Lemus y el informe que no quiso dar

¿Y si platicamos…? Por Francisco Junco

Hay decisiones políticas que terminan diciendo mucho más de lo que sus protagonistas imaginan. Pablo Lemus decidió no realizar un acto público para presentar su Segundo Informe de Gobierno. La explicación fue que había asuntos más importantes que atender, particularmente la crisis del agua. Y sí, seguramente los hay.

Pero en política las decisiones también tienen consecuencias, y esta terminó abriendo una discusión que el gobernador quizá quería evitar: ¿cómo están realmente sus primeros dos años de gobierno?

No voy a comprar completa la narrativa de la oposición, pero tampoco la del oficialismo. Sería demasiado sencillo decir que todo está mal porque el agua no llega como debería, o que todo marcha bien porque existen inversiones, proyectos y acuerdos con la Federación. Gobernar exige algo más que presentar cifras y repartir responsabilidades. Exige resultados que puedan comprobarse en la vida cotidiana de los ciudadanos.

El Segundo Informe tiene luces que no deben ignorarse. Hay inversión productiva, proyectos de infraestructura y apuestas en materia de salud, educación y desarrollo regional. Incluso desde las voces críticas se reconocen algunos de esos avances. El problema es que los resultados positivos no alcanzan para borrar los pendientes, y los pendientes ya tienen un peso político que difícilmente puede esconderse detrás de una presentación de cifras.

El agua es el mejor ejemplo. Lemus recibió un problema acumulado durante varias administraciones, eso es cierto. Pero también es cierto que Movimiento Ciudadano lleva años gobernando Jalisco. No se puede reclamar que los ciudadanos entiendan la herencia recibida y, al mismo tiempo, pedirles que no cuestionen lo que se ha hecho con ella.

Aquí está una de las contradicciones de este segundo año: el gobierno presume inversiones y acuerdos para resolver el problema hidráulico, pero mientras las obras llegan a su ejecución y maduración, las familias necesitan abrir la llave y recibir agua en condiciones adecuadas. No dentro de dos años, no cuando termine el nuevo acueducto, no cuando se concluya la infraestructura anunciada. Hoy.

Y hay otro asunto que me parece importante: la crisis del agua dejó de ser exclusivamente un problema técnico para convertirse en un problema político. La salida del secretario general, las diferencias con el Gobierno federal, los cuestionamientos sobre el SIAPA y la discusión sobre el modelo de financiamiento de las obras fueron sumando elementos a una situación que terminó por rebasar la explicación de que se trata de un rezago histórico.

Pero no es el único frente. Las desapariciones, la seguridad, la movilidad y los acontecimientos relacionados con las manifestaciones también forman parte de la evaluación. Tonatiuh Bravo Padilla, desde Hagamos, plantea una preocupación que merece atención: la combinación de incertidumbre sobre el agua, problemas de seguridad y cuestionamientos en materia de derechos humanos puede afectar la confianza de quienes buscan invertir en Jalisco. No es un asunto menor para un estado que presume su capacidad de atraer capital y generar empleos.

En el Congreso, el PAN cuestiona que Movimiento Ciudadano pretenda seguir responsabilizando a gobiernos anteriores; Morena reclama que el gobernador debe escuchar también cuando hay inconformidad, y Hagamos habla de un balance deficitario. Son posiciones políticas, naturalmente, pero no por eso deben descartarse. La obligación del gobierno es responder con información, datos y resultados, no solamente con descalificaciones a sus críticos.

Del otro lado, Gaby Cárdenas y Mirza Flores defienden que Lemus está enfrentando problemas históricos, que hay coordinación con la Federación y que las inversiones permitirán avanzar. También tienen un argumento que debe considerarse: ningún gobierno resuelve en dos años los rezagos de décadas. Pero esa explicación tampoco puede convertirse en una licencia para posponer indefinidamente las soluciones.

Y aquí entra otro elemento: la comunicación política. Durante años, Pablo Lemus ha sabido construir presencia, mantener contacto con los medios y proyectar una imagen de cercanía. Sin embargo, cuando los problemas se acumulan, la comunicación deja de ser suficiente. No hay estrategia de imagen que pueda sustituir el funcionamiento de un servicio público. El ciudadano no evalúa al gobierno por la cantidad de mensajes que recibe, sino por lo que ocurre en su colonia, en su calle y en su casa.

Por eso creo que el gobernador necesita entender que la rendición de cuentas no es una ceremonia, tampoco un evento para recibir aplausos. Es una obligación política que debe ejercerse incluso cuando las cosas no salen como estaban previstas. Explicar los errores no debilita necesariamente a un gobierno; ocultarlos o minimizar sus consecuencias sí puede profundizar la desconfianza.

Lemus todavía tiene cuatro años por delante. Tiempo para corregir decisiones, recomponer relaciones políticas, fortalecer al SIAPA y demostrar que los acuerdos anunciados se traducirán en agua de calidad y suministro suficiente. También para atender los otros problemas que no pueden quedarse en segundo plano.

Al final, el gobernador decidió no presentar su informe ante un auditorio. Sin embargo, los ciudadanos llevan meses presentándole el suyo cada vez que abren una llave y no reciben el servicio que esperan.

Y si platicamos… quizá esa sea la parte más importante que debe escuchar el gobernador: un informe puede entregarse en el Congreso, pero la evaluación de un gobierno se hace todos los días, en las calles y en los hogares de Jalisco.

Resumen editorial:

• Un informe sin ceremonia: Pablo Lemus decidió no realizar un acto público para presentar su Segundo Informe de Gobierno, en medio de la crisis hídrica que enfrenta Jalisco.
• Los pendientes del gobierno: La falta de agua, la inseguridad, las desapariciones y los cuestionamientos sobre derechos humanos contrastan con los avances e inversiones anunciados.
• La evaluación ciudadana: Más allá de los discursos y las cifras oficiales, los resultados de gobierno deben reflejarse en servicios públicos eficientes y mejoras concretas en la vida cotidiana.