Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

En una nación de vocación democrática, los intereses de sus habitantes deben ser sustanciales y por lo tanto efectivos. No como ahora, que a título de que se representa a la ciudadanía, lo que pasa es que las cúpulas partidistas se despachan a su antojo y a las cámaras arriban los consentidos, por lo general sin mayor arraigo popular y desde luego, sin haber hecho campañas a ras del pueblo, lo que ocasiona que sus labores no sean a favor de la sociedad.

Muchas reformas en materia de elecciones se han llevado a cabo en el país, pero por lo general lo que priva es el interés de las camarillas que dirigen los partidos políticos. Varios son los temas fundamentales de una reforma electoral, aunque sobresalen los concernientes al costo elevado que actualmente tienen los procesos comiciales, incluyendo en tal ramo los enormes recursos que se asignan a los institutos partidistas; en otro renglón, resalta la manera de como se representa a las minorías.

Claro que hay otros temas, como la integración del organismo que se encarga de esos procesos de elección y el hecho de que haya duplicidades entre el instituto de índole nacional con sus correlativos de carácter estatal, lo cual redunda en derrochar caudales.

Entre las iniciativas que anunció el entonces mandatario federal, se encontraba la trascendental reforma electoral, también conocida como el plan D. Allí se planteaba, asegurando el respeto al voto y la legalidad, que las autoridades administrativas (el INE y las de orden estatal) así como las jurisdiccionales (los tribunales del ramo, tanto federal como local) fuesen imparciales, lo cual supone que actúan al margen de la lucha por el poder, y de esa manera se garantiza la libertad política de que deben gozar todos los mexicanos: aquí se sugería debatir sobre si era benéfico que los integrantes de esas organizaciones fuesen electas.

Otro aspecto, se refería a la instauración de un ambiente favorable para la participación no solo de partidos, sino también de aspirantes -candidatos- independientes. Todo lo predicho, regulado por el principio de austeridad. Además, se propone una elección transparente de las máximas autoridades mediante voto secreto, directo y universal.

Lo anterior se complementaba con un capítulo muy importante: el relativo a la eliminación de diputados federales plurinominales, incluyendo a los senadores, lo que implicaba evidente reducción del financiamiento a partidos. Incluso, se proponían cambios en materia de la revocación de mandato y consultas populares.

La sucesora de López Obrador optó por aplazar esta reforma electoral y señalar finalidades que debería abarcar. Expuso tres puntos: “Uno, disminuir los costos de las elecciones sin poner en riesgo su transparencia y su legalidad y legitimidad. Segundo, la disminución del financiamiento a los partidos políticos. Tercero, generar un esquema en donde las minorías puedan tener representación sin las listas plurinominales. No estamos de acuerdo con las listas plurinominales”. Por lo pronto presentó iniciativas sobre no reelección y para combatir el nepotismo, mismas que ya fueron aprobadas.

La primera magistrada nacional aludió a esa reforma, consignada en sus cien propuestas de gobierno que tiene suscritas. El 25 de junio así lo afirmó y agregó descartar “que la reforma electoral que presentará como parte de los 100 compromisos de Gobierno busque la eliminación de la autonomía del Instituto Nacional Electoral”. Sin embargo, destacó la importancia de que se revise el tema de los plurinominales, para que los legisladores que lleguen a una curul lo hagan por trabajo en terreno, no por favoritismo.

Al respecto especificó que, debe tenerse reconocimiento de las minorías por el segundo lugar de una elección, a fin de que este acceda al espacio correspondiente a un partido político, y no arribe alguien por el simple favorecimiento de haber sido anotado en una lista, como actualmente se hace, lo cual es contrario a la idea de que, ningún político que deje el país -como Ricardo Anaya- luego regrese como legislador gracias a la figura plurinominal. En consecuencia, se pretende que “todos los aspirantes vayan a territorio a presentarse con la ciudadanía a hacer campaña” y de esa manera, quien sea representante popular, tiene a su favor haber hecho actividad territorial.

En la mañanera del reciente 4 de julio, precisó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP): la reforma electoral que prepara el Poder Ejecutivo plantea la reducción al financiamiento público de los partidos políticos y del costo de los procesos electorales, así como la modificación de la representación proporcional en el Congreso de la Unión. «Algunos de los temas que más nos interesan son: que no haya tanto recurso público destinado a los partidos políticos. Que las elecciones no sean tan caras en nuestro país”.

Sobre lo oneroso que es para los mexicanos cada proceso electoral, CSP informó: En el año 2024, el presupuesto para el proceso electoral ascendió a 22 mil 322 millones 879 mil 716 pesos. Ese monto no incluyó el financiamiento público federal a los partidos, que fue de poco más de 10 mil 444 millones de pesos. Ambas sumas, son exageradas y acreditan lo carísimo que son estos procesos. (El Heraldo de México, 2025-07-05).

Concluyendo sobre este tema, la jefa del gobierno de México enunció: “Que no haya tanto recurso público destinado a los partidos políticos. Que las elecciones no sean tan caras en nuestro país. Que se generen los mecanismos para que sean transparentes, que se realicen adecuadamente, pero que no se requieran tantos recursos.

No cabe duda de que tiene mucha razón la mandataria: los diputados que lleguen a San Lázaro (y en las Entidades federativas a sus respectivos Congresos locales) deben ser en primer lugar los que obtienen la mayoría de los sufragios, pero en cuanto a la representación de minorías, debe ser quien haya salido en segundo lugar, porque eso de las listas de plurinominales que hoy se estila, ya demostró que no es bueno para la República.

Y por lo que ve a los municipios, también se toca el número de regidores que debe integrar su ayuntamiento, y CSP señaló que en muchos se contemplan demasiados munícipes, y eso no debe continuar, son derroche de recursos y simples cuotas a favor de partidos y sus mal acostumbrados políticos.

Terminamos afirmando que la reforma electoral, que se presentará en el siguiente periodo de sesiones de las Cámaras federales, indudablemente es indispensable y de suma importancia, para beneficio de la democracia, la República y de todos los mexicanos.