Por Gabriel Ibarra Bourjac //

“Mi experiencia en materia civil (familia, contratos, hipotecas) me da una base sólida para asumir el cargo de magistrada en el Tercer Circuito, específicamente en materia civil. “He complementado mi trabajo con estudio continuo: investigaciones en extinción de dominio, una tesis próxima a publicarse y formación en derecho comparado”.

“Como mujer de mérito, sin padrinos, enfrentaré este reto con rigor y sensibilidad hacia los justiciables, siempre estudiando y aplicando la ley con profundidad”.

Es la jueza Cielo Aguamarina Ledezma Verdín, candidata a magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en Jalisco, respaldada en una trayectoria impecable de 26 años en el Poder Judicial. Desde meritoria hasta jueza, su especialización en materia civil y su compromiso ético la posicionan como una voz para transformar la justicia y busca el voto ciudadano del electorado jalisciense el próximo 1 de junio.

OPORTUNIDAD PARA DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA

GIB: La elección del 1 de junio, impulsada por la Reforma Judicial, es histórica. ¿Qué opinas de esta reforma y su impacto en la independencia judicial?
CALV: Es una oportunidad para democratizar la justicia y acercarla a la gente. Las presiones al Poder Judicial no son nuevas, pero mi trayectoria intachable demuestra que actúo con independencia. Pido a los ciudadanos que analicen los perfiles de los candidatos. Mi compromiso es mejorar la justicia para grupos vulnerables —niños, mujeres, comunidades rurales— con resoluciones que reflejen las necesidades reales de Jalisco, especialmente en el interior del estado.

GIB: ¿Qué ventajas tienes frente a otras candidatas y candidatos?
CALV: Mi ventaja es mi trayectoria integral: he pasado por todos los escalones del Poder Judicial, desde meritoria hasta jueza. No soy improvisada; tengo 26 años de experiencia, especialización en materia civil y sensibilidad forjada en el contacto con la gente. Como jueza, ya dicto sentencias; como magistrada, supervisaré y mejoraré resoluciones con transparencia y cercanía.

GIB: ¿Cómo garantizarás estándares éticos para evitar sanciones del Tribunal de Disciplina Judicial?
CALV: La ética es mi pilar. Garantizaré transparencia con resoluciones públicas y accesibles, apoyaré decisiones disciplinarias colegiadas para evitar arbitrariedades y me mantendré actualizada en leyes y principios éticos. También votaré por perfiles sólidos en el Tribunal de Disciplina. La rendición de cuentas es clave para un Poder Judicial confiable.

GIB: ¿Cuáles han sido tus mayores desafíos como jueza?
CALV: Los casos de custodia de menores son los más complejos emocionalmente. He implementado programas para que los padres prioricen el interés superior del menor, resolviendo con análisis profundo, apoyo multidisciplinario —psicólogos, trabajadores sociales— y decisiones basadas en la ley y la conciencia. Juzgar con sensibilidad y firmeza es mi sello.

GIB: En disputas por custodia, ¿favoreces al padre o a la madre?
CALV: No favorezco a nadie por género. Juzgo con equidad, aplicando perspectiva de género para reconocer desventajas históricas, pero decidiendo según el bienestar del menor: quién ofrece estabilidad y seguridad. Uso estudios socioeconómicos y psicológicos para garantizar justicia.

GIB: ¿Cómo ves el incumplimiento de pensiones alimenticias tras los divorcios?
CALV: Es un problema grave, agravado tras el aumento de divorcios en la pandemia. Muchas mujeres enfrentan dificultades al no recibir la pensión. El Buró de Deudores Alimentarios es un avance, pero insuficiente. Promoveré sanciones más ágiles y campañas de concientización para asegurar que los menores reciban el apoyo que merecen.

GIB: La Reforma Judicial ha sido criticada por posibles fallos en su implementación. ¿Qué estrategias propones?
CALV: En el Tercer Circuito, los magistrados debemos generar precedentes sólidos. Propongo capacitación continua en escuelas judiciales, mantener independencia con una conducta intachable y fomentar el diálogo institucional para aclarar roles en el federalismo. Mi experiencia como jueza foránea me prepara para esta transición.

GIB: ¿Qué papel deben jugar los magistrados en derechos emergentes como el cambio climático o la privacidad digital?
CALV: Debemos estar a la vanguardia, resolviendo con un enfoque contextual y aplicando estándares internacionales. En privacidad digital, priorizaría la protección de datos; en cambio climático, consideraría el impacto social de las decisiones. Colaboraré con expertos y estudiaré casos globales para crear precedentes sólidos.

GIB: ¿Qué opinas del Poder Judicial actual en Jalisco?
CALV: Tiene jueces excepcionales, pero enfrenta retos como corrupción y opacidad. La Reforma Judicial abre oportunidades para personas sin conexiones políticas, como yo. En Jalisco, el presupuesto constitucional es una fortaleza, pero debe invertirse mejor en infraestructura y personal para elevar la calidad del servicio.

GIB: ¿Cómo contrarrestar el rezago judicial?
CALV: El rezago es estructural. Manejé 3,000 casos al año como jueza familiar, cuando el estándar es 800. Propongo más presupuesto para crear plazas, selección por mérito, digitalización de procesos y capacitación para nuevos juzgadores. Un Poder Judicial con recursos puede ofrecer justicia pronta.

GIB: ¿Por qué la justicia debe verse como una inversión, no un costo?
CALV: La justicia genera certeza jurídica, clave para el desarrollo. Una resolución justa protege contratos, derechos e inversiones, fomentando empleo y estabilidad. Aunque decisiones como embargos sean impopulares, son necesarias para cumplir la ley. Invertir en justicia es invertir en un México próspero.

GIB: ¿Crees en el nuevo modelo de justicia de la Reforma Judicial?
CALV: Sí, es un experimento valioso que democratiza la justicia. La vigilancia ciudadana y el Tribunal de Disciplina elevarán la rendición de cuentas. Su éxito dependerá de elegir perfiles preparados y de la participación activa de los justiciables. Estoy lista para dar lo mejor de mí.

GIB: ¿Cuál es la diferencia entre justicia y legalidad en tus resoluciones?
CALV: La legalidad aplica normas linealmente; la justicia resuelve con principios, valores y contexto, considerando tratados y la dignidad humana. Uso el neoconstitucionalismo: en casos familiares, integro estudios psicológicos y perspectiva de género para garantizar equidad y humanidad.

¿QUIÉN ES CIELO AGUAMARINA LEDEZMA?

Cielo Aguamarina Ledezma Verdín es una jurista jalisciense con 26 años de trayectoria en el Poder Judicial, donde ha destacado por su compromiso con la legalidad, la equidad y los derechos humanos. Inició como meritoria y avanzó como auxiliar, secretaria y actualmente es jueza en materia civil en el Consejo de la Judicatura de Jalisco.

Su formación académica es sólida: Licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara (titulada por excelencia), Maestra en Derecho Civil y Familiar, y doctorante en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Tiene posgrados en derecho mercantil, civil, contratos, constitucional y amparo, además de diplomados en sistemas anticorrupción y análisis de prueba científica (Girona, España).

Cielo combina experiencia y sensibilidad: creó el curso “Escuela para Padres” para apoyar a familias en conflictos judiciales, priorizando el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Actualmente, es candidata a Magistrada Civil del Poder Judicial de la Federación en Jalisco (Distrito 01: distritos federales 01, 05, 17, 18 y 19). La encontrarás en la boleta rosa (magistraturas), lado izquierdo (mujeres), como Ledezma Verdín Cielo Aguamarina, número #09. Conoce más en sus redes:

• FB: Cielo Aguamarina Ledezma Verdín
• IG: ledezmacielo2025
• TikTok: cieloledezma06
• X: cieloledezmav

Por Gabriel Ibarra Bourjac //

“Aspiro a humanizar la justicia, haciéndola sensible, gratuita y accesible para todos”, declara con firmeza El Mtro. Carlos Corona Martín del Campo, candidato a Magistrado de Tribunal Colegiado en Materia del trabajo del Tercer Circuito.

“Mi compromiso es fortalecer el prestigio del Poder Judicial como garante de la Constitución y los derechos ciudadanos. Para lograr esta transformación, necesito el voto de confianza de quienes comparten mi visión de un Poder Judicial renovado y al servicio del pueblo”, resalta.

Representando el distrito judicial 4, que abarca los distritos electorales 7 (Tonalá), 8 y 11 (Guadalajara), 14 (Tlajomulco) y 16 (Tlaquepaque), Corona aparece en la boleta rosa con el número 15.

Su campaña, marcada por las restricciones al proselitismo impuestas por las autoridades electorales, lo ha llevado a recorrer casa por casa, mercados, tianguis y reuniones vecinales, donde ha escuchado de primera mano el clamor ciudadano por un sistema judicial libre de corrupción, eficiente y al servicio del pueblo. “Mi compromiso es separar los intereses económicos y políticos de la justicia, actuando con honor, responsabilidad y eficiencia”, asegura, posicionándose como un candidato que busca renovar la confianza en las instituciones judiciales.

Garantiza independencia judicial

Frente a las posibles presiones del Ejecutivo, Legislativo, partidos políticos o grupos de interés, como el crimen organizado, Corona subraya que su independencia será inquebrantable. “Actuaré con transparencia, autonomía e incorruptibilidad, aplicando la ley sin distinciones”, afirma.

Explica que la Reforma Judicial busca liberar a los juzgadores de influencias políticas y económicas, y él se compromete a ser un pilar de esa transformación. Sus resoluciones estarán basadas en la Constitución, los tratados internacionales y la defensa de los derechos humanos, incorporando una perspectiva de género y un enfoque de apoyo a grupos vulnerables.

“No cederé a influencias externas; mi lealtad será con los ciudadanos que me elijan, y responderé con resultados tangibles y un ejercicio ético de la justicia”, promete, enfatizando que su prioridad será mantener la imparcialidad en cada caso que resuelva.

Principios constitucionales en sus resoluciones
Corona detalla que sus fallos se guiarán por principios fundamentales como la igualdad jurídica y sustantiva, la equidad, la paridad de género, el principio pro homine —que prioriza la protección de los derechos humanos—y la sujeción estricta a la ley. Estos principios, asegura, son esenciales para garantizar un sistema judicial que no discrimine, proteja a los más vulnerables y limite el abuso de poder.

En un caso hipotético de derechos humanos, como la discriminación laboral contra una persona indígena, Corona aplicaría la Constitución y los tratados internacionales, que forman parte de la Ley Suprema de México, siguiendo los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Garantizaré un análisis con perspectiva cultural y de género, asegurando una resolución que repare el daño y promueva la igualdad sustantiva, siempre priorizando la dignidad humana”, explica, subrayando su compromiso con la justicia social.

Transparencia y accesibilidad para la ciudadanía
Como juez electo por el pueblo, Corona reconoce su deber de rendir cuentas. “Publicaré mis resoluciones y criterios en medios de comunicación y redes sociales, usando un lenguaje claro y sin tecnicismos”, asegura.

Además, planea crear canales de comunicación directa, como líneas de atención o plataformas digitales, para resolver dudas y acercar la justicia a la gente.

Su objetivo es construir un sistema judicial comprensible, accesible y cercano, donde cada ciudadano sienta que sus derechos están protegidos. “Seré un magistrado proactivo, que escucha y resuelve con compromiso, garantizando que la justicia sea entendible para todos”, afirma, destacando la importancia de la transparencia en un sistema donde la desconfianza ciudadana es un obstáculo significativo.

Visión de la justicia y lucha contra la impunidad
Corona tiene una visión clara: un Poder Judicial renovado, libre de corrupción, eficiente y accesible, que recupere la confianza ciudadana y garantice la paz social. Propone tres ejes para lograrlo: primero, erradicar la corrupción, asegurando que no haya sentencias a la medida ni favores; segundo, agilizar la justicia respetando los plazos legales para eliminar el rezago; y tercero, democratizar el acceso, para que la justicia no sea un privilegio de quienes tienen recursos o influencias.

“Ser electo por voto popular me compromete a responder a los intereses de la sociedad por encima de los personales o de grupos”, señala. Su meta es reconstruir la credibilidad del Poder Judicial, una institución que, según él, debe ser el principal garante de la estabilidad social en un país donde la impunidad y la desconfianza institucional son problemas estructurales.

Atención a grupos vulnerables
Para garantizar que sus resoluciones reflejen las necesidades de grupos vulnerables como mujeres, indígenas o personas con discapacidad, Corona propone un enfoque inclusivo. “Aplicaré criterios con sensibilidad cultural, de género y de derechos humanos en cada resolución”, explica.

Facilitará intérpretes, formatos accesibles y ajustes razonables para comunidades indígenas o personas con discapacidad, y se mantendrá actualizado en estándares internacionales de protección a grupos vulnerables. “Mi prioridad será proteger la dignidad humana, eliminando barreras y asegurando una justicia efectiva y respetuosa para todos”, afirma, subrayando que la justicia debe adaptarse a las necesidades de los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Preparación y experiencia
Corona se dice preparado para el cargo gracias a su trayectoria como litigante, donde enfrentó de primera mano las fallas del sistema judicial: procesos lentos, resoluciones injustas, nepotismo y corrupción. “Conozco las necesidades de los justiciables y las reformas que el sistema requiere”, asegura.

Su formación jurídica, combinada con su contacto directo con ciudadanos, lo ha hecho más empático y consciente de las demandas de un sistema eficiente y humano. “He visto el impacto de juicios interminables y criterios arbitrarios; estoy listo para transformar el Poder Judicial desde dentro, con integridad y dedicación”, concluye, destacando su experiencia como una ventaja para abordar los desafíos del puesto.

Reflexión final
La candidatura de Carlos Corona representa una oportunidad para repensar el rol del Poder Judicial en México. Su enfoque en humanizar la justicia, priorizar a los grupos vulnerables y recuperar la confianza ciudadana responde a las demandas de un país cansado de la impunidad y la corrupción.

Sin embargo, el éxito de su propuesta dependerá de su capacidad para mantenerse independiente en un contexto político complejo y cumplir con las altas expectativas que genera su discurso. La elección judicial de junio será un termómetro para medir si los ciudadanos están listos para apoyar una transformación desde dentro del sistema judicial.

Por Diego Morales Heredia //

Joseph Olid Aranda, candidato a juez penal del Distrito 2 Judicial en las elecciones del Poder Judicial Federal del 1 de junio de 2025, aspira a transformar un sistema que considera «injusto» y alejado de los ciudadanos.

Con experiencia como abogado penalista en los sectores público, privado y en causas sociales, Olid apuesta por una justicia más humana, transparente y completa, erradicando vicios y malas prácticas.

En entrevista con Conciencia Pública, comparte su visión para acercar el derecho a la sociedad y garantizar la independencia judicial en un proceso inédito de elección popular.

LA IMPORTANCIA DEL CONTACTO CIUDADANO

En lo que va de campaña, resalta que lo más importante es el contacto directo con los ciudadanos, pues con esta interacción se está generando conciencia sobre el derecho y la impartición de justicia en el país.

“Las campañas están diseñadas al contacto ciudadano, el que sea directo con la ciudadanía nos facilita la comunicación, el problema es que no podemos llegar a la mayoría de la población por los límites de tiempo y presupuesto, pero con las personas que interactuamos estamos generando conciencia sobre el derecho”.

LLEGAR SIN COMPROMISOS

Para garantizar la independencia del Poder Judicial, Joseph Olid expresó que es indispensable que los actores lleguen sin compromisos generados en campaña, con el único respaldo de ser electos por los ciudadanos en la elección.

“Lo principal es que durante la campaña uno no debe generar compromisos que puedan generar más adelante que alguien se sienta con el derecho de intervenir en las decisiones que uno va a tomar, por otro lado, el que ahora esté una elección popular implicará que las personas que lleguen tendrán un respaldo ciudadano, atender a la noción de justicia colectiva”.

En caso de recibir presiones externas, dijo: “En algunos de los casos, el juez debería ser expulsado, es importante cuidar la imparcialidad en lo material y en la apariencia. Cuando se generan dudas sobre si la persona es imparcial o no, tiene que haber ciertos límites con los actores políticos y con los propios litigantes para que eso no ocurra”.

JUSTICIA COMPLETA

Sobre los que considera los principios constitucionales más importantes, destaca: “Creo que conforme al derecho a la justicia hay cuestiones fundamentales, la transparencia, que va relacionada con la cercanía, la justicia pronta y además la justicia completa, son los tres pilares que todos debemos aplicar”.

En cuanto a los posibles conflictos con los tratados internacionales y la Constitución, argumentó: “Lo que dice la Constitución es que cuando se trate de derechos humanos, tenemos que atender a la noción integral de lo que establece la Constitución como los tratados, desafortunadamente hay ciertos criterios que nos limitan, como si hay restricciones en la Constitución tenemos que seguir la Constitución y no los tratados, el ejemplo es la prisión preventiva oficiosa”.

TRANSPARENCIA ES PRIORIDAD

La transparencia debe ser prioridad en el actuar de un juez, así lo aseveró Olid. “Dicen que los jueces hablan a través de las sentencias, creo que lo importante es acercar las sentencias a las personas en diferentes formas, no basta publicar la sentencia como tal, hacer uso de redes sociales, participar de pronto con los medios de comunicación para llegar a más personas”.

Sobre los dilemas éticos que pudieran atravesarse en el camino judicial, refirió: “La carrera está llena de dilemas éticos, desde el sector académico, lo importante es guiarse por valores y nociones que vamos reforzando momento a momento. En el caso de la defensa, existe la noción que los defensores de pronto llegan a defender, entre comillas, criminales, cuando no siempre es así, los defensores defienden personas inocentes, son decisiones momento a momento apegándose a la ley y a los valores de cada persona”.

EL DERECHO NO ES VENGANZA

El candidato a juez penal del Distrito 2 Judicial, critica la desconfianza ciudadana hacia un sistema de justicia que califica de «injusto». Para él, la solución pasa por elegir mejores perfiles no solo en el Poder Judicial, sino también en fiscalías, policías y defensorías.

“La noción de justicia popular, influenciada por medios y un deseo punitivo, busca venganza, pero el derecho no es eso; es un conjunto de herramientas para reparar el tejido social”, enfatiza.

Olid aboga por una justicia que proteja a grupos vulnerables, aplicando efectivamente las leyes existentes. “Un juez debe conocer a fondo sus casos para apoyar a estas comunidades, garantizando una defensa técnica que no dependa de barreras económicas, sino de la justicia misma”, explica.

Además, insiste en mantener la independencia judicial, estableciendo límites claros para evitar cooptaciones o influencias externas: “No debemos ser permisivos ante intentos de acercamiento indebido al Poder Judicial”. Su visión apunta a una justicia completa, cercana y reparadora, que restaure la confianza ciudadana.

LA OPORTUNIDAD DE LA ELECCIÓN

Joseph Olid Aranda ve en la elección judicial del 1 de junio de 2025 una oportunidad clave para enriquecer el Poder Judicial con perfiles diversos, un factor que lo motiva al cierre de su campaña. “Los espacios están para ocuparlos. Antes, la carrera judicial ofrecía una sola visión; ahora, con personas del sector social y privado, se integran nuevas perspectivas que mejoran los criterios y responden mejor a las necesidades de la ciudadanía”, destaca el candidato a juez penal del Distrito 2 Judicial.

¿QUIÉN ES JOSEPH OLID ARANDA?

Joseph Olid Aranda es un abogado penalista mexicano con experiencia en los sectores público, privado y causas sociales, candidato a juez penal del Distrito 2 Judicial (Tercer Circuito) en las elecciones del Poder Judicial Federal de 2025.

Ha trabajado en defensa y acusación penal, mostrando una visión integral del sistema judicial, y ha intervenido en iniciativas sociales, reflejando un compromiso con grupos vulnerables

En campaña, promueve una justicia humana, transparente y completa, priorizando la independencia judicial y el acercamiento ciudadano mediante sentencias accesibles.