NACIONALES
Nombramientos sin mérito
Opinión, por Iván Arrazola //
La discusión sobre si los cargos públicos deben asignarse con base en el mérito o la lealtad es tan antigua como la política misma. Se trata de una tensión permanente entre dos principios fundamentales: por un lado, el mérito, entendido como la selección de personas con competencias técnicas, experiencia comprobada y formación adecuada para desempeñar sus funciones con eficacia; y por el otro, la lealtad, asociada a la necesidad de los gobernantes de rodearse de personas de su confianza ideológica o personal para garantizar cohesión, control y ejecución política.
Si bien ambos criterios pueden coexistir en ciertas circunstancias, en la práctica se suele imponer uno sobre el otro, con consecuencias directas en la calidad del gobierno y en la percepción pública sobre la legitimidad de los nombramientos. En este sentido, vale la pena analizar dos casos recientes que han generado amplia polémica en México.
El reciente nombramiento de Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha generado una fuerte polémica. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, defendió su decisión señalando: “Yo reivindico a Hugo como un gran profesionista y creo que va a desempeñar un buen papel en la Organización Mundial de la Salud”. Sin embargo, no profundizó en los criterios específicos que motivaron su designación. Frente a las críticas, la presidenta ha atribuido los cuestionamientos a motivaciones políticas.
Desde una lógica institucional, este nombramiento resulta difícil de justificar bajo criterios de mérito. La gestión de López-Gatell durante la pandemia de COVID-19 fue severamente criticada por múltiples sectores sociales y médicos: desde la negativa inicial para recomendar el uso generalizado del cubrebocas, la falta de aplicación masiva de pruebas rápidas, la centralización opaca de la estrategia de vacunación, hasta su retórica polarizadora, como cuando llamó “golpeadores” a los padres de niños con cáncer que protestaban por el desabasto de medicamentos.
A pesar de que Sheinbaum defendió el nombramiento señalando su formación académica (es egresado de Johns Hopkins), lo cierto es que la percepción social de su desempeño es negativa. Informes independientes estiman que el número real de fallecimientos por la pandemia superó los 800 mil, muy por encima de las cifras oficiales que hablan de 300 mil muertes.
En este contexto, el nombramiento de López-Gatell no parece responder a una evaluación técnica o a un reconocimiento por resultados, sino más bien a un acto de lealtad política. Se premia a un aliado, se protege a una figura del obradorismo, aunque su desempeño haya sido profundamente cuestionado.
El segundo caso ilustra otra faceta del problema: el uso patrimonialista de los recursos públicos. Se trata de la comunicadora Eli Castro, quien recientemente fue exhibida por ocupar una plaza como asesora técnica en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en Jalisco, con un salario de más de 73 mil pesos mensuales. La polémica surgió a partir de una transmisión en vivo, en la que un ciudadano cuestionó sus capacidades técnicas para desempeñar el cargo.
En lugar de presentar credenciales técnicas, Castro se limitó a presumir su trayectoria en el gobierno, señalando que ha trabajado con diversas administraciones y que ha ocupado cargos en cada una de ellas, incluyendo el Consejo Estatal de Trasplantes, las Fiestas de Octubre y la entonces Secretaría de Vialidad. Concluyó su intervención afirmando con orgullo: “por eso estoy donde estoy”. En la misma transmisión, reconoció que estaba comisionada y no realizaba funciones técnicas, lo que agravó la controversia. El SIAPA, en respuesta, emitió un comunicado para deslindarse, afirmando que el contrato era temporal y que no se renovaría. El propio director del organismo señaló que las tareas de comunicación que Castro debía realizar ya las ejecutaba él mismo.
Este caso no solo revela una designación sin méritos técnicos, sino además una falta total de control institucional: la autoridad estatal no tenía conocimiento del nombramiento, y las explicaciones posteriores resultaron insatisfactorias. En un contexto de crisis hídrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con colonias que enfrentan desabasto, agua sucia y aumentos en las tarifas, el caso profundiza la desconfianza ciudadana hacia las autoridades responsables del servicio.
Ambos casos ejemplifican la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y el debilitamiento del principio del mérito como criterio de selección. En el caso de López-Gatell, se premia a un funcionario sin rendición de cuentas por decisiones que costaron miles de vidas. En el caso de Eli Castro, se revela un uso discrecional de la nómina pública como si fuera propiedad privada del funcionario en turno.
Lo más preocupante es que, en ambos casos, el daño no se limita al escándalo mediático, sino que impacta directamente en la calidad de los bienes públicos: la salud y el acceso al agua, derechos fundamentales que hoy están en entredicho.
– Por Redacción Conciencia Pública
El Gobierno de México y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunciaron un ambicioso plan de 624 mil millones de pesos —equivalente a casi 33 mil millones de dólares— para modernizar y expandir la red eléctrica nacional entre 2025 y 2030. Se trata de la inversión más grande en infraestructura energética de las últimas décadas, destinada a garantizar la confiabilidad del sistema y responder a la creciente demanda derivada del nearshoring.
El proyecto contempla la incorporación de más de 22,600 megawatts de nueva capacidad de generación, a través de 51 centrales de CFE y la participación privada con otros 6,400 MW, principalmente en energías renovables. Con ello, México busca aumentar la cobertura, reducir riesgos de apagones y fortalecer su transición energética.
Una parte crucial de los recursos se enfocará en transmisión y distribución, sectores históricamente rezagados. Tan solo en la Red Nacional de Transmisión se prevé ejercer 124 mil millones de pesos, con la construcción de 275 líneas estratégicas y 524 subestaciones nuevas, lo que permitirá evacuar electricidad de parques solares y eólicos que hoy enfrentan cuellos de botella.
El plan también considera inversiones en tecnología y digitalización dentro de la CFE, con la instalación de medidores inteligentes para reducir pérdidas no técnicas —que superan el 10%— y mejorar la calidad del servicio. La meta es un sistema eléctrico más eficiente, confiable y competitivo.
En materia de generación, ya se lanzaron licitaciones para ciclos combinados en Salamanca y Tula, que en conjunto sumarán más de 1,400 MW con inversiones cercanas a los 1,400 millones de dólares, sustituyendo antiguas plantas que son más contaminantes. A lo largo de 2025 y 2026, se espera que se adjudiquen proyectos adicionales por más de 59 mil millones de pesos.
Directivos de CFE subrayaron que este esfuerzo permitirá a la empresa estatal mantener el control del 54% de la generación eléctrica nacional, al mismo tiempo que se abre espacio a la iniciativa privada en rubros clave de energías limpias y almacenamiento.
Con este plan, México envía un mensaje claro: el país se prepara para una nueva etapa de industrialización y competitividad, con una red eléctrica robusta, capaz de atender las necesidades de inversión extranjera y, al mismo tiempo, avanzar hacia una matriz energética más sustentable.
– Por Mario Ávila
Esta madrugada fueron aprehendidos los asesinos de Ximena Guzmán y José Muñoz, colabores de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, victimados el pasado 20 de mayo en la calzada de Tlalpan.
La propia jefa de Gobierno dio a conocer la noticia de la detención de 13 personas involucradas en el asesinato, tres de ellos participaron de manera directa y el resto tomaron parte en la logística de los hechos delictivos.
Luego de tres meses exactamente, se logró la detención de los delincuentes mediante un operativo en el que se destacó la coordinación interinstitucional entre el gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal.
En el mensaje, Clara Brugada planteó: “Agradezco de manera muy especial a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuyo respaldo ha sido clave para fortalecer este trabajo conjunto; la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno demuestra que avanzamos con más fuerza y eficacia en la lucha contra la impunidad”, expuso.
Hizo saber también que a las 17 horas de este miércoles se ofrecerá una conferencia de prensa con la participación de la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch y el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez, para informar sobre estos resultados, lo mismo que del operativo a detalle.
Finalmente pidió a todas las instituciones que han participado en este caso, que continúen la investigación para el esclarecimiento total de los hechos hasta sus últimas consecuencias.
– Por Redacción Conciencia Pública
La violencia en el futbol mexicano volvió a ser protagonista durante la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025, con incidentes registrados en distintos estadios que han encendido las alarmas sobre la seguridad en torno al balompié nacional. Los hechos más graves se dieron en los inmuebles de Chivas y Tigres, además de un episodio violento en Puebla que incluso involucró armas de fuego.
En el Estadio Universitario de Monterrey, durante el duelo entre Tigres y América, se desató una pelea entre aficionados dentro del recinto, mientras que en las inmediaciones se reportaron nuevos altercados. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) abrió una investigación para deslindar responsabilidades y no se descartan sanciones contra el club anfitrión.
El Estadio Akron de Guadalajara también fue escenario de violencia, cuando seguidores rojiblancos agredieron al hermano y a la sobrina del exjugador Ángel Zaldívar durante el partido entre Chivas y FC Juárez. El familiar del delantero sufrió una fractura nasal, lo que generó fuerte indignación y la exigencia de mayor seguridad para los asistentes.
En Puebla, la violencia escaló a un nivel más alarmante. Momentos antes del encuentro entre Puebla y Atlético San Luis, una balacera entre ambulantes en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc dejó una mujer muerta y un hombre herido, provocando un retraso en el inicio del partido y evidenciando la vulnerabilidad de los alrededores de los estadios.
Estos hechos han reavivado la preocupación internacional, pues México será una de las sedes del Mundial 2026. Organismos de seguridad y la propia FIFA observan con lupa la situación, dado que inmuebles como el Estadio Akron recibirán partidos del torneo. La falta de control sobre las barras y la insuficiencia de operativos de seguridad representan un riesgo para el espectáculo deportivo.
A pesar de los comunicados oficiales de la Liga MX y la FMF condenando la violencia, especialistas y voces como la del periodista David Faitelson han reiterado que los clubes tienen la obligación de invertir en seguridad y asumir responsabilidad directa.
La sombra de la tragedia de Querétaro en 2022 sigue presente, y los recientes sucesos confirman que la violencia en los estadios mexicanos continúa siendo un problema estructural que exige soluciones inmediatas.
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