Cultura de paz: El reto de transformar la justicia

– DEL CONFLICTO AL DIÁLOGO.

A título personal, por Armando Morquecho Camacho:

En los últimos 20 años, tras el crecimiento y el empoderamiento de las células del crimen organizado, cuando hablamos de la violencia en México es común relacionarla casi exclusivamente con balaceras, narcobloqueos, desapariciones, homicidios e inseguridad. Es decir, hemos construido una percepción de la violencia alrededor de sus manifestaciones más visibles y devastadoras. Sin embargo, la violencia es un fenómeno mucho más complejo y profundo que no siempre se manifiesta a través de una agresión física.

La violencia es un fenómeno social multifactorial que también encuentra sus raíces en las condiciones estructurales, las relaciones de poder y determinados patrones culturales que se reproducen a través de nuestra convivencia. No solamente se manifiesta cuando alguien agrede físicamente a otra persona. También está presente en aquellas conductas que, por su frecuencia y aceptación social, terminan incorporándose a nuestra manera habitual de relacionarnos. 

En ese sentido, uno de los problemas más complejos de la violencia no es únicamente su capacidad para producir daño, sino también nuestra capacidad para normalizarla, justificarla y reproducirla, incluso sin advertirlo.

Pensemos en nuestras relaciones personales, especialmente en los círculos de amistad, donde es común utilizar calificativos despectivos, bromas ofensivas o comentarios que difícilmente aceptaríamos de alguien ajeno. A menudo justificamos estas conductas bajo la idea de confianza o amistad, como si la cercanía otorgara licencia para descalificar o ridiculizar. El problema no está necesariamente en el humor, sino en confundir convivencia con tolerancia hacia conductas que lastiman a otros.

Estas formas de relacionarnos se aprenden y trasladan a otros ámbitos. Aquello que comienza como una expresión inofensiva puede reproducirse en espacios escolares, laborales, institucionales y profesionales. La violencia deja de ser solo un acto individual para convertirse en una práctica social aceptada.

Nuestro sistema de justicia y nuestra cultura jurídica no son ajenos a esta normalización. Hemos desarrollado una cultura predominantemente adversarial, en la que el conflicto suele entenderse como una confrontación que debe concluir con un vencedor y un vencido. Históricamente se nos ha enseñado que las controversias legales se resuelven ganando o perdiendo: un juego de suma cero en el que la ganancia de una parte representa la pérdida de la otra.

Esta concepción determina cómo entendemos el conflicto y nos preparamos para enfrentarlo. El abogado suele formarse bajo una lógica adversarial: identifica debilidades, construye argumentos para desarticular posiciones y busca ventajas procesales. Defender derechos exige firmeza y técnica; el problema aparece cuando confundimos firmeza con agresividad y eficacia jurídica con imponernos sobre los demás.

Esta cultura se reproduce fuera de los expedientes, en los juzgados y en la relación entre abogados y autoridades. El desacuerdo se convierte en enfrentamiento y la exigencia en una competencia por someter: confrontar, exhibir, grabar, desacreditar o humillar al interlocutor, como si ejercer el derecho implicara demostrar quién puede intimidar más.

Esta realidad también encuentra expresión en las estadísticas de nuestro sistema de justicia. Según México Evalúa, el 94% de los procesos judiciales se resuelve por la vía tradicional, mientras que el 6% se encamina mediante Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC). La cifra revela que, pese a contar con instrumentos que privilegian diálogo, conciliación y reparación del daño, recurrimos poco a ellos. Parece más natural —y hasta económicamente redituable— confrontar jurídicamente que buscar una solución compartida.

También están los accidentes de tránsito que, según sus consecuencias, pueden resolverse mediante diálogo o aseguradoras. Según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, retomada por El Universal, se registraron 53,026 denuncias relacionadas con accidentes viales durante el periodo reportado.

Es aquí donde la cultura de paz adquiere una dimensión que va más allá de las buenas intenciones. No se trata de eliminar los conflictos, inherentes a cualquier organización humana, sino de comprender que no toda controversia necesita convertirse en una batalla y que la justicia también puede construirse mediante el entendimiento y el reconocimiento de los intereses de quienes participan en ella.

Pero debemos preguntarnos dónde comienza a construirse esa cultura. Mi respuesta es que comienza en la educación. No podemos transformar la manera en que resolvemos nuestros conflictos si no transformamos primero la forma en que enseñamos a las nuevas generaciones a relacionarse. La escuela y, especialmente, la universidad no solo transmite conocimientos, desarrolla habilidades técnicas y prepara para el mercado laboral; también son escenarios donde aprendemos a convivir, reconocer diferencias, respetar opiniones y comprender que nuestros derechos encuentran límites en los de los demás.

Hemos entendido la educación desde una perspectiva académica y relegado la formación humana. Enseñamos matemáticas, historia y ciencias, pero no siempre a gestionar emociones, escuchar sin descalificar, disentir sin agredir y resolver diferencias sin violencia. Estas habilidades también necesitan aprenderse y practicarse.

La cultura de paz debe dejar de ser un concepto accesorio en los programas educativos y convertirse en un principio transversal. No basta con organizar jornadas contra el acoso, impartir conferencias sobre valores o colocar carteles de respeto. Hay que transformar la convivencia: enseñar mediación, capacitar a docentes para identificar y atender la violencia, abrir espacios para escuchar a quienes piensan distinto e incorporar, cuando proceda, reflexión, responsabilidad y reparación del daño.

Esto exige abandonar la idea de que la autoridad se ejerce mediante la imposición y comprender que también puede construirse desde el respeto, la legitimidad y el diálogo. El profesor que humilla, la institución que ignora la violencia o la familia que enseña a responder una ofensa con otra reproducen conductas que persisten en la vida adulta. Educar para la paz es responsabilidad compartida de las familias, las instituciones educativas y la sociedad.

En definitiva, hablamos de una transformación cultural que tomará tiempo, pero que no debemos postergar. Una sociedad que aprende a escuchar reconoce la dignidad de los demás y entiende que los conflictos pueden resolverse sin destruir a quien piensa diferente comienza también a construir condiciones distintas para el ejercicio de la justicia y para nuestra convivencia democrática. El reto no consiste en eliminar las diferencias, sino en aprender a enfrentarlas sin convertirlas en nuevas expresiones de violencia.