, empezando por la reforma al Poder Judicial al lograr, primero, librar la aduana del Congreso de la Unión, en especial en la Cámara de Senadores, donde Morena no tenía la mayoría calificada, pero encontraron al Judas Iscariote, llamado Miguel Ángel Yunes.

De la misma forma en la Suprema Corte de Justicia, la reforma constitucional no lograron anularla los ministros opositores, encabezados por la ministra presidenta Norma Piña, cuando votó en contra el ministro Alberto Pérez Dayán con lo que no le pusieron freno a una reforma que este grupo consideraba que podrían anularla, pero obtuvieron los 8 votos que se requerían y lo que hubiera provocado una crisis institucional.

Antes de esta decisión jurídica de la Corte, hubo mucha polvareda y se expresaron diversas visiones, como la del maestro Diego Valadés, considerado el mejor jurista en derecho constitucional de América Latina, quien alertó que “la Suprema Corte de Justicia carecía de facultades para impugnar el contenido de las reformas constitucionales. En el caso concreto de la Ley de Amparo, que se refiere específicamente al juicio de amparo, es muy clara en el Artículo 61 que dice que es improcedente el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución del país”.

“No hay recurso legal ni constitucional alguno para impugnar el contenido de las reformas”.

Y precisaría: “Lamento que se vean como esos clavos a un ataúd, pero mi intención en todos los casos no ha sido más que obedecer a convicciones personales que no tienen nada que ver con militancia política”.

Y algo más advirtió Diego Valadés: “No es posible, esto no sucederá, alentar esa esperanza significará que quienes la crean cuando la Corte decida en el sentido jurídico que no es operativa ni procedente la anulación de una reforma constitucional van a decir que la Corte se vendió, o se doblegó, o hubo presiones del gobierno que ejerció acciones coercitivas de presión político y esto seguirá alimentando un ambiente que todos vivimos de extrema tensión”.

Finalmente la reforma judicial, es un hecho, va para adelante y camina el llamado Plan de López Obrador, plan que el político tabasqueño presentó a la opinión pública el pasado 5 de febrero en el aniversario de la Constitución Mexicana al pedir a los mexicanos que apoyaran ese Plan C, para lo cual se requería tener mayoría absoluta, votando por los candidatos de Morena y aliados para la presidencia y el Congreso de la Unión.

La oposición en las urnas perdió ante la 4T, encabezada por Claudio X. González, representante y vocero de una parte de la oligarquía, junto a Alito Moreno, Marko Cortés, quienes postularon a Xóchitl Gálvez, una desafortunada candidata que simplemente no logró motivar a los mexicanos del “peligro” para las instituciones que significaba la candidata morenista Claudia Sheinbaum Pardo.

Simplemente no hay engaño. El triunfo de la Coalición “Juntos Seguimos Haciendo Historia” fue contundente. Fueron más de 35 millones de votos y ahora procede a ejecutar lo ofrecido por López Obrador.

Del paquete de 20 reformas, 18 constitucionales, la mayor parte veremos su aprobación en las dos cámaras en las próximas semanas y en ese proceso estamos.

La primera reforma de este paquete en ser aprobada es la Reforma Judicial y era la más de fondo (…) A grandes rasgos, esta reforma al Poder Judicial propone que las personas que se desempeñen como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como magistrados, jueces y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal sean electos mediante el voto popular.

Y eso va. Es un experimento que desconocemos los resultados que tendrá. En mi entender, no creo que las cosas vayan a cambiar en forma notable y que tengamos una justicia real, rápida y expedita. Se va una mafia y llegará otra. Los que tienen dinero continuarán teniendo el control y la justicia en sus manos, mientras que la base del pueblo, continuará exigiendo justicia. Se va una élite y llega la apoyada por Morena que será el nuevo poder.

Y es que lograr justicia, no sólo depende del Poder Judicial, es un todo, donde implica la participación del Poder Ejecutivo, de los gobiernos estatales, de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público, de la capacitación misma de la que se carece porque no se destinan los recursos necesarios y suficientes para que esto se haga realidad.

En los próximos días se discutirá y seguramente se aprobará la desaparición de 7 órganos autónomos y la extinción o fusión de 17 organismos descentralizados. Entre los organismos autónomos que se propone eliminar están el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y las comisiones Federal de Competencia Económica, Reguladora de Energía, Nacional de Hidrocarburos y Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Las funciones de estos organismos serían absorbidas por dependencias de la administración pública federal alegando duplicidad de funciones.

El cambio de régimen avanza y no veo poder humano que pueda frenarlo. Al mismo tiempo se advierte la construcción del partido hegemónico, como lo fue el PRI durante cerca de 70 años. ¿Morena cuánto podrá durar? No lo sabemos y más cuando vemos a una oposición desprestigiada, deshilvanada, sin que se atisbe el surgimiento de nuevos liderazgos.

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

En el centro de un palenque en el que alguna vez peleaban gallos, el gobernador Enrique Alfaro ofreció su último espectáculo político, pero esta vez, las plumas no volaban. Adornado por luces y sombras que parecían más apropiadas para la farsa que para el acto de rendición de cuentas de un gobernador, rodeado de su corte naranja y burócratas leales, el evento no dejó espacio para la pluralidad.

Ni un solo representante de otras fuerzas políticas; ni un asiento para la diversidad ideológica. Los espacios estaban reservados, exclusivamente, para los rostros familiares del mismo circo de siempre: el exgobernador Emilio González, que en otros tiempos agitaba banderas del PAN, algunos empresarios que, al parecer, no pueden resistirse al perfume del poder y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, figura de presencia estratégica, aunque cuidadosamente neutral.

Fue un espectáculo naranja, coronado con lágrimas, reverencias religiosas y la inesperada música de Caifanes, todo cuidadosamente orquestado para proyectar la imagen de un caudillo agotado pero firme en sus ideales.

Vestido de negro, como si su etapa política demandara un luto simbólico, Alfaro presentó un autobalance triunfalista, un recorrido mediático y propagandístico de su administración que pretendió elevar a Jalisco como modelo de progreso. No obstante, más allá del brillo de las luces, su informe fue una coreografía diseñada para cerrar un ciclo y abrir uno nuevo: la carrera hacia la elección presidencial de 2030, como él mismo insinuó.

Con palabras de agradecimiento y promesas de “seguir luchando”, Alfaro encomendó a su sucesor, Pablo Lemus, seguir defendiendo el sistema educativo y de salud que, según él, colocan a Jalisco a la vanguardia nacional. Lejos quedan los grandes ideales de «refundación» con los que inició su gobierno, así como la promesa de una nueva Constitución para el estado, un compromiso que se desvaneció en la pandemia y otros pretextos. Y como herencia política, le dejó a Lemus la encomienda de continuar una lucha fiscal contra la federación, una cruzada que en sus seis años no llegó a concretarse.

Alfaro proclamó que las cifras de seguridad en Jalisco han mejorado. Sin embargo, la realidad de Jalisco, especialmente en municipios controlados por el crimen organizado como Jilotlán de los Dolores, refleja una paradoja oscura: un lugar sin denuncias, no porque no existan delitos, sino porque el miedo y la falta de control estatal son tan profundos que no se registran. La violencia no ha cesado; el propio promedio diario de homicidios en el estado ha subido de 4.4 a 5.7, una cifra alarmante que desnuda el optimismo gubernamental. Alfaro presume una baja de percepción de inseguridad en 10 puntos, pero esta disminución se difumina en un contexto donde seis de cada diez ciudadanos aún sienten miedo en las calles.

La cifra de desaparecidos en Jalisco es, sin duda, la mancha más oscura en el legado de Alfaro. La indiferencia del gobierno ante las miles de familias que siguen buscando a sus seres queridos es un recordatorio brutal de que la “refundación” que prometió fue, en muchos casos, solo retórica vacía. En lugar de afrontar el problema, Alfaro optó por señalar que estos jóvenes “se van porque quieren”. La realidad es otra: el fenómeno de las desapariciones está vinculado al crimen organizado y al abandono gubernamental, y Jalisco, lamentablemente, lidera esta trágica estadística a nivel nacional y eso, ¡No se puede ocultar pagando pautas comerciales en medios de comunicación a modo!

La gestión alfarista innovó, sí, pero no como sus ideólogos lo hubieran deseado. Las estructuras paralelas en su administración, con coordinadores sectoriales y dependencias duplicadas, lejos de mejorar la eficiencia, solo engrosaron la burocracia y dificultaron la ejecución de proyectos. En sectores críticos como el agua y el transporte, la administración tropezó, y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) dejó mucho que desear en cuanto a calidad y transparencia, podemos decir que: es el peor servicio de agua potable que recibimos en muchos años.

Lo que comenzó como un informe de logros terminó convertido en un íntimo ritual de agradecimiento, donde Alfaro se prodigó en elogios a sus colaboradores, incluso a aquellos que ya tomaron otros caminos, como Alberto Uribe, hoy en Morena, y Rafael Valenzuela, que ahora opera desde el Gobierno de Nuevo León. Era una despedida camuflada de homenaje, un cierre de filas en el que, lejos de celebrarse la diversidad de voces de Jalisco, se consolidaba el silencio cómplice de quienes compartieron el proyecto de Alfaro.

Mientras el gobernador hablaba, el eco de los ausentes resonaba con fuerza. Quizá la falta de voces opositoras fue intencional; después de todo, la autocrítica nunca ha sido parte del libreto de quienes ejercen el poder en solitario. Con su entorno fiel en primera fila y entrenados para aplaudir cada que el gobernador guardaba silencio, Enrique Alfaro pareció olvidarse de que un estado se construye con todas sus voces, no solo con los aplausos de quienes ocupan los asientos reservados.

El acto terminó como empezó: con el gobernador hincado, persignándose y llorando. Se despidió con la promesa de un posible regreso en 2030, dejándonos con la sensación de que el adiós de Enrique Alfaro no es definitivo. Tal vez vuelve; tal vez, como en el palenque, regrese en un escenario mayor, buscando extender su influencia más allá de Jalisco… O con el tiempo, solo alcance a llenar pequeños teatros ambulantes de pueblo, pues la gente olvida pronto a quien no fue cercano ni importante en su historia.

Entre lágrimas y promesas incumplidas, lo que queda claro es que el legado de Alfaro se construyó, en gran medida, sobre la simulación.

En X @DEPACHECOS

De primera mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín //

CON ESTA reforma promovida por la Presidencia de la República y MORENA para evitar que algún medio de impugnación, controversia constitucional o amparo, proceda en contra de una reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión, el gobierno de la “4-T” le puso la soga al cuello al pueblo de México.

Y es que no solo se trata de improcedencias de los recursos para invalidar cambios en el Poder Judicial discutidos, votados y aprobados en las cámaras de diputados y senadores, sino que el gobierno hará valer su llamada “Supremacía”, que no es otra cosa que establecer un dominio de los tres poderes del Estado Mexicano por parte de una sola figura: La presidencia de la república.

Hay quienes argumentan que en todas estas reformas constitucionales aprobadas al vapor, se incluyen violaciones a los derechos humanos, amén del incumplimiento a los tratados internacionales que -también según la Constitución- son obligatorios por las instituciones nacionales.

De ello se desprende que en un futuro no muy lejano o ahora mismo, pueden presentarse iniciativas que son aberraciones que nomás no tendrían cabida en una sociedad ordenada, trabajadora y que mantiene sus valores, entre ellos los espirituales y los de familia.

Ahí están los antecedentes que se han puesto en práctica en la ciudad de México con sus gobiernos perredistas primero y morenistas después. Extenderlas a todo el país será muy fácil.

El aborto legalizado empezó en la ciudad de México; Martí Batres, como jefe de gobierno de la capital del país, envió una iniciativa para reformar la Constitución local e introducir el concepto de “propiedad pública” de acuerdo a los intereses del gobierno y no de los particulares, lo que abre la puerta a la expropiación masiva y, en nuestros días, circula la información de que serán capaces de aprobar el aborto y no solo a unas cuantas semanas de la gestación, sino que se hará legal –si una mujer desea hacerlo- cumplidos los nueve meses de embarazo.

Toda una aberración. De aprobarse sería legalizar infanticidios, que no son otra cosa que homicidios o asesinatos a menores totalmente indefensos y que están considerados ya, como personas con todas sus funciones fisiológicas.

Tienen razón entonces, quienes predicen que en un futuro podría decretarse la pena de muerte que- abrogada en la Constitución-, se aplicaba a asaltadores de caminos, homicidas con todas las agravantes y traidores a la patria.

“Pero eso es absurdo. No sería posible” responden los defensores de las actuales reformas constitucionales de la “4-T”. Habría que recordar entonces, que hace unos cuantos años, un aliado de MORENA ahora, el Partido Verde, basaba sus campañas en exigir el regreso de la pena de muerte.

¿Y qué decir de la probabilidad de que se invada totalmente la soberanía de las entidades federativas, ordenándose que toda función y todo recurso estatal se controle, cien por ciento, del centro del país?

En verdad que ahora no se tiene ni la menor idea del alcance que pudiera tener esa reforma constitucional, llamada “Ley Suprema”, en contra de la libertad, la propiedad privada y la vida del pueblo de México.

Y quien piense que la dictadura en México está a la vuelta de la esquina, es posible que tenga mucha razón.