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OPINIÓN

Palabra perdida

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Comuna México, por Benjamín Mora Gómez //

Una de mis pasiones es la historia, y de ella he aprendido valores que definen mi vida. Hoy quiero recordar a Marco Atilio Régulo, quien tras su derrota en los llanos del río Bagradas ante Jantipo, fue hecho prisionero junto a centenas de sus hombres en Cartago, y enviado a Roma a gestionar la paz y el rescate de los demás prisioneros, empeñando su palabra de que regresaría a Cartago si fracasaba en su misión.

Marco Atilio Régulo, convenció al Senado de Roma para que desoyera a los cartagineses; luego regresó a Cartago, en donde fue torturado de las maneras más atroces hasta su muerte. Marco Atilio sabía qué era lo que le aguardaba a su regreso y aun así lo hizo pues estaba de por medio el valor de su palabra y con ella, su propio valor como hombre. Hoy pareciera que la palabra fuese moneda de cambio sin valor, en especial en política.

Cuando Alejandro Moreno Cárdenas buscaba la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, aseguró que era leyenda urbana que tuviera el espaldarazo de Andrés Manuel López Obrador. Ante el sector obrero del revolucionario institucional dijo: “Somos priístas, tenemos orgullo, carácter y vamos a enfrentar al gobierno de la República con firmeza, crítica y viendo al futuro”. Hasta hoy, la leyenda urbana ha demostrado ser verdad.

El PRI parece condenado a su extinción no solo tras su gran derrota en las elecciones del año pasado sino, principalmente, por la complacencia, que raya en complicidad, de su presidente nacional con Andrés Manuel López Obrador.

Todos los días, López Obrador nos regala motivos para la crítica y el debate político; todos los días hay material para presentar una propuesta alterna de gobierno; sin embargo, Alejandro Moreno se limitar a pronunciar vacuidades que a nadie convencen ni a nadie interesan como aquello de que “el mundo va a dejar de ser partidos de masas para convertirse en partidos de causas” sin definir ni defender causa alguna. En otro momento, Alejandro Moreno ha dicho “al final del camino estamos fuertes, trabajando siempre firmes y hacia adelante”, pero cuál es esa fortaleza, cuál la firmeza y en dónde está lo que aguarda al PRI en adelante.

Es de sabiduría popular que “quien calla, otorga”, y Alejandro Moreno, hoy, al callar, otorga motivos para creer que lo que se decía de él, era verdad.

Hace poco, un buen amigo priista me decía: Alejandro Moreno no es amlover, solo está confundido… quizá, le respondí. Sin embargo, es tal la posible confusión política y estatutaria del Alejandro Moreno que afirma que él “prefigura un partido sin siglas, sin sectores” y, en el mismo día y a la misma hora señala que “nuestros sectores y organizaciones son la fortaleza del PRI”.

¿Qué significa un partido sin siglas si éstas nacen de su nombre? ¿cómo es ese partido que él prefigura sin sectores cuando estos son la fortaleza del pri? ¿al prefigurar al pri sin sus sectores, acaso prefigura su desaparición?

Hoy, el PRI está ausente de la vida política nacional; Alejandro Moreno no defiende ni siquiera a los presidentes municipales priístas reprimidos por el gobierno de López Obrador, con gas pimienta, en la puerta de Palacio Federal. Su apatía es total. ¿Por qué tal represión no mereció una respuesta firme y contundente del priismo nacional, convocando a todos los gobernadores, presidentes municipales, síndicos y regidores, así como a senadores y diputados federales y locales priistas? ¿Por qué del silencio de los comités estatales y municipales, así como de los seccionales del PRI? ¿En dónde quedó la promesa de ser contestatario del gobierno federal?

Por los hechos, se cumple lo que Ivonne Ortega Pacheco advirtió: que con Moreno Cárdenas “… vamos a ser un partido satélite de Morena”.

Alejandro Moreno ha dicho “somos un partido renovado, que hoy tiene el compromiso de estar al lado de la gente (…). Hacer un partido (…) que escuche a la sociedad”. Pregunto pues, por qué el PRI no ha emprendido acción legal ninguna que lleve a juicio político a Luz Beatriz Rosales Esteva, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, hasta su inhabilitación como servidora pública, por no ejercer el presupuesto destinado a las organizaciones de la sociedad civil en 2019. Entendamos, el subejercicio en el Indesol impacta de manera negativa en el bienestar social, los programas para reducir la pobreza y combatir la desigualdad, y dejemos en claro, por tanto, que el PRI de Moreno ni está al lado de la gente ni escucha a la sociedad. Alejandro Moreno y el CEN parecen decididos a no hacer del PRI un partido de causas sociales.

El PRI de Alejandro Moreno divaga entre el Revolucionario Institucional y Morena. Hay claridad, pero no coincidencia con el ser del priismo de base; los afectos están con su apellido, pero en femenino.

Alejandro Moreno se atrevió a llamar “reptiles agonizantes” a quienes, en el PRI, son sus adversarios. Nada más ruin forma de expresión, cercana a aquellas que AMLO usa en contra de quienes se oponen a sus decisiones.

Fátima Ibarrola, en su espléndido artículo La mentira como táctica de poder, escribió: “El doble discurso, la falsedad, la demagogia, el engaño y la mentira son la principal herramienta de los malos y perversos políticos en nuestros tiempos (…) Mentir en política es un descaro vil, causa muchos daños y todos estos son irreversibles para una sociedad todavía crédula, pero sobre todo y dolorosamente ignorante”.

Todo indica que Alejandro Moreno sí tiene sus querencias y lealtades en López Obrador, Morena y la Cuarta Transformación. A él le corresponda demostrar, con hechos, lo contrario; si no cambia, podría – ¿o caso, debería? – ser el primer presidente del PRI en ser renunciado y expulsado por traición. Alejandro Moreno tiene el tiempo medido. Ojalá, la base priista despierte de su letargo.

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CARTÓN POLÍTICO

Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos

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JALISCO

La transparencia del fiscalizador

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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac

En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.

Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.

Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.

Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.

El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.

Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.

La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.

Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.

Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.

La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.

Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.

Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.

La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.

La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.

¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.

“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.

La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.

 

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JALISCO

MC: espejismos de unidad y fractura a la vista

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– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.

Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.

Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.

Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.

Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.

Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.

Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.

Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.

El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.

Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.

En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.

La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.

La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.

La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.

Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.

Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.

En X: @DEPACHECOS

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