JALISCO
Debate sobre infancias trans en Jalisco: Congreso afirma cumplir mandato de la corte; colectivos ven proceso amañado
Por Francisco Junco //
Jaime Cedillo Bolívar, coordinador de Cabildeo del Frente Nacional por la Familia (FNF), manifestó su preocupación por lo que calificó como un proceso “amañado” en la dictaminación de la ley de Infancias Trans en el Congreso de Jalisco, ocurrido el miércoles 12 de febrero.
Y es que, durante una sesión, de ese día, en el Congreso de Jalisco, se llevó a cabo una votación a mano alzada en la que la mayoría de los partidos, especialmente Movimiento Ciudadano, decidieron transferir la iniciativa de ley sobre infancias trans de la Comisión de Asuntos Legislativos a la Comisión de Igualdad Sustantiva. Este movimiento generó preocupación entre diversos sectores, ya que se percibió como un proceso apresurado que podría limitar el análisis profundo y la participación ciudadana en un tema tan delicado.
Además, en esa misma sesión, se negó la realización de foros de consulta propuestos por la diputada Brenda Carrera. Estos foros tenían como objetivo abrir un espacio de diálogo entre especialistas y la sociedad para abordar el tema desde diferentes perspectivas. La negativa a estos foros ha sido criticada por organizaciones como el Frente Nacional por la Familia, quienes consideran que se está priorizando una agenda ideológica sobre el interés superior de los menores y la participación de los padres de familia en decisiones trascendentales.
“Veníamos trabajando con la Comisión de Asuntos Legislativos en la propuesta de que se abrieran foros con especialistas y la sociedad para tratar el tema desde las dos posiciones. Queríamos un diálogo abierto y profundo para que los diputados tuvieran más elementos al votar esta iniciativa. Y desgraciadamente vimos como en una sesión a mano alzada con la mayoría de los partidos, principalmente de Movimiento Ciudadano, le quitan la iniciativa a la Comisión de Asuntos Legislativos y se la entregan a la Comisión de Igualdad Sustantiva”, explicó Jaime Cedillo
Enfatizó que este cambio favorece para que se pueda realizar una aprobación rápida de la ley sin el análisis necesario. «Lo que nos preocupa es que no se está priorizando el interés superior del menor ni escuchando a los padres de familia y a la sociedad», declaró.
De acuerdo con el activista, la urgencia de aprobar la ley responde a una resolución de la Suprema Corte de Justicia, pero enfatizó que «el Congreso del Estado tiene la facultad y el deber de llevar a cabo todo un proceso legislativo que incluya estudio y debate».
Explicó que en la legislatura pasada la iniciativa fue rechazada, y en el actual periodo «Hagamos presentó una nueva propuesta que ahora está bajo el análisis de la Comisión de Igualdad Sustantiva».
«Este argumento de desacato se desmorona porque el Congreso ya ha tomado acciones concretas. Ya se votó y no se aprobó en su momento, ya se ha discutido y se han planteado foros que no se realizaron. Todo esto forma parte del proceso legislativo y no hay motivo para hablar de desacato», explicó.
Jaime Cedillo señaló que la iniciativa actual es respaldada por Morena y sus aliados, mientras que Movimiento Ciudadano ha apoyado «las votaciones para prohibir los foros y cambiar la iniciativa de comisión».
El coordinador de Cabildeo del FNF advirtió sobre las implicaciones que tendría la aprobación de la ley, ya que reconoció que en Jalisco es una “triste” realidad donde los menores se pueden cambiar el nombre de acuerdo con su percepción, que esta fue una iniciativa del exgobernador Enrique Alfaro, que modificó el reglamento del Registro Civil.
“Sin embargo, el hecho elevar a ley esta posibilidad de infancia trans, definitivamente entra en políticas públicas, en programas de discusión y de apoyo, en la propia escuela, en la educación. Entra con presupuesto. Es decir, se empieza a permear cultural y administrativamente esa posibilidad a los niños. Es una promoción de un supuesto bien”.
“Eso es lo grave, porque como está ahorita, quien quiere, lo puede hacer. Pero no tiene toda una estructura gubernamental, ni presupuestal para irse llevando a cabo. El grave peligro de que esto siga avanzando, para ideologizar a los menores y abandonar a los que tienen una determinada confusión”, subrayó el activista.
Agregó que, si un menor no puede tomar decisiones legales importantes como trabajar o consumir alcohol, “¿cómo se le permite cambiar su género?” y aseguró que hay testimonios de jóvenes que lamentan haber iniciado transiciones a los 13 años y hoy, con 19, enfrentan cambios irreversibles.
Uno de los puntos más preocupantes, que denunció Jaime Cedillo, es que «si los menores quieren hacer su transición y sus padres se niegan, la Procuraduría del Menor podría intervenir para permitirlo», algo que calificó como «un atropello a la patria potestad».
Frente a la posible aprobación de la ley, el FNF continuará promoviendo foros ciudadanos con especialistas y testimonios de jóvenes que se han arrepentido de su transición. «Vamos a llevar la discusión a mesas serias, con expertos y personas con diferentes puntos de vista, pero siempre con el interés superior del menor como prioridad», afirmó.
BUSCAN DAR CERTEZA A LAS INFANCIAS TRANS
Minutos antes de esta sesión, la cual duró entre siete y ocho horas, la diputada de Morena, Brenda Carrera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso de Jalisco, en rueda de prensa destacó que, aunque la polémica ha crecido en torno a este tema, el Congreso sigue un mandato claro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se encuentra trabajando en el cumplimiento de los lineamientos establecidos por dicha instancia.
“Hoy estamos aquí para puntualizar la información sobre un tema tan importante y que ha generado controversia: las infancias trans. Existen muchos rumores, y mi función es aclarar que estamos cumpliendo con el mandato de la Corte”, declaró la legisladora morenista, quien subrayó que el Congreso de Jalisco tiene un plazo de 60 días naturales desde el 13 de enero de 2025 para emitir un dictamen sobre el reconocimiento de identidad de género auto percibida en los menores.
Agregó: «No estamos consultando los derechos de los niños y niñas, ya que eso es un mandato judicial. Lo que estamos proponiendo es trabajar para que el dictamen sea más completo y preciso, y para que todas las voces sean escuchadas».
En cuanto a las preocupaciones de algunos colectivos, la legisladora explicó que se está proponiendo al Congreso, abrir un espacio para escuchar a todos los actores involucrados, incluidos los colectivos Profamilia y las organizaciones trans. «A pesar de que ya tenemos los ocho lineamientos de la Corte, estamos dispuestos a escuchar las inquietudes de todas las partes».
La diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, quien es la presidenta de la Mesa directiva del Congreso local, explicó que la razón por la que no se votó a favor de la realización de los foros de consulta, que proponía el PRI y MORENA, aunque legítimas en su intención de involucrar a la comunidad en la discusión, fueron rechazadas porque el proceso legislativo ya había comenzado.
“El consenso en el Congreso fue claro, lo que vimos es que, aunque las consultas fueran bien intencionadas, no debemos retrasar más el proceso legislativo. Esto no es un tema de consulta abierta, es un mandato que nos dio la Suprema Corte”, puntualizó.
– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
– Por Mario Ávila
Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el revés jurídico sufrido por la propiedad de 5.7 hectáreas de Colomos III, fue a causa de que algunos jueces «aprovechando sus últimos días en funciones, tratan de acabar su período corruptamente».
Lamentó que lo hagan afectando los espacios verdes, aunque sentenció tajante: «por ningún motivo permitiré que cercenen el predio de Colomos, es una batalla de colectivos a la que me uní hace muchos años».
En el tema legal, Lemus Navarro afirmó que la lucha no está perdida. «Quedan muchas instancias legales por dirimir, pero les doy mi palabra y mi compromiso, que nuestro bosque urbano se mantendrá intacto».
Días atrás, el gobernador Pablo Lemus, habló del proyecto urbano de 140 departamentos, que se pretenden construir en el polígono cercano a Patria y Acueducto, sobre lo que aseguró: «No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente porque eso está en una zona de protección hidrológica y tenemos que proteger a Colomos».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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